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43 de Ayotzinapa

Contra los privilegios del Poder Judicial: Por justicia de clase real

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Hace poco más de dos meses que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) se aprobó y ha puesto en el punto de mira de la sociedad toda una trama de corrupción que hay detrás de este, así como las limitaciones de la misma reforma.

Vale señalar que la elección tradicional de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la hacia el Poder Ejecutivo (el presidente) y eran ratificados por el Senado, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal nombraba a jueces y magistrados tras solicitudes y concursos de méritos. Pero ahora con la reforma judicial se propone la elección popular rumbo al 2025-2027, enmarcada en la política de combatir la corrupción en todos niveles de gobierno, y el poder judicial no fue la excepción. El “segundo piso” de la 4T, con Claudia Sheinbaum al frente, será el campo de batalla para materializar la reforma, la cual se mantiene en pie incluso ante las impugnaciones de inconstitucionalidad rechazadas el pasado 5 de noviembre en la SCJN por no alcanzar la mayoría calificada.

La reforma desato múltiples movilizaciones a nivel nacional. Jueces y ministros salieron a las calles en defensa, supuesta, de la democracia en el país, pues se dice que la reforma trastoca la independencia, la libertad y la democracia en México. Pero estos jueces que se han movilizado no se caracterizaron en sus gestiones por ser impartidores de justicia.

Lo que la reforma trastoca profundamente son los intereses y los privilegios que jueces y magistrados han tenido, por ejemplo, salarios superiores al del presidente, apoyo para telefonía, comida, transporte, rentas, pensiones vitalicias y múltiples prestaciones que generan de la cúpula del Poder Judicial una casta privilegiada que sirve a los intereses del gran capital.

De acuerdo con el Manual de Remuneración del Poder Judicial de la Federación, un juez de distrito en 2024 recibe 139 mil 210 pesos al mes, a esto se le suma 261 mil 672 pesos por concepto de aguinaldo y prima dominical, y en caso de ser necesario por concepto de riesgo pueden darles hasta 424 mil 518 pesos, Estas cifras son iguales o mayores para los distintos cargos en el PJF, como los consejeros de la Judicatura Federal, el Controlador de la Corte o los ministros y los magistrados.

Con la reforma en marcha estos salarios se reducirán, ya que plantean como tope máximo el sueldo en el cargo de la presidencial. La política de la austeridad republicana y del “combatir la corrupción” es la esencia misma de la reforma.

Una vez que los grandes sueldos y privilegios en el Poder Judicial van a desaparecer, ratas más grandes comienzan a saltar del barco. 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia han presentado su renuncia, alegando que es producto del ataque a la democracia, además han dicho que no se someterían a elección popular.

Norma Piña encabezaba el sentir de la defensa de los privilegios en el Poder Judicial, quien renuncio con la firme intención de proteger las pensiones vitalicias con las que se quedarán antes de los cambios en el nuevo régimen que implica la reforma. Con una demagogia reaccionaria típica de la derecha, los jueces movilizaron a la base de trabajadores del Poder Judicial y a algunos estudiantes, sobre todo del área de derecho, de algunas universidades, utilizándolos como carne cañón. Los trabajadores sostuvieron un “paro” de labores en San Lázaro -aunque con salarios pagados- hasta el 28 de octubre. Otra estrategia que han utilizado ha sido la de ampararse contra la reforma.

La reforma presuntamente tiene el objetivo de purgar el sistema judicial de la corrupción de esta banda de mafiosos que siempre está dispuesta a amparar a delincuentes y gente del crimen organizado, y que por supuesto también salvan de pagar impuestos a sus amigos empresarios.

Son muy conocidos los casos de cómo han amparado al tramposo, explotador y ratero de Salinas Pliego para que no pague miles de millones de pesos al gobierno; han defendido a violadores, estafadores, narcotraficantes, etc. Pareciera que su papel es el de evitar y liberar de la cárcel a todos los delincuentes, en vez de castigarles. Todo el Poder Judicial está podrido porque engendra un Estado de derecho solo para quien domina la economía nacional. Así lo demuestra el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los feminicidios en el país y un sinfín de crímenes que se quedan entre miles de capetas.

A nivel nacional el 96.3% de los delitos denunciados e investigados quedaron impunes, pero los mayores índices se registran en delitos de alto impacto. La impunidad que impera en nuestro país en casos como la desaparición forzada es de un 99.5%, en extorsión (98.4%), fraude (97.2%) y en homicidio doloso (96.8%). Estos datos provenientes de la investigación Hallazgos 2023 de la organización México Evalúa afirman la profunda crisis justicia en México y la condición de impunidad para las víctimas.

La impunidad es un vicio que perpetua violencia y delitos de los cuales nunca hay resolutivos o reparaciones de daños, al contrario, se maquinan justificaciones y trámites burocráticos para meter en un callejón sin salida a las víctimas y sus familias. Esto ha generado un sentimiento de desconfianza ante un sistema judicial totalmente alejado de la realidad y esto ha definido incluso si la gente ve efectivo o no el denunciar. El índice de confianza en un Ministerio Público sólo llega a un 11%.

La reforma es una medida que pone a raya a la burocracia y a los viejos elementos del Poder Judicial, con la intención de mostrar que las instituciones son completamente funcionales y, si se tiene un manejo sin corrupción, con una ética y buena moral, y si los jueces y magistrados son electos popularmente, entonces responderán a las necesidades del pueblo directamente. Pero esto es solo es caer en la retórica de que basta con limpiar superficialmente el rostro de las instituciones burguesas para su funcionamiento. Es seguir dándole concesiones y confiando en el aparato de Estado burgués. La lucha porque se imparta justicia tiene su trinchera en la organización de la clase trabajadora y luchar por una nueva sociedad.

Nosotros como comunistas no creemos que con la reforma se va a solucionar los problemas de falta de justicia o de corrupción. Un sistema judicial enmarcado dentro del Estado burgués y la lógica capitalista, sea del gobierno burgués que sea, resulta completamente ajeno a la gente que vive en medio de un mar de violencia, opresión e injusticia. Estos problemas están íntimamente ligados al sistema capitalista. Lo que sí creemos es que esta reforma, que no es la mejor, pondrá en evidencia que la base del problema es el sistema y no simplemente basta con un nuevo poder judicial más democrático o menos corrupto.

¡No a los jueces y magistrados que se enriquecen a costa de los trabajadores!

¡Por una sociedad donde el capitalismo sea desterrado, y con él todas sus lacras como la corrupción y la injusticia!

10 años de Ayotzinapa: Testimonio de Hilda Hernández, madre de César González, uno de los 43

