Zimbabwe: la muerte de Mugabe y la hipocresía de Occidente

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Desde la muerte de Robert Mugabe el viernes 6 de septiembre, los medios de comunicación occidentales no han hecho más que mostrar su repulsión por el ex dictador. Lo que no se informa es que, durante la mayor parte de su mandato de 37 años, Mugabe fue el favorito de Occidente. Mientras aplicaba fielmente las políticas del imperialismo occidental, éste apuntalaba su régimen y hacía la vista gorda ante sus atrocidades. Pero todo eso se olvida hoy, y se describe a Mugabe como alguien que persiguió sin piedad a sus oponentes y arruinó a su país.

La hipocresía apestosa de Occidente

Al describir a Mugabe, palabras como «luchador por la libertad», «libertador» y «revolucionario» se usan liberalmente en los medios de comunicación occidentales como una mancha, al intercambiarlas con palabras como «déspota», «autócrata» y «dictador». Pero en medio de su diatriba, ocultan convenientemente la verdad del propio papel de Occidente en el régimen de Mugabe y sus atrocidades. Mientras denuncian las incautaciones de granjas de propiedad blanca, pasan por alto las sangrientas atrocidades cometidas por Mugabe para consolidar su gobierno. De hecho, fue el apoyo tácito de Occidente lo que lo envalentonó a gobernar el país con impunidad.

Pero ya en 2017, los cables diplomáticos de la década de 1980 se filtraron al Globe and Mail de Canadá, que mostraban cómo los imperialismos canadiense, estadounidense y británico barrieron bajo la alfombra las masacres de Mugabe en Matabeleland desde 1983 a 1987. El asesinato de más de 20.000 personas de etnia Ndebele por la notoria Quinta Brigada del ejército, compuesta exclusivamente por soldados de etnia Shona y entrenados por oficiales norcoreanos, tenía como objetivo aplastar el núcleo de la base social de Joshua Nkomo, otra figura de la era de la liberación, de quien Mugabe temía que pudiera representar un desafío a su gobierno. Las masacres fueron un momento crucial para consolidar la dictadura de Mugabe. La operación se llamó Gukurahundi, «la lluvia que lava la paja», y fue dirigida por Emmerson Mnangagwa, el actual presidente.

Muy pronto se hizo evidente para los gobiernos occidentales que miles de personas estaban siendo asesinadas. Muchos fueron quemados vivos en sus chozas o ejecutados públicamente después de ser obligados a cavar sus propias tumbas. Maestros y el personal canadiense de las agencias de voluntariado se encontraban entre los que presenciaron la violencia y la denunciaron a los gobiernos canadiense y estadounidense. El primer Alto Comisionado de Canadá en Zimbabwe, Robert McLaren, informó a su gobierno. Pero había poco interés por parte de Ottawa. La reacción de Washington fue casi inexistente.

En un cable enviado el 7 de marzo de 1983, el Alto Comisionado le dijo a su departamento que un ministro del gabinete de Zimbabwe le había informado que el número de muertos era «de miles». El diplomático describió la violencia como un «reino del terror» y recomendó a Ottawa que protestara contra el gobierno de Mugabe a través de los canales del programa de ayuda canadiense, que canalizaba millones de dólares a Zimbabwe.

Pero en una respuesta dos días después, el Departamento de Asuntos Exteriores dijo que el programa de ayuda canadiense en Zimbabwe no debería «ponerse en juego». Autorizó una declaración de «preocupación» al gobierno de Mugabe, pero sugirió que McLaren debería referirse a las masacres como «lucha civil» y «conflicto».

También instruyó a McLaren a expresar cierta simpatía al gobierno de Mugabe sobre los problemas en la región de Matabeleland, «ya que Canadá, como país multicultural, podría entender cómo los intereses en disputa podrían amenazar la unidad nacional». Se refería a las masacres como resultado de «problemas planteados por los disidentes en Matabeleland».

Unos meses más tarde, el gobierno de Pierre Trudeau invitó a Mugabe a visitar Canadá, donde fue invitado a comer y beber sin mencionar una sola palabra sobre estas atrocidades. Antes de la visita de Mugabe, la Alta Comisión de Canadá preparó una nota informativa para Ottawa, que no mencionaba las masacres de Matabeleland, excepto una breve referencia a cuestiones de «tensiones y conflictos» y «derechos humanos». Después de la visita, un análisis de Asuntos Externos concluyó que la visita fue exitosa porque Canadá había evitado cualquier crítica a las «tensiones» en Zimbabwe y, en cambio, había expresado sus preocupaciones «de manera indirecta».

