El día 13 de noviembre se dieron cita decenas de miles de ciudadanos, en apoyo al llamado de toda la oposición (PRI, PAN, PRD, organismos empresariales, etc.) para supuestamente defender al INE, instancia que se supone el gobierno de AMLO pretende destruir.
Por supuesto, todo encaja en una campaña de parte de la oposición para promover el discurso de que AMLO es un aliado de los narcos, corrupto, dictador y todo tipo de adjetivos racistas y clasistas de la peor calaña.
El tamaño de la movilización fue sin duda importante y demuestra que una buena parte de los seguidores de la oposición cree realmente que México está siendo dirigido por un delincuente “señor del cash” y que toda propuesta que impulse está orientada a sumir al país en una especie de dictadura.
No obstante, si se revisan las ideas y propuestas de la alianza opositora, éstas son en realidad la base de una feroz reacción de ultra derecha, que de llegar a triunfar amenaza con destruir todos los avances que las clases trabajadoras del campo y la ciudad han obtenido no sólo en estos años de gobierno de la 4T sino en décadas.
El IFE (INE), base del salinato
Cuando en 1988 Carlos Salinas tomó el poder de manera fraudulenta, inició el desmantelamiento del viejo estado corporativo emanado de la Revolución mexicana. El régimen de aquel entonces era cada vez más incapaz de mantener la estabilidad que la burguesía necesitaba para sus negocios. Un Estado que asumiera el control directo de trabajadores, campesinos, colonos, empresarios e incluso de la delincuencia era cada vez más inoperante.
Para sustituirlo, Salinas y después Zedillo, establecieron distintos caminos: en el terreno económico se desmanteló el aparato productivo para convertir a México en una gran maquiladora, teniendo como instrumento estratégico el Tratado de Libre Comercio. Las privatizaciones, además de destruir las bases materiales de la economía nacional, generaban una nueva camada de millonarios; todos recibían una parte del pastel y por lo tanto se convertían en guardianes celosos del nuevo orden. A los nuevos oligarcas no solamente les entregaron las empresas más lucrativas sino que se les garantizó el rescate financiero en el caso de que surgiera algún problema, como se demostró con el rescate de la banca vía el Fobaproa.
En el terreno político, la destrucción del viejo Estado corporativo no significaba más libertades, más bien todo lo contrario. El régimen construyó una policía nacional, la llamada “Federal Preventiva”, para enfrentar disturbios sociales como se demostró con la represión del movimiento estudiantil de la UNAM en el 2000.
De manera simultánea, se dio pie a un discurso formalmente muy crítico con el Estado, pero que estaba en sincronía con la idea neoliberal. Se trataba de que las funciones del Estado fueran asumidas por organismos “autónomos”. En el terreno económico el ejemplo fue el Banco de México, con lo cual se le arrebató al gobierno en turno la posibilidad de definir una política monetaria propia. En el terreno político la institución emblema fue el Instituto Federal Electoral, dirigido en ese entonces por José Woldenberg.
La idea fundamental era ir reduciendo las funciones del Estado a las de un simple árbitro, con un poder cada vez menos trascendente en todos los terrenos. Empezaron a proliferar organismos que supuestamente estaban conformados por ciudadanos, en aspectos tanto económicos como políticos. Organismo de competitividad, transparencia, reguladores de energía, de telecomunicaciones, etc.
No obstante, estaban muy lejos de representar los intereses de la población, especialmente la trabajadora. Eran los partidos, PRI, PAN y después el PRD quienes definían sus integrantes con base en cuotas y, en todos los casos, se trataba de empleados de las empresas dominantes de cada sector, quienes por medio del “cabildeo” instalaban a sus empleados en los “organismos autónomos” correspondientes.
En realidad, dichos organismo se convertían en un candado para asegurar a la burguesía mexicana una gestión directa de los asuntos que le interesaba controlar, sin la molesta tutela de un gobierno. Por supuesto, la función del gobierno en este esquema era el de garantizar que las cosas siguieran así, pero no en inmiscuirse en la gestión misma de los temas importantes.
De triunfar este esquema de cosas, las elecciones en el fondo no terminarían definiendo nada, puesto que llegase el gobierno que llegase todo lo decidían organismos de carácter incluso transexenal y que sólo podían ser modificados bajo el consenso del conjunto de los partidos burgueses de aquel entonces.
El papel del INE (antes IFE)
El IFE era un fiel ejemplo de ello. Supuestamente se ideó para “ciudadanizar” el conteo de votos, no obstante, en la medida en que estaba bajo tutela directa de las cúpulas del poder a partir del contubernio entre el PRI y el PAN, se convirtió en el instrumento para legitimar los distintos fraudes, haciéndose de la vista gorda en aspectos claves que permitieron a la burguesía instalar a sus elegidos.
