Cada año, al terminar el año laboral, los presidentes mexicanos anuncian un aumento al salario, un anuncio que en nuestro país es una especie de tradición que durante décadas ha cumplido el papel de limitar y excluir lo más posible a los sindicatos y a los trabajadores del proceso de negociación salarial, pero que frecuentemente se muestra como una dádiva otorgada para aliviar las necesidades más urgentes de nuestra clase. Este aumento aplica para aquellos trabajadores que ganan un salario mínimo como base para sus ingresos, los cuales representan 12.5 millones del total de la fuerza laboral en nuestro país.
Este incremento es pactado en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la cual se conforma por representantes del gobierno federal, de los sindicatos y de los patrones; la cual durante años ha servido para avalar las políticas salariales de los gobiernos en turno que a su vez obedecen a los deseos de los grandes capitalistas.
Este año no fue la excepción, y se mantuvo la tendencia del último sexenio a otorgar un aumento de más del 10% (12% en este caso). De este modo, y si hacemos un redondeo, el salario mínimo queda en $279 diarios y $420 diarios en la frontera norte Sin embargo cada comienzo de año, nos encontramos con el aumento del costo de la vida conocida como la cuesta de enero, la cual será particularmente larga este año, pudiendo extenderse tal vez hasta marzo.
Si a esto le sumamos que las empresas también suelen subir precios tomando en cuenta los aumentos generales al salario, y que hay empleos donde se aplican descuentos al salario del trabajador por insumos de higiene, donde no se reparten utilidades, donde no se paga la semana completa, donde no se pagan horas extras y donde no se pagan los salarios de semanas enteras por “malas rachas financieras”; estamos ante una situación que a largo plazo no se puede sostener, que puede constituir un enorme sacrificio de condiciones de vida.
Por un sindicalismo más combativo
Durante mucho tiempo, los aumentos salariales decretados gubernamentalmente funcionaron para que los sindicatos se excluyeran a sí mismos del proceso de negociación salarial, limitándose a administrar las nóminas. En gran medida podemos decir que eso sigue sucediendo, ya que la proporción de trabajadores sindicalizados (y con posibilidad legal de sindicalizarse) es increíblemente baja y prácticamente no existen más que algunas cuantas tendencias y sectores sindicales donde se lleve a cabo un trabajo activo de organización.
Todo esto, ¿Por qué importa? Si se supone que el salario está contemplado en la Ley y aplica para todos. Bueno, importa por una razón muy sencilla: si, como mencionamos arriba, existen situaciones laborales no previstas en la ley, es porque la ley del papel y la realidad son cosas diferentes. Por principio de cuentas ¿Qué es el salario? Económicamente hablando, es el precio que el burgués (el “empresario”) le paga a los trabajadores para comprarles su fuerza de trabajo después de usarla. Luego entonces, el pago de salario es un ejercicio de compraventa de la mercancía fuerza de trabajo (capacidad para trabajar), entre pocos capitalistas compradores y muchos trabajadores vendedores.
Y como dice Marx, en un ejercicio de compraventa entre vendedores y compradores la única ley que impera es la ley de la fuerza. El comprador, en este caso el capitalista, quiere comprar la mercancía lo más barata posible. Técnicamente, la mercancía tendría que ser vendida de tal manera que se pueda cubrir cuánto cuesta producirla (en el caso de la fuerza de trabajo, eso equivale a cuánto cuesta mantener vivo al trabajador), pero de ser posible el capitalista no duda en comprar la fuerza de trabajo por menos que eso. En nuestro país hay trabajos (sobre todo para los trabajadores más jóvenes y del sector servicios) cuyos sueldos caen por debajo de los $5,000 mensuales (siendo que el salario mínimo más modesto tendría que superar los $8,000).
Por esto es que importa la organización de los trabajadores, como decía Rosa Luxemburgo, el papel principal de los sindicatos es lograr que la fuerza de trabajo se venda al precio que cuesta producirla. Los capitalistas, en tanto que compradores, tienen muchas ventajas para imponer sus salarios, tienen la posibilidad de dejar compañeros en la calle, tienen un sistema político ad hoc y la capacidad de comprar la justicia. Los trabajadores, por nuestra parte, solo tenemos una ventaja pero esa ventaja es precisamente el factor decisivo: nuestro número.
Los trabajadores somos la mayoría aplastante de la población, pero esa ventaja sólo puede funcionar cuando se utiliza de manera unida. Así mismo, aunque la historia del sindicalismo mexicano esté plagada de ejemplos de corrupción, traición de clase y entrega al patrón, también hay ejemplos muy interesantes como la insurgencia sindical de los 70: por muy charros que sean los sindicatos, una movilización masiva desde las bases sacude sus direcciones, reemplaza a los viejos corruptos con nuevos dirigentes dispuestos a luchar.
Eso es lo que necesitamos, para luchar por la defensa del salario y nuestras condiciones de vida, los trabajadores necesitamos (y los comunistas exigimos) sindicatos libres de intervención estatal, que organicen activamente a los trabajadores, que estén democráticamente controlados por las bases obreras y que no renuncien a la lucha en el centro de trabajo y en las calles.
Por una jornada laboral más corta y sin recorte salarial
La burguesía y sus representantes establecen que el alza de precios que se extenderá. El alza de precios no es la única manera que utilizan para mantener márgenes de ganancia, otros mecanismos son -como ya mencionamos- la mayor reducción posible de los salarios, y el otro de gran importancia es alargar lo más posible la jornada laboral.
Desde hace más de dos años, los empresarios se han negado al unísono a aceptar la hipotética reducción de la jornada laboral porque, según sus propias palabras, no podrían llenar todas las vacantes generadas y tampoco tendrían la capacidad de pagar muchas otras horas extras. Por principio de cuentas, México es uno de los países del mundo donde se remuneran menores cantidades de horas extras; y algo que es más impactante: solo la mitad de la población económicamente activa de nuestro país tiene un empleo formal.
Es decir, si reducimos la jornada laboral semanal no tendría por qué impactar de manera negativa en los salarios porque se podría mantener el mismo ritmo productivo. En caso de que la reducción de la jornada sea una realidad, ese no puede ser el final de esa lucha sino el inicio de su ampliación, porque no debemos permitir que los patrones se venguen por medio de disminuir nuestros salarios. Existe, alrededor de la reducción de la jornada laboral semanal y la defensa del salario un movimiento obrero en ciernes, todavía no muy grande pero que se puede convertir en el combativo movimiento que necesita desesperadamente la clase trabajadora.
¡Hacia un 2025 de movimiento obrero y organización política proletaria!
