Escrito por: Gustavo Castillo
En los últimos días ha sido difundida la noticia de que siete universidades estatales- financiadas con recursos públicos- se han declarado en quiebra. Respecto a este tema un número bastante extenso de intelectuales y académicos, así como personajes de la política nacional, se han pronunciado haciendo énfasis en los diversos mecanismos que se deben implementar ya sea para salvar a estas instituciones educativas de la ruina, o para enterrarlas y hacerlas renacer con las etiquetas de la educación desde un punto de vista mercantilista.
Las universidades en crisis
El pasado mes de octubre 7 escuelas públicas de educación superior se declararon en bancarrota, así lo ratificaron el Secretario de Educación Aurelio Nuño y el Subsecretario de Educación Superior Salvador Jara Guerrero, entre las cuales se encuentran la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Autónoma de Nayarit. Todas ellas argumentaron que su déficit presupuestal se debe, entre otros factores, al aumento “desproporcionado” de la nómina y al bajo presupuesto que reciben anualmente.
Cerca de 320 mil estudiantes –que son la matrícula aproximada que cubren estas universidades, solo en licenciatura- han sido afectados por esta situación que aún no tiene solución, y que posiblemente se agrave al culminar el año. Debemos mencionar que no solo la comunidad estudiantil será afectada de lleno por este caos; Ignacio Peña Gonzáles, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, ha comentado públicamente que carece de cerca de 550 millones de pesos que servirían para el pago de las tres últimas quincenas del año, así como el pago de prestaciones de docentes y trabajadores como el aguinaldo. La Universidad Autónoma de Zacatecas necesita de 400 millones de pesos para saldar adeudos salariales de la nómina universitaria, así como el dinero necesario para pagar las dos quincenas restantes del año a 3 mil docentes y 2 mil trabajadores. A esto le sumamos que 3 de estas 7 universidades están involucradas en lo que en meses pasados conocimos como La estafa maestra, una investigación que evidencia el desvió multimillonario de fondos del recurso público por parte del gobierno federal; la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco son las que han sido participes de este episodio grotesco de corrupción e impunidad.
El problema de la educación superior
El 11 de noviembre del presente año, en su artículo “Reconstruir también la Educación Superior” publicado en La Jornada, el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Hugo Aboites comento que “Nuestro sistema de educación superior es, entonces, un territorio ocupado por quienes más tienen y sólo marginalmente ofrece oportunidad de educación a las mayorías empobrecidas del país.”El profesor Aboites toma como referencia un estudio realizado por la Universidad Iberoamericana sobre la calidad y la equidad en la educación superior, la cual concluye que cerca del 76% de los estudiantes de educación superior están dentro de los dos deciles más altos del ingreso familiar mensual, que según los datos del INEGI al 2014 ascienden a 74, 676. 23$ y 167, 932.52$ respectivamente.
Los mecanismos de admisión a nivel superior y medio superior (examen COMIPEMS, y los distintos exámenes de admisión a las universidades como la UNAM e IPN) son en realidad un filtro para evitar la incorporación a las universidades públicas de jóvenes de bajos recursos. En ese sentido es bastante lógico hayan sido rechazados 131, 589 jóvenes solo en la UNAM, en el primer examen de selección realizado en Marzo de este año. Por otro lado, se asignaron 267 mil 655 millones de pesos al presupuesto a la educación, 14.49% menos respecto al año anterior, la participación de la educación en el presupuesto total fue de 6.4% en 2016, mientras que para el presente año solo es de 5.5%. Los recortes a la educación han sido, y serán en definitiva, una constante dentro del régimen actual.
No es nada casual que las siete instituciones que hoy están en problemas sean todas universidades públicas, autónomas y estatales. Y tampoco es una crisis pasajera; desde hace décadas hay una política de marginación y abandono del modelo de educación superior autónomo. Las universidades estatales autónomas han sido golpeadas de diferentes maneras, un ejemplo de este golpeteo es la creación por parte del gobierno federal de universidades tecnológicas o politécnicas y los diversos subsidios que reciben las universidades privadas. Cuando un joven es rechazado de alguna universidad autónoma debe de optar por abandonar sus aspiraciones o tomar lo que hay a su alcance; las escuelas tecnológicas que los gobiernos estatales y federal han creado en los últimos años cuentan con programas académicos bastante estrechos, en los cuales figuran especialidades de ingeniería, administración de empresas, informática, etc. Así, un estudiante que aspira a realizar una carrera en Medicina o Psicología en la UNAM, y es rechazado, puede optar por cursar una Ingeniería en algún instituto tecnológico estatal o municipal (con una colegiatura semestral que va de unos 6 mil a 8 mil pesos), o presentar el siguiente año el examen de admisión con las mismas posibilidades. Este fenómeno ha hecho que la matrícula de estas escuelas haya crecido del año 2000 a la fecha de un 12.6% a 42.5%, y el de las universidades estatales autónomas solo un 3.5% y un 3.9%.
