El clamor popular dijo, desde el primer momento, que fue el Estado el culpable del asesinato, que hoy asciende al menos a 9 personas; 27 heridos y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Ante los ojos de millones de personas en México y el mundo, se mostró la infiltración del crimen organizado y su protección por parte del Estado que en todo su actuar se movió en defensa de los criminales. La procuraduría de justicia inventó un escenario del crimen al que llamó la verdad histórica, que culpaba al alcalde de Iguala y decía que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Hoy ha quedado más que demostrada la falsedad de la Verdad Histórica. Una prueba contundente contra ella es el encontrar restos de uno de los estudiantes, Jhosivani Guerrero de la Cruz, y posteriormente de Christian Rodríguez, en la barranca de La Carnicería, un hecho desgarrador.
El inicio del colapso del régimen
Como un castillo de naipes, la popularidad de Peña Nieto colapsó, llegando a ser el presidente con menor credibilidad en décadas. Pero junto a él la credibilidad del resto de las instituciones del Estado y del régimen cayeron: el ejército, las policías, las instituciones del poder judicial, los gobiernos a todos sus niveles, los partidos políticos, los medios de comunicación, etc. Vimos una crisis del régimen que expresaba que la burguesía ya no podía seguir gobernando como antes si no quería que le estallara una bomba en sus manos.
Las movilizaciones fueron la expresión clave del colapso del régimen, no sólo por su masividad sino por las conclusiones que el movimiento asumió. El movimiento se desarrolló, porque a diferencia de lo que había ocurrido con dirigentes de otras luchas sindicales, sociales y políticas, los padres de los 43 no se doblegaron y no aceptaron las migajas del régimen. Eso permitió al movimiento avanzar hasta cierto punto.
Métodos democráticos y la necesidad de una dirección revolucionaria
La lucha abarcó a trabajadores del campo y la ciudad, a amas de casa, y a sectores de la pequeña burguesía, pero fue la juventud el motor. Se buscaron organismos desde la base para articular la lucha en universidades (como las Asambleas, las interuniversitarias, etc.) así como en comunidades. El movimiento se extendió a nivel nacional, universidades que nunca habían realizado un paro en su historia ahora entraban en acción. Fueron varios estados donde se realizaron movilizaciones masivas, por casos locales de homicidios. El IPN viviría al mismo tiempo una masiva huelga, que si bien no de forma inmediata, terminaría dando un apoyo importante a esta lucha, aunque sin conseguir una unificación plena de ambos movimientos. También Ayotzinapa animó a la lucha magisterial, que ya venía de un importante movimiento contra la reforma punitiva de Peña Nieto.
Ayotzinapa fue el espejo de una realidad cruel que se vive a diario en el país: el de los homicidios dolosos y las desapariciones. El movimiento podría haber avanzado más lejos, por ejemplo, al conformar una organización nacional en busca de justicia de desapariciones, feminicidios y homicidios. El movimiento realizó movilizaciones masivas de gran radicalidad, pero llegó un momento que eso no era suficiente, o el movimiento pasaba a una insurrección nacional (en algunos lugares adquirió este carácter) o a acciones como una huelga general. Los padres eran una dirección moral, pero se necesitaba más que eso, se requería una dirección revolucionaria. Lo que muestra la lucha por los 43, es el enorme potencial revolucionario del pueblo mexicano, la fuerza de la espontaneidad de las masas, los avances de la articulación del movimiento localmente, pero también la necesidad de una organización de los explotados a nivel nacional, un partido revolucionario que pueda llevar al movimiento hasta sus últimas consecuencias.
El gobierno de AMLO muestra sus límites
Se cumplen ya 7 años, Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta que no logra cerrar. La justicia sigue sin llegar. Esta extensa batalla les ha desgastado y minado su salud. Varios padres de familia de los 43 normalistas ya han muerto en medio de la lucha por justicia.