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Ese 26 de septiembre yo, por ejemplo, estaba en casa. Me acuerdo que no tenía mucho de haber entrado a trabajar a Coppel y me fui. Pero para eso Mario, mi esposo, había hablado con mi hijo en la tarde y le dijo que cómo estaba porque mi esposo siempre se comunicaba con él. Él dijo que estaba muy bien, muy contento de estar en la normal, que ya hacían actividades y que ya habían tenido su primera clase ese día. Los muchachos, pues como siempre tienen actividades, le dijo a su papá: luego te marco porque vamos a ir a una actividad. Ese fue el último momento que habló mi esposo con él porque después estuvo marque y marque y marque y no le contestaba y no le contestaba. Yo le dije: seguro están en guardias. En las guardias no les dejaban tener su teléfono, a él de contrabando se lo prestaban para poderse comunicar con su papá.
Cuando nos enteramos que había sucedido algo en la escuela no lo podíamos entender, no lo podíamos creer. A mí la verdad sí me entró desesperación y lloré. Me acuerdo que pedí permiso [en mi trabajo] porque estaba pasando algo en la escuela de mi hijo. Un compadre que vive cerca de la casa nos llevó de taxista. Nos llevó hasta la normal, se hicieron 11 horas. Nosotros somos de Huamantla, Tlaxcala.
Al llegar ahí, a la entrada de la normal, había mucha gente. Ya desde el arco (como le dicen los muchachos) había muchas personas vestidas de verde, pero no sabíamos, hasta ahora, que son policías comunitarios, con armas también. Sí nos quedamos así [sorprendidos], porque nuestro entorno es muy diferente. Al llegar abajo a la normal había muchísima gente, mucha gente, muchos estudiantes, muchas señoras. Nosotros nos dirigimos a buscar al secretario, David Flores Maldonado, le dicen La Parka. Él es el que dirigió a todos nuestros muchachos, nos dijo que seguro los policías los habían detenido y que de seguro estaban en la cárcel, que no nos preocupáramos. Muy tranquilos nos lo dijo y pensábamos que sí. Pero al ver que no tenemos ninguna información y más que no eres de ese lugar, pues más te entra la desesperación. Mi esposo también es muy atrabancado y muy desesperado.
Entonces así nos amanecimos toda la noche para el 27. Y el 27 fue cuando fuimos a Iguala temprano. No nos conocíamos nadie de nosotros, las compañeras ni nada. Nada más me acuerdo que alguien nos dijo que nos subiéramos a los camiones porque íbamos a ir a Iguala. Y fuimos y anduvimos buscando ahí en las comandancias, en que pensábamos que podían estar nuestros muchachos. Y otros al cuartel y no encontramos nada, nada. Todo estaba
impecable. En verdad pensamos que nadie había estado pero hoy sabemos que sí llegaron a las Barandillas, que es un lugar donde entran todas las personas que detiene la policía, los llevan a allá. Y ahí son 17 muchachos, por eso es que dice licenciado Vidulfo que son 17 muchachos que se llevaron de ahí. Ya estaban presos pero se los llevaron.
Otro ataque estuvo en el palacio de justicia, con algo así aproximado como 25 muchachos. Donde supimos que los golpearon, feo pues. Y también se los llevaron y no sabemos a dónde. Y otros muchachos que no supimos qué fue lo que pasó.
Otros que son sobrevivientes, los del quinto camión, ellos mismos dicen que no sabían que en el quinto camión había droga (que eso fue lo que investigaron los expertos de GIEI) y [los estudiantes] se llevaron, por llevarse los camiones, no por la droga.
Y fue un caos muy feo. Ahí fue cuando yo dije: ¡qué pasa, cómo pueden llevarse a tantos muchachos! ¿O dónde están? ¡No, no, no lo entiendo! Así ya quedamos, como en shock, todos. No dormíamos, casi no comíamos, la verdad, por lo mismo. 10 años, que todavía no sabemos dónde están nuestros hijos. Y nos imaginamos, a la mejor… digo, ¿cómo los trataron? Porque, por ejemplo, yo sé que mi hijo iba en un camión, de los tres que detuvieron en la calle N. Álvarez de Iguala, donde los interceptaron los policías. Policías y supuestos, porque al final de cuentas eran militares disfrazados también y de la delincuencia y policías. Donde los bajaron a nuestros muchachos, agredieron primero al camión con el muchacho que le dieron en del brazo, que todo esto [se señala el antebrazo] estaba sangrando. Les echaron gas lacrimógeno y nuestros muchachos por fuerza tuvieron que bajar [del camión]. Los iban golpeando, los subieron a las camionetas y con golpes los subieron. Los amagaron, los amarraron y ahí fue donde no supimos a donde se los llevaron. Ellos fueron los 17 muchachos que se llevaron de Barandillas.
Y son 10 años, que es mucho, pero no se olvida el momento de todo lo que has vivido, de todas las mentiras que te ha dicho el gobierno, de todos los supuestos cuerpos que te han querido entregar, todo el daño psicológico que tú has llevado por pensar que puede ser tus hijos de todo lo que les hicieron.
En Guerrero es muy cruel [la violencia contra] las personas que se llegan a llevar y más la delincuencia organizada, porque los destazan. Pero es muy cierto también que, si se los hubieran llevado la delincuencia organizada a nuestros hijos, hubieran aparecido al siguiente día y eso no sucedió. Entonces, con las investigaciones que hemos tenido, gracias a los expertos, todo apunta a que el ejército está implicado en una desaparición de nuestros muchachos. Que el gobierno de ahora no lo quiera entender así, ni el anterior, siempre cubriéndose ellos mismos. Tanto así que Enrique Peña Nieto y todos los altos funcionarios de las dependencias, como es la Sedena, la Semar, en ese entonces la Policía Federal organizaron, orquestaron la mentira histórica, que no fue verdad al final de cuentas. Porque los expertos al investigar, y sin querer, la misma Sedena les entregó un video donde ahí muestra cómo llegaron los de la Marina al basurero de Cocula para alterar todas las investigaciones para que dijeran que fueron nuestros hijos los que fueron calcinados y no fue así.
Entonces digo, hay mucha evidencia palpable, verídica y científica la cual el gobierno no quiere seguir esas líneas. Quiere seguir encubriendo al ejército; quiere seguir cubriendo a todos los implicados como son Tomás Zerón, como es Ángel Aguirre Rivero (el exgobernador), como es Iñaki Blanco, como es Leonardo Vázquez de Seguridad en Guerrero, como es Lambertino una señora que tuvo los videos del Palacio de Justicia en Iguala y ella los tiene y no los quiso entregar y no le han hecho nada y no la han detenido. Entonces son muchas violaciones a este caso que han sucedido en las cuales el gobierno no ha querido y sigue protegiendo a todos aquellos implicados de la desaparición de nuestros muchachos.
Por eso es que nosotros nos tenemos que poner a buscar, a investigar. Tenemos que leer para que precisamente el gobierno no nos vea ignorantes. Como nos lo dijo el presidente Andrés Manuel que dice que debemos de leer. Le digo que hemos leído mucho más que él, porque él no sabe en realidad toda la situación de esto y siempre da vuelta a las cosas echándole la culpa terceros como son nuestros equipos de trabajo, a nuestros abogados. Siempre está diciendo que ellos son los culpables de que estemos aquí, que no han dicho la verdad; a la Comisión Interamericana que tanto nos ha ayudado; a los expertos, también, que gracias a ellos tenemos estas investigaciones. Entonces no puede ser posible que el gobierno quiera tapar con un dedo lo que no se puede tapar.
Sigue siendo necio y terco el señor aun sabiendo que ahí están las pruebas, aun sabiendo que todo lo que nosotros estamos diciendo es verdad. No estamos mintiendo y mucho menos mentiríamos por nuestros hijos. Lo que queremos es saber de nuestros hijos. No nos interesa la política, no nos interesa ningún dinero y bien que nos lo han ofrecido. Ellos piensan que con dinero todo se calma y no es así. Nosotros no queremos ningún dinero, nosotros lo que queremos es saber de nuestros hijos. Tener, si Dios nos permite, tener a nuestros hijos. Y que diga la Ley que sean castigados todos los implicados en esta situación. ¡Todos! No más.

10 años sin justicia para Ayotzinapa: el Estado y el ejército siguen siendo los culpables

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2014, un punto de inflexión

La trágica noche de Iguala, del 26 de septiembre de 2014, fue como levantar la tapa de la cloaca dejando en evidencia la podredumbre del Estado y el podrido sistema capitalista. El carácter asesino del Estado, sus vínculos con el crimen organizado y su encubrimiento de este crimen, quedaron en evidencia desde los primeros días ante los ojos de millones. La consigna “¡Fue el Estado!”, se erigió. Estudiantes inocentes, jóvenes socialistas, pobres de familias campesinas y proletarias, y potenciales futuros maestros fueron asesinados y desaparecidos. Julio Cesar Mondragón, un joven padre de familia, proveniente de la Ciudad de México, que su condición de pobreza lo llevó a estudiar en Ayotzinapa, fue uno de los 6 muertos de esa noche; apareció sin rostro, desollado. Cada hora, cada día, la indignación aumentaba. Ayotzinapa no era una excepción, las desapariciones y los homicidios ya estaban extendidos por todo el país. Una de las frases que fueron apareciendo en las pancartas de las manifestaciones de protesta en 2014 decía: “¿Qué cosecha un país que siembra muertos?”

Indignación, rabia, frustración, protestas, aires de revolución era la tensa atmósfera que se creaba. Podemos sentir un terremoto cuando sale a la superficie, pero éste es producto de movimientos poderosos y profundos que tienen un largo tiempo acumulando fuerzas, imperceptibles a simple vista. Las condiciones para un estallido estaban presentes y la noche de Iguala fue el detonante. Al mismo tiempo, en el IPN se generalizaba una huelga, la más grande en esta institución desde 1968. Ayotzinapa a su vez provocaría movilizaciones de estudiantes a un nivel tan amplio no vistas desde el 68, tal vez aún mayor. Universidades que nunca habían realizado un paro, ahora cerraban y protestaban por la aparición de los normalistas.

El 8 de octubre de 2014 se dio la primera gran jornada de lucha por la aparición de los normalistas. En 25 Estados del país hubo protestas. El grito de guerra fue desde entonces: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, exclamado por decenas de miles ese día. Los padres de los 43 llegaron al zócalo, el ambiente era desgarrador, era común encontrar a gente llorando, encolerizada. Era claro que algo había cambiado en la mente y corazones de millones. El gobierno no pudo más que estar contra la pared y a la defensiva, mientras su popularidad se desplomaba. Peña Nieto se convirtió en el presidente más impopular de la era moderna. Sus niveles de aprobación llegaron a rondar en tan solo el 17 y 18 %, y el ejército una de las instituciones más impopulares.

Lecciones de la lucha

En 2006 se había dado ya una explosión social en que vimos las movilizaciones más grandes en la historia moderna de México con 3 millones en la calle un solo día, una huelga de 240 mil trabajadores industriales (mineros metalúrgicos) y hasta un embrión de soviet en Oaxaca. El gobierno débil de Calderón recurrió a la militarización del país y asestó un golpe certero contra un sector clave de la clase obrera, los trabajadores del SME, al cerrar la compañía de Luz y Fuerza. En 2012 el PAN no pudo mantenerse en el gobierno. En un ambiente de desconcierto y relativo reflujo, el PRI se apoderó del gobierno con su candidato Peña Nieto. Éste, desde antes de entrar a la presidencia, se enfrentó a protestas estudiantiles y de trabajadores (#YoSoy132, lucha contra la reforma educativa iniciada en Guerrero, pero logró avanzar en toda una serie de ataques contra los trabajadores en sus primeros años de gobierno. Después del 26 de septiembre de 2014, todo se convirtió en su contrario.

