La desaparición de Marco Antonio Sánchez en 2018: ejemplo del abandono y la represión del Estado hacia el pueblo

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En enero del 2018 el estudiante Marco Antonio Sánchez Flores, fue arrestado en la Alcaldía Azcapotzalco por la policía capitalina, sin un motivo aparente. No apareció hasta 6 días después de su detención, fue localizado en territorio mexiquense, golpeado y desorientado.

El día 23 de enero del 2018, Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM fue detenido por agentes de la policía de la Ciudad de México en la estación “El Rosario” del Metrobús. Tras haber salido con unos amigos a comer y a caminar. El joven contempló un muro con varias frases pintadas, al pasar por la calle de Cultura Norte. Marco no pudo resistirse a tomarle unas fotos. Unos minutos después del acto, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital se acercaron a él y a un amigo que lo acompañaba, a bordo de unas motocicletas. Los jóvenes se asustaron cuando uno de los uniformados les dirigió una expresión que no alcanzaron a escuchar. Tras esto, los adolescentes se apresuraron a irse del lugar, corrieron hacía la estación del Metrobús a través del carril confinado de dicho transporte, mientras los policías los perseguían. Marco finalmente llegó a la estación e intentó abordar el Metrobús, pero los agentes lo alcanzaron, Marco gritó presa del temor que no lo detuviera, porque no estaba haciendo nada malo, pero fue en vano. Marco fue derribado por los policías y acusado por estos de robo, sin embargo, varios testigos afirmaron que el joven no había cometido falta alguna. Un tercer elemento de la policía auxiliar, encargado de la seguridad en la estación, impidió que los presentes se acercaran a ayudar a Marco.

Unos trabajadores del Metrobús se acercaron, pero al final no hicieron nada.

En la estación se encontraban aproximadamente 20 personas al momento de la detención. Marco opuso cierta resistencia a ser detenido por lo que los policías solicitaron refuerzos.

Marco gritó que estaban violando sus derechos y pidió a los presentes que tomaran foto o video de lo que estaba sucediendo. Un policía insultó al joven diciéndole: “¡Eres una maldita hormiga!” y procedió a golpearlo. Al ver esto Marco le dijo “¿Quieres que te pegue?”, a lo que el agente respondió que sí, pero el joven apenas pudo soltar una patada sin fuerza, porque los policías lo tenían tirado en el piso, bocarriba. El uniformado que lo agredió verbalmente, le propinó un cabezazo con el casco en la cara que dejó a Marco con la nariz hinchada. Los otros dos uniformados no hicieron nada para ayudar a Marco.

Poco después llegaron dos policías en una patrulla, con esto, ya eran cinco agentes, incluido el oficial de la estación del Metrobús. Marco intentó zafarse, pero finalmente fue esposado. Uno de los oficiales grabó el momento. Finalmente, los uniformados subieron a Marco a una patrulla y no se volvió a saber de él en ese momento. Marco Antonio fue liberado y posteriormente volvió a ser detenido por agentes de la policía municipal de Tlalnepantla, pero después de que un juez cívico determinara que no había razón para mantenerlo detenido, volvió a ser puesto en libertad. Marco Antonio fue localizado en el municipio mexiquense de Melchor Ocampo, la noche del 29 de enero. El joven fue encontrado visiblemente golpeado y desorientado. Tras su localización fue internado en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro para evaluar su estado de salud. Durante su detención fue agredido en varias ocasiones durante el tiempo que estuvo desparecido, los policías que lo detuvieron le quitaron todas sus pertenencias. Dos días después, fue golpeado por otros oficiales. Marco estuvo deambulando por calles del límite entre el Estado de México y la capital, donde fue golpeado de nuevo por policías, al intentar meterse en un edificio que estaba en alquiler. La última vez que Marco fue agredido por uniformados fue el municipio de Tlalnepantla, antes de ser trasladado a un juzgado. Los golpes que recibió fueron en las costillas, donde ya tenía una herida, que fue empeorando con el paso de los días.

