Hay una crisis de violencia en nuestro país que aumenta día con día. En México estamos viviendo un momento de la historia marcado por múltiples formas de violencia: las desapariciones, los feminicidios, el terror impuesto por el narcotráfico y los asesinatos. Estas expresiones, no sólo se han vuelto cotidianas, sino que reflejan con crudeza la magnitud de la crisis que atravesamos. La ola de violencia azota constantemente a la juventud, a los trabajadores, al campesinado y a las mujeres, en sí, este trance tiene sometida a la clase trabajadora, sumando el peso fúnebre de una crisis generalizada marcada por el limitado acceso a la educación pública, el trabajo precario, el desmantelamiento de los derechos laborales y una desigualdad imperante; factores que se convierten en ingredientes perfectos para el caldo de cultivo de un horror sin fin: el capitalismo.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en el 2022 se llegó a un reporte de 100,000 personas desaparecidas, para el 2023 hubo un aumento del 7.3% en las desapariciones y en el 2024 fue del 6.3%. (Ver Fuente).
Las desapariciones son un problema que ha superado cifras año con año y que se han salido de las manos de los sistemas de seguridad pública. Lo mismo sucede con la cuestión de los feminicidios. El informe de violencia contra las mujeres, del sistema nacional de seguridad presentado el 31 de enero del 2025, analiza la cantidad de mujeres víctimas de feminicidio a nivel nacional en el periodo del 2015 al 2025, e indica: enero de 2015, 33 feminicidios; enero de 2018, 71 feminicidios; enero de 2021, 76 feminicidios; enero de 2022, 81 feminicidios; enero de 2024, 64 feminicidios; enero de 2025, 54 feminicidios. Sin embargo, en ese mismo reporte hay un registro de mujeres víctimas de homicidio doloso a nivel nacional y los datos son brutales: enero de 2015, 323 mujeres asesinadas; enero de 2018, 246; enero de 2022, 329; de enero a julio del 2023, 382 y enero de 2025, 266. Si sumamos los datos de enero del 2022, 410 mujeres fueron asesinadas y ninguna ley, hasta ahora aprobada, ha podido frenar ni erradicar la violencia hacia las mujeres.
Es completamente indispensable el debate de cómo poder combatir la violencia y ejecutar un programa que pueda materializar la lucha para reducir estas cifras tan espantosas, pero, sobre todo, que garantice la seguridad, rompa con la desigualdad y combata la opresión de las mujeres. Las y los políticos, desde el parlamento, han aprobado leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, bajo el gobierno de Felipe Calderón. Aunque la ley habla de prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres bajo los principios de igualdad jurídica entre mujeres y hombres, el respeto a la dignidad humana de las mujeres y la no discriminación y la libertad; en los hechos la ley es pura letra muerta. Ninguna ley es efectiva, la legislatura sólo es un medio para la burocratización de los casos y que el seguimiento sea poco o nulo, por lo que el acceso a la dignidad humana de las mujeres es completamente limitado.
Por otro lado, se planteó muchas veces, y se ejecutó la política del uso de las fuerzas armadas para combatir la violencia, en todos sentidos. Sin embargo, este planteamiento encubre la verdadera intención de tener al ejército en las calles, un proceso de militarización fue lo que se gestó durante muchos años. La presencia del ejército, la Policía Federal y, en general, de cualquier cuerpo armado nunca fue garantía de “pacificación” ni de erradicación de la violencia. De hecho, la historia política de mantener a las fuerzas armadas en las calles representó el incremento de la violencia, confrontación, levantones y una serie de prácticas que violan los derechos humanos por no tener control del actuar de esos cuerpos armados. La Policía Federal desapareció con la llegada de AMLO a la presidencia, por las acusaciones de corrupción y el uso desmedido de la fuerza. Como sustituto se creó la Guardia Nacional (GN) Proyecto promovido como una alternativa de empleo para la juventud, respaldado por consignas como “el pueblo uniformado” y “sólo el pueblo cuida al pueblo”, asegurando que la política de este organismo sería destinada a la protección de la ciudadanía; presentándolo como un cuerpo de seguridad civil. La GN también jugó un papel alternativo ante la gran desconfianza que existía hacia el ejército mexicano antes de la llegada de AMLO.
En septiembre de 2024, Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma constitucional a la Guardia Nacional que elimina el carácter civil de este órgano —que pertenecía a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)—, y lo incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El supuesto objetivo de la reforma, que fue aprobada con 86 votos a favor, es combatir la violencia en el país.
La reforma configura el carácter de la GN, ahora es un cuerpo militar controlado, capacitado, administrado y dirigido por el Ejército Mexicano. Este cambio, es un signo claro del reforzamiento de las fuerzas armadas en México, producto de la política, que bajo la 4T, se impulsó para limpiar el rostro manchado del Estado frente a atentados históricos como los sucedidos en 1968 con la masacre del 2 de octubre a los estudiantes en Tlatelolco; el Halconazo o Jueves de Corpus en 1971; la Guerra Sucia, caracterizada por la persecución de jóvenes, torturas, encarcelamientos, asesinatos y desapariciones; lo más reciente en 2014 con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y, en general, el proceso de militarización que desde principios de los años 2000 se ha desarrollado bajo el supuesto de combatir al crimen organizado y tener al ejército en las calles, no para resguardo y defensa del pueblo, sino para su intimidación y vigilancia.
La historia nos ha enseñado que las fuerzas armadas (ejército y marina), son utilizadas para criminalizar y violentar a la clase trabajadora. Estos cuerpos armados son producto de un aparato de coerción mayor. Cuando la sociedad se sostiene en un antagonismo de clase, la violencia, la opresión y la explotación son resultado de esta desigualdad, y para someter una clase ante otra se erigió el Estado, en defensa de la propiedad privada, la configuración del Estado se puede palpar en instituciones como las fuerzas armadas, por lo que la esencia de estos grupos será la defensa de quien tenga en sus manos el poder económico y político, la Guardia Nacional no está exenta de esta naturaleza, es un órgano viciado de origen.
La violencia es consecuencia de este sistema donde el lucro privado es prioridad sobre la vida de los explotados, es una lógica que está incrustada en la estructura, está institucionalizada y es sistémica. Si en verdad queremos combatir la violencia hacia las mujeres debemos plantear derribar los pilares fundamentales del capitalismo, como la propiedad privada, que es la base que mantiene en la marginalidad económica a las masas siendo presas de la drogadicción y el crimen organizado. Debemos avanzar rumbo a este planteamiento que no es sencillo de realizar pero que en definitiva es posible. Mientras no acabemos con el capitalismo, debemos dar pasos en lo cotidiano para combatir la violencia, asambleas populares y barriales para atender casos de violencia en las colonias, formar comités de vigilancia entre los vecinos con horarios y jornadas rotativas para todos participar en las tareas de seguridad interna, que se destinen casas de resguardo para mujeres, madres e infancia que hayan sido víctimas de violencia psicológica, física, entre otras.
Solo la organización de la clase obrera puede garantizar un combate real contra la violencia hacia la mujer, la dignificación de las mujeres e hijas obreras, y la libertad e igualdad política.