Hablamos que después de décadas de ataques, el poder adquisitivo siguió un efecto de caída libre, los contratos colectivos fueron masacrados,  los recursos naturales (en detrimento de las comunidades indígenas y campesinas y del conjunto de la población) fueron entregados al gran capital. Es decir que tanto la fuerza de trabajo como los recursos naturales se pusieron al servicio del gran capital. Tras la creciente desigualdad social se intensificó la pobreza extrema. El crimen organizado encontró un gran caldo de cultivo que lo fortaleció. El capitalismo en México no sólo dio síntomas de agotamiento, sino que traspasó a la descomposición barbárica.

El ambiente explosivo ya había dado síntomas de aparición en el pasado, con una tendencia general a la unidad de las luchas. Sin embargo, el Estado había usado tácticas como dar concesiones mínimas a un sector en lucha para presionar a los dirigentes a desactivar las movilizaciones. Esto fue efectivo en todo un periodo, por ejemplo, en el movimiento sindical.

Con Ayotzinapa se logró la unidad, no uniendo las causas, sino en este caso, todos identificándonos y unificándonos con la causa de los 43. La actitud digna de los padres de los normalistas, que no han aceptado otra cosa que la justicia y la aparición de sus hijos, se convirtió en el alma que impulsó y extendió el movimiento. El límite de la lucha se encontró en la ausencia de una dirección política consistente. Fue tal el impulso desde abajo, que se buscaron mecanismos de articulación y dirección, como la asamblea interuniversitaria, que estaba compuesta con representantes electos en asambleas y buscaba articular acciones unificadas.

La huelga del Politécnico reflejó qué tan profundo era el movimiento, pues esta lucha atrajo no solo a las capas avanzadas sino a las atrasadas que nunca habían participado en una lucha y acarreaban muchos prejuicios. Esto fue aprovechado por el Estado al tratar de dividir la huelga del IPN para que fuera solo de politécnicos o que sólo se abarcaran problemas académicos y no políticos. Ese ambiente fue cambiando. Un síntoma de radicalismo se vio cuando un provocador incitó a quemar la puerta de Palacio Nacional en una movilización por Ayotzinapa el 8 de noviembre, respaldada por miles de jóvenes, mostrando un reflejo distorsionado de que se quería pasar a la ofensiva. Gran parte de ellos eran estudiantes del IPN en huelga. Al final de 2014, los contingentes más numerosos (por mucho) eran los del Politécnico. Sin embargo, el ala academicista “anti política” se mantuvo en la lucha politécnica, dejando reminiscencias y métodos hasta hoy día que sólo le facilitan el trabajo a la autoridad, al no fomentar la organización, participación y vínculo de las luchas estudiantiles con el resto de escuelas y del pueblo trabajador. Por eso hay que reivindicar las tradiciones revolucionarias de 2014 y rechazar las que solo ayudan al Estado y al capital.

Más significativo, fue el impacto en algunos pueblos. Por ejemplo, en Tixtla, el municipio donde se encuentra Ayotzinapa, la población tomó el palacio municipal, se dio la unidad con las policías comunitarias, el proletariado en lucha (magisterio) y los estudiantes, comenzando con los de Ayotzinapa. Se dieron embriones de doble poder en 2014 que ponían en cuestionamiento la hegemonía del Estado burgués. Sin embargo, la ausencia de un partido revolucionario a nivel nacional impidió que el proceso siguiera avanzando.

La lucha de 2014 apuntó a un rompimiento radical con el actual Estado y sus instituciones. Las viejas instituciones perdían su autoridad frente a las masas, la conciencia de las masas llegaba a la conclusión de un cambio radical y se tomaban acciones que llevaron a situaciones, al menos embrionarias, de doble poder (donde los trabajadores comenzaban a tomar las riendas de la sociedad en sus manos sin que hubiera desaparecido el viejo poder burgués). Eso se notó en las siguientes experiencias de lucha, como las elecciones federales de 2015 (sobre todo en estados del sur como Guerrero, Chiapas y Oaxaca); la oposición a la reforma educativa a lo largo del sexenio; Nochixtlán , donde se dio una pequeña guerra civil;  la autoorganización popular en el rescate durante el terremoto del 2017 en Ciudad de México, entre otras.

El gobierno ¿del cambio?

El gobierno de López Obrador levantó enormes expectativas, de hecho, hoy a finales de su mandato como presidente mantiene un enorme apoyo del 72% en la población. La inmensa mayoría de la gente que protestó por justicia en el caso Ayotzinapa, votó para que López Obrador asumiera la presidencia. Este prometió justicia para Ayotzinapa y encontrar a los estudiantes. Primeramente, crea una comisión especial (Covaj) que de manera científica demostró que la versión difundida por el gobierno de Peña Nieto (conocida como la verdad histórica) era falsa. Asimismo, permitió el reingreso del grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue bloqueada y expulsada en el gobierno de Peña Nieto. Hoy, no solo no reconoce que esta es una promesa que no ha cumplido, sino que se ha puesto del lado del ejército.

Pasaron 6 años y no ha habido justicia. El problema central es que López Obrador, en vez de apoyarse en la movilización y organización revolucionaria de las masas, rescató al desprestigiado Estado y de forma particular se ha apoyado en el ejército para gobernar. Ha decidido no confrontar al ejército. Eso llevaría a críticas de GIEI, que denunciaron que el ejército ocultaba información hasta llegar a un punto en donde no pudieron avanzar más y decidieron retirarse del país. Los padres de los 43 y sus representantes legales, también han señalado que hay referencias de documentación de la noche de Iguala, que el ejército tiene en sus manos y que no ha entregado.

En un reporte que AMLO les envió el pasado 8 de julio de 2024 a los padres de los 43, sale de manera clara en defensa de esta institución armada:

“Ciertamente, no hay duda de la responsabilidad del Estado, ya sea por omisión, ocultamiento y fabricación de la llamada verdad histórica de los funcionarios federales, estatales y municipales involucrados, pero el señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano, como quisieron hacerlo en el caso del general Salvador Cienfuegos o como lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de desprestigio, sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada, básicamente por motivos políticos e ideológicos”.

Recordemos que Salvador Cienfuegos fue el dirigente nacional de la Sedena en el año 2014 –antes había sido el principal jefe del ejército en el Estado de Guerrero–, quien tras el caso Ayotzinapa, señaló en 2015: “No voy a permitir que interroguen a mis soldados”. Cuando se crea la versión falsificada de los hechos del gobierno de Peña Nieto, la verdad histórica, uno de los objetivos centrales fue encubrir el papel del ejército, claramente involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes. Cuando el oficial en retiro fue detenido en EEUU por crímenes de narcotráfico, AMLO señaló:

“Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. Yo siempre dije que no era sólo una crisis, que era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresivo y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás”.

Posteriormente en 2021, antes de iniciar el juicio contra Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, AMLO sintiendo la presión militar, intercedió directamente con el entonces presidente Trump, para que dejaran al influyente militar en  impunidad. En México simplemente se le dejó en libertad sin que se hiciera la más mínima investigación que demostrara ya fuera su culpabilidad o inocencia. Un coro de intelectuales de la 4T salió a justificar estos escandalosos hechos diciendo que de no actuar así se hubiera dado un golpe de Estado en el país.

Los padres de los 43, enviaron una carta-respuesta a AMLO el 20 de julio de 2024 donde dicen:

“Usted, sr. presidente, nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado. Usted nos miró a la cara y empeñó su palabra en campaña donde nos prometió resolvería este crimen de lesa humanidad y así nos daría la tan anhelada verdad y justicia que cualquier ser humano tiene derecho a conocer: el paradero de sus seres queridos desaparecidos. Sencillamente no quiso cumplir. No solo nos falló a nosotros, sino también a todo el pueblo de México, el cual también ingenuamente le creyó en algún momento.”.

Han decidido ya no tener más reuniones con AMLO, al menos que en verdad haya un indicio muy significativo que muestre dónde están los estudiantes.

También es de resaltar que el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), creada por AMLO, se señala con claridad la implicación directa del ejército, que ellos tenían información (dentro y fuera) en tiempo real de lo que ocurría y que tuvieron retenidos a un grupo de estudiantes. Mientras que la investigación avanzó, las versiones del ejército sobre su actuar fue cambiando, pero también su actitud fue bloquear de manera más abierta la investigación.

Este fenómeno se trasladó al Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), que forma parte de otra comisión que formó AMLO para investigar violaciones graves a derechos humanos entre los años 1965 y 1990. Uno de sus comisionados, Abel Barrera, señaló cómo en un momento la Comisión ya no pudo avanzar y sus investigadores “tenían vigilancia de lo que hacían y había mucho jaloneo de documentos”.

El Ejército es un aparato profesional de represión

Es muy significativo que al informe final del MEH le hayan titulado: “Fue el Estado (1965-1990)”. Una de sus principales conclusiones es que el Estado ha sido el principal violador de derechos humanos en el periodo señalado y muchos apartados, en particular, muestran las atrocidades del ejército en el país.

