Lo que comenzó como una audiencia con familiares de las víctimas terminó en la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México. El Colectivo 10 de marzo tenía un plantón permanente desde hace unos meses afuera de las instalaciones del Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Fue el 2 de septiembre cuando se reunieron, con Rosario Piedra Ibarra en las instalaciones de la CNDH, Silvia Castillo y una compañera de San Luis Potosí, Marcela Alemán. Llegaron a la oficina de la comisionada para los Derechos Humanos, Rosario Ibarra, para pedir apoyo en los casos de sus hijos.
Al hijo de Castillo lo habían asesinado en 2013 y a la hija de Alemán la violaron cuando tenía cuatro años. Ante la respuesta burocrática de Rosario Piedra, que les dijo que las carpetas estaban mal integradas y tendrían que volver a San Luis Potosí, Marcela decidió amarrarse a una silla, decidieron permanecer en las instalaciones hasta tener una respuesta clara de su caso. Posteriormente llegaron miembros del colectivo Frente Ni Una Menos y, junto con otros colectivos, realizaron la toma de las instalaciones.
La reacción del gobierno federal y la CNDH en un primer momento fue descalificar la toma, si bien atrincherarse no resuelve la situación, es una muestra del hartazgo y frustración que sienten las familias al no obtener justicia. La descalificación de ambas partes y el cambio de opinión en cuanto al diálogo hizo que apenas en estos días hubiera mesas de diálogo tanto con Rosario Piedra como con Olga Sánchez Cordero. Por su parte, el gobierno dice que ya se están atendiendo las peticiones y ha aceptado dar cumplimiento con el pliego petitorio, lo cual debemos ver como un pequeño paso adelante pero no como un triunfo completo del movimiento. Se ha pedido que se regresen las instalaciones, sin embargo, las ocupantes declaran que esto no esta discusión que se mantendrán tomadas las instalaciones para convertirlas en un refugio para las víctimas y sus familiares.
Ocupación del CNDH, ¿un asunto político?
AMLO ha manifestado su desacuerdo en las acciones realizadas por los colectivos en la toma y ha declarado que este asunto es un tema político. Si bien la derecha, que nunca ha estado interesada en las víctimas, se cuelga del movimiento de una manera hipócrita para atacar al gobierno federal, la postura del mismo es más que tibia. Por su parte, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, calificó a la protesta como “un juego muy raro, muy oscuro” donde “a lo mejor hay intereses para obstruir la justicia”. Esto sólo genera más rabia para los familiares.
No hay una agenda clara para resolver el problema de la violencia, en casos de feminicidios o desapariciones forzadas. Los intentos huecos por parte de la 4T no han dado ningún paso adelante y las buenas intenciones no darán justicia a las familias. Este es el más claro rostro del reformismo, en donde una buena intención o idea queda en el aire al no tener un programa claro y al limitar la acción dentro de las instituciones burguesas.
Nosotros decimos que sí, “este es un asunto político”. La violencia va en ascenso y las víctimas se encuentran entre las mujeres y la juventud, que la falta de un programa por parte de la 4T es lo que le da material a la derecha para atacar, no los movimientos sociales y sus demandas justas. La vida de miles de mujeres y jóvenes que han perecido dentro de este sistema es un asunto político.
¿Qué sigue después de la toma?
La toma le da un sentido a la lucha de un sector de las familias agraviadas, que han luchado a contra corriente para obtener justicia, pero, como hemos visto en el movimiento feminista universitario, el estar atrincheradas sólo ha desgastado a las activistas y no se ha resuelto nada, un edificio menos no afecta el aparato del Estado. No criticamos los métodos utilizados desde una perspectiva moral de derecha sino porque son insuficientes para las necesidades actuales del movimiento.
Esta toma es vista con buenos ojos por una parte de las activistas que luchan contra la violencia, no solo de las mujeres, sino de víctimas de violencia y desaparición forzada, cada vez se suman más colectivos en apoyo y en algunos estados se quiere emular esta acción. Como ha sido el caso de la toma de la CNDH en Ecatepec, Estado de México el día de ayer 10 de septiembre, colectivos feministas, familiares y víctimas de violencia, entre ellos niños y embarazadas, después de pláticas sin salida con las autoridades, decidieron tomar las instalaciones, lo cual lograron en una primera instancia, sin embargo, durante la madrugada del 11, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ingresó a las instalaciones, de forma violenta y represiva desalojó a las compañeras, dejando un saldo de 11 mujeres detenidas, quienes ya han sido liberadas.
La contradicción en este caso es que la misma CODHEM fue quién pidió a la fiscalía intervenir para recuperar sus instalaciones, aun sabiendo de las violaciones a derechos humanos y métodos abusivos que esta institución históricamente siempre ha empleado, es completamente desdeñable y reprobable las acciones cometidas por las instituciones estatales, así como la represión ejercida hacia las compañeras, hechos que denunciamos pues no existe justificación alguna ante la represión de las manifestantes, debemos decir también que esta acción fue realizada por un grupo pequeño con una demanda de lucha muy legítima, con un gran apoyo en redes sociales, pero distante de un apoyo masivo que podría haber mostrado más fuerza para defender la toma.
Hasta ahora las tomas, siguen siendo una acción de un pequeño grupo aislado y no una toma de masas, lo cual puede generar un ambiente de rechazo en un sector importante de la población que aún no termina de entender la justeza de nuestra lucha o que simpatiza con la causa pero reprueba los métodos. Eso es un peligro porque puede llevar a que esta toma termine aislada y desgastada sin tener el efecto deseado.
No queremos que esta lucha se dirija a un callejón sin salida, donde el desgaste y la falta de resultados sea lo que permee, es por eso que pugnamos por hacer un llamado amplio para unirse a la lucha, no solo dentro del movimiento de las mujeres, sino de otros sectores que son víctimas de la violencia estructural. Debemos seguir presionando al gobierno federal para dar una respuesta clara.
Sólo la organización colectiva y la lucha de masas es lo que darán salida a esta situación, hay que realizar reuniones en asambleas democráticas donde se discuta no sólo un programa de lucha, sino también qué hacer, cómo administrar el espacio tomado y cómo sumar a la población para que apoye nuestra lucha. Tenemos que luchar por nuestras reivindicaciones inmediatas, por la obtención de justicia y por cambiar la sociedad para que estos casos no se repitan. Se tiene que llamar a formar una coordinación nacional de víctimas de feminicidio, de violencia sexual, de homicidio, de desaparición forzada, etc. para golpear todos juntos como un solo puño.
La solución jamás vendrá de instituciones dentro del mismo sistema que genera la violencia, pero eso no quiere decir que no luchemos por tener una vida más digna y justicia dentro del mismo, pero el objetivo final es que cada lucha parcial nos ayude a tomar conciencia y fortalecer la organización para cambiar de raíz este violento y desigual sistema. No tenemos que reformar el sistema, hay que luchar por derrocarlo. Sólo la caída de este sistema de terror es lo que traerá paz y justicia a las víctimas, pero conseguir eso sólo será posible con un amplio movimiento revolucionario de las mujeres unidas al conjunto de los explotados, luchando unidos por la revolución socialista.
