El negocio de las Afore, la lucha por una pensión digna y los límites de la 4T
Adrián Alvarado
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió durante su campaña presidencial echar abajo las reformas a la Ley del ISSSTE de 2007 y la Ley del IMSS de 1997. Estas forman parte de las reformas estructurales impulsadas por los gobiernos del PRI y el PAN de las cuales los dueños del gran capital siguen obteniendo amplios beneficios, en detrimento de los intereses del pueblo y de la clase trabajadora.
Ambas reformas destruyeron el precedente sistema de pensiones, que era público porque los fondos de pensiones eran administrados por las propias instituciones de seguridad social; se denominaba solidario porque las aportaciones del conjunto de los trabajadores en activo financiaban las pensiones de los jubilados, y de beneficio definido porque el Estado garantizaba una pensión que generalmente era el promedio del salario recibido en los últimos años de servicio del trabajador.
En su lugar fue establecido un sistema privado basado en el ahorro individual y de contribución definida. Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) son instituciones financieras privadas que administran las cuentas individuales de los trabajadores, en donde se depositan sus ahorros para el retiro y la cuota social de recursos que les corresponde al Estado y a la patronal. La contribución definida se basa en que la pensión dependerá del saldo en la cuenta del trabajador, lo cual depende de su ahorro individual y el rendimiento acumulado.
El sistema que destruyó las reformas a la Ley del IMSS de 1997 y del ISSSTE de 2007 concebía la pensión como un derecho garantizado, el cual, cabe decir, fue un producto de las luchas de la clase trabajadora. El modelo estaba inmerso en un proceso colectivo en donde las generaciones de trabajadores en activo sostenían mediante sus aportaciones las pensiones de los trabajadores jubilados, esperando que en el futuro las generaciones venideras hicieran lo mismo. No era un modelo exento de defectos o que no pudiera ser susceptible de mejora, pero existía la garantía de una pensión para los trabajadores afiliados a alguna institución de seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE.
Con el actual esquema de cuentas individuales se rompe con la esencia colectiva, de pertenencia a la clase trabajadora, individualizando la vigilancia del trabajador sobre su saldo en la cuenta administrada por entes privados. Los recursos ahorrados tienden a ser ajenos, pues el trabajador puede visualizarlos en su estado de cuenta, pero no le son tangibles, pues los dueños de las Afores los invierten en la Bolsa de Valores, en fondos de inversión, en obras de infraestructura, etcétera, y están sometidos a la lógica de la obtención de ganancia para los dueños del gran capital. En este esquema, la garantía del derecho a la pensión para la clase trabajadora pasa a segundo término, pues los inversionistas priorizan sus ganancias y se impone su lógica de acumulación.
Las consecuencias de esas reformas son palpables: de no haber existido modificaciones o adecuaciones al sistema de cuentas individuales, el trabajador estaría destinado a recibir como pensión el 30% de su salario promedio, condenando a millones de personas a padecer una vejez llena de incertidumbre y carencias.
En contraste, los dueños de las nueve Afores privadas han realizado un millonario negocio con la administración y la inversión del ahorro que es de los trabajadores. En cada informe que da la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) —que en teoría se encarga de regular el sistema de ahorro para el retiro constituido por las cuentas individuales— se puede leer que las ganancias obtenidas por los dueños de Afores están en un “nivel sin precedentes”: en el último informe se menciona que sus ganancias obtenidas de enero a mayo de 2026 fueron de 7,753 millones de pesos, 21% superior al mismo periodo del año pasado. Y las ganancias obtenidas durante todo el 2025 superaron los 14,000 millones de pesos. Además, los nueve grupos empresariales privados dueños de las Afores, sumando a la Afore Pensionissste, han acumulado un enorme poder financiero con capacidad de influir en decisiones políticas de cualquier gobierno, pues administran 70,300,490 cuentas individuales, lo que equivale a 8.98 billones de pesos, que representan aproximadamente el 24.5% de la totalidad de la economía del país, el Producto Interno Bruto. La particularidad del esquema de pensiones privado es que el dinero que utiliza ni siquiera es suyo, es de trabajadores, a quienes además les impone una comisión por hacerlo.