Engels explica que el Estado es ante todo un aparato profesional de represión de la minoritaria clase económicamente dominante (y privilegiada) contra el resto de las clases. El Estado mexicano que emerge de la revolución nace bajo el asesinato de Emiliano Zapata, Felipe Ángeles y, posteriormente, Francisco Villa, y el subsecuente desmantelamiento de las organizaciones que representaban los intereses de las clases explotadas. El ejército ha mantenido un actuar represivo, que se ha construido como un aparato profesional de represión a las luchas de las clases explotadas y de las organizaciones revolucionarias. Ya en 1956 aparece en escena de forma descarada reprimiendo la huelga politécnica.

En los años 1965-66 el ejército realiza sus primeras acciones profesionales anti insurgentes, pero hay indicios de que ocupaban desde antes manuales para combatir a grupos disidentes, por ejemplo con el aplastamiento de la huelga politécnica en 1956. El MEH tiene registrado a 738 oficiales del ejército y 65 miembros de la policía que recibieron algún tipo de entrenamiento en EEUU, entre los años 1950 y 1975. Uno de ellos fue Miguel Nazar Haro, quien dirigiría la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que se convertiría en el CISEN, una de las instituciones de las fuerzas armadas especializadas en combatir la lucha de clases y a las organizaciones revolucionarias.

El ejército y otros cuerpos armados del Estado son aparatos que se han profesionalizado en la represión. AMLO dijo que no se iba a usar el Estado para reprimir al pueblo, pero hace pocas semanas cuerpos armados del Estado reprimieron a campesinos en defensa del agua que se oponen a la empresa Granjas Carroll en Puebla y Veracruz, siendo asesinados dos compañeros y perseguidos otros más. Los cuerpos armados del Estado se pusieron a favor del gran capital contra los campesinos en lucha. La filtración de Pegasus mostró que el ejército mantiene su labor de inteligencia y hasta el mismo Alejandro Encinas, antiguo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fue espiado. El Estado y el ejército tienen en su sangre la represión y ni siquiera han sido depuradas estas fuerzas criminales. Actuaron junto con las policías, estatales, municipales municipales y el crimen organizado, como un solo hombre, para desaparecer a los estudiantes de Ayotzinapa, mientras que el aparato judicial les ha protegido, liberando a los pocos militares que habían sido detenidos.

Lo hemos dicho antes y lo afirmamos ahora. Si tu objetivo no es acabar con el sistema sino reformarlo, al final terminarás aceptando al sistema y sus reglas. AMLO no se ha posicionado a favor de llevar hasta sus últimas consecuencias la justicia para las víctimas, sino el defender las instituciones pilares del Estado.

¡26 de septiembre no se olvida!

Este crimen de Estado no será olvidado. Evidencia la putrefacción del Estado, pero también la descomposición social producto del sistema capitalista. La 4T no ha podido frenar que el crimen organizado penetre el tejido social en estados como Guerrero, Chiapas y otras partes del país. Si bien no fue este gobierno el que perpetró el crimen contra los normalistas, no ha podido hacer justicia pues prefiere defender al Estado antes que a las familias campesinas que perdieron a sus hijos. Hoy seguimos viendo cómo el Estado es penetrado por el crimen organizado y, en algunas zonas, no hay una diferencia clara entre uno y otro. Por ejemplo, este año fue asesinado un estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan, por un grupo de policías que actuaron como si fueran sicarios.

Hoy seguimos viendo como el Estado es penetrado por el crimen organizado y en algunas zonas no hay una diferencia clara entre uno y otro. Por ejemplo, este año fue asesinado un estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan, por un grupo de policías que actuaron como si fueran sicarios.

Hace 10 años el Estado mostró su naturaleza reaccionaria, pequeñas reformas no han logrado cambiar su carácter. Hace 10 años se mostró la enorme necesidad de una transformación social y el potencial que tenemos los trabajadores y estudiantes para llevarlo a cabo. Pero también se reflejó la necesidad de estar mejor organizados y preparados, de contar con un partido revolucionario que permite que la lucha llegue hasta sus últimas consecuencias. Si bien, hoy hay ilusiones en que el cambio se puede dar de forma más gradual con el segundo piso de la 4T, la realidad es que la 4T no ha conseguido solucionar ningún problema de fondo, empezando por erradicar la violencia y al Estado burgués criminal. Tarde o temprano los trabajadores y los jóvenes saldremos nuevamente a las calles, no a buscar migajas, sino un cambio radical, por ello no hay tiempo que perder. Debemos construir ya el Partido Comunista Revolucionario que necesitamos.

 

A 9 años: No sólo es Ayotzinapa, el capitalismo nos lleva a la barbarie

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Las fuerzas armadas estatales fueron partícipes, desde el primer momento, del crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa iniciado en la noche del 26 de septiembre de 2014. El saldo es de 6 personas asesinadas en esa noche, un estudiante aún en coma y la desaparición de 43 más, de los cuales se han encontrado hasta ahora restos humanos de 3 de ellos. Fue un actuar estructurado entre las fuerzas armadas del Estado y el crimen organizado. Perpetuado el crimen había que ocultar o distorsionar los hechos, tanto para la opinión pública como para encubrir el proceso legal. Eso ocurrió desde las altas esferas del Estado, inventando una versión falsa de los hechos, la llamada “verdad histórica”. El poder judicial dispersó el caso en varias fiscalías del país, para complejizar y hacer muy difícil el acceso a la justicia. Muchos jueces han liberado a presuntos culpables y desechado pruebas clave. Aunque el mismo presidente ha solicitado información fundamental que tiene el ejército y la marina, estos sólo han dado una pequeña parte de la misma, mienten sobre su actuar, destruyen información clave o la ocultan. No cabe duda, más allá de las buenas intenciones que pueda tener el gobierno actual, el crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa fue y sigue siendo un crimen de Estado.

El corrupto Estado mexicano tiene una historia de sangre, donde la tortura y asesinato han formado parte de su actuar regular, basta recordar el 2 de octubre de 1968. Así como la democracia burguesa es una delgada hoja de parra que encubre la dictadura del capital, el Estado sirve para protegerse y defender los intereses de la burguesía legal e ilegal (narcotráfico) pero  debe dar una cara pública de paladín de la justicia imparcial y defensa de la democracia. Debido a acuerdos internacionales, el gobierno de Peña Nieto se vio obligado a aceptar la intervención del  Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Su objetivo ha sido siempre la defensa y fortalecimiento de las instituciones del Estado, pugnando por su buen actuar. Lo interesante es que eso ha implicado críticas a su funcionamiento, mientras hacen una investigación paralela en el caso Ayotzinapa. Esto ha dejado en evidencia la putrefacción del Estado mexicano y su implicación directa en el asesinato y desaparición de estudiantes y en el ocultamiento del crimen. No cabe duda: ¡Fue el Estado! ¡Fue el ejército!

Bajo el gobierno de AMLO ha habido más apertura, se ha intentado avanzar en la verdad y la justicia, se ha dado mayores facilidades al GIEI. Pero el aparato Estatal actúa de forma independiente, reacciona contra ello y sigue boicoteando para que no haya justicia. AMLO puede tener mejor voluntad política, en su persona podría querer que se sepa la verdad y se haga justicia. Pero su política entra en contradicción entre lo que quiere y lo que ocurre. En su lógica de reformar al sistema, inevitablemente se apoya y fortalece instituciones clave del Estado como el ejército para gobernar. A eso hay que sumar que esas no han sido ni siquiera depuradas y se convierten en el Estado dentro del Estado, ejerciendo una gran presión contra el mismo poder federal. El resultado es que AMLO no va a fondo pues significaría combatir al ejército criminal, en que se apoya y es su aliado. Eso quedó en evidencia en la negociación que hizo con Trump cuando en EEUU detuvieron al que fuera jefe de las fuerzas armadas en los tiempos de la desaparición de los 43, Salvador Cienfuegos, acusado de delitos de narcotráfico (quien además actuó como protector del ejército tras la noche de Iguala).  Por la intervención de AMLO y Marcelo Ebrard, Cienfuegos fue liberado sin juicio ni investigación en México. El que AMLO no quiere enfrentarse al ejército lo vemos en el mismo caso Ayotzinapa, donde tiene una actitud tímida contra las fuerzas armadas.

El problema de fondo no es el gobierno, es el sistema y su Estado. No basta cambiar la administración del Estado, hay que destruirlo y sustituirlo por otro basado en la organización de los trabajadores.

El VI informe de GIEI

Los estudiantes de Ayotzinapa, tenían designado por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, a la que están afiliados, conseguir autobuses para que los estudiantes de las normales rurales pudieran asistir a la marcha del 2 de octubre, aniversario de la masacre estudiantil de 1968, en ciudad de México. A eso fueron a Iguala ese 26 de septiembre. Tomaron 5 autobuses. En ese momento fueron atacados por fuerzas estatales y grupos de narcotraficantes Guerreros Unidos. Eso derivó, como ya dijimos, en 43 estudiantes desaparecidos, 6 muertos (incluyendo un estudiante desollado y 3 civiles que no pertenecían a la normal) y, entre los heridos, un estudiante en estado vegetativo.

El informe del GIEI demuestra la actuación de distintas corporaciones estatales: policías Estatales, Ministeriales, el ejército y la marina (en los días posteriores), así como del crimen organizado. Esto ocurre en distintas zonas de la ciudad de Iguala. Se ve el actuar coordinado de policías y elementos del crimen organizado, quienes atacan a los estudiantes, mientras que los elementos del ejército estaban presentes (dejando abierta la posibilidad de su actuación) y no actuaron en la defensa de los estudiantes.

