El gobierno ha presentado su última propuesta de reforma de las jubilaciones, pactada con la Comisión Europea. Tiene el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO y el rechazo de la patronal CEOE. Aunque se introducen algunas mejoras, tiene otros aspectos regresivos y, en cualquier caso, deja abierta la puerta a medio plazo para una reducción de las pensiones.
Aunque se retira la propuesta de incrementar el periodo de cálculo de la pensión hasta 30 años trabajados, se introduce un sistema dual durante 10 años (hasta 2044). Por un lado, se mantienen los actuales 25 años de cotización como base para calcular la pensión; y, por otro, se introduce una opción voluntaria de aumentarla a 29 años, eliminando los dos años con peores salarios entre los 25 y los 29 años cotizados. En este caso, se incrementa realmente de 25 a 27 los años cotizados para hacer el cálculo de la jubilación. De manera que en 2044 los 27 años cotizados regirían para todos. Esto es un claro paso atrás que significará una reducción futura de las pensiones ya que, como reconoce el propio Banco de España, cada año de aumento del periodo de cálculo ha supuesto un 0,5% de reducción de la pensión. Nuestra posición es volver a la situación anterior a la reforma de 2011, de 15 años cotizados.
La reforma introduce algunas mejoras en compensar los años no cotizados de trabajadores precarios y eventuales, que afecta sobre todo a mujeres, aunque las bases de cotización no igualan las de los trabajadores comunes.
En lo referente al incremento de los ingresos del sistema de jubilación, se aumenta la cotización de los trabajadores para las pensiones de un 4,7% de la base imponible en 2022 a un 4,9% en 2029; y para las empresas, del 23,6% de la base imponible del trabajador en 2022, al 24,6% en 2029.
También se elimina el tope de cotización que existe a los salarios más altos, con un incremento progresivo que alcanzará el 1,2% de la base imponible de estos trabajadores en 2029, más el IPC. Por último está la introducción de la llamada “cuota de solidaridad” que abonarán las empresas por aquellos trabajadores que superen el tope máximo de cotización y se empezará a pagar en 2025, a razón de un 1% ese año y 0,25 puntos más cada año hasta llegar al 6% en 2045.
¿Qué hay detrás de todo esto? Actualmente, el gasto en pensiones alcanza el 12% del PIB. El gobierno ha logrado un pacto con la Comisión Europea para que el gasto de las pensiones futuras no supere en ningún caso el 15% del PIB. Así, el gobierno espera recaudar con estas medidas 15.000 millones de euros adicionales y gastar 2500 millones de euros más en pensiones anualmente.
Pero el acuerdo es claro en un punto, que tanto el gobierno como Unidas Podemos y los sindicatos, que apoyan esta reforma, han tratado de hacer pasar desapercibido. Y es que, cada 3 años, habrá una revisión de la situación del gasto. De manera que si el gasto en pensiones amenazara con superar el 15% del PIB, el texto de la reforma indica que esto se puede evitar mediante “un aumento de las cotizaciones” o con “otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto” (las cursivas son nuestras).
Es por esta razón que rechazamos los aspectos regresivos de esta reforma y exigimos jubilación a los 65 años con el 100% del salario y una jubilación mínima de 1080 euros, como viene exigiendo el movimiento pensionista.