El actual gobierno autodenominado la Cuarta Transformación, prometió revertir estas reformas a las pensiones y comenzar a resarcir sus efectos sociales. Morena y sus aliados tienen los números suficientes en el Congreso de la Unión y los congresos locales, y goza de un amplio apoyo entre la población compuesta mayoritariamente por sectores de la clase trabajadora, quienes respaldarían entusiastamente una iniciativa de este tipo. Sin embargo, ha optado por proponer iniciativas que subsidian el déficit del sistema privado de pensiones, sin modificar en lo esencial su funcionamiento.
En el año 2020, Andrés Manuel López Obrador impulsó una iniciativa para ponerle un tope al cobro de comisiones que cobran las Afores por el manejo de las cuentas individuales de los trabajadores, lo cual se traduce en un pequeño incremento en el saldo a favor del trabajador. El año pasado, a raíz de las protestas impulsadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el gobierno de Claudia Sheinbaum, mediante un decreto, conformó un fondo llamado de Pensiones del Bienestar, cuyo dinero se extrae de las cuentas individuales no reclamadas por los trabajadores mayores a 70 y 75 años, utilidades de empresas como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, y de dinero obtenido por la liquidación de algunos fideicomisos e instituciones del Estado. Este fondo complementaría hasta un monto similar al salario mensual promedio de los trabajadores del IMSS al monto otorgado a los trabajadores por las Afores y se frenó el avance de la famosa tabla del requisito la edad para el retiro, pero solamente para los trabajadores que están bajo el régimen del décimo transitorio. Además, este año anunciaron la creación de una aseguradora pública que, aunque no hay mucha información disponible, suponemos que su utilidad será similar a las aseguradoras privadas que las Afores contratan para que los trabajadores puedan retirarse en la modalidad de “renta vitalicia”, en donde transfieres los recursos de tu cuenta individual a una aseguradora la cual los administra y te asegura una pensión mensual, pero siempre y cuando tu ahorro sea el suficiente para poder retirarte en esta modalidad.
Si bien las medidas promovidas por la 4T mejoran un poco la percepción de la pensión recibida por los trabajadores que nos encontramos en cuentas individuales, no puede decirse que sus propuestas sean mejores en comparación con lo que existía antes de la reforma de 1997 y de 2007, ni tampoco se puede afirmar que han cumplido con la promesa de revertir el proceso de privatización del sistema de pensiones impulsado por el PRI y el PAN.
El actual gobierno y sectores de sus simpatizantes han esgrimido una serie de argumentos que deben ser analizados.
Se ha insinuado que las movilizaciones que exigen que se cumplan las promesas de campaña de la presidenta son financiadas por la derecha y la ultraderecha, o en última instancia, que se les hace el juego a los sectores reaccionarios. Vincular a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con los sectores reaccionarios de la sociedad es un insulto a la memoria histórica, pues ha sido uno de los sectores más consecuentes en la lucha contra los gobiernos reaccionarios y sus medidas antipopulares y privatizadoras. Mientras se argumenta eso, sectores del gobierno no tienen rubor en aliarse con la cúpula charra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y demás sectores del charrismo sindical que en el pasado sirvieron dócilmente al PRI o al PAN, y además, se le abre la puerta de par en par a cargos en el gobierno a expriístas y expanistas.
Se cuestiona el derecho legítimo que tiene la clase trabajadora a organizarse, luchar y protestar. Se argumenta, además, que en el 2007 no hubo protestas; cuando la reforma a la Ley del ISSSTE fue impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, apoyada por el PRI y promovida por los charros sindicales (algunos de los cuales son aliados de la 4T), se desarrollaron movilizaciones multitudinarias de oposición a la reforma, hubo paros nacionales y millones de amparos fueron promovidos. La correlación de fuerzas de la lucha no dio para derrotar la iniciativa de reforma, pero sí para salvaguardar algunos derechos de los trabajadores en activo en el famoso artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE.
Ahora, se ha replicado exactamente el mismo argumento dado en su momento por los gobiernos de derecha para privatizar el sistema de pensiones: el de la incapacidad presupuestaria para sostener el régimen público, solidario y de beneficio definido. Los más histriónicos incluso afirman: “¡quieren el 20% del PIB!”. Es un misterio de dónde sacan esa cifra; lo que sí es cierto es que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un documento denominado “La reversión de la privatización de las pensiones: aspectos clave”, la mayoría de los países han revertido total o parcialmente el sistema privado de pensiones basado en el modelo de cuentas individuales y sus economías ni han colapsado, como auguran los análisis de los funcionarios de gobierno. Es más, su conclusión es categórica: “Con la mayoría de los países habiendo revertido la privatización, y teniendo en cuenta la evidencia acumulada de impactos sociales y económicos negativos, se puede afirmar que el experimento de privatización ha fracasado”.
