Chiapas es uno de los estados del país con mayores recursos naturales e hídricos invaluables.
Además cuenta con un patrimonio cultural inigualable gracias a todas las zonas arqueológicas que existen. Su biodiversidad es inmensa y es el lugar donde habitan diferentes etnias indígenas como los tzotziles, zoques, chamulas, tzeltales y lacandones, entre otras.
A pesar de ser un estado muy rico, Chiapas tiene el mayor porcentaje de población en condición de pobreza del país con el 67.4%, es decir, dos terceras partes de su población viven en esta condición, 3 millones 838 mil personas. De igual forma, Chiapas tiene el mayor porcentaje poblacional en condición de pobreza extrema, que es del 28.2% (1 millón 607 mil).[1]
Para cualquiera sería evidente que existe una contradicción, cómo puede haber tanta pobreza en un estado tan rico, pero lo que sucede en Chiapas es la evidencia clara de cómo funciona el sistema capitalista, enriqueciendo a una minoría a costa de la explotación y pobreza de la mayoría.
Veamos algunos ejemplos. De acuerdo con el SIAM[2] en el 2015 se otorgaron 99 concesiones de explotación minera cuyos permisos tienen vigencia hasta 2050 y 2060, el 14.21% del territorio de Chiapas se encuentra concesionado a las empresas mineras, principalmente canadienses. Otro ejemplo son las concesiones de agua que ha otorgado la CONAGUA a FEMSA, pues desde 1995 esta empresa tiene permitido extraer 1.4 millones de litros diarios a un bajo costo. El impacto de esta sobreexplotación hídrica ha sido devastador para las de por sí empobrecidas comunidades indígenas, ya que los pozos se están secando y las comunidades carecen de seguridad en el acceso al agua potable, además, claro está, se ven afectadas por los daños medioambientales que provoca la empresa en la región.
Aunado a la explotación de las empresas trasnacionales, tenemos la crisis de violencia provocada por el crimen organizado que se ha agudizado, provocando un proceso de desplazamiento forzoso de comunidades enteras que se ven obligadas a abandonar lo poco que tienen para salvaguardar su vida y evitar el reclutamiento forzoso.
Chiapas es un estado fronterizo, es una vía de acceso importante de armas, drogas y sobre todo de migrantes, lo que hace que el territorio sea muy disputado por los cárteles no solo para el ejercicio de sus negocios de tráfico de drogas sino para la trata de personas.
Hace 3 años inició el conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CS) pues se disputan el control del territorio, desde entonces las comunidades han tenido que acostumbrarse a los bloqueos carreteros, las detenciones y requisas en el transporte público, a resguardarse por las constantes balaceras y al paisaje de muertos, colgados y decapitados por las calles. Poco a poco todo esto se ha ido convirtiendo en la cotidianidad de la vida de los pobladores de la zona fronteriza y del norte de Chiapas ante unas autoridades y una fiscalía omisas y corruptas.
La situación ya era caótica, pero en los últimos meses se ha ido agravando, el conflicto es completamente abierto, ahora Chiapas es una zona de guerra. Los cárteles han quemado las casas de comunidades enteras obligando a la gente a huir, además han implementado el reclutamiento forzoso de los hombres, viejos o jóvenes y están siendo utilizados como barreras humanas para contener el fuego cruzado de la organización enemiga.
Esta situación es insostenible y ha provocado el desplazamiento de aproximadamente 10 mil personas, según algunos reportes, y lo insólito, un fenómeno de migración desde México hacia Guatemala. El pasado 19 de julio se dio un enfrentamiento en Amatenango de la frontera donde la población quedó en medio del fuego de armas de alto calibre y de detonaciones de granadas lanzadas por drones, esto generó la huida masiva de los pobladores hacia Guatemala pues no pueden moverse a otras regiones ni salir del estado dado que los caminos y carreteras están tomados por los cárteles. Se habla de que hay entre 300 y 500 personas refugiadas en Guatemala.
