SME, ¿el triunfo del movimiento u otro callejón sin salida?

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Escrito por David García y Marco Olvera, sindicalista SME |

14281538_1244913198873497_390640124_nMartin Esparza, Secretario General del SME, en una entrevista a medios http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/26/1107273 dio por concluido el conflicto con el gobierno federal, tras la firma de un acuerdo para el pago de unas 14,500 indemnizaciones, la entrega de más hidroeléctricas para su explotación a la cooperativa “Generadora Fenix”, además de fábricas y talleres por parte del gobierno. Pero ¿En realidad estamos ente la solución del conflicto generado hace ya casi siete años o ante el riesgo de la liquidación de uno de los sindicatos más viejos y combativos de nuestro país? La verdad es que si LyFC fue desaparecida con un decreto, la lucha del SME no debe terminar con otro.

Antes de plantear nuestras críticas al acuerdo alcanzado señalemos algunos datos necesarios. Algunas de las doce hidroeléctricas que operará la cooperativa Generadora Fenix-en concesión por treinta años y en asociación minoritaria (49% de las acciones) con la trasnacional portuguesa Mota-Engil- son la de Necaxca, Tepexi, Lerma, Alameda. Así, Generadora Fenix pretende competir en el mercado de la generación y distribución de energía eléctrica en términos del mercado capitalista. Además, se continuará con la entrega de unos cuarenta predios con los que la cooperativa plantea dar fuentes de trabajo a los smeítas en resistencia.

Si bien es cierto que ya son casi 7 años de resistencia y lucha, y que los trabajadores del SME merecen el triunfo, también es cierto que la mayor parte de los trabajadores en resistencia hace ya bastante tiempo que se vieron obligados a encontrar fuentes de ingreso para alimentar a sus familias y que la decisión de ir por la línea de pactar con el gobierno y la trasnacional fue más un asunto político que de simple presión económica. Y es en la línea política, en la idea de que es mejor unirte al enemigo que luchar contra él, donde encontramos la fuente del callejón sin salida en la que se está metiendo al movimiento.

El acuerdo implica la aceptación en toda línea de la privatización de los recursos energéticos, la asociación con un tiburón trasnacional cuyo interés es la máxima obtención de ganancia, tal como los mismos directivos lo afirman -lo cual es evidente- https://www.youtube.com/watch?v=gq4RsiAvLKY. La cooperativa, lo quiera o no, tendrá que aceptar las reglas del juego del mercado -además, en una posición de subordinación frente a su aliada trasnacional-, es decir, tendrá que exprimir a sus propios trabajadores si quiere competir y obtener beneficios. Si a ello añadimos el burocratismo y la falta de rendición de cuentas que ciertamente existe en la estructura del SME, tenemos los elementos para que un sector de la cooperativa se comporte como patrón, explotando al resto de trabajadores como en cualquier relación capital-trabajo. En el mejor de los casos, los trabajadores se explotarán a sí mismos para garantizar el futuro de la empresa. No es posible otro tipo de relaciones en un mar capitalista que siempre termina por ahogar a cualquier intento que no aspire a la liquidación del sistema. Si no es posible el socialismo en un solo país (evidentemente, la lucha por el socialismo es lo último que pasa por la mente de la dirección), mucho menos en una cooperativa. Los ejemplos de las cooperativas Pascual y Cruz Azul son más que elocuentes a este respecto. Una cooperativa puede ser un paso al frente en casos como la ocupación de fábricas -siempre y cuando se aspire a la nacionalización bajo control obrero-, pero implica un paso atrás cuando se acepta la privatización de un bien público y se subordina al sindicato a la lógica trasnacional.

Si revisamos la historia del SME posterior al decreto de extinción, recordaremos que la propuesta de recontratación parcial -en ese caso por parte de la CFE- y cobro de las indemnizaciones fue una de las opciones gubernamentales retomadas por el charro de infame memoria, Alejandro Muñoz. Una oferta que el SME rechazó correctamente en su momento, precisamente porque hubiera significado aceptar la privatización de la industria eléctrica. Ahora el SME acepta un acuerdo que, en esencia, no difiere de aquél y que debía rechazarse por las mismas razones.

¿Esto quiere decir que es inadmisible para el movimiento cualquier acuerdo temporal o negociación con el gobierno? Por supuesto que no, todos los acuerdos o compromisos que favorezcan la organización y eleven el nivel de conciencia de los trabajadores -incluso que permitan un respiro para reorganizarse- no sólo son aceptables sino necesarios en ciertos contextos concretos. Pero un acuerdo o compromiso con el enemigo de clase jamás debe implicar la claudicación o la aceptación de lo inaceptable.

