Estado Español: Gobierno de coalición PSOE-UP, un paso aventurado lleno de peligros

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El mediodía de ayer martes 12 de noviembre, los dirigentes del PSOE y Unidas Podemos (UP), Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, anunciaron de manera imprevista un acuerdo para formar un gobierno de coalición. Esta decisión ha tomado a todo el mundo por sorpresa, cuando ni en la noche electoral ni el lunes había trascendido ningún contacto ni negociación al respecto entre ambas organizaciones. De cualquier modo, este gobierno de coalición, si es investido como parece probable, abrirá una nueva etapa en la situación política y tendrá consecuencias relevantes para el futuro de la izquierda española.

En nuestra declaración de ayer por la mañana nosotros descartábamos la posibilidad de un gobierno PSOE-UP en exclusiva, por la rotunda oposición de Sánchez y de la dirección socialista a esta posibilidad en todo el período anterior, siguiendo las directrices de la clase dominante. Apuntábamos a que Sánchez sólo daría ese paso ampliando dicho gobierno de coalición a la participación de elementos moderados, como el partido de Errejón y los restos que han quedado de Ciudadanos, para hacer contrapeso a la presencia de UP y diluir su protagonismo en el mismo, y así atemperar las expectativas de cambio que pudieran desatarse en las familias obreras y asegurar una voz única sobre el conflicto catalán. Aunque, en principio, parece que esta hipótesis queda descartada, y nuestro diagnóstico se ha mostrado equivocado, no obstante debemos esperar a la conformación final del gobierno que Sánchez e Iglesias han retrasado hasta la aprobación de la investidura, para corroborar o no nuestra hipótesis inicial.

De cualquier modo, el paso dado por Sánchez para acordar la formación de un gobierno PSOE-UP, se ha producido una vez constatado el rechazo del PP a facilitar la investidura con la abstención, y ante el desconcierto y la crisis terminal que asola a Ciudadanos. Descartada la convocatoria de nuevas elecciones que sumirían al régimen político en una enorme crisis de autoridad, y acuciado por el conflicto catalán y el reforzamiento de la ultraderecha en el Congreso,  Sánchez ha tenido que encarar la realidad aceptando la única salida de que disponía, un entendimiento con UP que le garantice una mayoría precaria en el Congreso, con apoyos exteriores, para permitir la viabilidad de su gobierno.

Una parte de la patronal ha mostrado abiertamente su rechazo, como el Círculo de Empresarios, la CEOE todavía no se ha pronunciado, lo mismo que los bancos y grandes empresas del Ibex35. Está claro que los sectores decisivos de la burguesía tienen cierta preocupación por la entrada de UP en el gobierno, pero no tienen alternativa. Confían en que Sánchez mantenga a raya las pretensiones “radicales” de UP y que “el sentido de Estado” y moderación exhibidos por Pablo Iglesias se mantengan y profundicen una vez asumido el nuevo gobierno.

Es indudable que esta noticia ha generado grandes expectativas y simpatías en las familias trabajadoras y en la base de votantes y militantes del PSOE y de UP. Los problemas sociales son ardientes, la falta de empleo de calidad y de viviendas asequibles, no pueden esperar más; la angustia del vivir diario para millones de personas en los barrios y pueblos, necesita ser resuelta; y la preocupación por el auge de la extrema derecha franquista exige estrechar las filas para oponerle una resistencia contundente.

Comprendemos perfectamente este sentimiento de ilusiones y expectativas, y somos solidarios con él. Pero la cuestión que debe ser respondida es la siguiente: ¿estará en condiciones este gobierno de dar satisfacción a las necesidades principales de las familias obreras?

Según el acuerdo firmado por Sánchez e Iglesias, los detalles del mismo se harán públicos en los próximos días, y no habrá un programa de gobierno concreto hasta después de la investidura. La única referencia que tenemos de un acuerdo similar fue el proyecto de presupuestos de 2019, que nunca entró en vigor, y que contenía algunas medidas positivas para aliviar diversos problemas sociales, consistente en un aumento del gasto social en 5.500 millones de euros, pero que se quedaban muy lejos de las soluciones efectivas y duraderas que se precisaban, cuando los recortes aplicados a este mismo gasto social fueron de 15.000 millones de euros desde 2009 para acá.

