Fideicomisos y deuda estatal, el rostro de la podredumbre del sistema
El Congreso de la Unión ha aprobado el presupuesto del año 2021, en general no se efectuaron modificaciones con respecto del proyecto que se les presento en septiembre, al respecto habría que puntualizar sus principales características:
1.- Es consonante con una visión restrictiva de la economía, que prioriza el equilibrio presupuestal respecto al estímulo a la economía.
2.- Otorga a la iniciativa privada la responsabilidad de desarrollar la economía al mantener la inversión productiva del Estado a los mismos niveles (entre 3 y 4% del PIB), igual que desde hace 25 años.
3.- Si bien existe un incremento al presupuesto de la Secretaria de Salud para enfrentar la pandemia, éste apenas alcanza el 2.7% del PIB, muy lejos del 6% que la OMS recomienda. En realidad, se reduce el presupuesto al IMSS (-1.5%) y al ISSSTE (-1.8%) aunque se aumenta a los hospitales de Pemex en un 35%.
4.- En educación no hay aumentos reales, lo que sucede es que se incrementan los apoyos en becas, que pasan de 31 mil millones a 34 mil millones, cosa que esta muy bien, pero por otro lado se pierde de vista que instituciones como la UNAM o el IPN y en su conjunto todo el sistema público requiere de una gran inversión en la reconversión de sus instalaciones y equipo para enfrentar los nuevos tiempos, así como la necesidad de generar nuevas plazas y renovar la planta docente ya existente.
5.- Alrededor del 1% del PIB está destinado a programas de apoyo, no obstante, es absolutamente insuficiente para modificar las crecientes cifras de pobreza suscitadas por las crisis, recientemente se ha dado a conocer que alrededor de 7 millones de personas aún no han recuperado su trabajo desde el inicio de la pandemia.
En general subsiste la visión de que recortar los gastos del gobierno es algo bueno (austeridad) y en esa medida se busca llevar a su mínima expresión los gastos gubernamentales en todas las áreas.
Exigir mayor presupuesto sobre todo para la inversión y el gasto social es fundamental y debemos recalcar una y otra vez que salvo los apoyos a la población vulnerable y el combate a la corrupción, el presupuesto no es distinto al de otras épocas, la visión de fondo es la misma, aunque con nuevos matices “burguesía opulenta, gobierno austero y pueblo pobre”.
En este contexto se ha suscitado la polémica en torno a dos temas vinculados a la aprobación del presupuesto, uno es la eliminación de más de 100 fideicomisos, y el otro es la participación de los gobiernos estatales respecto del presupuesto federal.
Los fideicomisos
Ya hemos señalado que la visión de López Obrador es que todo lo que se ahorre es bueno, así que de forma acorde con a esa visión se ha procedido a disolver diversos fideicomisos en diversas áreas, como la cultura y la investigación, entre otras. Esto ha dado la impresión de que se está cortando los apoyos a las áreas ya citadas, cuando en realidad se trata de eficientizar el gasto. Nuestra critica no va en el sentido de eliminar estos fideicomisos, cosa que nos parece sana, sino en el sentido de que la inversión del Estado en educación, cultura, salud, etc., permanece estancada, no se ve, al menos en el futuro próximo que se vaya a incrementar en alguno de estos aspectos.
Aquí es donde la hipocresía de los defensores de los fideicomisos es evidente, no dicen “incrementen la inversión en investigación”, dicen “no me quiten el fideicomiso”.
En realidad, el mecanismo más ejemplar del funcionamiento de dichas estructuras de negocio se puede observar en “Juntos Podemos” de Josefina Vázquez Mota, a la cual se otorgaron recursos por millones de dólares y que no tiene forma de comprobar en que se los gastó, además de que los propios miembros de su junta directiva eran los proveedores, por medio de empresas que tampoco tenían los fines para los cuales era contratadas. Empresas sanguijuela que chupaban del presupuesto con el pretexto de brindarle un servicio.
En el caso del CONACYT hay ejemplos vergonzosos, como el otorgamiento de dinero a empresas trasnacionales, con el pretexto de impulsar la “innovación”. La derecha lo que critica es que se le quite un negocio, no que se quite un apoyo al desarrollo del pueblo, el PRI tuvo setenta años, y el PAN 12 y en ninguno de los casos hubo más dinero del que se otorga ahora. Lo que lamentamos es que el gobierno de la 4T en términos globales, exceptuando el tema de la corrupción, se comporte económicamente exactamente igual que sus antecesores.
Las participaciones federales y la bancarrota de las finanzas estatales
El ramo 28 del presupuesto federal está vinculado a la distribución a lo estados de una parte de lo recaudado a nivel federal. En el año de 2007 (bajo el gobierno del PAN) se estableció un porcentaje del ingreso federal que se destinaria a los estados bajo el rubro de Fondo General de Participaciones. La distribución se estableció en función de un acuerdo entre gobernadores (casi todos del PRI y del PAN) con el gobierno de Calderón. A partir de entonces se estableció un mecanismo para subir o bajar la participación de cada estado en función de los siguientes criterios.
* 60% corresponde al crecimiento del PIB per cápita por estado.
* 30 % al incremento de recaudación local de impuestos federales de los últimos tres años respecto a la recaudación a nivel nacional.
* 10% al incremento de la recaudación local.
Una ley que pasa por el Congreso y que si no es del agrado de los gobernadores hubieran podido lanzar una iniciativa en el periodo ordinario de sesiones y no ahora que al ver lo que les toca y compararlo con lo que tienen que gastar no les salen las cuentas.
Es verdad que se está empleando el tema de las participaciones federales de manera demagógica, ya que las variaciones no son sustanciales, respecto a otros años, lo que sucede es que a nivel estatal se han tomado decisiones en materia económica que amenazan con hacer estallar la economía de dichos estados.
Una de las medidas que se han tomado es el endeudamiento estatal, el cual se otorga sobre la garantía de las participaciones federales, de tal modo que en muchos estados el dinero de dichas participaciones pasara casi directamente a los acreedores.
La deuda de los estados suma 640 mil millones de pesos, tan solo en el primer trimestre del año Yucatán incrementó su deuda un 21%, Jalisco un 12%, Chihuahua un 10%, Guanajuato un 6%, Aguascalientes, Michoacán y San Luis Potosí poco más del 2% cada uno. Casi toda la deuda la tienen concertada con Bancomer, Banamex, Santander etc. Y como sabemos es muy bonito pedir prestado y muy feo pagar, y mas cuando los ingresos federales apenas servirán para pagar intereses.
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, tiene un nivel de deuda superior entre un 100% y un 300% de lo que reciben de participaciones federales, Michoacán un 100%, Durango 85%, Jalisco un 60% ( https://ciep.mx/deuda-de-los-estados-al-cierre-de-2018/).
La crisis económica se expresa de manera cruda en las economías locales, muchas de las cuales como es el caso de Chihuahua y Coahuila, ambas afectadas con sendos casos de corrupción no tienen con que pagar las siguientes nóminas, de aquí que el transferir las responsabilidades al terreno federa es la salida más fácil, hipócrita y de omisión de sus responsabilidades.
Hace falta un giro a la izquierda
Las tensiones que provoca la crisis económica se irán recrudeciendo, los conflictos interburgueses seguirán profundizándose, y como siempre el pueblo pagará los platos rotos a no ser que nos organicemos y exijamos un cambio de rumbo, una auténtica política de izquierda y una definitiva ruptura con la oligarquía.