El GIEI señala que las declaraciones del ejército han cambiado en el tiempo, de acuerdo a los descubrimientos que sus investigaciones han arrojado. Que han dado información parcial o de plano han ocultado la verdad. Por ejemplo, hay declaraciones de elementos de la Sedena que señalan que estuvieron en ciertos escenarios particulares pero la geolocalización de sus teléfonos móviles demuestra que estuvieron moviéndose en los distintos escenarios de la ciudad donde se perpetró el crimen.

También se sabe que el ejército tenía infiltrados dentro de los estudiantes que daban  información en tiempo real y que hubo también información entre el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) y los militares (quienes de hecho tenían gente en esa dependencia manipulando las cámaras y manteniendo comunicación directa). Esa información, también, llegaba de manera continua con el Secretario de la Defensa Nacional, al que de hecho no se ha investigado. ¿Qué demuestra esto? Qué el ejército estuvo presente en los escenarios del crimen, saben qué pasó y ocultan la verdad.

Gracias a la investigación, por ejemplo la comunicación del ejército con otras dependencias, se sabe de la existencia de información y documentos probatorios en propiedad del ejército que éste ha ocultado o destruido.

También se muestra en el informe del GIEI que el ejército, en coordinación con el grupo Guerreros Unidos del narcotráfico, ayudó a desaparecer al menos a 6 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por ello los padres y estudiantes de la normal han realizado protestas frente al 23 batallón.

De la verdad histórica a la institucionalización de la mentira

¿Por qué se fue el GIEI del país? Porque no tenía posibilidad de avanzar significativamente en la investigación debido al ocultamiento de la verdad por parte de instituciones como el ejército. Sin embargo, AMLO, tras el VI informe, dijo que no coincidía con ellos señalando que se habían abierto las carpetas y habían 150 detenidos, incluyendo dos generales y altos funcionarios como el pasado fiscal.

A dos días del 9⁰ aniversario de la sangrienta noche de Iguala, el presidente mexicano ha declarado que ya se entregó toda la información. Se tuvo una reunión entre el gobierno y los padres de los 43 el 25 de septiembre de este año, pero en esta ocasión López Obrador no estuvo presente. Al finalizar la reunión, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales declaró:

“Alejandro Encinas lee una narrativa de dónde estamos en este momento, una narrativa que se acerca más a la verdad histórica que a los nuevos hechos”.

“Hace una narrativa, refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército, al único que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo… no se dice nada de quién construyó la verdad histórica”.

Este fue un crimen de Estado en colusión con el crimen organizado. Es el reflejo claro del fracaso del reformismo, que se apoya en las instituciones estatales que tienen un historial de crímenes contra los trabajadores y que después sucumbe a sus presiones. Vemos la claudicación de López Obrador ante la presión del ejército. No hay verdad y no hay justicia para Ayotzinapa

Nos faltan 43 y muchos más

El caso Ayotzinapa y el problema de la violencia serán cuentas pendientes que no logrará resolver el actual presidente. Es un problema heredado, pero que hunde sus raíces en la descomposición social a la que nos ha llevado el capitalismo. Décadas de ataques, privatizaciones, sobreexplotación, falta de educación, falta de empleos formales, pérdidas de contratos colectivos, ruina en el campo, etc. llevaron a un colapso de los niveles de vida y una desigualdad obscena. Esa precariedad dio paso a la instauración sólida del mercado de la droga, creándose poderosas organizaciones de narcotraficantes, con fuerte poderío económico y militar, que controlan o se disputan amplios territorios. AMLO lleva adelante programas sociales que contienen parcialmente la precarización de la población, pero eso es una aspirina para curar la enfermedad llamada capitalismo.

Combatir de raíz el problema significa atacar las riquezas de los grandes capitalistas y narcotraficantes, poner las palancas económicas en manos de los trabajadores y las riquezas al servicio de la sociedad, así podemos acabar con la pobreza, el hambre, el desempleo, la falta de educación y la violencia.

Parte del problema de la violencia está ligada al crimen organizado pero no se limita a éste. Fuera de esto también vemos alarmantes cifras de homicidios, feminicidios y desapariciones, lo que indica que hay una descomposición social muy profunda y arraigada, que, sostenemos, está intrínsecamente ligada a un sistema capitalista putrefacto que nos lleva a la barbarie.

La derecha arremete contra él actual gobierno de manera hipócrita. Xóchitl Gálvez ha reivindicado la política de seguridad de Felipe Calderón, donde no sólo se expone el saldo de sangre sino también la infiltración del narcotráfico en el Estado, llegando a las más altas esferas. Pero es verdad que la 4T no ha logrado revertir el problema de la violencia.

Para un burócrata reformista, si las cifras no cuadran no hay que cambiar la realidad sino las estadísticas. Dado el alarmante problema de los desaparecidos, se han arrojado cifras de más de ciento diez mil casos. El equipo de seguridad de AMLO presionó para hacer un nuevo censo de las víctimas. Se ha descubierto a desaparecidos en listas de vacunación sin que realmente se sepa dónde están, pero también vemos que algunos sí han aparecido en casas (donde no dan datos si fueron secuestrados y no quitaron el reporte u otra razón). Sin embargo, el fin no es tener datos más fidedignos sino el de bajar las estadísticas. Esto llevó a la renuncia de Karla Quintana, comisionada de búsqueda de personas desaparecidas, identificada con el equipo de Alejandro Encinas, quien no estuvo de acuerdo con esta política.

El caso de Jalisco 

No sólo no se ha dado justicia para Ayotzinapa, el problema de violencia persiste. El 11 de agosto desaparecieron en Lagos de Moreno, Jalisco, 5 jóvenes. Se mostraron videos donde presuntamente se encontraban estos maniatados y posteriormente se encontró un auto, propiedad de uno de los chicos, en llamas, con restos humanos de una persona dentro del mismo. Eso generó la indignación de los tapatíos que realizaron protestas por su aparición.

Las cifras oficiales de desaparecidos en Jalisco son de más de 14 mil, aunque hay muchas críticas de que ocultan muchos casos. El actuar de las fiscalías y el gobierno de Alfaro es patético, parecen coludidos al crimen organizado

En Jalisco se han dado fenómenos de desapariciones múltiples como el de cuatro mujeres en Encarnación de Díaz, secuestradas fuera y dentro de su casa. Otro caso es el de unos trabajadores de un Call Center en Zapopan, que fueron secuestrados en su trabajo y luego aparecieron muertos. Es un ejemplo de la barbarie que recorre muchas zonas del país, donde los jóvenes, las mujeres y los trabajadores estamos en permanente riesgo y donde las autoridades se coluden con el crimen organizado y no son capaces de dar la más mínima justicia.

Jalisco representa un problema grave pero no el único. En varias zonas del país el crimen organizado es un cáncer. El estado de Guerrero mismo es un claro ejemplo de ello, donde el crimen organizado amedrenta a la población, impone tarifas en productos básicos, asesina a activistas sociales y a gente que les denuncia. Se infiltra en las policías y se disfraza en las policías comunitarias. Sólo ahí donde el pueblo trabajador muestra la fuerza de su unidad, su organización y lucha, es donde se les puede hacer frente y replegar.

La única forma de hacer frente a la violencia barbárica a que nos lleva el capitalismo es con un poderoso movimiento de masas revolucionario, como el que se vivió embrionariamente en 2014-15 que llevó a la  unidad de los comunitarios, con los estudiantes y proletarios (empezando por los maestros) y a la toma del palacio municipal de Tixtla por parte del pueblo trabajador.

No hay alternativa dentro de este sistema

El crimen organizado sigue actuando, se infiltra en los partidos políticos y en los gobiernos locales. El Estado está podrido. Fiscales y jueces siguen protegiendo a los criminales, no hablamos solo de narcotraficantes, de militares o policías, sino de feminicidios y asesinos comunes, que siguen libres. Las madres se organizan más efectivamente que el Estado para encontrar desaparecidos, los familiares hacen mejores investigaciones que las fiscalías, el pueblo trabajador organizado es más efectivo que el Estado burgués.

Ya en 2014 vimos emerger un inspirador movimiento de masas que puso al régimen contra la pared, donde la rabia se mezclaba con aires de revolución. Vimos un profundo movimiento que augura un cambio radical y no es para menos. Lo cierto es que este sistema capitalista nos ofrece ser carne de explotación o la muerte. El movimiento está pasando por la experiencia de AMLO, lo que podemos concluir es que el sistema está  tan enfermo, que pequeñas reformas no lo sanarán. El sistema debe morir para que la vida florezca. No hay salida, o nos organizamos para acabar con el capitalismo o el capitalismo acabará con nosotros.

¡Organízate, fórmate y lucha por el comunismo!

