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El Estado defiende intereses de clase

México es un país sin justicia. Todo parte de la desigualdad económica en que vivimos. Un puñado de multimillonarios viven en la opulencia mientras la inmensa mayoría de la población, que genera la riqueza, es explotada y no tiene la vida digna que merecería. Hay un bombardeo ideológico para justificar esta sociedad desigual, pero cuando alguien cuestiona el Status quo y lucha por justicia, la clase dominante hace uso del aparato estatal para mantener en orden al resto de las clases y con ello asegurar sus privilegios. Como Lenin dijo en El Estado y la Revolución: “el Estado es un organismo para proteger a la clase que posee contra la desposeída”.

El Estado mexicano tiene una larga historia de represión que va desde masacres y desaparición de estudiantes (Chilpancingo, 1960; Tlatelolco, 1968; Halconazo, 71 o Iguala, 2014); masacres a comunidades indígenas y campesinas (La Coopera, 1967; Monte de Chila, 1970,  San Ignacio Río Muerto, 1975 ; Aguas Blancas, 1995; Acteal, 1997 o El Charco, 1998). Podríamos seguir con una lista de asesinatos políticos, encarcelamientos y torturas. Solo entre el año 1965 y 1996 hay más de 2 mil desapariciones forzadas (que son donde el Estado interviene directamente) documentadas., los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T) han señalado que el Estado ya no juega el papel de reprimir a la población como en el pasado. Pero éste no se ha depurado. Tanto en el caso Ayotzinapa como en el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico creados por AMLO, el ejército presionó y boicoteó las investigaciones, haciendo que AMLO reculara; evitando llegar a la justicia y demostrar la implicación del ejército en estos crímenes.
En todo esto, el Poder Judicial (la fiscalía y los jueces), han actuado como fieles defensores de los intereses del gran capital, de la alta burocracia del aparato estatal e incluso del crimen organizado. En el caso Ayotzinapa han liberado a sospechosos de estar implicados en la desaparición.

Estado mexicano: corrupción e impunidad

No significa que el Estado en cada paso esté reprimiendo, en lo cotidiano debería ayudar a respetar las leyes establecidas. Es cuando los conflictos de clase se vuelven más agudos cuando muestra su verdadero carácter de clase represivo. Aun cuando podríamos decir que la corrupción es intrínseca al Estado capitalista, en el caso de México es crónica.

Por un lado, los altos magistrados y jueces reciben altos salarios para vincularlos a los niveles de vida y privilegios de la burguesía; por otro, es la corrupción la que aceita la maquinaria del poder judicial y la hace mover.

Comenzamos diciendo que nuestra sociedad es injusta, la enorme desigualdad y los ataques que por décadas se dieron contra la clase obrera han llevado a un proceso de descomposición social y consecuente incremento de la violencia, creándose  poderosos grupos del crimen organizado. Sus capas superiores son empresarios ilegales que cooptan a fuerzas estatales o mantienen grupos armados en la defensa de sus intereses; lo mismo hacen con el poder judicial. Son una especie de Estado dentro del Estado.

No todo el incremento de la violencia viene del crimen organizado; también se manifiesta en la cotidianidad, expresión de la descomposición social al que lleva el capitalismo en México. Esto lleva al incremento de lo que legalmente podríamos llamar delitos, en realidad síntomas claros del barbarismo al que nos lleva el sistema.

El país está desbordado de sangre. Si antes las desapariciones se contaban por un par de miles, ahora tenemos un acumulado de más de 125 mil. En 2024 se cometieron 70 asesinatos diarios. El país está lleno de fosas clandestinas. ¿Hay la más mínima justicia? No, nada, la impunidad es la que se manifiesta. Estos actos considerados delitos incluso bajo el sistema, quedan impunes.

Incluso bajo un Estado burgués, un empresario que no sigue las reglas del juego debería ir a la cárcel. Durante el sexenio de AMLO, empresarios como Alonso Ancira Elizondo, Emilio Lozoya Austin o Carlos Ahumada Kurtz, pisaron la cárcel por haber incurrido en actos de corrupción y desvío de recursos pero quedaron libres al regresar parte de los recursos robados. Incluso estos actos, que son mejores a lo que ocurría en los tiempos del PRI y PAN donde reinaba la plena impunidad, muestran sus límites pues las cárceles están llenas de gente pobre que robó por necesidad cantidades ínfimamente menores. Eso habla del carácter de clase de la justicia bajo el capitalismo, aun en la administración 4T.