El comunicado que lanzó el EZLN, también es un reflejo de la situación que se vive en Chiapas. A principios de este año, por medio del subcomandante Moisés, se anunció la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes y de las Juntas de Buen Gobierno, derivado de los enfrentamientos entre el CS y el CJNG y los ataques perpetrados por estos grupos hacia las comunidades zapatistas.
Las condiciones que viven las comunidades campesinas, indígenas y trabajadoras de Chiapas son muy alarmantes y no hay ninguna entidad ni del gobierno estatal ni federal que estén atendiendo la problemática, al contrario, se sabe que el gobierno estatal está completamente coludido con el crimen organizado y la respuesta del gobierno federal ha sido laxa, inoperante e ineficiente. En las mañaneras de AMLO el problema sólo se ha abordado como un conflicto entre dos cárteles, sin mucha importancia. La presencia del ejército y la guardia nacional, como parte de su estrategia de seguridad nacional, es muy reducida. De hecho, sin temor a equivocarme, se han destinado en el pasado más elementos del ejército a combatir a los zapatistas que en la actualidad al crimen organizado, que ha convertido en un campo de batalla a Chiapas.
También debemos resaltar que el abandono de las comunidades zapatistas refleja una debacle de la dirección de movimiento, pues a pesar de 30 años de resistencia han sido incapaces de organizar a sus fuerzas contra el “crimen desorganizado” como lo llaman ellos. Se han hecho a un lado mientras la barbarie arrasa con las comunidades.
Sin embargo, hay sectores del zapatismo que no están de acuerdo con el abandono de sus territorios y han salido a plantar cara a los grupos criminales, como el caso de los denominados “Ex compas zapatistas” en Chenaló que han lanzado un comunicado donde se muestran armados como parte de la comunidad para combatir la ola de violencia y los desplazamientos de sus comunidades, ante el abandono a su suerte de las instituciones del gobierno burgués.
AMLO una y otra vez ha repetido que no apoya los grupos del pueblo trabajador en armas, que ya el ejército es el “pueblo uniformado”, pero hay una diferencia muy grande entre estas dos posturas, pues el supuesto “pueblo uniformado”, el ejército, existe porque obedece a los intereses de una clase, la clase capitalista dominante, mientras que el pueblo trabajador en armas, las policías comunitarias existen para defender los intereses de sus habitantes como se ha demostrado en Ostula, Michoacán, quienes expulsaron en 2009 a los templarios de su territorio y a pesar de que ahora están siendo atacados por el CJNG, siguen resistiendo y han impedido que el crimen organizado invada sus tierras ricas en hierro, oro y titanio.
Si AMLO está en contra de las policías comunitarias es porque es un fiel defensor del Estado de derecho burgués y el hecho de que los trabajadores y campesinos se organicen para defender sus intereses refleja un germen de consciencia sobre el control del sistema y, por lo tanto, puede llevarlos a conclusiones revolucionarias donde luchar contra el orden establecido sea la premisa.
Y este es el camino que debe tomar el movimiento de la clase obrera, pues sólo nosotros, el pueblo de a pie en armas puede hacer frente a estos grupos del narcotráfico que están coludidos con las grandes empresas,con la finalidad de desplazar a los pobladores de sus tierras ancestrales para poder explotar los grandes recursos que proveen las tierras de este estado. No podemos continuar omisos ante la situación de Chiapas, es necesario hacer un llamado general a la formación de policías comunitarias, a que las comunidades de trabajadores, campesinos e indígenas se organicen en asambleas y discutan acciones para defender sus territorios y sus vidas, es claro que no podemos confiar en el Estado que sólo vela por los intereses de la burguesía legal e ilegal, el destino de Chiapas sólo puede confiarse a la organización de nosotros los oprimidos.
[1] https://www.ceieg.chiapas.gob.mx/productos/files/OBPOBREZA/Chiapas.%20Pobreza_2022.pdf
[2] Sistema Integral de Administración Minera