Ayotzinapa: filtración, revictimización y falta de justicia

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La presidencia para la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (CoVAJ) hizo público, hace alrededor de un mes, un informe de la investigación, el cual contiene partes testadas. Estos testeos se entienden en el sentido que se busca no dificultar que avance el proceso judicial ni alertar a autores importantes que puedan ser procesados. Dos días antes de que se cumplan 8 años de la trágica noche de Iguala la periodista del diario Reforma, Peniley Ramírez, a quién fue filtrado el informe de la CoVAJ sin testar, ha publicado un artículo con información sensible y en su Twitter imágenes de algunas partes antes ocultas. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿A quién sirve este tipo de notas? No sirve a que el proceso legal de justicia avance pues se pueden argumentar violaciones al debido proceso y alertar a testigos o implicados claves que pueden darse a la fuga (como antes pasó con Zerón de Lucio), no ayuda a que el actual gobierno avance en resolver el caso, además que revictimiza a los padres de los 43.

El Centro de Derechos Humanos ProDH lamentó esta filtración y pone el énfasis en que “ante filtraciones debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”.

https://twitter.com/CentroProdh/status/1573756175715377152?s=20&t=9UMA6tga2Ry9koeTX5-BlA

Un periodista que en verdad está a favor de la justicia por el caso Ayotzinapa debe actuar en consecuencia, no como lo hizo Peniley y el diario Reforma. Ella señala que el gobierno defiende a Julian Assange, quien filtró información sensible, y a ella la crítica. La diferencia es que el primero desenmascaró el actuar hipócrita de los imperialistas y la nota de Reforma revictimiza a los padres y contribuye a dificultar el acceso a la justicia. Sin embargo, es verdad que el problema central está en la filtración que mismas estructuras del Estado hicieron.

Fue el Estado y el Estado sigue encubriendo

El propio informe público de la CoVAJ ha explicado cómo las estructuras del poder judicial han actuado con la intención de dificultar la justicia, nosotros diríamos con la intención de que no haya justicia. Esto lo hemos visto nuevamente con el juez Samuel Ventura Ramos (que pertenece a Matamoros, Tamaulipas, a más de mil kilómetros de distancia de Iguala) que hace unos días exoneró del delito de secuestro a José Luis Abarca, antiguo alcalde de Iguala y liberó a 24 encarcelados por el caso, sumando ya 120 presuntos implicados que ha liberado. La filtración de estos documentos sin testar es otra muestra clara de que el aparato Estatal mismo actúa para evitar verdadera justicia. La legalidad burguesa es como una telaraña, los poderosos la rompen y a los débiles atrapa.

¿Qué se dice que pasó?

La nota de Reforma señala que los estudiantes fueron en su mayoría ultimados esa misma noche del 26-27 de septiembre. Fue el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien ordenó que no quería a nadie vivo. Sin embargo, algunos estudiantes permanecieron vivos hasta 5 días después. Peña Nieto envió a Tomás Zerón para hablar con abarca, ofreciéndole que pidiera licencia y saliera del país. Luego vinieron medidas para encubrir los hechos y mover los cuerpos de lugar. Para ello intervino el ejército y se llevaron a los estudiantes al 27° batallón de infantería.

Esto no hace más que ratificar la implicación del Estado y del ejército en este crimen, su vínculo (o fusión) con el crimen organizado, el ocultamiento de la verdad y la protección de los criminales (protección de ellos mismos porque aunque hay nombres sigue quedando claro que es un crimen de Estado).

¿Qué queda por hacer?

Estos 8 años han sido una tortura para los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. No saber qué pasó ni donde están es una angustia permanente. Además, la justicia no llega. Dante Alighieri en La Divina Comedia decía que el camino al infierno está abonado de buenas intenciones. Incluso en el caso que el gobierno de AMLO y Alejandro Encinas quieran hacer justicia su estrategia está completamente errada. Se busca la justicia en el mismo Estado que cometió el crimen. Piensan que éste puede ser reformado, pero vemos que sigue actuando en contra de los pobres, de las familias campesinas, de los crímenes cometidos contra el pueblo trabajador. El gobierno de AMLO en vez de apoyarse en la organización y lucha de un pueblo que sigue clamando justicia y aspira a un cambio profundo, rescata a un Estado que estaba desacreditado y lo fortalece.

El 26 de septiembre de 2014 no se olvida y eso se debe a que desencadenó una de las más masivas, dignas e importantes luchas que ha dado este país. Todas las causas de la izquierda, todas las organizaciones de clase, el pueblo llano, los jóvenes naciendo a la política nos unimos al clamor de justicia para los 43. Frente a nosotros vimos la podredumbre del capitalismo que nos lleva a la barbarie y su estado que huele a putrefacción.

Los estudiantes caídos y desaparecidos en la noche de Iguala son semillas, que abonan a la lucha revolucionaria. 8 años después vemos que el problema es el sistema capitalista y su Estado. Cuando gritamos en las manifestaciones que el pueblo organizado es quien vengará estos crímenes no lo hacemos como una consigna vacía. La verdadera justicia vendrá de una lucha de los campesinos, los obreros y sus hijos por un cambio radical, socialista, de esta sociedad basado en la democracia de los trabajadores. Ahí si acabaremos con este Estado asesino y haremos justicia contra todos los criminales materiales que han actuado contra el pueblo y los 43 de Ayotzinapa.

¡Si quieres justicia para Ayotzinapa organízate y lucha contra el sistema capitalista y su Estado!

Ayotzinapa: mientras no haya justicia y verdad para los 43 la lucha debe continuar

Ayotzinapa: mientras no haya justicia y verdad para los 43 la lucha debe continuar

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Estamos próximos a cumplir 8 años de aquella trágica noche de Iguala, dónde estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron atacados por distintas corporaciones armadas del estado y del crimen organizado. 6 personas fueron asesinadas (3 de ellas normalistas), un estudiante quedó en coma y 43 fueron desaparecidos.

Bajo el gobierno de Peña Nieto  se ocultó la realidad y sé creo una versión de los hechos conocida como “la verdad histórica” que decía que los estudiantes habían ido a Iguala a boicotear un acto de la esposa del presidente municipal, siendo detenidos y entregados por la policía a un grupo de narcotraficantes, quienes los mataron, incineraron en el basurero de Cocula y metieron sus restos en bolsas negras para arrojarlas al Río San Juan. El objetivo de esta versión era ocultar la verdad, desviar la atención y encubrir a las instituciones estatales y funcionarios implicados. Esta versión se montó con testimonios obtenidos bajo tortura y sembrando pruebas, como se sabe lo hizo Tomás Zerón de Lucio, que ahora esta prófugo en Israel.

El caso Ayotzinapa levantó uno de los más dignos e inspiradores movimientos de masas que hemos visto en el país. Todos nos unimos bajo una misma bandera. Las instituciones del Estado y los medios de comunicación masivos quedaron desacreditados. En la mente de las masas nacía la idea de la necesidad de una transformación profunda, revolucionaria, de la sociedad. Esa masiva lucha y la dignidad que han mantenido todo esté tiempo los padres de los estudiantes, es lo que mantiene vivo el grito de justicia y la búsqueda de la verdad.

El informe de la CoVAJ

AMLO prometió verdad y justicia para Ayotzinapa. Ha reconocido que es una de sus promesas que no ha logrado cumplir. Recientemente la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) ha dado un informe (bit.ly/3wmYqhP). En medios de comunicación burgueses se ha dicho que este informe es lo mismo que lo dicho en la Verdad Histórica, algo claramente falso. La versión que da la CoVAJ es claramente diferente. El punto más importante es que hay un reconocimiento oficial de que lo de Ayotzinapa “constituyó un crimen de Estado” (Informe CoVAJ, p.93).

Otra diferencia con la verdad histórica es que este informe reconoce la existencia de un quinto autobús que contenía (sin que los estudiantes supieran) dinero o drogas. Los estudiantes fueron desalojados para salir sin pasajeros de Guerrero rumbo al Estado de Morelos. Eso ocurrió, como dice Luis Hernandez Navarro, “sin ser detenido, librando 16 retenes en el perímetro de Iguala en todas sus salidas. ¿Quién, sino el Ejército, fue capaz de facilitar una operación de esa magnitud?” (La Jornada – Ayotzinapa, al filo del abismo).

También estos medios dicen que el nuevo informe no aporta nada nuevo. Lo cierto es que no nace de la nada, es resultado de la colaboración con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, aportes de investigaciones periodísticas, intervención de organizaciones sociales, declaraciones de los sobrevivientes, etc. Pero, al contar con más fuentes de información (dicen que se usaron 41,168 documentos incluyendo conversaciones, videos, capturas de chats, intervenciones de la DEA y el ejército, entrevistas a implicados, etc.)  sí da nuevos datos y abre nuevas líneas de investigación.

Sin embargo, el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que goza de gran autoridad, ha criticado que no le han dado acceso a todas las fuentes. Los padres, si bien no desestiman a priori este nuevo informe, si piden que sea comprobado y verificado científicamente por el GIEI.

La CoVAJ dice que al salir de la central de autobuses, dónde los estudiantes tomaron  unidades, nunca volvieron a juntarse. Se refleja la actuación conjunta de distintas corporaciones armadas del Estado y del crimen organizado (algo ya conocido) que atacaron en distintos momentos a los estudiantes. Retuvieron a los estudiantes en distintos puntos para después recibir la orden de ejecutarlos y desaparecerlos (“pasarlos a machete”).