Cuando Marco reapareció, se le realizaron varios análisis clínicos en lo que se encontró presencia de tolueno, benzodiacepinas y anfetaminas, sustancias que afirma, nunca ha consumido en su vida…

Este es uno más de la larga lista de casos que exponen la grave situación de brutalidad policiaca que se vive en nuestro país. Desapariciones forzadas, manifestantes reprimidos violentamente, detenciones arbitrarias o asesinatos.

Esto no es nada nuevo, es algo que vivimos día a día y desde hace mucho tiempo. Sólo recordemos casos como la célebre represión de la que fueron víctimas decenas de estudiantes en el año de 1968, por salir a manifestar libremente sus ideas, o, los sucesos ocurridos en el municipio de Atenco, Estado de México en mayo del 2006, cuando grupos de floricultores atenquenses, simpatizantes del Frente de los Pueblos, fueron desalojados de sus puestos de venta por la fuerza pública, lo que derivó en un conflicto entre las fuerzas de seguridad, los vendedores y pobladores de Atenco. Los miembros del Frente de los Pueblos se defendieron de las agresiones de la policía con piedras, machetes y bombas molotov y posteriormente procedieron a bloquear la carretera Texcoco-Lechería. El entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ordenó la liberación de la carretera con fusiles lanzagranadas de gas lacrimógeno. Durante el operativo de la policía para reprimir a los atenquenses, unas 100 personas fueron a refugiarse a una casa , hasta donde llegaron policías y se llevaron a 80 personas en calidad de detenidos, entre los que se encontraba el líder popular Ignacio del Valle. Como saldo de la represión estatal, hubo 2 muertos del sexo masculino, uno de ellos menor de edad, aproximadamente 300 heridos y varias pobladoras violadas por agentes de la policías federal y estatal durante su traslado al ministerio público, en unidades de ambas corporaciones.

También menciono matanzas perpetradas por miembros del ejército contra comunidades indígenas como la ocurrida en Acteal (1997) o en Nochixtlán (2016), la desaparición de 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero en 2014 o más recientemente la detención del joven albañil López por miembros de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en medio de la contingencia mundial por el COVID-19, el 4 de mayo de este año, presuntamente por no portar cubrebocas al momento de salir a la calle y por “comportamiento violento” al momento de la detención. Parecía que Giovanni sería liberado al día siguiente de su detención, pero poco después de esta, sus familiares fueron notificados de fue trasladado al Hospital Civil de Guadalajara. Al buscarlo ahí, fueron notificados de que él había muerto. No sé sabe muy bien la forma en la que Giovanni fue tratado durante su detención, se presume que fue brutalmente golpeado y que los policías que lo detuvieron ofrecieron sobornos a la familia para que no dijeran nada sobre ello.

Todos estos sucesos ponen de manifiesto que las fuerzas policiales, de los tres niveles de gobierno, no velan realmente por la seguridad de la ciudadanía, sino por intereses políticos o económicos. Tan sólo detengámonos a mirar casos como en el que el ejército reprime comunidades indígenas o rurales, como pasó en Atenco o en el sur del país.
Estos atentados contra el pueblo generalmente tienen como causa las pretensiones de sucesivos gobiernos de corte neoliberal de realizar obras “públicas” sobre terrenos ocupados por estas comunidades, terrenos que suelen encerrar una gran riqueza natural, que podría verse destruida en caso de llevar a cabo la obra. Además, sumémosle que estos proyectos traen tras de sí mucho capital nacional y extranjero. Los pueblos salen a defender lo que por derecho les pertenece y dado que están en juego intereses de la burguesía nacional y extranjera, el gobierno, gran amigo de los empresarios, sale a “limpiar la zona” o, dicho de otra forma, a reprimir a los defensores de la tierra. Por ejemplo, en el municipio de Atenco se pretendía construir un aeropuerto, durante el sexenio de Vicente Fox, sin embargo, los pobladores se opusieron a ello porque aquel proyecto, porque dado que algunos eran campesinos, eso significaría la expropiación de sus terrenos para la siembra. La lucha de los campesinos triunfó y Fox se vio obligado a cancelar la obra, pero este hecho dejó un escenario de tensión entre Atenco y el gobierno, que desembocaría en los sucesos del 2006.