El sistema judicial tiene un carácter de clase, pero también es corrupto llevando a la protección de los delincuentes y la falta de justicia para las víctimas. Pero sumado a ello, la cantidad de delitos es tan grande y los procesos legales tan lentos que, aun cuando se quisiera llevar correctamente (como puede ocurrir con algunos elementos de la 4T) los procedimientos de justicia, las fiscalías no se darían abasto. Ante esto, la tendencia en el sistema judicial no es a la búsqueda de la justicia sino cerrar un caso lo más rápidamente. Todo lleva a la impunidad.

Los límites de las reformas de la 4T

Incluso desde la lógica de un Estado burgués sano, el sistema de justicia mexicano está podrido. Por ello se vio con enorme simpatía entre la población trabajadora la reforma al poder judicial que ha llevado adelante la 4T. En esta se han limitado un poco los enormes ingresos de los altos funcionarios del poder judicial y los cargos de dicho poder se han puesto a todos los niveles al escrutinio de la elección popular.

Dentro de la 4T hay sectores pequeñoburgueses y burgueses desplazados que empujan a reformas que buscan eliminar el carácter corrupto del Estado (aunque hasta ahora sin mucho éxito). Se tiene una base de trabajadores que tienen ilusiones y apoyan muchas iniciativas, pero que a la larga les pondrán a prueba, pues en el fondo aspiran a un cambio profundo que, desde nuestro punto de vista, no es posible si solo se aspira a reformar al sistema y al Estado (que se creó y perfeccionó para defender los intereses del gran capital y la alta burocracia) y no a cambiar la sociedad desde la raíz.

¿Los comunistas estamos en contra de la elección del poder judicial? Para nada. Esto queda latente en la práctica asumida por el primer gobierno obrero de la historia, en París, en 1871. Marx señala en La Guerra Civil en Francia: “Igual que los demás funcionarios públicos, los magistrados y los jueces habían de ser funcionarios electivos, responsables y revocables”.

Rechazamos todos esos aullidos de la reacción mexicana, de los empresarios, de sus títeres en los medios de comunicación, de la podrida burocracia judicial, que se oponen a la elección de los jueces y la reducción de sus privilegios.

¿Esto significa que los comunistas apoyamos la reforma de la 4T? Lo que le criticamos es el carácter extremadamente moderado de su reforma judicial que no resolverá los problemas de injusticia. Los trabajadores en la Comuna de París no solo eligieron jueces y demás funcionarios, les redujeron el salario al nivel de un obrero. Lo que los reformistas sueñan lo conquistó en la práctica este gobierno obrero: crearon un Estado barato.

El otro problema de las medidas de la 4T es que la estructura judicial no cambia nada en esencia, ni su carácter de clase y, sobre todo, no se ataca a la sociedad capitalista injusta y desigual que es la que genera los crímenes que vivimos a diario. La elección del poder judicial no resolverá los problemas de un sistema jurídico injusto, corrupto y clasista.

Esta elección será sintomática, sin duda. A pesar de haber un boicot a esta por parte de la derecha y ser un proceso electoral complejo, sin duda que miles de trabajadores irán a votar en busca de una transformación a una de las estructuras más reaccionarias del Estado. En algunos casos veremos que abogados que se han vinculado al movimiento social ganarán algunas de esas posiciones bajo el voto popular. Pero de igual forma, veremos una crítica a la izquierda, pues para una capa avanzada de la juventud, de los trabajadores y para víctimas indirectas que han visto en carne viva el funcionamiento de estas instituciones reaccionarias, podríamos ver acciones como el voto nulo o la abstención consciente como síntomas de rechazo a las medidas tan tímidas e insuficientes de la 4T.

Nosotros no solo estamos a favor de la elección de los jueces y de todos los funcionarios, también estamos por su revocación en cualquier momento que los trabajadores lo decidan. Estamos no por la reducción sino la eliminación de privilegios, que ningún funcionario gane más que un obrero. Pero estamos, ante todo, por la destrucción del sistema jurídico actual, la eliminación del ejército y policías permanentes, en general somos partidarios de acabar con el actual Estado. Los familiares de las víctimas son mil veces más capaces de encontrar a los culpables. El pueblo organizado en policías, bajo control de las comunidades, puede hacer frente de mejor forma al crimen organizado. Hemos visto comunidades bajo control de la población como el caso de Cherán Keri en Michoacán. El problema es que estas experiencias están dispersas y aún son minoritarias, pero organizados los trabajadores a nivel nacional, hayamos construido un partido revolucionario y cuando se haya alcanzado un nivel de conciencia revolucionario, construiremos un nuevo Estado al servicio de los trabajadores. Esto, junto con la destrucción del sistema económico capitalista y la creación de una economía planificada, socialista, nos permitirá extirpar de una vez y para siempre la violencia y la injusticia en esta sociedad.