El gobierno de la 4T, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, significa para muchos una esperanza de transformación social, un gobierno y un presidente que representa los intereses del pueblo trabajador, olvidado, empobrecido y sumergido en la extrema violencia gracias a los manejos corruptos y desmedidos de los gobiernos del PRI y el PAN.
Sin lugar a duda, este gobierno ha estado removiendo las aguas y está salpicando de beneficios a los sectores más vulnerables de la clase obrera con sus programas sociales, sin embargo, sólo las mueve en la superficie, sin acercarse al fondo turbio que ha originado todo este ambiente de miseria e inseguridad en la sociedad. En ese fondo turbio se encuentra el capitalismo, que para sobrevivir requiere alimentarse de la explotación hacia la clase obrera.
Con respecto a la cuestión de la mujer, no es un secreto para nadie que hay un enorme foco rojo en México por la violencia de género que, si bien es un mal heredado de gobiernos anteriores, el gobierno de la 4T no ha podido frenarla. ¿La violencia hacia la mujer es resultado de manejos estatales corruptos o de un sistema social decadente?
El gobierno de la 4T se ha declarado feminista, dado que por primera vez se ha logrado un gabinete paritario, lo cual, según su postura, es un avance y una clara muestra de igualdad entre hombres y mujeres. La presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres, Nadine Gasman, declaró que el 58% de las beneficiarias de los Programas para el Bienestar son mujeres de zonas rurales, empobrecidas, afromexicanas e indígenas. María Fabiola Alanís, titular de la Conavim, declaró que durante este gobierno ha habido una inversión histórica de 302 millones de pesos para los Centros de Justicia para las Mujeres y se han emitido 7 alertas por violencia de género. Todos estos podríamos considerarlos como avances significativos para resolver los problemas de las mujeres, pero analicemos algunos datos.
De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, existe una brecha salarial promedio del 15%, analizada desde 2017 hasta el primer trimestre del 2020, lo que representa que por cada $100 de salario de un hombre, una mujer obtiene $85. Esta brecha salarial evidentemente pone en desventaja económica a las mujeres con respecto a los hombres, por lo tanto, esta condición social genera un proceso de dependencia económica que obliga a las mujeres a permanecer o mantener relaciones de pareja, en muchas ocasiones violentas, debido a que su salario no es suficiente para mantener el hogar, generando un proceso de reproducción de la violencia y vulnerabilidad. Entonces, tenemos paridad en el Congreso, tenemos paridad en el gabinete gubernamental, pero de qué nos sirve si no tenemos paridad en los salarios y estamos bajo el yugo de la dominación económica que nos violenta como parte de la clase obrera y como mujeres. Esto no quiere decir que debamos entonces pugnar por que bajen los salarios de los hombres y los igualen a los de las mujeres, sino todo lo contrario, esto significa que tanto hombres como mujeres debemos organizarnos y luchar juntos, como clase explotada, por incrementar nuestros salarios y derechos laborales de por sí raquíticos y muy golpeados. Por lo tanto, esta declaración de la 4T sobre su feminismo muestra las claras limitantes de esta corriente, pues su paridad sólo representa un avance para las mujeres de arriba, las que no conocen el verdadero mundo de la pobreza y violencia que vivimos a diario las mujeres de la clase obrera. Así que no, esto no es un avance en el proceso de igualdad entre hombres y mujeres, al menos no para la mayoría de nosotras.
En México viven 65.5 millones de mujeres, de las cuales 50 millones están en riesgo de pobreza o en situación de pobreza. Esto significa que, de acuerdo con el último estudio de medición de la pobreza de la Coneval, 8 de cada 10 mujeres en el país viven bajo condiciones de pobreza o vulnerabilidad por la falta de ingresos o carencias sociales. El 67.1% de las mujeres mexicanas presenta al menos una carencia social, el 21.9% presenta tres o más carencias. Un tercio de la población femenina nacional económicamente activa o está afiliada al IMSS o al ISSSTE, lo que significa que no sólo no tiene acceso a la seguridad social, sino que tampoco podrá acceder a una pensión para el retiro o un crédito de vivienda. La pandemia ha profundizado aún más la crisis económica ya presente, donde las principales afectadas han sido las mujeres, pues los índices de desempleo femenino aumentaron con la crisis sanitaria.
Si bien los programas sociales están siendo de gran ayuda para los sectores más vulnerables de la población, estos no son suficientes, pues son como tal un apoyo, mas, no una solución al problema principal, que son la falta de empleo y oportunidades de desarrollo. Todas estas condiciones de pobreza y marginación también son un caldo de cultivo para la reproducción de la violencia hacia la mujer, pues al no existir las condiciones mínimas de salubridad, empleo y desarrollo educativo, la barbarie se reproduce. Estas condiciones obligan a las mujeres a buscar oportunidades de cualquier tipo para sobrevivir, como involucrarse con el crimen organizado, acceder a la prostitución, trabajar en empleos muy precarizados con nulos o pocos derechos laborales, donde los niveles de explotación y violencia son extremos. Por lo tanto, claro que estamos de acuerdo en que se entreguen programas sociales, incluso estos deberían extenderse para que más población pueda tener acceso a ellos, pero no podemos hacerlo cerrando los ojos ante el origen de todo este proceso de desigualdad social y barbarie que ha generado el capitalismo a partir de la acumulación de riquezas de una clase minoritaria que se vuelve cada vez más rica mientras nosotros nos volvemos cada vez más pobres.
