Haití bajo ocupación: imperialismo, oligarquía y resistencia popular
Juan de la Cruz – Seccion Salvadoreña de la ICR
El 18 de octubre, cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños, destacados en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) respaldada por la ONU, desaparecieron tras una emboscada en Santo, comuna de Croix-des-Bouquets. El 21 de octubre Bukele anunció una operación militar para rescatarlos y desde el 22 comenzaron a llegar tropas a Puerto Príncipe. Hoy hay en Haití más de 2,000 militares salvadoreños, además del personal de apoyo que El Salvador mantenía en el país desde enero de 2025. El despliegue ha ido en aumento y los combates ya comenzaron: el 2 de noviembre las tropas lanzaron su primera gran operación en la llanura de Cul-de-Sac y la prensa haitiana reportó al menos una decena de presuntos pandilleros muertos, sin un balance oficial. El riesgo de que la situación escale hacia un derramamiento de sangre es alto.
Una ocupación enmascarada de rescate
Los militares siguen sin aparecer. Lo único confirmado es el vehículo blindado en el que se transportaban, incendiado, recuperado por la Policía Nacional de Haití en un operativo a inicios de noviembre en Santo. The New York Times y Reuters informaron además del hallazgo de cuatro cuerpos que podrían ser los de los militares, pero Bukele descartó que los restos correspondieran a los cuatro salvadoreños. Por su parte, Wilson Joseph, líder de la pandilla 400 Mawozo, aseguró a AP que los técnicos están muertos; las autoridades haitianas los consideran desaparecidos y el gobierno salvadoreño sostiene que siguen vivos. Nada de esto está confirmado, y el hecho de que sigan desaparecidos fortalece la posición de Bukele de mantener y aumentar las fuerzas de ocupación en Haití.
El presidente Trump, al ser consultado por periodistas el 31 de octubre sobre la operación de Bukele, dijo que este dirige su país y tiene que hacer lo que tenga que hacer. Mientras tanto, la ONU se ha distanciado de dar una opinión a favor de la presencia militar en el país caribeño.
Solo unos 200 de los militares salvadoreños forman parte de la GSF, la fuerza lanzada y respaldada por la ONU. El resto de las tropas no está bajo el mandato de las autoridades multinacionales, sino bajo el de los gobiernos de El Salvador y Haití. El vicepresidente Félix Ulloa, al ser consultado el 5 de noviembre en la Cumbre Iberoamericana sobre el respaldo a la presencia de más militares en la isla, declaró que se trataba de un acuerdo bilateral entre el gobierno de El Salvador y Haití, reconociendo así que la misión está fuera del alcance del acuerdo multinacional respaldado por la ONU. Sin embargo, según reportes, las tropas llegaron antes de que se firmara ese acuerdo y sin el entrenamiento en derechos humanos que exigen las normas de la ONU, lo que debilita aún más el supuesto consentimiento.
Las fuerzas armadas haitianas, junto con contratistas privados como Vectus Global, empresa del fundador de Blackwater, Erik Prince, han realizado ataques con drones contra las pandillas. Según Human Rights Watch, entre marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026 esas operaciones dejaron al menos 1,243 muertos, entre pandilleros y civiles; la organización reporta entre ellos al menos 43 adultos y 17 niños ajenos a grupos criminales. Se trata de operaciones con ejecuciones extrajudiciales: al margen de la ley y a discreción de actores privados.
EE. UU. controla el gobierno haitiano
El primer ministro interino de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, fue designado en noviembre de 2024 por el Consejo Presidencial de Transición, creado en abril de 2024 tras la renuncia de Ariel Henry, el primer ministro que gobernó después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. El Consejo, controlado desde Washington, concentró así el poder en su figura.
El 22 de enero de 2026, cinco de los siete miembros con voto del Consejo pidieron destituir al primer ministro, pero esta decisión fue intervenida por Washington. Los consejeros alegaron que Fils-Aimé había fracasado en su gestión y se negaba a cooperar con el Consejo, en medio de una disputa por el control de las fuerzas de seguridad y a dos semanas de que venciera el mandato del órgano.
El 23 de enero, Marco Rubio respaldó a Fils-Aimé, y el 25 y el 28 de enero, Estados Unidos revocó las visas de cuatro consejeros y un ministro, acusándolos de apoyar a las pandillas sin presentar pruebas públicas. El 7 de febrero, el Consejo traspasó todo el poder a Fils-Aimé, lo que es precisamente el resultado de los designios de Washington.