Cuatro meses después, la Quinta Brigada fue enviada de regreso a Matabeleland y se impuso un embargo de alimentos para controlar a la población. Los cables diplomáticos canadienses en abril de 1984 describieron un patrón de represión militar – «palizas, asesinatos y hambre forzada» – para aplastar a los «disidentes». Otro cable diplomático, enviado a Washington por la embajada de Estados Unidos en Zimbabwe el 11 de marzo, citó fuentes que estiman que alrededor de 3.000 personas habían sido asesinado en ese momento. Pero citó a McLaren diciendo que había recibido solo «instrucciones muy flexibles y suaves» de Ottawa sobre cómo expresar sus preocupaciones. Washington mismo no recomendó ninguna acción a su embajada.

La mayoría de los otros gobiernos occidentales tuvieron una respuesta igualmente suave e incluso expresaron simpatía hacia el gobierno de Mugabe. Un cable diplomático británico, por ejemplo, dijo que Gran Bretaña simpatizaba con las «dificultades» que el gobierno de Mugabe se enfrentó para «manejar el problema disidente». A pesar de la creciente evidencia de atrocidades, los cables británicos enfatizaron que los principales intereses de Gran Bretaña en Zimbabwe eran económicos y estratégicos: proteger el comercio y la inversión británicos en Zimbabwe, evitar las ganancias soviéticas en África y la «necesidad de evitar un éxodo blanco masivo».

Esto va al meollo del asunto y explica la situación real: las grandes potencias nunca se preocuparon por los «abusos de los derechos humanos» mientras Mugabe protegiera sus intereses materiales. Salió incólume de las peores atrocidades en la medida que estaban dirigidas contra los negros pobres y oprimidos de Zimbabwe. Pero una vez que Mugabe se volvió contra los granjeros blancos para aferrarse al poder, se convirtió en un paria en Occidente.

Estos mismos países occidentales, principalmente Gran Bretaña y Estados Unidos, apuntalaron el régimen del Zanu-PF [el régimen de partido único de Mugabe, NdT] durante décadas, cuando cumplía fielmente los dictados del FMI ¿Dónde estaba la indignación moral contra los abusos a los derechos humanos cuando el régimen llevó a cabo las masacres de Gukurahundi? En aquel entonces, Mugabe recibió una gran cantidad de alabanzas, elogios y doctorados honorarios de las universidades occidentales. En realidad, no fue hasta que Mugabe abandonó los brutales programas de ajuste estructural del FMI impuestos por Occidente, que éste de repente se despertó con sus «abusos contra los derechos humanos».

El mito del impulsor de la «reforma agraria»

Al mismo tiempo, y hasta cierto punto haciéndose eco de los medios de comunicación occidentales, algunas personas de la izquierda han estado perpetuando el mito de que Mugabe era un líder antiimperialista intrépido, que empujó sin ayuda el proceso de expropiación de tierras y que finalmente entregó la tierra a las masas. La verdad es muy distinta. Durante la mayor parte de su tiempo en el cargo, Mugabe nunca tocó seriamente la cuestión de la tierra. Cuando finalmente lo hizo, simplemente se aferró a un proceso iniciado por las masas desde abajo, y solo porque estaba a punto de perder su poder.

Cuando Mugabe se convirtió en primer ministro en 1980, unos 6.000 granjeros blancos poseían 15 millones de hectáreas de las mejores tierras del país, mientras que unos 4,5 millones de granjeros negros en áreas comunales vivían en 16 millones de hectáreas de las tierras más áridas y yermas a las que habían sido confinados por un siglo de dominio colonial.

