El golpeador del 8M en Guanajuato huyó a EEUU con el permiso del gobierno

PCR Guanajuato

El pasado domingo 8 de marzo, a punto de terminar la marcha del día de la mujer trabajadora en la capital de Guanajuato, un hombre ingresó violentamente a la manifestación intentando arrebatar una manta utilizada en acciones de iconoclasia. Estando ya en el centro de la protesta, comenzó a golpear a quienes lo querían fuera de la multitud. Todo pasó muy rápido, pero fue tiempo suficiente para lesionar física y psicológicamente con sus puños y amenazas de muerte a no pocas compañeras que protestaban contra la violencia que se vive día a día en el país. Desde entonces hemos denunciado esta agresión en redes sociales, incluso frente al poder judicial. Se preguntarán: ¿Y qué pasó? ¿Llegó la justicia por la que luchamos?

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Frente a la controversia, el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, se comprometió a supervisar el proceso de justicia. En realidad, lo que ha supervisado, junto con el juez Eduardo Villagómez Amézquita, es que el agresor salga impune de todo este asunto. A pesar de haber recopilado abundante evidencia sobre sus ataques y el peligro que aún es para  las compañeras, el juez permitió continuar el proceso en libertad. Era de su conocimiento también la nacionalidad estadounidense del agresor y que éste no tiene residencia en el país. No nos sorprendió saber que el acusado hoy ya no puede ser localizado.

El Partido Comunista Revolucionario denuncia las agresiones ejercidas hacia las manifestantes del 8M en Guanajuato capital y señalamos a la alcaldesa municipal Samantha Smith Gutiérrez como responsable de la falta de seguridad para asegurar nuestro derecho a manifestarnos. Así mismo, repudiamos el encubrimiento de los agresores por parte del restaurante Casa Valadez —también propiedad de una mujer, Karen Valadez Burstein—, la omisión de intervención de parte de las policías en nuestra ayuda y la hipocresía de las autoridades del Estado.

Nos posicionamos del lado de la manifestación y de las compañeras violentadas en contra de este sistema que funciona gracias a nuestra opresión. Defendemos las peticiones del movimiento, necesarias en un estado con tanta desigualdad y tan conservador como éste. Queremos que se investiguen las desapariciones, que exista seguridad en las calles, justicia en casos de feminicidio y agresiones —como la que denunciamos hoy—. Sobre todo, luchamos por el cese de la violencia contra las mujeres y el pueblo trabajador. No puede haber verdadera libertad para las mujeres si no se tiene trabajo digno acompañado de un salario digno, regulación en el precio de la vivienda y la garantía de nuestros derechos reproductivos. 

Este no es un caso aislado, sino otro ejemplo sistemático de la nula capacidad de las instituciones burguesas para resolver los problemas de las mujeres trabajadoras, aun siendo representadas por otras mujeres. Samantha Smith, Libia Dennise, Sandra Pedroza, Claudia Sheinbaum y todas aquellas servidoras públicas, quienes se han autoproclamado defensoras de los derechos de las mujeres, una vez más han demostrado que el peso de sus declaraciones se manifiesta cuando es conveniente ganar la simpatía política de las mujeres en forma de votos electorales o apoyos a iniciativas institucionales, pero en el momento de la verdad, cuando es preciso materializar tal apoyo, caen en saco roto. 

Estas pretendidas aliadas movilizan recursos materiales y cientos de elementos de seguridad en cada marcha con tal de proteger los monumentos y calles, pero se niegan a mover un solo dedo para defender la integridad de las mujeres que se manifiestan por las causas con las que dicen solidarizarse. Así, la “paridad de género” en las instancias gubernamentales claramente no garantiza que los intereses de las mujeres trabajadoras y pobres —es decir, los de la mayoría— sean defendidos, como decía Rosa Luxemburgo: “el género nos une, pero la clase nos separa”. La indisposición de las mujeres en el poder de llevar sus discursos de género a la práctica supone un riesgo para su posición en las élites gubernamentales, revela que en efecto, no “llegamos todas”; llegaron ellas con sus intereses de clase, que son fundamentalmente distintos a aquellos de las mujeres trabajadoras y pobres, pues los intereses no van más allá de lo que el capital y la burguesía les dicta.

Durante este proceso, se pretendió crear un precedente gracias a este caso y trabajar en conjunto para realizar reformas, propuesta que tampoco pudieron sostener. Claro que estamos a favor de todo aquello que aminore el peso de la miseria de las condiciones en que vivimos, pero seamos honestas: ninguna reforma será suficiente, lo que necesitamos es cambiar el sistema desde su base, desde donde florece la misoginia de la sociedad de clases. Lo que necesitamos no son reformas, sino una revolución en contra del orden de propiedad burguesa.

Esta injusticia es sistemática. La inseguridad que vivimos es administrada y decidida desde las mesas de las y los más poderosos mientras señalan gráficas con signos de dinero.

Compañera, esto no tiene por qué seguir de este modo. Nosotras, junto con nuestros hermanos de clase, somos quienes echan a andar nuestra sociedad mediante nuestro trabajo. La unión del conjunto de nuestra clase en pie de lucha es la única trinchera capaz de poner un alto a la violencia que vivimos las mujeres. No solo en las marchas, sino en la cotidianidad en nuestros barrios, escuelas y centros de trabajo. Tomemos con nuestras propias manos las riendas de nuestro destino; nosotras, unidas como trabajadoras, somos las únicas capaces de encaminarnos a la verdadera liberación.

¡Justicia para las agredidas!

Ni Samantha, ni Libia, ni Claudia. ¡Las mujeres trabajadoras al poder!

¡Proletarias del mundo, unámonos!