Los trabajadores del INEGI nos mantuvimos laborando hasta que el gobierno declaró la emergencia nacional. Cuando otras dependencias estatales y escuelas estaban cerrando, nosotros continuamos en las calles realizando las consultas. Nuestro trabajo es de alto riesgo, la pobreza del país ha llevado a que algunas zonas sean en extremo inseguras y simplemente ir a consultar a la gente ya es un peligro. Vimos el caso de Dulce Melissa, que igual que nosotros es una encuestadora del INEGI, que con tan solo 22 años de edad fue desaparecida mientras trabajaba. A la problemática de inseguridad se suma la pandemia que está sacudiendo al mundo. Si bien nuestro trabajo no implica una concentración masiva de gente sí implica un contacto cara a cara con una gran cantidad de personas. Nosotros nos preocupamos por mantener las medidas de seguridad, pero lo cierto es que esto no elimina el riesgo de ser infectados por el Coronavirus y propagarlo. Algunos medios de comunicación han señalado casos de compañeros del INEGI contagiados e incluso uno fallecido por COVID-19. Aun así, siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud y del INEGI, nosotros no desertamos y mantuvimos nuestras labores, aun con los riesgos que estas implicaban, sabiendo que, en medio de la pandemia, había que mantener activos los trabajos importantes para nuestra sociedad.
Cuando el gobierno dijo que se declaraba la emergencia nacional dejó en claro que los trabajadores que tuviéramos que dejar de laborar debíamos mantener nuestros salarios. Eso es válido tanto para el sector privado como para el público, pero el sector estatal debería poner el ejemplo y el INEGI, aunque sea una institución autónoma, no deja de ser estatal ni queda exenta de sus responsabilidades para con nosotros los trabajadores.
¿Qué hacen las autoridades del INEGI? Nos han presionado desde el primer minuto de la emergencia nacional para incumplir nuestros contratos y no pagarnos el dinero que nos corresponde. Debido a que nos hemos quejado de esto, las autoridades nos citaron con engaños, en grupos pequeños, con el pretexto de que se nos iban a pagar más días. Lo que nos entregaron fueron nuestras cartas de renuncia, que señalan que dejamos de laborar el día 3 de abril, siendo que estamos contratados hasta el 17 de este mes. Hay que señalar que nuestros pagos se hacían con un depósito sin especificar nunca que rubros se nos pagaba. Las autoridades nos han dejado claro que no les importa nuestra salud. Si nos mandaron llamar en pequeños grupos, es para que aislados cedamos y firmemos nuestras renuncias y así incumplir con el pago completo de nuestro salario.
Una quincena no pagada puede parecer poca cosa (de hecho el INEGI tiene capacidad para pagarla sin dificultad) pero el problema es que para muchos este es el sustento no sólo nuestro sino de nuestras familias. En las actuales condiciones ¿dónde podemos conseguir trabajo? Los directivos del INEGI quieren que nos quedemos en casa a morirnos de hambre. No estamos en un periodo normal, lo correcto sería que nos paguen nuestros salarios no solo hasta el 17 de abril, sino hasta que termine la contingencia y, cuando las actividades se normalicen, podamos reincorporarnos a laborar para terminar el importante censo nacional de población y vivienda.
¿No hay dinero? Lo que en realidad hacen las autoridades es burlarse de nosotros. Han circulado fotos en grupos de WhatsApp donde se ve, en el mismo momento que querían hacernos firmar nuestras renuncias, a un coordinador del INEGI, Víctor Guzmán, y a los jefes inferiores, realizando una fiesta en medio de la contingencia sanitaria y de la supuesta falta de recursos económicos. A la par de que se divertían, nos presionaban para que firmáramos nuestras renuncias. Parecería que festejaban que no nos pagarían nuestros salarios completos. Este tipo de burócratas, que quieren incumplir el pago de nuestros salarios e irresponsablemente hacen fiestas en medio de la contingencia, deben ser removidos de inmediato de sus puestos y ser sustituidos por funcionarios que se pongan a trabajar a favor del pueblo y los trabajadores.
¡Lo que vive el país es una emergencia nacional y se deben tomar acciones de emergencia! Bien dijo el presidente que los altos funcionarios deben bajar sus salarios y se deben evitar gastos innecesarios (incluyendo las fiestas para los jefes a costa de los trabajadores). Si los de arriba se ajustan el cinturón nosotros no nos moriremos de hambre y ayudaremos juntos a combatir la pandemia y a salir lo más pronto de la actual emergencia nacional con menores consecuencias económicas. Si por el contrario no se atacan los privilegios de los altos burócratas y burgueses, iremos directo al desastre. No es justo que a los trabajadores, que arriesgamos nuestras vidas y sostenemos al INEGI, se nos mande a casa a morirnos de hambre mientras nuestros jefes continúan con sus cómodos y altos salarios.
Lo importante es (aun en tiempos de sana distancia) mantenernos unidos como trabajadores. Hacemos un llamado a nuestros demás compañeros del INEGI a NO FIRMAR SUS RENUNCIAS y a exigir sus derechos. Las autoridades del INEGI no quieren acatar lo dispuesto en esta emergencia nacional (que significa mantener nuestro salario íntegro y seguridad social). Las autoridades ya han puesto en riesgo nuestras vidas. Es de mayor riesgo morir de hambre, estando confinados en casa sin salario y sin trabajo, a contraer el Coronavirus. Esperamos que nuestras demandas sean cumplidas pero si se niegan a escucharnos hacemos un llamado a los trabajadores del INEGI a movilizarnos a la Secretaría del Trabajo para exigir que se vea primero por los pobres y se tomen medidas de emergencia nacional a favor de los trabajadores, que somos los que hacemos que funcione esta sociedad.
¡Que se bajen los salarios de los altos funcionarios y se reajuste el presupuesto del INEGI!
¡Salarios íntegros y seguridad social mientras dure la contingencia nacional!
¡Destitución de los directivos del INEGI que quieren incumplir las disposiciones de la emergencia nacional!
¡Ninguna represalia contra quienes luchamos y exigimos nuestros derechos!
Los trabajadores que redactaron la denuncia laboran en el Estado de México
