El reciente 29 de abril, después de un aproximado de dos largos años de discusión en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la Ley Olimpia contra la violencia digital. Respaldada con 434 votos a favor y uno en contra. El dictamen tipifica el delito de violación a la intimidad sexual con una pena de tres a seis años de cárcel, además de multa de quinientas a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (de 44 mil 810 a 89 mil 620 pesos), a quien incurra en dicho delito.
Las violencias hacia las mujeres, que, por desgracia, toca redactar en plural, han encontrado una vía más para seguir reproduciéndose: la digital. El medio que en nuestros tiempos se ha vuelto imprescindible, pero al mismo tiempo ha sido el motivo de aflicción para miles, utilizando este mismo para vulnerar la privacidad sexual, en el mayor de los casos, de las mujeres.
A pesar de la indiferencia con la cual se ha tratado la cuestión de la violencia de género; el día de hoy podemos notar un pequeño paso en la lucha por la emancipación femenina y una vida libre de violencia. Mencionar también, que esto no habría sido posible sin la insaciable presión de miles de mujeres organizadas hacia las instituciones, a lo largo y ancho del país, hasta el cansancio dentro de las manifestaciones que estas mismas han realizado. Leyes que protejan nuestra integridad son obligación del estado garantizarlas, al no ser este el escenario, es por eso que este sector poblacional ha luchado por ellas. Pero, la lucha no termina aquí.
Hablar de garantizar la integridad de las mujeres en un país como México que, aparte de ser uno de los cuales presentan un mayor índice de feminicidios en el mundo, particularmente cuenta con un sistema judicial clasista, ineficiente, revictimizatorio y, con un nivel altísimo de impunidad. Es de suma importancia no despegar la mirada con respecto a los procesos judiciales en los cuales está involucrada una mujer; ya que la ley en este país ve y trata a las mujeres con violencia machista.
Teniendo ya este panorama un poco más amplio, y reconocer que la lucha revolucionaria de las mujeres por derribar las distintas violencias no debe terminar en la promulgación de una ley. Se tiene que acabar con todo el sistema judicial y el Estado clasistas que no protege a los explotados ni a las mujeres. Tenemos que acabar con las condiciones materiales que hacen de la violencia a la mujer un problema estructural. Debemos de atacar la raíz que origina toda forma de opresión: el capitalismo. Agregar también, que los cambios sociales a lo largo de la historia se han logrado por la unión de los oprimidos en contra del yugo del opresor. Sin medidas revolucionarias no hay cambios revolucionarios.