Este fue el combustible que sostuvo la guerra de guerrillas que finalmente condujo a la independencia nacional formal. Pero tras su victoria, los líderes del movimiento de la liberación nacional firmaron un acuerdo redactado por los británicos, el Lancaster House, en 1979. Los colonos blancos respaldaron ansiosamente el acuerdo de Lancaster House, que pedía transferencias de tierras a la población sobre la base de una compra de tierras acordada entre ambas partes, con la financiación británica del plan. Otra disposición del acuerdo fue que el 20 por ciento de los escaños en la nueva Cámara de la Asamblea se reservaría para los blancos, que constituían solo el 3 por ciento de la población. Esto le dio a la comunidad de colonos un veto sobre cualquier enmienda a los acuerdos de Lancaster House. Además, las disposiciones tenían un límite de tiempo de 10 años para las transferencias de tierras, basadas en el principio del mercado. El acuerdo frenó efectivamente una reforma agraria significativa y aseguró que la mayor parte de la actividad económica se mantuviera en manos privadas.

Las transferencias de tierras durante la primera década después de la independencia fueron tan mínimas que en realidad empeoraron en lugar de mejorar la situación. A fines de la década de 1980, las transferencias de tierras incluso disminuyeron, cayendo de 430.000 hectáreas por año durante la primera mitad de la década a 75.000 durante la segunda. La prohibición de la venta obligatoria elevó los precios de la tierra y alentó a los granjeros blancos a vender sólo la peor tierra. El resentimiento de las masas rurales comenzó a crecer, lo que resultó en más y más invasiones de tierras. En respuesta, Mugabe creó unidades locales de ‘control de ocupantes ilegales’ en 1985 y comenzó a desalojar a los ‘ocupantes ilegales’ en masa.

Cuando expiró el límite de 10 años del acuerdo, sólo alrededor de 58.000 de 1 millón de familias habían sido reasentadas, y el 40 por ciento de la población rural seguía sin tierra. Estos no son resultados precisamente de un «gran reformador agrario». La situación casi no había cambiado nada. Las tierras agrícolas principales todavía se concentraban principalmente en manos de una comunidad pequeña y rica.

Las desastrosas consecuencias de las políticas imperialistas y los zigzags de Mugabe

Cuando las reglas del Acuerdo de Lancaster House sobre la transferencia de tierras expiraron en 1990, Mugabe aplicó de inmediato un programa de ajuste estructural del FMI, que devastó la economía. Estas son las verdaderas raíces de la crisis actual, no la expropiación de tierras de los granjeros blancos, que siguió más tarde.

Tras el programa de ajuste estructural, la producción campesina (que se había disparado hasta un 45 por ciento en 1985) disminuyó. El porcentaje de hogares que vivían en la pobreza en todo el país aumentó en un 14 por ciento en cinco años. Como resultado, entre la población rural se produjo una oleada desesperada de invasiones de todo tipo de tierras, desde áreas comunales hasta tierras estatales y granjas comerciales propiedad de blancos.

La demanda de reforma agraria estaba en la agenda en todas partes y fue encabezada por veteranos de la guerra de liberación. Al final de la guerra de liberación en 1980, 20.000 guerrilleros habían sido incorporados al ejército nacional y otras organizaciones estatales, mientras que 50.000 quedaron en la miseria. Les resultaba difícil sobrevivir sin tierra o trabajo, y a menudo se unían a ocupaciones de tierras en el campo. En 1988, estas capas formaron la Asociación de Veteranos de Guerra de Liberación Nacional de Zimbabwe (ZNLWVA). Sus principales demandas eran pedir que se pagaran las pensiones de los veteranos y que se redistribuyera la tierra. Pronto alcanzaron una militancia de 200.000 personas, que provenían de la mayoría de los sectores de la sociedad zimbabuense y de los dos grupos étnicos. Sus miembros provenían de diferentes capas, empleados y desempleados, urbanos y rurales, con puestos en diferentes ramas del Estado y del partido, y del sector privado.

Lo significativo fue que formaron la única alianza que era independiente de Mugabe y del Zanu-PF, y podían afirmar tener apoyo nacional. Estaban entre los primeros objetivos del Programa de Ajuste Estructural cuando sus efectos comenzaron a sentirse en 1991. Los enfrentamientos entre el movimiento y el régimen se intensificaron. Se disolvieron departamentos y ministerios enteros que habían sido atendidos en gran medida por excombatientes y estalló una serie de enfrentamientos de alto perfil entre veteranos y el gobierno. Organizaron manifestaciones callejeras, interrumpieron el discurso de Mugabe el Día de los Héroes en 1997 y esencialmente sitiaron a Mugabe en su palacio presidencial.