El primer punto del acuerdo plantea: “Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad”. No hay ninguna mención a la derogación de la reforma laboral del PP ¿qué significa esto? La ministra Nadia Calviño declaró hace un año que había que olvidarse de derogarla y emplazó a elaborar un “nuevo Estatuto de los trabajadores” que se adapte a la nueva realidad de precariedad laboral ¿Aceptará UP la posición de Calviño, o hará una cuestión de principios de dicha derogación?

En otro punto se habla de “proteger los servicios públicos, especialmente la educación —incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años—, la sanidad pública y la atención a la dependencia”. UP defendió en campaña electoral, no el impulso sino la gratuidad de la escolarización universal y pública de todos los niños de 0 a 3 años. ¿Se revertirán o no todos los recortes aplicados a la sanidad pública y a la dependencia desde el inicio de la crisis? Son preguntas que los dirigentes de UP deberían responder.

La única referencia a la vivienda es completamente vaga: “La vivienda como derecho y no como mera mercancía”. ¿Seguirá defendiendo UP la intervención del mercado de la vivienda y reconvertir el SAREB en proveedor obligado de viviendas para alquiler social, todo lo cual fue rechazado por el PSOE en la anterior negociación de los presupuestos?

También se habla de “Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida”. Esto no suena mal. Ahora bien ¿esta revalorización de las pensiones con el IPC quedará fijada para siempre por ley, como exige el movimiento pensionista y la propia UP, o solamente se renovará año a año, y dependiendo de la coyuntura económica, como ha defendido hasta ahora el PSOE?

En el tema catalán, “se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución”. La Constitución del 78 no contempla el derecho de autodeterminación ¿Dejará UP de defender públicamente el derecho a decidir? ¿Apoyará la represión y criminalización de nuevos referéndums populares impulsados por la Generalitat? ¿Se hará UP corresponsable de la represión de nuevas protestas populares en Catalunya? Ya en las negociaciones posteriores al 28A, Pablo Iglesias declaró que estaría dispuesto a firmar por escrito su acatamiento a la política de Sánchez hacia Catalunya que, hasta el momento, se ha caracterizado por apoyarse en el nacionalismo españolista de la derecha franquista y reprimir judicial y policialmente al movimiento independentista.

Igualmente de importante es el punto sobre el gasto público. Según el acuerdo: “el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero. El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa, gracias a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales». Defender la “responsabilidad fiscal de España con Europa” significa defender el ajuste y la perduración de las políticas de austeridad. “El control del gasto público” para el “sostenimiento de un estado del bienestar duradero” ha sido siempre la justificación de los gobiernos socialdemócratas y conservadores para sus políticas de ajuste. Una reforma fiscal justa y progresiva es necesaria, pero necesitamos conocer los números para evaluar cuán “justa” y “progresiva” será.

Hay otras medidas de buenas intenciones sin concretar sobre la lucha contra el cambio climático, ley de eutanasia, lucha contra la trata de mujeres, contra la violencia machista, entre otras, que habrá que ver qué cuerpo toman.

Hay un montón de preguntas sin responder: ¿qué hay de la reforma laboral? ¿y de la ley mordaza? ¿y de la Lomce? ¿y de la ley de costas? Todas ellas son leyes represivas y antisociales, o favorecedoras de los intereses de las empresas, aprobadas bajo Rajoy. ¿Qué pasará con Bankia? ¿Avalará UP su privatización después de ser rescatada con dinero público, como defiende la dirección del PSOE? ¿Qué hay de la “mochila austriaca” que Sánchez propuso en Bruselas y que UP correctamente denunció en la campaña electoral como una forma de eliminar la indemnización por despido a cargo de las empresas? ¿Qué hay de la empresa pública de energía para arrebatar el control al oligopolio energético parásito? ¿Y de la demanda de Universidad pública gratuita que aparece en el programa electoral de UP?

