El pasado mes de diciembre, las cámaras legislativas que conforman el Congreso de la Unión aprobaron un proyecto de ley, que hoy es la nueva Ley de Educación Superior. De manera oficial, esta ley tendría que garantizar el cumplimiento de la obligación del Estado por proporcionar educación universitaria.
De entrada, esto no tiene nada de malo, de hecho, podría ser una buena idea. Según el INEGI, solamente 18 millones, de los más de 120 millones que somos de habitantes en este país, poseen educación universitaria.
Sin embargo, hay múltiples cuestiones por resolver en materia de cómo le va a hacer el Estado para verdaderamente garantizar el acceso a educación superior. ¿Qué acciones materiales se van a realizar para que de verdad pueda aumentar el acceso a la educación superior? ¿Existe un plan para construir infraestructura educativa, además de los 100 planteles que AMLO propuso desde un inicio? ¿Se estarán diseñando ya estrategias válidas para dotar a estas instalaciones y, más importante, a los estudiantes con las tecnologías necesarias? ¿Cómo le van a hacer las autoridades estatales para coordinar esfuerzos en materia educativa?
La ley tiene que ir acompañada de respuestas a estas preguntas, pues de lo contrario no tendríamos en frente algo distinto a otras leyes como la del Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, es decir, puro papel y jerga legislativa.
Nos salta a la vista, sin embargo, otra circunstancia. Resulta que esta ley fue aprobada en el Senado de la República por unanimidad. El proyecto sufrió más de 30 modificaciones en el pleno de la discusión legislativa. Inclusive hubo diputados priistas que expresaron su satisfacción y optimismo con el resultado final de la discusión y con la iniciativa aprobada.
Es entonces inevitable que nos preguntemos ¿en qué consiste esta ley? ¿Será cierto que servirá de parteaguas para la situación educativa o constituirá solo un papel vacío que tal vez incluso implique otro ataque a la educación?
A continuación, numeramos 5 datos sobre la Iniciativa de reforma a la ley de Educación Superior:
1) La ley se inspira en los proyectos que años atrás la antecedieron, que pretenden privatizar la educación y explicamos en qué sentido. No es en completa la “transacción” de las escuelas públicas a manos privadas sino la mayor participación de organismos y asociaciones “civiles” independientes, los cuales no tienen precisamente un carácter educativo como lo es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), conocida por tener una fuerte influencia en la discusión y evaluación de los parámetros educativos de diferentes instituciones a nivel internacional. Este organismo fue consultado por el gobierno de Peña Nieto y en 2019 por AMLO para continuar con los proyectos educativos.
2) El discurso que envuelve la iniciativa está enmarcado en que el Estado garantizará la educación pública y gratuita hasta nivel superior, que no se violara el derecho constitucional, pero luego vienen una serie de propuestas como la creación de un Consejo Nacional para la coordinación de los subsistemas de educación superior (autónomas, normales, tecnológicos) con capacidad para decidir e influir dentro de las escuelas públicas y autónomas, parecido a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) que de hecho fue la principal instancia de consulta para la propuesta de esta nueva reforma, lo cual es antidemocrático.
3) Una iniciativa lejos de la realidad y la vida real de estudiantes y profesores, la iniciativa no representa los intereses de los maestros, los estudiantes o los trabajadores de la educación, los únicos consultados fueron la ANUIES una institución llena de burócratas alejados de las necesidades concretas pues ellos han hecho diversas propuestas de separación entre las instituciones de media superior y superior, para evitar el vínculo directo de los estudiantes y aspirantes, reforzando el uso del examen de admisión y el pago de una cuota como derecho al acceso a nivel superior.
4) Justo esta iniciativa fortalece el uso de los exámenes de admisión como requisito principal para integrarse a una escuela de educación superior, además de convertir en obligatorio el pago de cuotas para poder “garantizar” el acceso a la educación, en una conferencia de prensa sobre la iniciativa de reforma en septiembre del 2020, Rubén Rocha Moya señala “El Estado está obligado a mantener la educación pública y gratuita, lo cierto es que la universidades reúnen en total un ingreso de 15 mil millones de pesos, si pedimos que ya no se cobren cuotas ese dinero tendría que cubrirlo el estado cosa que ahora no se puede”. Aquí vemos como realmente sólo es un discurso demagógico el que se tiene para impulsar la reforma que no defiende el acceso a la educación superior de manera pública y gratuita.
5) Esta iniciativa no tiene nada de nueva ni de innovadora, Ernesto Zedillo mandó reformar la Carta Magna para que el Estado no tuviera que “impartir” educación superior, sino sólo “promoverla y atenderla”. Con lo cual este tipo de educación ya no era un derecho que debiera garantizarse,. La iniciativa planteada en septiembre del 2020 por Rubén Rocha Moya, Ricardo Monreal Ávila y la Diputada Adela Piña Bernal, entre otros legisladores y legisladoras de diversos Grupos Parlamentarios, refuerza la “promoción” y no la garantía que los estudiantes tengan acceso a una educación superior garantizada plenamente por el Estado.
Esto nos ayuda a entender un poco cual es la sintonía en la que se mantienen viejos personajes políticos en el marco educativo, el actual gobierno de la Cuarta Transformación debe proponer un proyecto de izquierda que garantice y no que simule el acceso a la educación en todos los niveles, para esto se necesita el empuje de los sectores organizados como los estudiantes y los maestros para combatir a las asociaciones e instituciones burocráticas que hablan a nombre de la educación y poder empujar un proyecto alternativo. No es la primera vez que se pretende encestar un golpe al sector educativo y para poder comprender los sucesos anteriores, sería necesario repasar un poco la historia de los ataques a la educación superior que han acontecido en nuestro país, esto para posteriormente poder hacer un contraste entre esa historia de ataques y la nueva ley. De ese modo, podríamos concluir si el patrón histórico y la ley son completamente diferentes, si no hay mayor punto de quiebre entre ambos, o el peor escenario, si son tan similares que la última parece ser parte del primero.