Es claro que la crisis que vive hoy en día la educación en todos sus niveles es el reflejo de la crisis que se vive en el interior del Estado mexicano y de la sociedad en su conjunto. El gobierno de Enrique Peña Nieto y todas las instituciones estatales están corroídas por la corrupción, el enriquecimiento ilícito de sus funcionarios y los múltiples fraudes en los que se les ha envuelto solo son una muestra de su podredumbre. Los ataques a los niveles de vida de los trabajadores son también una muestra de esta crisis, mediante los recortes a la salud y a la educación el Estado capitalista pretende salvar su existencia; sacrificando la seguridad social y el derecho a la educación de miles de mexicanos anhela salvar de la ruina a los empresarios, accionistas y al ejercito de burócratas que los aguarda en las cámaras de diputados y senadores. Así, mientras los diputados locales y federales, los senadores y miles de funcionarios públicos recibirán un jugoso “bono” de fin de año; otros miles de docentes y trabajadores de las universidades en quiebra estarán a la espera del pago de sus salarios y en la inseguridad de encontrar sus empleos en el mes de Enero próximo.
La respuesta del Estado a esta situación ha sido la del sordo que acude al precipicio; por un lado la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) plantea que exista un paquete de recursos extraordinarios para rescatar de la bancarrota a las universidades en quiebra y por el otro lado el Estado plantea reducir el presupuesto del año 2018 para los sectores de Ciencia e Innovación Tecnológica, afectando directamente el presupuesto destinado al CONACyT del cual dependen también distintos programas académicos de las universidades autónomas en quiebra.
El problema fundamental
En la última década hemos sufrido una serie de ininterrumpidos ataques a los derechos sociales, el problema de la inequitativa distribución de la riqueza ha hecho que los niveles de vida de los trabajadores se deterioren de manera exponencial. No solo la crisis económica ha devastado la sociedad mexicana, producto de eso los niveles de violencia se han elevado de manera brutal. El caso más impactante es el de los feminicidios, un caso de brutalidad que ha llevado a los principales voceros de la burguesía a cuestionar el régimen actual.
La contradicción entre la crisis de sobreproducción y la competencia intercapitalista hace del proceso de acumulación de capital un proceso sumamente incierto e inseguro, tanto que la burguesía no encuentran el punto de apoyo en el régimen del PRI. Durante los primeros días del 2017 vimos una explosión desatada por el aumento de la gasolina que mantuvo movilizado a un sector importante de los trabajadores del país. Expresiones de descontento en municipios del Estado de México. como Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec (que forman parte del cinturón proletario de la CDMX, los cuales se encuentran bajo la administración de los distintos partidos del régimen), movilizaciones de masas en Baja California e Hidalgo dieron la muestra que no existe terreno estable y que acepte fielmente las políticas de austeridad de Enrique Peña Nieto y su gabinete. Durante todo el año se ha hecho visible la descomposición del gobierno actual, así como la fragilidad del Estado burgués.
Tres décadas después de la segunda guerra mundial la clase capitalista tuvo que aceptar a regañadientes la regulación del proceso económico por parte del Estado. Esto permitió un crecimiento robusto y una expansión sin precedente de las fuerzas productivas en el mundo -que no se había visto desde la gran Revolución Industrial del Siglo XVIII-XIX-, también permitió la distribución de parte de la riqueza a través de reformas en el llamado “estado de bienestar”. El capitalismo salió fortalecido, y se legitimó a través de una menor desigualdad y un mejor nivel de vida para los trabajadores.
Sin embargo, el sueño dorado terminó. La década de los setenta y ochenta fue marcada por una disminución en la rentabilidad del capital, evidenciada en la caída de la tasa de crecimiento de los diversos países capitalistas. Esto provocó que la política del estado de bienestar fuera desmantelada y comenzará también la requisa de todas las concesiones que la clase trabajadora había obtenido en las décadas anteriores: se inició una guerra contra los sindicatos y la marcha atrás de diversas políticas de seguridad social.