La CoVAJ reconoce a uno de los infiltrados del ejército en Ayotzinapa, Julio Cesar López Patolzin, quién daba información regular. Este joven es uno de los 43 desaparecidos y sus altos mandos no hicieron nada (cómo los protocolos del ejército indican) para rescatarlo.

Además, el informe ratifica lo que el GIEI y toda una serie de periodistas ya había dicho, “las autoridades federales, estatales y municipal (Sedena, CISEN, Policía Federal Preventiva, gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras), estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones de la Normal de Ayotzinapa y la FECSUM de cara al 2 de octubre en la Ciudad de México” (Informe CoVAJ, pp. 31 y 32). Lejos de proteger a los estudiantes estuvieron implicados en su represión y desaparición, para después montar una versión falsa de los hechos para encubrirse.

El informe señala que por 5 días un grupo de estudiantes secuestrados se mantuvo vivo y el ejército tampoco hizo nada para rescatarlos.

Los estudiantes, entonces fueron retenidos en grupos diferentes en distintas lugares, fueron presuntamente ultimados y sus cuerpos tuvieron diferentes destinos. Señalan que han hecho labores de búsqueda en donde las investigaciones han señalado que pueden estar los estudiantes, así fue que encontraron ADN en algunos de los más de mil pequeños restos humanos recuperados, algunos de ellos corresponden a dos estudiantes desaparecidos: Joshvani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Anteriormente se encontraron en Cocula restos (que se sospecha pudieron haber sido sembrados) de Alexander Mora, otro de los 43.  De 40 estudiantes más, no hay un sólo rastro ni evidencia científica de su muerte.

No hay verdad sobre los 43

Los actuales estudiantes de Ayotzinapa están impulsado toda una jornada de lucha exigiendo saber dónde están sus compañeros. Los padres de los normalistas se han posicionado, al cumplirse 95 meses de la trágica noche de iguala, 7 años y 11 meses, salieron como cada día 26 a marchar. En esta lucha, estas familias pobres, han tenido que lidiar exigiendo justicia, llevándose con ello su salud, también la vida de algunos de los padres que han muerto sin encontrar el paradero de sus hijos. Ahora el gobierno dice que sus hijos pueden estar muertos, pero no les entregan sus cuerpos a quien llorarles y enterrarlos. En la Ciudad de México, declararon sobre el informe del CoVAJ:

“El reconocimiento que los hechos acontecidos el 26 de septiembre es un Crimen de Estado es significativo ya que evidencia que diversas entidades estatales participaron en la desaparición de nuestros hijos y que deberán ser investigadas y sancionadas.”

“La participación de autoridades de por lo menos cuatro municipios aledaños a Iguala, policía federal y elementos del 27 y 48 batallón de infantería, así como de la 35 zona militar. Los hechos de Ayotzinapa fueron complejos.”

“Se desarrollaron en varios lugares por lo que fue una agresión de gran magnitud que implicó la participación de diversas corporaciones estatales y grupos delictivos que les permitieron controlar y dirigir la agresión criminal y cobarde contra nuestros hijos.”

“El paradero y el destino de nuestros hijos no está esclarecido, existe prueba técnica preliminar que debe ser estudiada y analizada bajo el más alto rigor científico para que esté consolidada y pueda sostener la afirmación del gobierno. Las madres y padres necesitamos prueba científica indubitable del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con indicios preliminares que no aclaran a cabalidad donde están y que pasó con ellos.” (Entre el dolor y la esperanza: 8 años de lucha por la verdad – Tlachinollan | Centro de Derechos Humanos de la Montaña).

Julio Cesar Mondragón, fue uno de los estudiantes asesinados en la noche del 26-27 de septiembre de 2014, sería además desollado. El informe menciona el momento en que fue sometido, mensajes posteriores entre sicarios que presuntamente cometieron el hecho y sabían su seudónimo. También dice que sólo 3 estudiantes llamaron la atención de Guerreros Unidos, uno de ellos fue Julio Cesar Mondragón.

La familia de Julio Cesar Mondragón señala que el informe de Encinas no aclara a cabalidad quienes fueron los culpables de su asesinato. En un comunicado dicen: “Exigimos que en el informe de la Comisión se profundice en cómo es [que] los asesinos sabían el sobrenombre Julio César Mondragón, y cómo y por qué había sido señalado como objetivo prioritario para quienes lo mataron”. Informe sobre Ayotzinapa no aclara caso de Julio César Mondragón, denuncian familiares – Desinformémonos (desinformemonos.org)

¿Habrá justicia?

Tras presentar el informe, el exprocurador Murillo Karam, la cara más pública de defensa de la verdad histórica, ha sido encarcelado y fincado a proceso. Se han extendido en total 83 órdenes de aprehensión, incluyendo a una veintena de militares. Pero al momento que Karam entraba a la cárcel, salía de ella Rosario Robles, ex funcionaria del gobierno de EPN que estuvo presuntamente implicada en una de los más grandes actos de corrupción de la historia del país. En este sexenio hemos visto desfilar en las cárceles a exfuncionarios y empresarios corruptos, para después verlos salir sin haber cubierto las condenas que les corresponden por sus delitos cometidos.

El informe de la CoVAJ da un dato relevante, 26 testigos clave han muerto durante el proceso, muchos de ellos asesinados. También muestra cómo el poder judicial ha actuado en contra de la justicia (incluso en los límites que te da el Estado burgués). El caso fue dispersado en 7 entidades del país, los jueces han actuado discrecionalmente interpretando las pruebas y los casos en detrimento de la justicia. Por ejemplo, se ha liberado a los posibles implicados sin dar aviso al Ministerio Público, se niegan pruebas o se argumenta falta de competencia para atender el caso, etc.

El abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, ha señalado que no basta con dar información para que esta se vuelva una prueba jurídica y el ejército tiene información que no quiere ratificar para darle validez en el proceso judicial.

Todo el aparataje legal actúa en contra de la justicia y la protección de los delincuentes, no podría ser diferente, pues es el actuar del Estado auto protegiéndose.

El informe de la CoVAJ dice:

“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos. Alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes” (p. 96).

Pese a ello, no se está considerando (como ya lo dijo AMLO en una conferencia mañanera) investigar al ex presidente Enrique Peña Nieto (EPN) ni a Salvador Cienfuegos, quien fuera encargado de la Secretaría de Seguridad Nacional (Sedena). Este general por breve tiempo fue detenido en Estados Unidos por delitos del narcotráfico pero fue liberado por negociaciones al más alto nivel entre el actual gobierno mexicano y el estadounidense.

El gobierno de AMLO está actuando de una forma diferente al gobierno de Peña Nieto, el problema radica en que el ejército está directamente implicado en este crimen y el gobierno actual, hasta el momento, no ha mostrado disposición a enfrentarse seriamente a él. Sus hechos muestran que está dispuesto a avanzar hasta el punto que no choque con las fuerzas armadas castrenses y, habrá que añadir, sin atacar a altos funcionarios gubernamentales implicados, empezando por el expresidente EPN. Eso, en el transcurso de estos años, ha sido percibido por los padres de los 43, sumado a que el tiempo avanza sin tener resultados concretos de justicia, ha llevado a una mayor incredulidad y desconfianza al actual gobierno por parte de los padres de los normalistas desaparecidos.

Fue, es, el Estado

¿Qué es el Estado? Es un instrumento creado, en última instancia, para proteger los intereses de la clase dominante. Los cuerpos de hombres armados y todo el entramado legal actúa a favor del gran capital y la gran burocracia Estatal, no a favor de los trabajadores ni para dar justicia a las mujeres agredidas o encontrar a los desaparecidos, etc.

El gobierno de AMLO se ha planteado no la construcción de un nuevo Estado organizado y controlado por los trabajadores sino reformar el viejo aparato Estatal burgués. Estructuras como la CoVAJ actúan como cuerpos extraños en un organismo que lucha contra ellos, porque va en contra de su naturaleza.

El Informe de la CoVAJ, además, muestra cómo el Estado (el ejército en particular) infiltró a los estudiantes para combatir la lucha que realizaban. Eso son acciones contrainsurgentes que no deberían permitirse dentro de una escuela pública. Guerrero es un Estado con gran tradición de lucha y también historia de represión, donde el ejército ha sido instrumento para los peores crímenes que incluyen asesinatos de líderes como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, así como masacres a poblaciones, pasando por torturas, vuelos de la muerte, violaciones sexuales y un largo etcétera.

Las instituciones estatales actúan con lógica propia, el gobierno actual trata de domarlas, pero no han dejado de actuar bajo una lógica propia. Cuando AMLO formó otra comisión,  para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990; el dirigente de las fuerzas armadas, Luis Crecencio Sandoval, dijo:

“De igual manera, con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, que se ubica en la Plaza del Servicio a la Patria, como tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aun a costa de su vida”.

Eso es una ofensa a los luchadores torturados, encarcelados, desaparecidos y asesinados. No puede haber reconciliación sin justicia, no puede ponerse en el mismo plano a las víctimas y a los victimarios.