El demagogo se aferra al poder

En 1997, el nuevo gobierno laborista de Tony Blair incumplió las contribuciones británicas al fondo establecido para pagar a los terratenientes zimbabuenses. Este incumplimiento coincidió con las demandas de expropiación de tierras por parte de los veteranos de guerra, quienes lideraron las ocupaciones de tierras en Svosve y Goromonzi, chocando con Mugabe y el Zanu-PF. Al año siguiente, una ola de ocupaciones de tierras coordinadas se extendió por todo el país, ejerciendo enormes presiones sobre el régimen.

Bajo la inmensa presión de los veteranos, los ocupantes y los movimientos locales, así como de sectores de la nueva élite negra, Mugabe comenzó a cambiar su tono. Asumiendo una retórica cuasi antiimperialista, le dijo a Blair que «se ocupe de su Gran Bretaña» mientras que él ocuparía de «su» Zimbabwe. Su relación con Occidente comenzó a agriarse. En 1999, Mugabe decidió revisar la Constitución redactada en Lancaster House e hizo dos propuestas claves: una, le permitiría permanecer en el poder por dos períodos más y garantizaría la inmunidad de enjuiciamiento para los líderes políticos y militares acusados de cometer delitos mientras estaban en el cargo. La otra, facultaría al gobierno confiscar tierras a los granjeros blancos sin compensación. Esta fue una medida drástica para recuperar su popularidad menguante. Las propuestas fueron sometidas a referéndum en febrero de 2000 y fueron rechazadas. Este fue un punto de inflexión, y Mugabe comenzó a redescubrir demagógicamente la cuestión de la tierra por miedo a perder el poder.

Los desastres del frente popular

Al mismo tiempo, una amenaza a su gobierno vino de las áreas urbanas. El congreso de la central sindical de Zimbabwe en la década de 1990, el ZCTU, encabezó la campaña nacional contra el programa de ajuste estructural. Al principio, el ZCTU había sido una organización coordinadora de los sindicatos del sector privado. Después de la independencia, los trabajadores del sector público habían mantenido estrechos vínculos con el gobierno. Pero esto comenzó a cambiar cuando el Programa de Ajuste Estructural condujo a la pérdida de empleos en el sector público, y muchos trabajadores africanos, especialmente veteranos, fueron despedidos.

Cuando los trabajadores del gobierno se declararon una huelga en 1996, el ZCTU pudo establecer una base en el sector público. Una huelga general en 1997 y al año siguiente sacudieron a Mugabe y a su gobierno. Los funcionarios públicos que una vez habían declarado lealtad al partido gobernante y al Estado ahora comenzaron a afiliarse al ZCTU. Sin embargo, en lugar de desarrollar un programa basado en la clase, incluyendo las demandas de expropiación de tierras sin compensación y con el objetivo de ganarse a las masas rurales, organizó efectivamente un frente popular de sindicatos y grupos reaccionarios como las iglesias; organizaciones cívicas y ONGs; granjeros blancos y gobiernos occidentales.

En los meses previos al referéndum de 2000, formaron el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC, por sus siglas en inglés) para hacer campaña por un voto de «no» a las reformas constitucionales. La coalición incluyó a millones de trabajadores que estaban tratando de luchar contra el Programa de Ajuste Estructural, así como a capitalistas como Eddie Cross, el Secretario de Asuntos Económicos del MDC y una figura de alto rango en la patronal Confederación de Industrias de Zimbabwe, que era una gran defensora de las privatizaciones.

La colaboración de clase del ZCTU significó que las masas rurales fueron conquistadas por los veteranos de guerra, quienes las volvieron contra los centros urbanos. Cuando Mugabe perdió el referéndum sobre las enmiendas a la Constitución de Lancaster House, los veteranos reaccionaron a la derrota lanzando ocupaciones de tierras en la provincia de Masvingo. Este fue un regalo del cielo para el cada vez más impopular Mugabe, que sufrió una enorme presión por parte de los veteranos de guerra. Decidió echar su suerte con la insurgencia rural y rápidamente anunció que no habría más desalojos por parte del gobierno de las tierras ocupadas. Cooptó a los veteranos de guerra y los usó para dirigir el movimiento rural contra los sindicalistas y los centros urbanos. Inmediatamente, las ocupaciones de la tierra se extendieron a todas las provincias del país. Cientos de granjas fueron ocupadas.