Posteriormente, las elecciones previstas para el 13 de diciembre fueron aplazadas el 6 de octubre hasta julio de 2027, lo que ha convertido al primer ministro interino en un gobernante sin mandato electoral, no elegido más que por Washington. Haití no celebra elecciones desde 2016. Ese es el gobierno que sirve de amparo al acuerdo bilateral que invoca Bukele. Por eso hablamos de ocupación: el consentimiento de un gobierno sin mandato popular, sostenido por una potencia extranjera, no expresa la voluntad del pueblo haitiano.
Haití está siendo disputado por fuerzas oligárquicas vinculadas a las pandillas. Se ha documentado que durante décadas los empresarios han hecho uso de las pandillas para mantenerse en el poder o buscar beneficios del Estado y sostener la explotación y el control despiadado, esto por supuesto con la intervención de EE. UU., que tiene intereses geoestratégicos en el país: control de puertos, aeropuertos y rutas.
El papel de otras potencias respecto de Haití
Washington no actúa solo, pero ninguna otra potencia o gobierno representa una salida para el pueblo haitiano. La Fuerza de Supresión de Pandillas fue aprobada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU, a propuesta de Estados Unidos y Panamá, con 12 votos a favor y las abstenciones de China, Rusia y Pakistán. No es una misión de cascos azules dirigida y financiada por la ONU, sino una coalición ad hoc con una oficina de apoyo del organismo, que sustituyó a la misión encabezada por Kenia. Así, la ONU presta cobertura legal a una fuerza cuyo mando efectivo no controla, y por eso hoy puede distanciarse de las tropas salvadoreñas sin consecuencia alguna.
China y Rusia, que habían bloqueado antes una misión de la ONU propiamente dicha, tampoco pueden presentarse como defensoras de Haití: su abstención les permite sostener su postura sin impedir que Washington imponga su esquema, y responde a la disputa entre potencias, no a los intereses de los obreros haitianos.
La República Dominicana, por su parte, impulsó activamente la creación de la GSF y es uno de los principales países deportadores de haitianos de la región; actúa como socio interesado en contener la crisis al otro lado de su frontera, no como vecino solidario. Para los oprimidos de Haití, ninguna de estas naciones y potencias ofrece una salida: todas deciden sobre su territorio sin consultarlos.
Las pandillas como consecuencia del saqueo imperialista
Las pandillas no son el problema central, son parte de un problema más profundo, resultado de la sumisión de una nación entera a fuerzas imperialistas y capitalistas por décadas. Esa sumisión no es nueva, Francia impuso a Haití en 1825 una indemnización por su independencia que hipotecó su economía durante más de un siglo, y Estados Unidos ocupó el país entre 1915 y 1934. El control extranjero y la explotación por una oligarquía ligada a los Estados Unidos por uno y mil hilos han sumido a la clase obrera y demás clases oprimidas en condiciones de barbarie.
En situaciones como estas, el surgimiento de grupos armados al margen de la ley no es obra de fuerzas oscuras satánicas, como lo manifiesta Bukele, y tampoco puede solucionarse apelando a la bendición divina de los tanques y fusiles extranjeros.
La solución de los problemas de la isla requiere la intervención de quienes sufren las consecuencias más horribles del sometimiento, tanto del imperialismo y la oligarquía como de las pandillas, que son producto de estos. Los oprimidos haitianos tienen una tradición muy inspiradora, fundaron la primera república nacida de una revolución de esclavos, en 1804, y muchas veces han demostrado su coraje y resistencia. Lejos de la intervención extranjera y su supuesta ayuda, son ellos quienes pueden construir una solución.
Pero el problema para todos los países que tienen metidas sus narices en esto, es que esta solución no es beneficiosa para las democracias burguesas, el orden capitalista y los intereses imperialistas.
Protestas contra la ocupación extranjera salvadoreña
El 2 de noviembre, cientos de manifestantes se movilizaron en Canaán, al norte de Puerto Príncipe, en contra de la intervención de El Salvador. Sus consignas exigían justicia por los niños que mueren por balas y drones, y varios oradores calificaron la operación de “genocidio” planificado; según EFE, la intervención fue tachada de “invasión”. Al estar en un lugar controlado por una pandilla poderosa, se rumoró que esta movilización estaría siendo manipulada por los mismos pandilleros; algunos medios citados por EFE informaron, de hecho, que la coalición Viv Ansanm obligó a residentes a salir a protestar bajo amenazas.