Quienes quieren asumirse como “realistas” al asumir el discurso de que habrá problemas presupuestales si se revierte la privatización del sistema de pensiones, en realidad están, por la vía de los hechos, asumiendo la misma posición de los antiguos tecnócratas de los gobiernos del PRI y el PAN, cuyo credo se basaba en el dogma mercantil. Pretenden mantener la arquitectura de dominación para que prevalezca la lógica de la acumulación del capital y del despojo, condicionando el derecho a vivir una vejez digna con la rentabilidad.
Lo que esconde de fondo la negativa de la 4T de cumplir sus promesas de campaña en el terreno de las pensiones es que han claudicado ante la presión que ejercen sobre el gobierno los dueños del capital financiero que controlan las Afores, que, como ya vimos, durante todos estos años han acumulado un enorme poder económico y político. No es coincidencia que durante estas semanas vimos cómo los grandes medios de comunicación, que suelen ser los voceros de los dueños del gran capital, coincidían con la propaganda vertida por algunos periodistas, analistas, funcionarios de gobierno y youtubers afines a la 4T en contra de las movilizaciones impulsadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; incluso elogiaron la postura de la presidenta frente a la CNTE. Claudia Sheinbaum se ha negado a reunirse con los dirigentes de la CNTE, pero sí lo ha hecho en tres ocasiones con Larry Fink la CEO de Black Rock, que es una de las principales firmas encargadas de la gestión de inversiones, y está relacionada con las Afores, pues Afore XXI Banorte, SURA, Profuturo, Citibanamex y Principal realizan inversiones de sus activos a través de esa empresa.
La lucha por un futuro digno y pensiones dignas sigue vigente. Solos, los integrantes de la CNTE no podrán abrogar una reforma que sostiene el negocio millonario de las Afores; se necesita de la lucha y acción conjunta de la clase trabajadora. ¿Es factible un sistema de pensiones alternativo al de las cuentas individuales? Sí, la base puede ser el ahorro de los trabajadores que existe en las cuentas individuales, que, como ya vimos, representa casi la cuarta parte de la economía del país, pero que ahora está administrado por un puñado de capitalistas que se quedan con la mayor parte de las ganancias. Existen decenas de especialistas en el terreno de la seguridad social aliados a la clase trabajadora que podrían proponer modelos alternativos al que existe ahora mismo, incluso la Organización Internacional del Trabajo, en el documento que ya se mencionó previamente, propone un modelo para aquellos gobiernos que deseen revertir el proceso de privatización de las pensiones, basado en tres pilares:
Pilar 0: Piso de protección social. Una pensión solidaria no contributiva (universal como en Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia y Kazajstán; o sujetas a comprobación de recursos o de pensión como en Hungría y Polonia).
- Primer Pilar: Seguro social. Un sistema de pensiones de la seguridad social, de beneficio definido y obligatorio.
- Segundo Pilar: Pilar complementario. No todos los países necesitan establecer este pilar (por ejemplo en Polonia y Kazajstán para los trabajadores que desempeñan ocupaciones de alto riesgo).
- Tercer pilar: Regímenes voluntarios. Este pilar también es complementario, para personas con la capacidad económica necesaria para realizar ahorros personales adicionales generalmente gestionados por las administradoras privadas de pensiones con regulación estatal.
Debemos considerar que la OIT no es una instancia antisistema o revolucionaria, sino forma parte del engranaje institucional de la Organización de las Naciones Unidas.
Pero para avanzar se necesita enfrentarse decididamente al poder económico y político, es decir la burguesía, que han acumulado los ahorros de las Afores, que son una ínfima minoría en la sociedad, con la finalidad de asegurarle una vida decente en la vejez a millones de trabajadores, ese es el aspecto ir a fondo que hay detrás de la necesidad de abrogar las reformas que privatizaron el sistema de pensiones.
Los cambios y las transformaciones nunca han sido tersos.