El verdadero proceso de la reforma agraria

Este proceso vino desde abajo, con el gobierno en cada etapa tratando de adaptarse a los acontecimientos. Los comités de tierras se extendieron por todo el país, impulsando la llamada reforma agraria acelerada. Estos comités marginaron las viejas estructuras administrativas locales, informando solo a los comités provinciales, y solo más tarde cuando el gobierno se ponía al día con el proceso, al Ministerio del gobierno local. Los propietarios blancos de alrededor de 2.900 granjas comerciales listadas para su requisa y distribución obligatoria recibieron 90 días para mudarse. Las directivas gubernamentales especifican que los propietarios de granjas marcadas para redistribución serían compensados por las mejoras realizadas a la tierra, pero no por la tierra en sí, ya que esta tierra fue robada a los propietarios originales en la época colonial.

Los comités de tierras ignoraron la fecha límite para la adquisición de tierras por la ‘vía rápida’ por parte del gobierno establecida para agosto de 2002, y las ocupaciones continuaron sin obstáculos hasta mediados de 2003. Luego, en 2005, el gobierno aprobó una enmienda que declaraba que todas las tierras agrícolas eran tierras estatales. La tierra fue confiscada a casi 4.000 granjeros blancos y redistribuida. Más de 72.000 grandes agricultores recibieron 2,19 millones de hectáreas y 127.000 pequeños productores recibieron 4,23 millones de hectáreas. Este fue el mayor proceso de reforma agraria restaurativa llevado a cabo en la historia del sur de África.

La historia en Occidente, de que esta reforma agraria está en el meollo del colapso de la producción de alimentos, es completamente falsa. Los granjeros comerciales blancos, que fueron el objetivo de la reforma agraria, se centraban en los cultivos de exportación, mientras que los granjeros comunales fueron la principal fuente de seguridad alimentaria. La producción de tabaco, hasta entonces la principal fuente de divisas, se concentra en granjas comerciales a gran escala. El maíz y el algodón son cultivos campesinos y en realidad no se han visto directamente afectados por la reforma agraria, pero han sufrido gravemente por la sequía prolongada. La producción de maíz disminuyó en un 90 por ciento entre 2000 y 2003 debido a la sequía. En contraste, la producción de cultivos producidos principalmente por las grandes plantaciones capitalistas (como el té, el azúcar y el café) se ha mantenido estable.

El papel de las sanciones

Además de la sequía, la verdadera razón de la disminución de la producción y el posterior colapso de la economía son las sanciones occidentales. Una vez que comenzó la reforma agraria por la ‘vía rápida’, que golpeó particularmente los intereses económicos occidentales, la comunidad de donantes occidentales cerró sus operaciones en Zimbabwe.

En 2001, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de Democracia y Recuperación Económica para Zimbabwe (patrocinado, entre otros, por Hillary Clinton) y se convirtió en ley en diciembre de ese año. Parte de la ley era una orden judicial formal a los funcionarios estadounidenses en las instituciones financieras internacionales para «oponerse y votar en contra de cualquier extensión por parte de la institución respectiva de cualquier préstamo, crédito o garantía al gobierno de Zimbabwe». En otoño de 2001, el FMI declaró que Zimbabwe «no era elegible para usar los recursos generales del FMI», y la eliminó de la lista de países que podrían recibir préstamos de su Fondo para la Pobreza y el Crecimiento. En 2002, emitió una declaración formal de no cooperación con Zimbabwe y suspendió toda asistencia técnica.

Estas sanciones afectaron principalmente la vida de la gente común. Las reservas de divisas del país habían disminuido a 830 millones de dólares, lo que representaba una cobertura de importación de tres meses en 1996, a una cobertura de menos de un mes en 2006. El total de los atrasos en los pagos extranjeros aumentó de 109 millones de dólares a fines de 1999 a 2.500 millones de dólares a fines de 2006. La inversión extranjera directa se había reducido de 444,3 millones de dólares en 1998 a 50 millones de dólares en 2006. El apoyo de los donantes, incluso a sectores vitales para el bienestar popular, como la salud y la educación, se encontraba en su punto más bajo. Se suspendió el apoyo danés al sector de la salud, que había ascendido a 29,7 millones de dólares en 2000. El apoyo sueco a la educación también fue suspendido. Estados Unidos emitió advertencias de viajes y bloqueó la ayuda alimentaria.