Alan Woods, teórico marxista, comenta al respecto:
“Esa fue la época dorada del reformismo. Pero el actual período es la época, no de las reformas, sino de las contra-reformas. Esto no es el resultado de prejuicios ideológicos, como imaginan algunos tontos reformistas. Es la consecuencia necesaria de la crisis del sistema capitalista que ha alcanzado sus límites.”
Y en efecto, el sistema capitalista ha llegado a sus límites y eso provoca que los trabajadores de diversas partes del mundo enfrenten una guerra contra el capital. En México esta guerra se presenta en las políticas de las “Reformas Estructurales”, como la Reforma Energética, la Reforma Educativa, etc. que no han hecho sino mermar la calidad de vida de millones de familias de bajos recursos enviando a los más pobres a la mendicidad y la indigencia, y a una buena parte de la juventud al desempleo. El 29 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de México el Primer Foro Internacional de la delincuencia Juvenil, donde Pablo Vázquez Camacho, director general de prevención del delito y servicios a la comunidad en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, comento que cerca de 300 mil jóvenes están cercanos a participar con el crimen organizado a causa de la falta de oportunidades de educación y empleo dignos. De esta manera los voceros del régimen aceptan el fracaso de su política.
En ese contexto se enmarca la actual crisis que atraviesan las universidades públicas. No solo se trata de un problema de falta de recursos, de corrupción –que sin duda son un factor importante-, se trata también de una política de aniquilamiento de todas las conquistas que los trabajadores han obtenido a lo largo de décadas, y que se interponen en el camino que hay entre la explotación capitalista y los trabajadores. No nos extraña que se hable del “rescate” a las universidades públicas mediante préstamos financiados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como lo plantea la ANUIES –aludiendo a que se trata de instituciones autónomas-, o que se trate de desvincular al Estado de este problema siendo que este último ha asumido la responsabilidad de la educación ante la sociedad mexicana; se trata de demostrar que la educación pública no sirve, y debe ser sustituida por la educación privada, se trata de hacer que los estudiantes paguen cuotas elevadas por el derecho a la educación superior, se trata de que los trabajadores de la educación abandonen sus prestaciones y “privilegios”.
Luchar es la única alternativa
El siguiente año será decisivo para los trabajadores y pobres del país, la contienda electoral va a sacar a la superficie una serie de contradicciones que se han acumulado durante todo este tiempo. Sumado a eso, la posibilidad de que los estudiantes de estas universidades tengan que abandonar sus estudios y que los trabajadores vean perdida su fuente de empleo, pueden ser un coctel explosivo que estalle en las manos de los gobernantes y empresarios.
Al día de hoy organizaciones de trabajadores como la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC) han hecho diversos llamados al gobierno federal a solucionar este problema, además de convocar a una manifestación para el próximo 30 de Enero. Los trabajadores están dando el ejemplo de que solo la movilización podrá echar atrás esta situación que afecta la vida de miles de trabajadores y estudiantes, pero debemos ser claros; las conquistas que obtengamos hoy debemos de defenderlas mañana. Nada nos garantiza que el Estado mexicano de una solución contundente al problema. La razón de que el Estado sea incapaz de solucionar de fondo el problema es que las raíces se encuentran demasiado profundas, tanto que cortarlas de tajo sería cortar su propio cuello por la mitad. La actual crisis del sistema capitalista es la raíz de este y muchos otros problemas nacionales, y al igual que el cáncer no puede ser curado con aspirinas, esta crisis no puede ser subsanada con medidas superficiales, ya que la corrupción y la falta de recursos que genera son inherentes al sistema capitalista. Es por eso que la única solución es la supresión del capitalismo y sus crisis, la única solución es sustituir este modo de producción que se basa en la explotación y la miseria por uno que garantice la vida y la educación digna; y desde nuestro punto de vista, una modesta economía planificada bajo el control de los trabajadores es la solución, el Socialismo.
Desde la Izquierda Socialista, sección mexicana de la Corriente Marxista Internacional, nos sumamos a la voz de los trabajadores y estudiantes afectados y que actualmente se encuentran organizándose y preparando la batalla por sus derechos.