Podría ser que las protestas hayan sido movilizadas bajo amenaza, pero dos cosas podemos asegurar: las demandas no son falsas, porque cada intervención extranjera trae muertes solo para el pueblo, así fue con la anterior ocupación de los cascos azules, cuyo campamento nepalí introdujo el cólera en 2010 y causó cerca de 9,000 muertes; y, por otro lado, está bastante documentado que los haitianos suelen hacer uso de las movilizaciones y huelgas para hacer valer sus intereses.
Estas movilizaciones podrían ser el inicio de un movimiento de masas contra las tropas salvadoreñas, aunque por ahora ese apoyo es difícil de medir en un territorio controlado por pandillas, y hasta el cierre de este artículo no se han reportado nuevas marchas. Lo concreto se verá cuando los enfrentamientos arrojen más víctimas civiles.
Los próximos días serán clave. El 16 y 17 de noviembre el primer ministro haitiano viajará a El Salvador para discutir el futuro de las tropas, cuyo retorno no tiene fecha. Además, un comunicado atribuido a Wilson Joseph anuncia una delegación de la ONU para el 18 de noviembre con el fin de conversar sobre la paz, algo que el gobierno salvadoreño no ha confirmado; Joseph ya había pedido a la ONU mediar en una carta del 1 de noviembre.
Los intereses de Bukele
Esta deriva militar de Bukele busca respaldar la política de Washington, orientada a mantener el control de América Latina en medio de la guerra comercial con China y a sostener el freno a la migración, para lo que Bukele se ha ofrecido repetidas veces como colaborador, y a mantener las condiciones de control económico y explotación del país caribeño. Le sirve también para proyectar su régimen como potencia militar regional, reforzar el culto a su figura con el discurso de salvador y desviar la atención de los problemas internos.
El argumento del “rescate” tiende a caer por su propio peso: no hay información confiable sobre estos militares, lo que se dice a la población salvadoreña es escaso y suele esconderse tras discursos de un líder que presenta el conflicto como una lucha entre Satanás y Dios. Las familias de estos militares y el pueblo salvadoreño merecen información clara y completa: fueron enviados a una misión que no eligieron y hoy no se sabe nada de ellos.
Bukele intenta presentarse como el salvador ya no solo de su diminuto país, sino incluso de una nación extranjera; en contraposición, está quedando como un gendarme útil del imperialismo de los Estados Unidos. Los negocios privados de seguridad que desde los Estados Unidos se intentan vender como nuevas formas de operación y control en la región salen beneficiados de todo este alboroto generado por Bukele y Trump. Bukele por su parte busca vender su modelo de seguridad en toda América Latina, consolidar su imagen positiva a nivel internacional, y desviar de fondo, los problemas de la clase obrera salvadoreña.
Mientras tanto, el gasto de esta deriva, que según él mismo se paga con fondos de los contribuyentes salvadoreños, es decir, de la clase obrera, recae sobre esa misma clase que le votó y sufre un sistema de salud en detrimento, una educación cada vez más precaria, escuelas cerradas, una única universidad estatal desfinanciada y muchos problemas graves que podrían resolverse con los recursos que hoy se despilfarran en una guerra que no le compete a los salvadoreños, sino estrictamente al pueblo haitiano.
La tarea de los comunistas
Frente a esta intervención, planteamos tareas inmediatas para la clase obrera salvadoreña. Exigimos el retiro inmediato de las tropas salvadoreñas de Haití; transparencia total sobre el costo del despliegue, quién lo financia, cuántas bajas ha habido y bajo qué mando opera cada contingente; información veraz a las familias sobre el paradero de los cuatro técnicos desaparecidos, trabajadores de uniforme a quienes el gobierno usa como pretexto.
Exigimos que los recursos de esta aventura militar se redirijan a la salud, la educación y la Universidad de El Salvador. Llamamos a los sindicatos, organizaciones estudiantiles, campesinas y comunitarias a pronunciarse y movilizarse contra la intervención, y tendemos la mano a las organizaciones obreras, campesinas y populares haitianas que resisten tanto a las fuerzas extranjeras como a la violencia de las pandillas, con una solidaridad de clase que no apoya a ningún gobierno ni ejército.
Lo que se está haciendo en Haití es un crimen que no debe ser financiado por la clase obrera salvadoreña. Como comunistas, rechazamos la intervención extranjera en Haití y levantamos la bandera de la autodeterminación de los pueblos; llamamos a la clase obrera salvadoreña a romper con un gobierno que la usa como carne de cañón al servicio de Washington, y a unirse a los oprimidos de Haití contra el imperialismo, la oligarquía y las pandillas; abogamos por una salida revolucionaria a la crisis de Haití, donde la clase obrera sea la única hacedora de la solución a sus propios problemas.