Además, como hemos dicho, el nuevo CCT que la dirección del SME acordó en negociaciones con la trasnacional -que, originalmente, se mantuvieron como un “secreto de estado”, incluso para la mayoría de smeítas- protege sólo a unos 500 trabajadores y en los hechos pulveriza el CCT que el SME construyó tras muchos años de lucha. Almazán explica el retroceso histórico: “Con sus 65 cláusulas que ampara a tan sólo 541 trabajadores, el recién firmado contrato colectivo de trabajo (CCT) entre la Generadora Fénix (subsidiaria de la empresa portuguesa Mota Engil) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) adelanta el nuevo modelo laboral que buscará imponerse en los próximos años en la industria eléctrica privatizada. El resto de los trabajadores electricistas que no se han liquidado, aproximadamente 15 mil, carecerán de contrato colectivo y tendrán que luchar muy duro en una cooperativa del sindicato”. […] “En el nuevo contrato del SME el reconocimiento del riesgo eléctrico, línea viva o energizada desaparece, las vacaciones fueron disminuidas a las que establece el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), lás medidas preventivas establecidas en la Cl. 6 del contrato histórico del SME no existe más. Todo lo relativo a turnos en trabajos de carácter continuo, imprescindible en una industria como la eléctrica, donde se labora 24 horas de 365 días del año se eliminó, junto con la categoría de trabajo penoso; los derechos de la mujer que estaban por encima de la ley tanto en descanso como en maternidad y lactancia se quitaron; el aguinaldo apenas quedó con cinco días más de lo reconocido por la LFT, el derecho a una jubilación digna fue sustituido por un esquema de retiro voluntario, la atención médica especializada en materia de enfermedades y riesgos de trabajo se esfumó; derechos y prerrogativas relativos a programa habitacional fueron reducidos a su mínima expresión; todo el capítulo de movimientos de personal basado en el reconocimiento de tiempo de servicios para evitar el abuso del patrón, pero también de malos dirigentes sindicales, desapareció; el seguro sindical para el caso de muerte de trabajador o jubilado fue sustituido por un precario esquema de ahorro del propio trabajador sin aportación de la empresa, etcétera”.

Por si lo anterior no fuera suficiente -creemos que lo anterior es decisivo para el asunto- están las legítimas dudas acerca de la capacidad de la cooperativa para absorber a los más de 14 mil trabajadores que no se habían liquidado. Hasta el momento sólo hay certeza de unos 500 empleos que serán absorbidos directamente por la portuguesa Mota-Engil pero es dudoso que con 12 hidroeléctricas y unos 40 predios se pueda hacer lo propio con el resto de trabajadores de forma mínimamente decorosa y estable, sobre todo cuando no hay claridad sobre la operatividad e infraestructura en la totalidad dichos inmuebles.

Es muy probable que la distribución de los empleos genere más tensiones internas de las que se pretendían solventar al no existir criterios claros y democráticamente discutidos para la asignación de los puestos de trabajo. De hecho, la repartición de los empleos se ha convertido ya en un medio de represión y control hacia la disidencia y contra los sectores críticos que existen en las bases del SME. A todo aquél que discrepa con la línea política y sugiere implementar un frente único que le apueste al cambio de gobierno -por ejemplo, el compañero Antonio Almazán (más allá de las diferencias que podamos tener con él)- se le aplasta administrativamente y se le lanza una campaña histérica de linchamiento. A muchos compañeros se les ha negado el certificado para pertenecer a la cooperativa, iniciándoles procesos en la “Comisión Autónoma de Justicia”, como medio de represión política. Algunos compañeros que están en esta lista negra son:

1. Josué Benítez.

2. Aldo Conde.

3. Jorge Jímenez.

4. Marco Olvera.

5. Guillén Guzmán.

6. Fernando Oliva.

7. Emmanuel Oliva.

8. Eduardo Picazo.

9. Mario Ríos.

10. Sergio Vallejo.

11. Gumaro Picazo.

12. Alejandro Tovar.

Estos métodos burocráticos y la falta de una estrategia política de clase, son los ingredientes para futuras crisis organizativas y convulsiones internas. Ante esta situación, muchos trabajadores cobrarán sus liquidaciones -si es que no están en la lista negra de la dirección- y regresarán a sus casas. Si no hay perspectivas de lucha, ya sólo queda la lógica comercial y empresarial, ¿qué sentido tiene mantenerse organizado? Probablemente la dirección lo sabe y esa es su apuesta, de otra forma difícilmente podrá cumplir con el compromiso de darle trabajo digno a todos.