Es necesario que, si el gobierno de la 4T quiere ser consecuente con su slogan de “Primero los Pobres”, se encamine entonces hacia la destrucción de este sistema de opresión, pues de lo contrario, se va a quedar en el camino intentando hacer este sistema “un poco más justo”, pues no hay nada justo en la defensa de la propiedad privada y en la apropiación del beneficio del trabajo ajeno, sin los cuales el capitalismo simplemente no podría existir.
Desde que inició el gobierno de AMLO y hasta mayo del 2021, ha habido 2,400 asesinatos de mujeres por razones de género y 7,100 han sido víctimas de homicidio doloso. En 2019 se registró el 89.6% de impunidad para casos de homicidio doloso y 51.4% de impunidad en feminicidios, teniendo un porcentaje general de impunidad del 94.8% de todos los delitos denunciados en 2020. El último reporte del INEGI indica que 10 mujeres son asesinadas al día en este país, más de la mitad son asesinadas por sus parejas o familiares cercanos y casi tres cuartas partes son asesinadas con armas de fuego o por estrangulamiento.
Derivado del confinamiento por la pandemia, el Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que de enero a mayo del 2021 hubo 106,603 reportes de casos de violencia familiar, en todo 2020 se reportaron 220,031 casos, que ha sido la cifra más alta desde el 2015. Estos datos nos hacen preguntarnos si las inversiones a los Centros de Justicia para Mujeres y las alertas de género emitidas en los estados están siendo efectivas para combatir y erradicar la violencia hacia la mujer en México. Las cifras son crudas, la respuesta es no.
La violencia hacia la mujer no se da porque los sistemas de justicia no son eficientes (aunque son un reflejo de ésta), sino porque el tejido social está extremadamente dañado. Se podrá avanzar en instalar más centros de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia, aumentar los senderos seguros y la vigilancia, preparar a policías y ministeriales con perspectiva de género, desarrollar protocolos de atención y prevención de la violencia, casas y refugios para mujeres violentadas, etc. Puntos en que sabemos que el gobierno de la 4T invierte y procura atender. El problema real es que todas estas medidas solo son paliativos para disminuir la violencia, pero no para erradicarla, además de que tan solo con buenas intenciones no va a desaparecer un problema que radica en la estructura del sistema capitalista, la cual la 4T y sus políticas reformistas no están dispuestas a tocar y mucho menos a modificar.
Todos los días nos enfrentamos a una realidad de pobreza, hambre, marginación y violencia extrema, una realidad donde los sectores más vulnerables, las mujeres y la infancia, pagan las peores consecuencias. Desde el origen de la propiedad privada y la sociedad dividida en clases, la mujer ha sido colocada en un papel de subordinación y sumisión ante el hombre, lo que históricamente nos ha puesto en desventaja y vulnerabilidad económica y social. Para la sociedad dividida en clases, las mujeres no somos más que un elemento de propiedad del hombre, destinada a obedecer y callar, a servir y satisfacer, a reproducir y criar; estamos inmersas en un sistema donde las prácticas machistas y misóginas son aceptadas y aplaudidas social y culturalmente, pero éstas se reproducen no en beneficio de un género, sino en beneficio de una clase, que se aprovecha de nuestras condiciones de subordinación para obtener beneficios de la doble explotación. Para el capital las mujeres no somos más que una máquina de reproducción de la clase obrera y carne de cañón para la explotación asalariada y, mientras estas condiciones que originan la opresión de la mujer no cambien, la violencia hacia nosotras no podrá ser erradicada.
Es por esto que, aunque este gobierno progresista tenga las mejores intenciones de mejorar nuestras condiciones de vida para podernos desarrollar en un ambiente seguro y libre de violencia, no podrá avanzar sin una lucha decidida contra el sistema de opresión capitalista. Todas sus propuestas y planes estarán siempre limitados ante las necesidades de lucro de la clase burguesa, por lo que no podremos avanzar hacia un proceso de igualdad social. Para esto es necesario defender un programa diferente, un programa socialista, donde sí se planteé la necesidad de romper con el sistema capitalista, donde se combata, desde las bases de la organización obrera, a los defensores de la propiedad privada. Sólo de esta forma los hombres y mujeres de la clase obrera podremos tomar nuestro destino en nuestras manos e iniciar un proceso de reconstrucción social, eliminando la explotación y la miseria, educando a las nuevas generaciones en un ambiente de prosperidad y colectividad, donde la herencia sangrienta de la violencia hacia la mujer no sea más que un amargo recuerdo del extinto capitalismo voraz.
En aras de esta necesidad imperante de la lucha por el socialismo para la liberación de las mujeres y de la clase obrera, hacemos un llamado a organizarnos, apoyando las demandas transicionales que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida, pero empujando al movimiento a ir más allá, a no conformarnos con migajas reformistas. Lo queremos todo, porque somos nosotros, la clase obrera los que generamos la riqueza y es por ello que merecemos vivir en un mundo libre de la violencia y la barbarie del capital.