La periodista Paula Mónaco Felipe, autora del libro Ayotzinapa, horas eternas, ha señalado sobre el actual informe: “Donde me quedó mal sabor de boca es en el abordaje muy superficial, muy poco detallado de la participación de las fuerzas armadas”. (77) Gran avance, el informe #43; falta precisión contra impunidad: Mónaco Felipe – YouTube

El que existan 20 órdenes de aprensión contra el ejército no es garantía de nada. Para los altos mandos son soldados sacrificables, que pueden caer en batalla, como lo fue el soldado infiltrado desaparecido entre los 43.

El gobierno de AMLO ha buscado que las fuerzas armadas actúen en otras labores como atender la emergencia sanitaria o construir las grandes obras públicas estatales. Es uno de los pilares con los cuales ha gobernado. Si bien no ha tenido la política de usarlo para reprimir, éste sigue intacto y sin ser mínimamente depurado. Todo el aparataje estatal se ha creado para la defensa del actual sistema, su clase gobernante (capitalistas), la alta burocracia y cúpula militar. AMLO no ha mostrado querer enfrentar al ejército, sino que contrario a esto les pone como propietarios del tren maya, del aeropuerto Felipe Ángeles y quiere incorporar a su control a la enorme corporación de la Guardia Nacional. AMLO dejará un Estado y a su ejército fortalecido, mientras ellos no han cambiado su naturaleza de clase.

No son 43, son más de 104 mil

Si en el pasado el ejército había hecho atrocidades en Guerrero, ahora sumamos la presencia del crimen organizado. Estos grupos se infiltran en los partidos, imponen presidentes municipales o los someten. Están arraigados a las estructuras del Estado, eso se explica en el actuar de la noche de Iguala. Los grupos de narcotraficantes tienen presidentes municipales, diputados, funcionarios y hasta gobernadores. Sectores de las fuerzas armadas y, en general, del Estado actúan en su beneficio. Los carteles amedrentan a la sociedad, podemos mencionar el caso reciente en que establecieron el monopolio de la venta de pollos en ciudades como Chilpancingo, imponiendo altos precios con el objetivo de tener más recursos. En medio de la pugna entre los grupos del crimen organizado está la población.

Ese ambiente de reacción contrasta también con las fuertes tradiciones de lucha en Guerrero. Desde mediados de los 90 las comunidades formaron policías comunitarias y lograron su legalización, pero el crimen organizado (bajo el vacío dado por el Estado) suele atacarlos. En los lugares donde el movimiento no es tan fuerte activistas sociales son amedrentados y amenazados. No solo eso, siguen asesinando a líderes campesinos, comunitarios y del magisterio.

En 2014, el auge del movimiento hizo unificar al proletariado (encabezado por el magisterio), con las Policías Comunitarias arraigadas en las comunidades y el estudiantado de Ayotzinapa. En Tixtla, municipio donde se encuentra la Normal Rural, la población llegó a tener el control del municipio y no fue el único lugar donde vimos expresiones de este tipo. En medio de la barbarie a la que nos está llevando el capitalismo, una nueva sociedad comenzaba a nacer.

En el país se suman ya más de 104 mil 500 desaparecidos. Sabemos que este ambiente de violencia no inició en este sexenio, explotó en el gobierno de Felipe Calderón. Mientras que con Vicente Fox (2000-2006) hubo más de 60 mil homicidios dolosos, durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) la cifra se dobló a más de 120 mil. Con Enrique Peña Nieto (2012-2018) los homicidios dolosos fueron más de 156 mil. Pero este gobierno, aunque pueda tener buenas intenciones, no ha frenado esta barbarie y en este periodo ya se superó las cifras de homicidios que hubo bajo el sangriento gobierno de Calderón.

El Estado y el sistema son el problema

La noche de Iguala nos mostró dos caras. La putrefacción, la descomposición, la barbarie a la que nos está llevando el sistema. Nos hizo ver la fea cara de un Estado criminal, ligado al crimen organizado. También nos mostró la dignidad de los jóvenes y trabajadores del campo y la ciudad, la inspiradora lucha que adquirió tintes revolucionarios y mostraba embrionariamente el nacimiento de una futura sociedad. Es sólo así, cuando los trabajadores del campo y la ciudad tomemos el poder, creemos un estado (del que las policías comunitarias arraigadas en el control de la comunidad, que embrionariamente muestran un futuro estado controlado por los trabajadores) y destruyamos este putrefacto sistema, cuando evitaremos que nuevas noches de iguala y desapariciones ocurren en el país. El actual gobierno hace reformas, hoy da un guiño que da, de alguna forma, esperanza pero no trastoca ni las estructuras del Estado (el mismo que desapareció a los 43) y que siguen frenando que haya justicia; ni tampoco transforma de manera radical el sistema que mantiene a la sociedad en la miseria, que descompone el tejido social y de la cual se nutre el crimen organizado. No podemos curar a un enfermo terminal con una aspirina, no salvaremos al sistema buscando reformarlo.

A la par que debemos continuar exigiendo la verdad, el castigo a los culpables materiales, la aparición de todos los estudiantes desaparecidos en la noche del 26 de septiembre y justicia para los que murieron y quedaron en coma esa noche; debemos ser claros que necesitamos luchar por un cambio verdaderamente radical en esta sociedad. Sepultar a este sistema violento y explotador y a su Estado.

En 2014 adolecimos de una organización revolucionaria a nivel nacional, necesitamos construir un partido no electorero sino de combate y revolucionario con un programa de clase, que plantee una sociedad diferente, socialista, basado en la democracia de los trabajadores.

Paros y movilizaciones estudiantiles a 5 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

Paros y movilizaciones estudiantiles a 5 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

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Este 2019 se cumplen 5 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Fue un crimen de Estado y del gobierno del PRI encabezado por Enrique Peña Nieto, el cual caló hondo entre la clase trabajadora, la juventud a nivel nacional e internacional.

Después de que las grandes movilizaciones del 2014, con un fuerte calado entre los estudiantes, echaran por la borda la llamada “verdad histórica” que el gobierno había maquilado para deslindarse de este horrible crimen el cual sacó a luz sale la podredumbre de las estructuras del Estado, la infiltración del crimen organizado en una parte de los altos mandos del ejército, la policía federal y estatal. La herida quedó abierta, el régimen priista totalmente desprestigiado y un Estado cuestionado y evidenciado al servicio del crimen organizado y grandes intereses políticos y económicos; la consigna #FueElEstado, debe seguir resonando y las exigencias del castigo a los cupables debe hacerse presente a 5 años de los lamentables hechos.

Un mensaje claro se dejo marcado aquella noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014, la urgente necesidad de combatir de manera organizada y mediante la lucha en las calles la criminalización y la violencia hacia los jóvenes, que ahora es un pan de cada día y que carcome todos los poros de la sociedad.

El mayor reflejo de la decadencia del sistema capitalista es la violencia que se desprende de este, los estudiantes, los jóvenes trabajadores y las mujeres son el sector de la sociedad más golpeado por esta situación, vivimos en una sociedad podrida y la respuesta a la pregunta lanzada durante las movilizaciones multitudinarias del año 2014 aún está pendiente ¿qué cosecha un país que siembra muertos?.

El nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que se hará justicia para los padres de los normalistas de los estudiantes desaparecidos, sin embargo debemos ser conscientes que la justicia no vendrá desde arriba, desde ese Estado que acusamos y repudiamos en el 2014 y el cual incluso ofrece resistencias a las medidas polícas y económicas que ha propuesto el propio gobierno. La declaración de AMLO es un paso adelante, pero debemos señalar que no habrá justicia sin la movilización desde abajo de los jóvenes y trabajadores.

Por eso es positivo que a 5 años refrescar la memoria y los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades se están organizando para salir a marchar este 26 de septiembre, se han programado paros estudiantiles para esta acción.

La lista de escuelas que acordaron alguna modalidad de paro en la UNAM son:

Facultad de Economía

Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo

Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan

Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur

Preparatoria 2

Preparatoria 6

Preparatoria 8

Preparatoria 7

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Ciencias

Facultad de Economía

Escuela Nacional de Trabajo Social

Además habrá jornadas de protesta en los planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en las Universidades Estatales de Puebla, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Tlaxcala.

La iniciativa de los estudiantes nuevamente viene a refrescar el ambiente político nacional, las protestas que sin duda se extenderán hasta la jornada de 2 de Octubre, otra fecha emblemática para el movimiento estudiantil que se recuerda la masacre que el gobierno priista perpetró contra el movimiento de 1968.

La exigencia de justicia para Ayotzinapa y los sucesos de 1968 debe concretarse en la cárcel para los culpables y los asesinos. Pero si duda las recientes protestas no muestra nuevamente el ambiente radical y deseos de transformaciones profundas que subsisten entre la juventud y los estudiantes, el cual debe ser encauzado hacia la conformación de una organización estudiantil combativa, democrática, revolucionaria, que vincule las luchas estudiantiles a las luchas del pueblo y la clase trabajadora.

Desde las Juventudes Marxistas de la Izquierda Socialista invitamos a conformar Círculos Socialistas en las escuelas y Universidades para aportar al fortalecimiento ideológico del movimiento estudiantil.

Hacemos un llamado a los estudiantes de las diferentes universidades y escuelas a parar las actividades académicas, salir y tomar las calles por un futuro sin violencia, y por un futuro digno.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!

¡Nos falta 43 y miles más!