Comunicado de la asamblea general de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga

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Lunes 24 de febrero de 2020

Comunicado a estudiantes y docentes de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga en relación al escrito emitido por la C. Raquel de la Luz Sosa Elizaga

La C. Raquel Sosa, Directora General del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, no se ha permitido acudir a dialogar con ningún miembro de la comunidad edpamita, ningún alumno, profesor o administrativo en nuestro recinto universitario, ubicado en la calle Luis González Obregón 9, Col. Centro Histórico, C.P 06020 de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México; ella junto con la C. Verónica Castro Flores quien funge con las funciones de Dirección-Coordinación Académica, por voluntad propia se marcharon dejando nuestro recinto universitario sin presencia de alguna autoridad desde el lunes 17 de febrero de 2020.

Respecto a los párrafos segundo, tercero y cuarto de dicho documento, la comunidad estudiantil únicamente sabía que día a día el personal administrativo nos auxiliaba para asuntos académicos, desconocemos los términos a los que fueron engañadas para firmar dicho convenio, de igual forma consideramos como un sensible error haber publicado datos personales, acción que puede desencadenar graves consecuencias a la esfera jurídica de los miembros de nuestra comunidad. Por otro lado, es de conocimiento colectivo de la inestabilidad en relación a pagos oportunos en tiempo y forma, no sólo el personal administrativo lo ha padecido sino también el cuerpo académico, personal de limpieza y de seguridad, todo ello mermando en el adecuado funcionamiento de nuestras actividades universitarias; y que corresponderá a su propia voluntad, de aquellos afectados, echar a andar el concerniente organismo jurisdiccional. Cabe puntualizar que las compañeras administrativas, en ningún momento se negaron a abandonar el inmueble, ellas por su propia voluntad se retiraron de nuestro plantel.

Respecto al quinto párrafo, nuestra comunidad jamás descalificó a la C. Sosa, simplemente huyó debido a las múltiples preguntas e inconformidades a las que no posee respuestas ni manera de atender y que existen debido a la pésima administración que han realizado.

Conforme a lo vertido en el párrafo sexto, es menester puntualizar que la C. Verónica Castro Flores ha condicionado la asignación de becas a los alumnos; cuando por mandato presidencial, son de asignación universal y prioritaria. Respondiendo a los párrafos séptimo y octavo, el personal administrativo ejecutó acciones conforme a la normatividad existente, ya que ni la comunidad estudiantil conoce ni tiene acceso al reglamento que se menciona, es obligación de cualquier institución educativa brindar herramientas y acciones que permitan que todo miembro de la comunidad académica goce de oportunidades para lograr acreditar todas sus materias. Respecto al cuerpo docente, en la licenciatura de Derecho resulta menester la presencia de un cuerpo docente que lleve a cabo litigios a la par de impartir cátedra, puesto que es el acto ideal para poder impartir una perfecta clase que permita al estudiante una máxima comprensión del funcionamiento del sistema jurídico mexicano, en cambio el contratar a la totalidad de la plantilla docente bajo la condición de tiempo completo implica que no se ejecute el vínculo con la práctica cooptando así el máximo aprovechamiento de la experiencia de nuestros profesores. La transición llevada a cabo por la C. Raquel Sosa, ha sido claramente ineficiente y pésimamente ejecutada, puesto que no somos la única escuela o cede con múltiples vicisitudes que hunden éste proyecto educativo.

1. El supuesto proceso de regularización de estudiantes con materias no aprobadas, se le impuso obligadamente a un amplio número de estudiantes tomar un receso de alrededor de seis meses; aun así, el número de alumnos irregulares persiste y no fue satisfactorio puesto que los alumnos que ya egresaron, los de octavo semestre y sexto semestre fueron forzados a aplazar en tiempo y forma su titulación.

2. La conversión de cuatrimestre a semestre, matemáticamente es lo mismo puesto que nuestras actividades estudiantiles se realizan en doce semanas, mismas que corresponden a un modelo cuatrimestral, tal y como venía ejecutándose desde la fundación de éste recinto universitario, causando así la pérdida del cuatrimestre de verano, es decir que la conversión no resulta fructífera puesto que se pierden semanas que bien pueden dar cabida a un tercer cuatrimestre o un intersemestral que permita regularizar a todo aquél que adeude alguna materia.

3. La inscripción del Plan de Estudios en la Dirección General de Profesiones de la SEP, resulta una contradicción puesto que afirma la existencia de que nuestra institución educativa posee un RVOE y una Clave de Institución Pública por lo que abona aún más en la incertidumbre de legalidad de la validez de estudios.

4. Sin duda el proceso de inducción y selección de docentes para incorporarse al Programa de Universidades para el Bienestar, en el caso de ésta escuela de derecho, resulta ineficaz puesto que se han desechado a profesores de tiempo parcial que abonaban de sobremanera en el aprendizaje y aprovechamiento de su experiencia como litigantes, mismos que nos acercaban al ejercicio de la práctica con casos reales y actividades que in situ de alguna litis que permitiera mejorar nuestro nivel educativo. Sobre los acuerdos establecidos con la Dirección General de Profesiones, consideramos:

1. La continuidad del plan de estudios anterior, demuestra que las decisiones que han tomado la C. Raquel Sosa y la C. Verónica Castro ha sido incorrecta, ineficaz, autoritaria y atenta contra nuestros derechos humanos puesto que jamás fueron implementadas bajo el consenso de la colectividad.