En la lucha de clases no hay atajos. No habrá visos de solución a ninguno de los ataques hacia la clase trabajadora mientras no caiga el régimen y, en última instancia, el sistema capitalista que representa. Pero la dirección del SME ha renunciado hace ya bastante tiempo a la lucha por derrocar al régimen o siquiera a un recambio por la vía electoral. De aquí deriva el origen del atolladero en el que se han metido. Después de haber pasado por un periodo de apoyo acrítico a la figura de AMLO, se pasó al polo contrario: evitar cualquier crítica abierta al gobierno de Peña -ya sólo se hablaba de régimen neoliberal-, intentar cortejarlo (por ejemplo, con la asistencia a uno de los informes de gobierno de Peña Nieto) y de rechazar cualquier frente único con el movimiento encabezado por AMLO. Todo lo anterior con el fin de no enturbiar las negociaciones con el gobierno de Peña y la SEGOB, que finalmente dieron como resultado un acuerdo con el cual la dirigencia del SME pretende dar por concluidos 7 años de lucha.

Evidentemente, un Frente Único con Morena implicaría la total y absoluta libertad de crítica e independencia organizativa por parte del SME, pero a la dirección -incluida la propia dirección de Morena- no le interesa nada de esto. La dirigencia del SME, con un criterio gremialista y estrecho, no tiene confianza alguna en la posibilidad de transformar la situación política; por ello, la Organización Política de los Trabajadores (OPT), fundada por el SME, no fue impulsada para convertirse en una verdadera organización que disputara el poder político, sino, un simple instrumento de presión y moneda de cambio. Actualmente, nadie cree que la OPT sea una organización que aspire a un cambio de régimen.

El punto es que si la misma dirección del SME declara que el conflicto está concluido y que ya no se lucha ni se aspira a recuperar la industria eléctrica para el pueblo -por el contrario, se suma a la explotación privada de los recursos naturales y mano de obra- no existirá ningún interés ni presión de masas hacia un eventual gobierno de izquierda -que sólo podría llegar con un movimiento en las calles sin precedentes- para que recupere la industria que fue privatizada. Si se ha firmado un nuevo CCT en total desventaja, se renuncia a cualquier aspiración a recuperar el que se tenía. Si la dirección de Morena -como buenos reformistas, que hacen todo lo posible por frenar y encauzar la lucha de clases dentro de límites “seguros”- tiende a evitar conflictos ¿porqué habrían de recuperar un recurso y un CCT que el mismo SME ya da por perdidos? En toda esta lógica existe una tendencia clara hacia la liquidación de la organización, de la independencia política y de clase, es la bancarrota política y desmoralización absolutas. Parece el suicidio político de una organización histórica del proletariado mexicano -protagonista de la huelga general de 1916 y de muchas otras luchas ejemplares-, fundada en 1914 .

Sólo la intervención de las bases de los sindicatos y de Morena -es decir, de las organizaciones de masas de los trabajadores- puede imprimir un cambio de rumbo en las direcciones reformistas y políticamente estrechas que están obstaculizando el desarrollo del movimiento, en un contexto donde existen todas las condiciones objetivas para la caída de un régimen desprestigiado, podrido y odiado por la inmensa mayoría de los mexicanos. Un llamado de parte de alguna de estas organizaciones, referentes del pueblo mexicano, para organizar un movimiento serio rumbo a la caída de Peña Nieto tendría un impacto profundo y transformaría toda la situación. La clase obrera sólo puede confiar en sus propias fuerzas, no existen atajos ni es posible contemporizar con el enemigo. En las bases del SME hay muchos compañeros críticos, honestos, combativos; ellos enarbolan lo mejor de la historia de este sindicato centenario, están sacando las lecciones pertinentes, dando la batalla y estamos seguros que mantendrán viva la lucha del SME. La consigna de estos compañeros críticos es “Prohibido rendirse”. Otros compañeros sacarán sus conclusiones cuando la realidad se imponga de una u otra manera.

La unidad de los explotados, rumbo a la caída del régimen, constituye la única solución para los dignos trabajadores del SME y para todos nosotros. El SME debe reencontarse con su historia combativa. No hay de otra.

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