Por: Misael Watanabe
Publicamos a continuación la colaboración de un compañero simpatizante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, invitamos a enviar tus artículos y denuncias al correo electrónico contacto@marxismo.mx
Desde los últimos acontecimientos que han atentado en contra de la tranquilidad de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se ha hecho notar algo que es importante no dejar de señalar: la negación y el rechazo de las autoridades universitarias por ver por el bien de la institución. Los reclamos se justifican con opiniones sin fundamento, al seguir sin duda, una línea política institucional, que deja entrever una falta de sensibilidad y de voluntad para aplicar los cambios que exigen los tiempos para nuestra querida universidad.
Resulta incoherente que quienes que se dedican a formar ciudadanos que contribuyen con su comunidad, se resistan a reconocer que la universidad es el medio donde se discuten y se proponen soluciones a los problemas que aquejan al país, y esto lo establece la ley orgánica de la UACJ en su artículo cuatro, en cuya fracción primera se lee lo siguiente:
Será tarea primaria de la Universidad infundir en los integrantes de su comunidad la idea de la solidaridad social y fomentar el interés por el reconocimiento de los problemas generales del País, del Estado y de los Municipios con el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida individual y colectiva en todos sus aspectos.
Por lo tanto, a la universidad sí le corresponde emprender acciones que generen empatía en la comunidad universitaria hacia las problemáticas que vive la ciudad, el estado y el país. Así que estamos ante la omisión de una disposición jurídica, que obliga a la universidad a cumplir justamente y hacer un cambio positivo que ayude en buena medida alcanzar la paz que tanto necesitan los estudiantes.
Es necesario que la universidad forje un clima de cambio que determine su prestigio. ¿Cómo podemos empezar dicho cambio? En primera instancia, el reconocer los problemas internos que existen en la institución, y ofrecer soluciones eficaces para la solución de dichos conflictos. Los instrumentos jurídicos con los que cuenta la universidad deben de ser modificados para ser acordes a las exigencias actuales. Deben ponderar derechos humanos, debido proceso, igualdad y perspectiva de género, medidas de protección para aquellos casos que converjan en la posible comisión de delitos sexuales, para que sean remitidos sin demora al consejo técnico para su determinación.
Dejar en claro, como se ha mencionado, que la UACJ no es una autoridad jurisdiccional, puede mejorar sustancialmente sus directrices y normas internas para garantizar que serán atendidos y escuchados todos los miembros de su comunidad con imparcialidad y respeto a las condiciones particulares de cada caso. La recomendación que se hace es que los procesos en la defensa de los derechos universitarios sean más ágiles, para dar una certeza real a las personas que recurran de sus servicios.
Hay que añadir un protocolo de actuación al seguir la particularidad de cada caso. Las cosas pueden ser diferentes, si utilizamos nuestros derechos por el simple hecho de pertenecer al espacio universitario. La constitución obliga en su artículo primero que todas las autoridades al nivel de sus competencias tienen la encomienda de proteger, promover, garantizar y respetar los derechos humanos. Aquí no se pide nada fuera de contexto, queremos que se garantice el estado de derecho, que debe ser primordial en cualquier institución. Y la universidad debe poner el ejemplo, una educación donde no se pondere el respeto hacia al otro, es una educación que debe replantearse hacia dónde va…