Nosotros siempre nos hemos opuesto a la entrada de UP en un gobierno de coalición con el PSOE porque la experiencia ha enseñado que son más los compromisos que atan a la dirección socialista con los intereses empresariales y la estabilidad del régimen, que con la clase trabajadora.

Cuando Pablo Iglesias señala que este gobierno compaginará “la experiencia de gobierno del PSOE con la valentía de UP”, podemos discutir si estamos más o menos de acuerdo con la segunda parte de su declaración; pero lo que no admite dudas es que “la experiencia de gobierno del PSOE” siempre ha ido contra los intereses populares cuando éstos entran en colisión con los intereses fundamentales, económicos y políticos, de la clase dominante: reconversión industrial, privatizaciones, GAL, OTAN, ajuste social cuando ha sido necesario, reformas laborales y de las pensiones regresivas, artículo 135 de la Constitución que supedita el gasto social al pago de la deuda, apoyo a la aplicación del artículo 155 a Catalunya, apoyo a la política imperialista de la UE, apoyo al golpe en Venezuela, sumisión ante Trump, venta de armas a Arabia Saudita, etc.

Pero lo más importante de todo ¿qué pasa con el programa de UP? ¿Lo guardará en el cajón hasta las próximas elecciones? Formar parte de un gobierno implica hacerse corresponsable de sus acciones y renunciar a tener un criterio o programa propio que defender en el parlamento. De hecho, en el preámbulo del acuerdo de gobierno, se dice: “el nuevo gobierno se regirá por los principios de cohesión, lealtad y solidaridad gubernamental”. ¿Dejarán entonces de defender públicamente los dirigentes de UP la derogación integral de la reforma laboral del PP, si el PSOE no lo acepta? Mucho nos tememos que los dirigentes de UP acaben atados a pies y manos al “programa común” y se diluyan dentro del Ejecutivo sin voz ni protagonismo propios.

Añadimos otra nota de advertencia. Todo el mundo habla de la inevitabilidad de una nueva crisis económica. En muchos aspectos (deuda pública, parados, calidad de empleo, salarios, etc.) la situación española es peor que antes de la crisis de 2008. Una nueva crisis podría ser tan violenta como aquélla, con aumento del desempleo, cierre de empresas, reducción de ingresos del Estado, etc. Si, como es probable, la dirección del PSOE se pliega a los intereses del capital y decide que sean los trabajadores quienes paguen la crisis, con menos servicios sociales, nuevas contrarreformas laborales, reducción de las pensiones y del gasto social, etc. el gobierno PSOE-UP será utilizado para hacer el trabajo sucio al gran capital, precipitando su desprestigio ante las familias obreras y con ello, arrastrando a UP al descrédito, como le ocurrió a Zapatero en la crisis anterior.

La derecha y la ultraderecha estarían felices ellas solas en la oposición explotando demagógicamente con un “discurso social” el desastre de la izquierda. Todo ello prepararía inestabilidad y crisis de gobierno que conducirían nuevamente a elecciones y una más que probable victoria de la derecha más reaccionaria en 40 años, con una izquierda debilitada y desprestigiada. Esto sería una pesadilla para las familias obreras.