La investigación se tuvo que repetir, se demostró que muchas de las declaraciones que sustentaban la investigación (y la verdad histórica) se obtuvieron por tortura. Recientemente se ha dicho que existen 40 videos extraídos de dependencias gubernamentales que demuestran esto. En esta nueva etapa desde sectores del Estado se ha filtrado información sensible de la investigación que ha puesto en alerta a implicados, dificultando su actuar para proceder contra ellos. Al menos ocho testigos clave del caso Ayotzinapa han sido asesinados, Alejandro Encinas, encargado del gobierno de AMLO para dar seguimiento al caso, ha dicho que en total han muerto 21 testigos clave. El actuar de las instituciones estatales sigue siendo lento y camina boicoteando la investigación, su naturaleza es proteger a las cabezas estatales y a los grandes capitalistas (incluyendo a los ilegales que actúan en el crimen organizado). Para contrarrestar esto, el gobierno de AMLO junto a la fiscalía impulsa, con la información recabada, procesos contra funcionarios que han ocultado o tergiversado los hechos.
El mismo presidente ha dicho:
“Y sí, no es un asunto sencillo porque es una red de complicidades y de componendas, nada más que hemos tomado la decisión y por convicción, porque no somos iguales a los de antes, de llegar hasta el fondo, hacer justicia y encontrar a los jóvenes”.
Esa red esta intrínsecamente ligada al Estado, es el Estado mismo y se usa al mismo Estado para combatirlo. Incluso si te planteas no la creación de un nuevo Estado sino su depuración y reforma se necesita un enfrentamiento real contra el crimen organizado, contra las cúpulas militares mafiosas, etc. Pero AMLO no ha mostrado estar dispuesto a hacerlo, no ha querido proceder con firmeza contra el ejército. Un ejemplo lo pudimos ver con la liberación negociada del general Cienfuegos de las cárceles de EEUU para dejarlo libre en México sin proceso alguno, no olvidamos que el general en retiro protegió al ejército para que no se le tocara ni investigara por el caso Ayotzinapa, cuando todo apunta a su clara implicación en la desaparición forzada de los 43. El gobierno señala que sí se ha actuado contra militares, por ejemplo, se tiene una orden de aprensión y se busca la extradición desde Israel de Tomás Zerón, que si bien tenía un cargo dirigente en la Seguridad Nacional no es un militar de carrera. También se tiene la detención del general Crespo, pieza clave en el caso. Los hechos dirán si en verdad se quiere acabar con las mafias incrustadas en el ejército vinculadas al crimen organizado o solo se cortará un par de cabezas para dejar a los jefes y las mafias en impunidad.
Pese a la lentitud, hay, sin embargo, algunos avances. Se habla que hay dos zonas de búsqueda nueva que pueden arrojar algún resultado. Que se han lanzado ya 89 órdenes de aprensión, pero 40 aún están sin ejecutarse, incluida la de Tomás Zerón. Se ha echado abajo la verdad histórica. Se ha demostrado que no hay vínculo entre los estudiantes y el crimen organizado (como algunos medios burgueses quisieron hacer ver). Se ha demostrado que se usó durante el sexenio de EPN la tortura de forma sistemática para obtener declaraciones y fabricar pruebas.
Hoy Encinas dice que se hará todo lo humanamente posible para encontrar a los normalistas, pero pasando 7 años los indicios y las pruebas se van perdiendo y no hay garantía de encontrarlos a todos. Los padres han manifestado que están inconformes con los resultados de la investigación, el propio Alejandro Encinas ha dicho que ellos también lo están. No se ve con claridad que habrá justicia y se encontrará a los normalistas.
Por el camino de la legalidad del Estado burgués tendremos como resultado un proceso lento y, en el mejor de los casos, una justicia a medias. Si esto pasa con Ayotzinapa, ¿qué esperanza hay de que haya justicia para los homicidios dolosos, los feminicidios y las desapariciones, que en su conjunto suman cientos de miles de casos?
Al final del día seguimos viendo que impera la impunidad y no se están generando cambios profundos en las condiciones materiales, llevando a la repetición de crímenes de violencia.
Los ataques al magisterio y a las normales continúan
Se requiere más que buena voluntad para que la justicia llegue. Según los datos del presidente Obrador, de sus 100 promesas que se comprometió al tomar la presidencia, 98 ya se han cumplido. Dice que queda pendiente la descentralización del gobierno (que no se ha cumplido por la pandemia) y el dar justicia para el caso Ayotzinapa.