Crónica de los ataques del Estado Mexicano a la Educación Superior
Los ataques a la educación superior tienen de hecho una historia bastante extensa. El primer ejemplo que podemos nombrar en este artículo es la represión al Instituto Politécnico Nacional tras la huelga de 1956. Un testimonio de la época enumera las exigencias de los estudiantes politécnicos en aquella huelga:
“Luchamos por más horas de clase, más maestros, más laboratorios, más talleres, más aulas, […]. Por más becas, más casas hogar, más hogares colectivos y por la construcción de más internados para que se ampliaran las oportunidades de educación de los hijos de obreros y campesinos”. Nicandro Mendoza.
En aquel entonces, la huelga fue apoyada por prácticamente la totalidad de las normales rurales, entre ellas, la combativa Ayotzinapa. Como podemos ver en la cita anterior, los estudiantes no estaban demandando nada del otro mundo, son de hecho los mínimos indispensables con los que tendría que contar la institución que se jacta y se vanagloria de ser la mejor formadora de técnicos del país.
La respuesta del Estado fue invadir el aquel entonces el internado del IPN (porque si había) con más de 1800 soldados que seguían órdenes directas de la Secretaría de la Defensa. Durante casi una semana, los soldados ocuparon las instalaciones de la institución educativa, llevaron a cabo detenciones arbitrarias y el edificio del internado clausuró.
De igual manera, al Politécnico se le retiró la dirección de las escuelas prevocacionales (algo así como escuelas secundarias técnicas) y el gobierno inició una tendencia de varios años y décadas de retirarle progresivamente el presupuesto al IPN, así como recortar la capacidad de su matrícula estudiantil y mermar la calidad de sus planes de estudios.
México no está exento de las tendencias económicas del mundo. El neoliberalismo llegó al país en la década de los años 80 y en ese marco se llevó a cabo otro gran ataque a la educación superior. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se llevó a cabo la huelga universitaria de 1999. Para este punto, eran ya casi 18 años de mantener una política ininterrumpida de recortes al presupuesto para la educación, que terminaron siendo 36, y en ese contexto, el entonces rector de la Universidad, Francisco Barnés de Castro le presentó al Consejo Universitario una modificación al Reglamento General de Pagos, que planteaba caracterizar como obligatoria la cuota semestral.
Esta modificación iba de la mano con varias modificaciones y cambios al manejo administrativo, los planes de estudio y la reforma al pase reglamentado. Todas esas cuestiones no fueron consultadas nunca con la comunidad estudiantil y por lo mismo resultaban anti democráticas, lo cual dio como resultado una huelga que se extendió durante poco más de un año. La huelga al final se rompió por culpa de la represión estatal, ya sea en forma de porros infiltrados o de Policía Federal Preventiva, la cual mantuvo ocupada Ciudad Universitaria por más de dos meses.
Una de las cuestiones más importantes que esas reformas plantearon y que los estudiantes trataron infructuosamente combatir era la cuestión de los exámenes de admisión. Gracias a las reformas del 97, los estudiantes de secundaria tienen que pasar por un examen de admisión, que como ya vimos, solo es un filtro que no necesariamente toma en cuenta la preparación o capacidad del estudiante.
Gracias a las reformas del 97, todos los egresados de escuelas no incorporadas a la UNAM tienen que hacer examen, sin importar si alguno de ellos fue el mejor promedio de la generación, no va a tener preferencia.
Hoy en día, gracias a la disminución del presupuesto para educación, para universidades y gracias a la imposición de ese tipo de mecanismos de ingreso que tienden a ser elitistas, solamente pueden ingresar a estudiar a la UNAM al rededor del 10% de los jóvenes que intentan ingresar a estudiar a la que supuestamente es la universidad de toda la nación.
Finalmente, en el contexto del peñismo y la Reforma Educativa, se da el último gran ataque a la educación superior. Particularmente en el caso del IPN, la aplicación de la reforma implicaba una serie de cambios en el reglamento del instituto y en su plan de estudios. Entre otras cosas, se les quitaba a los estudiantes oportunidades de permanencia, la posibilidad de baja temporal ,se les limitaban las libertades de reunión y expresión incluso se habló de quitarle a los egresados el título de licenciados e ingenieros. La respuesta del estudiantado fue, de nuevo, una heroica y prolongada huelga en 2014.
Esta breve lista de ataques a la educación superior muestra una tendencia a los recortes al presupuesto, al ataque a las condiciones al estudiantado, y, en general, una tendencia de privatizar la educación. ¿Es esta nueva ley otro de esos intentos de reforma que encubren los intereses de la burguesía? Cuando se aplique, los estudiantes seremos los primeros en sentir los efectos, buenos o malos.
Hacemos un llamado a los estudiantes a analizar a fondo esta reforma, a organizar foros y debates y a no ceder ante ningún chantaje, presión o ataque de parte del empresariado contra la educación pública. El actual gobierno está sometido a presiones del gran capital y puede hacerles serias concesiones. Nosotros debemos defender las conquistas de la revolución y las luchas de los hijos de obreros y campesinos, no debemos dejar ni una rendija abierta para que se ataque a la educación pública, gratuita, laica, científica y de calidad. Llamamos a organizarnos, aun en medio de las difíciles condiciones de la pandemia, por la defensa de la educación para los hijos de los obreros y campesinos.