En el caso de las desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, estás, por lo general, van dirigidas contra activistas o periodistas, dado que las acciones de estos sectores generalmente perjudican al estado, porque mientras unos dan información que este no quiere se sepa, otros convocan a gente para luchar por derechos fundamentales, que en ocasiones el estado viola. Otros sectores como el estudiantil, también han sido víctimas de la represión estatal, por penar de forma contraria a las directrices que pretenden imponer el estado y la burguesía, porque han alzado la voz cuando sus garantías individuales son violentadas, y porque han difundido ideas que el estado quiere evitar que se extiendan, porque eso se contrapone contra sus intereses económicos y políticos y los de sus socios capitalistas por supuesto. En casos como el de Marco o Giovanni, se ve que las fuerzas policiales del estado suelen excederse en la forma en la que aplican la ley.

En ocasiones las personas que son detenidas no cometieron ningún delito, sino que son juzgados por estereotipos sociales, como en el caso de Marco.

Al hacer esto, las autoridades violentan tanto los derechos de los individuos que están plasmados en normas fundamentales como la constitución o en los tratados para la protección de los derechos humanos de los que México forma parte. Vivimos en una nación en la que, incluso desde un punto de vista de la legalidad burguesa, no se respeta el estado de derecho, en la que ya no sabemos si tenerles más miedo a los criminales o a las supuestas fuerzas del orden. En la que estamos en un completo abandono por gran parte de las instituciones, en la que parece que narco y estado se han coaligado, pero sobre todo vivimos en una nación en la que progreso significa acabar con los recursos naturales, significa arrebatarle al pueblo campesino, su principal fuente de ingresos que es la agricultura, para destinar esos terrenos a cualquier obra “pública”, financiada por los grandes capitalistas, significa acabar con tradiciones, lenguas y culturas, para crear una sociedad con un pensamiento homogéneo y consumista, lista para recibir los aluviones de productos de la manufactura burguesa y no cuestionar cuando esta clase atropella sus derechos a cambio de sobras nada más. Eso es progreso, al menos para los burgueses. Vivimos en una nación en la que orden es sinónimo de mantenerse en silencio frente a las injusticias, en la que no se puede pensar ni actuar diferente. Esas son las raíces de la represión estatal, porque vivimos en un país que no está regido ni siquiera por el estado, sino por la burguesía internacional, con la que la nacional mantiene importantes lazos, pues sus intereses son los mismos. La burguesía pretende mantenernos sumidos en la ignorancia, para que no conozcamos lo más mínimo de nuestros derechos y no podamos defendernos ante sus atropellos y por otra parte seamos seres sumergidos en la “cultura” del consumismo, quiere privatizar nuestros servicios más básicos, para hacer de la vida un negocio; realizar obras que beneficien a sus arcas a costa de que campesinos pierdan sus tierras o de que el ecosistema se vea comprometido. Por eso nos reprimen, porque levantamos nuestras voces o nuestros puños para no permitir que esto siga sucediendo, o como a Marco Antonio o a George Floyd, sólo nos juzgan por nuestra apariencia.

En nosotros está permanecer unidos y con la voluntad de mantener nuestra resistencia y no caer en el perverso juego del sistema, pero sobre todo tener la fuerza y el coraje para defendernos del atropello que ejercen sobre nosotros la burguesía y el estado y tomar acción verdadera cuando se violenten nuestros derechos, por medio de la manifestación, la denuncia pública o también ejerciendo medidas de presión en nuestros centros de estudio o trabajo.

“Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden”

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