El problema no es la buena voluntad sino la estrategia del gobierno que quiere rescatar y reformar a un Estado criminal en vez de destruirlo para sustituirlo por un Estado de los trabajadores.
Claro que hay esperanza e ilusiones de que, aunque tarde, la justicia llegue, pero no se niega el elemento de frustración de los padres. Sumado a esto, hay un enojo en el magisterio por la forma en que se ha procedido al regreso a clases, cuando los contagios estaban en niveles históricos.
Maestros reflexionan sobre los avances de este gobierno y varios sacan la conclusión que la reforma educativa no cambió más que en su forma punitiva. Es muy ilustrativo que Enrique Dussel, destacado intelectual obradorista y teórico del Instituto de Formación Política de Morena, dijera: “La reforma educativa es el mismo perro, pero con otro collar”. A lo que Luis Hernández Navarro ha dicho: “Su afirmación no es exagerada. La reforma educativa de la Cuarta Transformación (4T) es, en esencia, el mismo erizo neo¬li¬be¬ral de Enrique Peña Nieto, al que se le han limado algunas de sus espinas más filosas.” (La Jornada: El alebrije de la reforma educativa).
El enojo magisterial ha salido a relucir con las protestas recientes en Chiapas y cuando maestros interceptaron a AMLO y retuvieron su auto por dos horas, impidiéndole asistir a su conferencia mañanera.
Los estudiantes normalistas también han estado en conflictos, siendo reprimidos por gobiernos locales dirigidos por la derecha de Morena como el caso de Chiapas y Puebla. A penas, al finalizar agosto, fueron liberados 95 estudiantes normalistas de Mactumatzá. En algunas Normales existen autogobiernos, pero la ausencia de cuadros, de métodos efectivos democráticos de control y de una política no sectaria y políticamente revolucionaria, ha llevado a casos de corrupción interno. Muchos de los recursos ni siquiera llegan a los estudiantes, llegan a los profesores y directivos, donde también faltan cuadros políticos con consciencia de clase e irónicamente, profesores de varias normales no pertenecen al magisterio democrático y son del SNTE.
AMLO criticó los autogobiernos, pero su propuesta ha sido eliminar los históricos internados y comedores, dando el dinero directamente a los estudiantes para que ellos decidan donde comer o vivir. Eso debilitaría políticamente a la organización estudiantil y en el futuro abriría la puerta para que se concreten ataques. Lo que se requiere es luchar por una organización de estudiantes y del magisterio sólida y revolucionaria, que no actúe bajo métodos burocráticos, que tenga un programa y consciencia de clase y permita la militancia en organizaciones revolucionarias consecuentes. Por eso esa propuesta de AMLO debe ser rechazada respondiendo con mayor democracia y formación política interna, que fortalezca a la organización. Se requiere una política revolucionaria firme en los principios pero que sea capaz de dialogar y vincularse con el pueblo, también aquel que confía y apoya al gobierno de AMLO. Éstos también quieren un cambio en la sociedad y están dispuestos a luchar por él, aunque se puedan tener diferencias esta base del pueblo es nuestra potencial aliada, no nuestra enemiga.
Ayotzinapa sigue exigiendo justicia
El 26 de septiembre no se olvida y no debemos dejar de luchar hasta que la justicia deje de estar sólo en las palabras y se traduzca en hechos. Por su historia y vínculos, también debe ser espacio para manifestar el descontento magisterial y del estudiantado normalista, también debe servir para exigir justicia por el resto de los desaparecidos, homicidios y feminicidios. Ayotzinapa sigue siendo nuestra bandera, pero a su vez es muchas banderas de reclamo de una justicia que aún no llega.
¡Justicia para los 43 y los miles de desaparecidos del país!
¡Ni una ni un asesinado más!
¡Abajo toda la reforma educativa de Peña Nieto, por una educación al servicio de los trabajadores!
¡Combatir los ataques de las normales fortaleciendo la organización con democracia y formación política!