En el año 2000 surgieron “Los amigos de Fox”, un grupo de empresarios que financió de manera ilegal y sin límites al “presidente del cambio”. Las pruebas que surgieron posteriormente no sirvieron para absolutamente nada, pues el IFE guardó un silencio cómplice.
En el año 2006 se orquestó un escandaloso fraude en contra de AMLO. Felipe Calderón fue proclamado presidente en medio de una situación social que estuvo a punto de estrellar en una guerra civil. La llegada de calderón fue también bendecida por el IFE, pese a múltiples evidencias.
En el 2012, nuevamente el financiamiento ilegal a la campaña de Peña Nieto fue evidente. Las pruebas fueron públicas y evidentes, pero el nuevo INE de Córdova Vianello las desechó. La única consecuencia que hubo la sufrió la persona que estaba investigando el caso, Santiago Nieto, que fue despedido de su cargo de la Unidad de Investigación de Delitos Electorales.
Finalmente, en 2018 todo estaba listo para la repetición de un fraude, no obstante la masiva participación de los votantes permitió impedirlo.
Como sea, la “autonomía” del INE ha significado la formación de una fortaleza desde la cual la burguesía ha maniobrado para imponer tal o cual personalidad a costa de violar su propia normatividad.
Al mismo tiempo, las sucesivas reformas que se han implementado en el INE sólo han tenido como objetivo fortalecerla como una especie de supremo elector, es decir que en caso de controversia el voto decisorio es el de su consejo general, dominado por los propios partidos tradicionales de la burguesía. Por esta razón y, además, porque el INE se ha convertido en uno de los principales instrumentos de la oposición, es evidente que una reforma a su integración y funcionamiento suena más que necesaria.
Y por estos mismos motivos es claro que para los partidos burgueses tradicionales la existencia del INE, tal y como está, es una garantía de que para regresar al gobierno podrán hacer todas las campañas sucias del mundo y todos los fraudes posibles, contando siempre con el aval del órgano electoral.
¿Es realmente la propuesta de AMLO un problema?
Por otro lado, ¿Qué es lo que propone la reforma de AMLO? En realidad y a decir verdad, se trata más bien de una reforma electoral en donde el tema del INE sólo es una parte. Por ejemplo:
Se le propone otro nombre: Instituto Nacional Electoral y de Consultas, el cual seguiría siendo autónomo
Se plantea reducir los diputados de 500 a 300 y los senadores de 128 a 96.
Se propone la elección de consejeros y magistrado por voto popular y que sólo sean 7, en lugar de los 11 actuales. Además de limitar el financiamiento público a partidos políticos sólo para campañas electorales, las cuales tendrían un límite de 30 minutos de propaganda en medios de comunicación.
También se planea desaparecer los institutos electorales locales e implementar el voto electrónico.
Como se ve, en realidad no se trata de cambios de fondo, sino más bien de una especie de reforma para adelgazar el costo electoral tanto en términos del funcionamiento del sistema de partidos como en las elecciones mismas.
¿Cuál debe ser la posición de los trabajadores?
Para nosotros los trabajadores debe quedar claro que, tal y como está, el INE es un instrumento desde el cual los sectores de la burguesía que están en la oposición se preparan para volver al gobierno y que para lograrlo requieren que el árbitro siga incondicionalmente a su favor.
Por tal motivo debemos repudiar las movilizaciones de la derecha, pero además debemos recalcar que, con ese pretexto, se está gestando un movimiento reaccionario de extrema derecha, que, si bien no es fascista, sí existen elementos fascistas y otros grupos fanáticos. De no organizarnos y detenerlo, corremos el riesgo de que sea la base de una restauración reaccionaria de la derecha que ponga en riesgo todas las conquistas de los trabajadores.
La propuesta de AMLO tal y como está presentada no soluciona el problema principal. Aun así es repudiada por la derecha como si se tratara de un tema de vida o muerte, lo cual en sí mismo refleja la extrema desesperación de los reaccionarios, que está llegando a unos niveles de intolerancia que pueden desembocar en violencia contra las propias organizaciones de los trabajadores. Por tal motivo debemos denunciarlos y organizarnos para responder en caso de que sea preciso.
Hoy en día, difícilmente podemos considerar que apoyar la propuesta de AMLO significa alguna mejora para la participación política de los trabajadores y la lucha por sus derechos, no obstante, está clarísimo que hoy en día defender al INE, representa defender uno de los bastiones de un régimen corrupto, defensor de privilegios y de injusticias. Defender al INE es defender el legado de Salinas y Zedillo, así como la ineptitud de Fox, la violencia de Calderón y la corrupción de Peña Nieto.