Las sanciones paralizantes impuestas por Occidente (por los abusos de los derechos humanos por parte del régimen de Mugabe que acababan de hacerse evidentes) sólo exacerbaron el sufrimiento de las masas. En agosto de 2018, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Ley de Enmienda a la Democracia y la Recuperación Económica para Zimbabwe (Zidera), que extendió estas sanciones. Las sanciones devastaron la economía, elevando el desempleo a alrededor del 85 por ciento.

Mugabe incrementó su uso de la retórica antiimperialista acusando al MDC de ser agentes de Blair y Bush. Usó las sanciones para consolidar su poder. En las elecciones de 2002, el ex presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, envió a dos jueces para ser supervisores en las elecciones presidenciales de Zimbabwe. Las elecciones se caracterizaron por la violencia y la intimidación perpetradas por el ala juvenil de ZANU-PF. Más de 100 personas fueron asesinadas en el proceso, en su mayoría partidarios de la oposición. Los jueces concluyeron que las elecciones «no pueden considerarse libres y justas», pero Mbeki no dio a conocer su informe. El contenido solo se reveló en 2014, después de que los periódicos Mail and Guardian ganaron un caso judicial prolongado.

En las elecciones presidenciales de 2008, Tsvangirai recibió el 48 por ciento frente al 43 por ciento de Mugabe. Se suponía que la segunda vuelta tendría lugar 21 días después, pero Mugabe desató a los veteranos de guerra para realizar una campaña extremadamente violenta contra el MDC. Más de 10.000 personas resultaron heridas en la violencia que siguió, 86 fueron asesinadas y cientos de miles fueron desplazadas. Mugabe ordenó un envío de armas de China, que Mbeki estaba muy feliz de entregar a través de la ciudad portuaria sudafricana de Durban. Pero el barco no pudo descargarse en Durban porque los trabajadores de los muelles sudafricanos hicieron una huelga salvaje y se negaron a manejar la carga. El barco finalmente tuvo que regresar a China con las armas a bordo.

Mbeki luego negoció un acuerdo con Tsvangirai y Mugabe para formar un gobierno de unidad nacional. La experiencia de esta traición dividió al MDC en tres facciones diferentes. Hoy, se encuentra en una situación aún peor que el ZANU-PF; y gracias a Mbeki, Mugabe permaneció en el poder.

Otro capítulo

En noviembre de 2017, Mugabe fue finalmente apartado en un golpe militar despúes de un movimiento de masas sobre el terreno, que rompió la frágil unidad del régimen. No se ha resuelto nada. El régimen todavía está en una crisis profunda y la economía está completamente devastada como resultado de las políticas capitalistas que Mugabe implementó y los zigzags a los que recurrió.

Mugabe no era socialista ni revolucionario. Se abrió paso entre las filas del movimiento de liberación a través de apuñalar por la espalda y marginar a las personas más capaces. Era un títere imperialista, que luego se volvió contra sus amos para aferrarse al poder y proteger sus intereses egoístas. Sus políticas arruinaron el país. Incapaz de desarrollar Zimbabwe, su muerte en un hospital en Singapur es un testimonio simbólico de su vida.

Mientras tanto, las masas de Zimbabwe, que son las más afectadas por estas políticas ruinosas, se están preparando para un enfrentamiento decisivo con el régimen de Mugabe. Zimbabwe marcha inexorablemente hacia la revolución. Las recientes explosiones sociales son solo una señal de lo que vendrá. El régimen pende de un hilo. Habiendo perdido su base de masas e incapaz de ofrecer concesiones, ahora solo depende de la fuerza bruta para mantenerse en el poder.

La situación a la que se enfrentan las masas hoy es el resultado directo del movimiento de liberación, que no llegó a derrocar al capitalismo en Zimbabwe. La única forma de salir de este impasse es terminar el trabajo y llevar a cabo un programa socialista para la colectivización de la tierra bajo el control de los trabajadores y campesinos rurales, y expropiar las industrias en las áreas urbanas.

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