Lo que la dirección de UP podría haber hecho en las actuales circunstancias, antes que entregar un cheque en blanco a Sánchez –aceptando entrar en su gobierno sin un programa concreto por delante– es presentar ante Sánchez y a vista de toda la opinión pública, las medidas más importantes de su programa electoral, algunas de las cuales ya hemos señalado y a las que se añaden, entre otras: salario mínimo de 1.200 euros, semana laboral de 34 horas sin reducción salarial, contratos temporales máximos de 6 meses y por única vez, expropiación de uso de las viviendas vacías para los tenedores de 10 viviendas en adelante, elección popular de los altos tribunales e instancias judiciales del Estado (Consejo General del poder Judicial, Tribunal Supremo, Constitucional, etc.), derecho a decidir para Catalunya, o la derogación del artículo 135 de la Constitución. De lo que se trata es de exponer a Sánchez ante sus bases para que manifieste si quiere solucionar de verdad los graves problemas sociales o solamente hacer un maquillaje de pequeñas migajas sin solucionar los problemas de fondo, utilizando a UP como una muleta de izquierdas que avale su política cobarde y de medias tintas. Si ese era el caso, UP habría acumulado argumentos suficientes para rechazar su entrada en un gobierno así.

Así las cosas, UP debería pasar a la oposición y apoyar la investidura de Sánchez. En la oposición, UP podría apoyar todas las medidas progresistas del gobierno Sánchez, aparecer como el oponente más destacado de la derecha y de la ultraderecha, oponerse a las propuestas reaccionarias de Sánchez que vayan contra los intereses de las familias obreras, y tener plena libertad para defender su propio programa sin cortapisas; y, sobre todo, movilizar en la calle para presionar al gobierno y a las patronales por sus demandas y las del movimiento obrero y social.

Por último, tenemos una preocupación sobre la deriva institucionalista y alejada de la calle en que puede verse sumida UP como parte del gobierno PSOE. Esta deriva ya se inició hace tiempo, como se ve en la escasa implicación de UP en las movilizaciones sociales. ¿Dónde quedará la opinión de los militantes sobre la acción de gobierno de UP? ¿Qué mecanismos de control tendrá la base a su disposición para controlar a sus dirigentes en el gobierno y la Administración? Mucho nos tenemos que este paso dado implique un fortalecimiento de la burocratización y del acallamiento de la crítica interna.

En nuestra declaración de ayer apelábamos a la necesidad de una Asamblea extraordinaria en Podemos e IU para que las bases se hagan escuchar y ejerzan su papel insustituible de controlar la organización de arriba hacia abajo. Ya existe mucho malestar acumulado. Insistimos en que UP lleva un curso declinante en apoyo popular en estos 4 años, que las elecciones del 10N confirmaron. La entrada en el gobierno del PSOE meterá a UP en una dinámica nueva y a mayores presiones, por lo que la participación y el control de la base de Podemos e IU, particularmente sobre el papel y la actividad de sus ministros y altos funcionarios, se hace indispensable.

Es por ello que reafirmamos nuestra apelación ante las bases de Podemos e IU en la demanda de estas Asambleas extraordinarias en sus organizaciones, convocadas democráticamente, que discutan y fiscalicen la participación de UP en el gobierno, qué programa debe defender, qué hacer en la calle, cómo evitar una mayor burocratización y un incremento desmesurado del aparato de liberados fuera de control, etc.

Durante un tiempo, la clase trabajadora, la juventud, las mujeres que luchan por sus derechos, y los pensionistas, mantendrán un compás de espera ante el nuevo gobierno. Pero éste quedará prisionero entre los intereses contrapuestos de trabajadores y empresarios, entre las fuerzas del progreso y las de la reacción que anidan en todas las estructuras del Estado. Más temprano que tarde el gobierno PSOE-UP tendrá que elegir. La experiencia muestra, particularmente en períodos de crisis económica y social, que sin un programa de transformación socialista de la sociedad, cualquier gobierno de izquierdas, aun con los dirigentes más bienintencionados al frente del mismo, tienden a ceder a las presiones de los poderosos.

La militancia y los votantes de UP deben tenerlo en cuenta para, en determinado momento, alzar la voz de orden y tomar sus organizaciones en sus manos para que éstas vuelvan a sus verdaderos dueños, para que sirvan a sus intereses y no a los de clases ajenas que se lucran con la opresión, la explotación y la injusticia social contra la mayoría que sufre y trabaja.

*Lucha de Clases – Sección española de la Corriente Marxista Internacional

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