2. De las equivalencias, solo podrán ser efectivas siempre y cuando exista una certeza jurídica que avale nuestro plan de estudios.

3. Procesos de titulación, con base al reglamento anterior; una vez más se reafirma la incapacidad de la C. Raquel Sosa y la C. Verónica Castro para dirigir éste proyecto.

4. Ampliación del periodo de regularización de materias, contradice el gasto excesivo ante la SEP mencionado en el párrafo séptimo, mismo que no debería ser punto de discusión, puesto que es un derecho para todo estudiante tener acceso a los mecanismos existentes para gozar del estado de “estudiante regular”.

Sobre la preocupante mentirosa y denostadora postura que se acusa en el párrafo décimo; la comunidad estudiantil, nunca tomó por la fuerza ni la violencia las instalaciones; tanto la C. Raquel Sosa y la C. Verónica Castro huyeron ante su incapacidad para resolver ésta problemática que data desde que la última asumió el cargo de Directora-Coordinadora, por varias horas nuestra universidad estuvo sin la representación de las autoridades oficiales, por lo que la comunidad estudiantil en asamblea general acordó resguardar el inmueble y establecer una asamblea permanente hasta la resolución de todos y cada uno de los puntos establecidos en nuestro pliego petitorio, mismos que cabe señalar son innegociables. Por otro lado, expresamos nuestra inconformidad por la publicación de nombres y matrículas de algunos de los miembros de ésta honrosa comunidad estudiantil que no exige nada fuera de la ley y con mayor transparencia. Responsabilizamos directamente a la C. Raquel Sosa y a la C. Verónica Castro de toda acción que pueda afectar la esfera jurídica de cualquiera que aparece en la lista difundida. La difusión de dicha lista, lo consideramos como un acto de cobardía, que sólo abona a incitar actos violentos en contra de aquellos que con un profundo ahínco deseamos mejorar la calidad educativa de nuestra universidad.

El párrafo onceavo resulta contradictorio, ya que sostienen que se reanudarán las actividades basándose en lo que dice el Reglamento Escolar y el Estatuto Académico del Programa, cuando en el punto uno del párrafo noveno dice que se implementará la continuidad del plan de estudios anterior, cabe mencionar que ninguno está publicado, ni ha sido distribuido entre la comunidad estudiantil, docente y administrativa de ésta escuela por lo que nadie conoce su contenido y mucho menos de su existencia.

Respecto a lo vertido en el párrafo doceavo consideramos que dichas acciones reafirman la ineficacia de las C. Raquel Sosa y la C. Verónica Castro, una como Coordinadora del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y la otra como Directora-Coordinadora de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, es por ello que en nuestro pliego petitorio exigimos la renuncia innegociable de las ya mencionadas.

Finalmente, la Asamblea General (alumnos, profesores y personal administrativo) sigue en espera de la visita personal de las autoridades correspondientes para establecer mesas de diálogo y sean atendidas todas y cada una de nuestras peticiones. Las puertas han estado abiertas permanentemente al diálogo, tal como la madrugada del jueves 20 de febrero de 2020, en la que un amplio grupo de estudiantes que ha hecho labor de difusión de nuestra problemática, logró verla ingresar al Palacio Nacional para participar en la Conferencia de Prensa Presidencial, intentando establecer diálogo y ella con una actitud clasista simplemente nos ignoró e ingresó al inmueble.

No dejemos de lado el gran respaldo de nuestro cuerpo docente, quienes siempre nos han brindado su apoyo asistiendo a nuestras asambleas, donando víveres, así como su asesoría, sin ellos y sin el apoyo del personal administrativo ésta lucha no sería tan exitosa como lo ha sido desde aquel lunes 17 de febrero de 2020, en que la clasista y discriminatoria actitud de la C. Raquel Sosa increpó a ésta colectividad abandonando el inmueble por propia voluntad y pie, seguida de la C. Verónica Castro.

Dejamos en claro que la acción de resguardar las instalaciones y declarar la Asamblea General Permanente son producto del constante abandono y falta de respaldo a la Comunidad Universitaria por parte de sus Autoridades. El referido comunicado emitido el día de hoy por la C. Raquel Sosa, no es más que el reflejo desesperado de mostrar un supuesto interés en atender las demandas realizadas por nuestro movimiento estudiantil, con el objetivo de contrarrestar la notoria y evidente ineficiencia administrativa de las autoridades responsables. No solo queremos un diálogo, sino que exista certeza jurídica y que se materialicen los compromisos producto del mismo para toda la Comunidad estudiantil. Creemos fielmente en el proyecto educativo impulsado por el presidente, es por ello que hacemos extensivas nuestras demandas para que la educación en México realmente sea una verdadera transformación que empuje al elefante reumático, y que de nuestra querida escuela egresen abogados comprometidos con valores y compromiso social de denunciar y alzar la voz ante cualquier injusticia.

Atentamente

Asamblea General Estudiantil

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