Escrito por: Katia Barrera, Bloque Popular Juvenil – El Salvdor
En junio del año pasado, diputados de ARENA, GANA, PDC Y PCN, junto a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), presentaron una propuesta de Ley Integral del Agua, la cual tiene como uno de sus objetivos el crear una entidad autónoma encargada de regular el recurso hídrico, esta entidad estaría por encima de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, y estaría adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Lo que pretende esta Ley, según los diferentes representantes de los partidos políticos a excepción del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, es que la entidad autónoma a cargo del recurso hídrico posea la total administración del recurso del agua. De crearse dicha entidad sería la encargada de fijar las tasas de servicios técnicos, administrativos y científicos prestados a terceros, sean estos públicos o privados; de establecer las tasas anuales por uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y vertidos; de autorizar o suspender permisos otorgados para la exploración; de sancionar por violaciones a la Ley y aprobar un plan nacional hídrico. La directiva de la entidad encargada de regular el recurso hídrico estaría conformada por dos representantes de la ANEP, dos representantes de Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador y un representante del Gobierno de El Salvador.
En este sentido, es realmente alarmante el contenido de la ley, la cual pretende privatizar un bien natural como lo es el agua convirtiendo este derecho humano en una mercancía que esté al servicio de la lógica mercantilista promovida por la empresa privada.
Dentro de la representación de la entidad encargada de administrar el recurso hídrico claramente existirá una exclusión de la gran mayoría, la cual es la más afectada en cuanto a quien o a quienes se les otorgará los permisos para el aprovechamiento del agua. Esto es precisamente lo que el sistema capitalista busca: apropiarse de los recursos estratégicos para beneficiar solo a unos pocos siguiendo la lógica de explotación mercantilista del ser humano y los recursos naturales. Esto no es nada nuevo, por el contrario, es la única manera en la que el capitalismo puede perpetuarse. En el capitalismo neoliberal la privatización de los recursos es clave para sus intereses mezquinos de seguir acumulando más, en El Salvador lo hemos experimentado: sucedió con la banca, con las telecomunicaciones y se intentó hacer con la salud en la primera década de los dos mil.
En la propuesta de Ley hay muchos apartados que representarían un grave problema para la distribución y el uso de agua para la población, uno de ellos es el otorgamiento de permisos, los cuales dejan al libre arbitrio que empresas trasnacionales puedan licitar y por consiguiente obtener el permiso para la exploración y explotación de mantos acuíferos, para ser ellos los que administren en un principio solo una parte, pero al pasar los años serán estas empresas las que tendrán el control total de los recursos hídricos del país. Así ha sucedido en Honduras, en Chile y en otros países en donde se llevan acuerdos de Asocios Públicos-Privados pero que en la realidad son las empresas transnacionales y empresas locales las que se benefician directamente de las fuentes de aguas del país.
En la actualidad, el país enfrenta un estrés hídrico, fenómeno que provoca un deterioro del agua dulce, en términos de cantidad y calidad. Uno de los factores principales que genera este problema es la sobreexplotación del recurso por parte de la empresa privada, la cual genera un deterioro en los mantos acuíferos debido a la enorme cantidad que utilizan estas empresas y a la tala de bosques desenfrenada que realizan para la construcción de grandes centros comerciales y residenciales de lujo.
Lo que nos espera si esta Ley se llega a aprobar es que el agua deje de ser un beneficio para la población y pase a ser una mercancía para las empresas, ya que estas bajo la mentira de brindar un mejor servicio aumentarán los precios del consumo de agua significativamente.
Por esta razón hacemos un llamado enérgico a la organización, movilización, y unidad de todas las organizaciones de la juventud, las comunidades campesinas y los trabajadores por la defensa del derecho humano al agua, agitando porque el agua en el país, pase de estar administrada por ANDA a ser administrada por una entidad que contenga un cuarto de los trabajadores sindicalizados, un cuarto de los trabajadores no organizados, un cuarto de las organizaciones campesinas y comunitarias –que desde hace año luchan por la ratificación del artículo 69 de la Constitución de El Salvador y poseen experiencias de gestión comunitaria del recurso hídrico-; y un cuarto de representantes del Estado.
Esto servirá para que se puedan superar las deficiencias de ANDA, por un lado, expandiendo el servicio de agua potable al total de la población del país, según las necesidades de cada lugar, y por otro, dotando al carácter público de administración del recurso hídrico de una composición proletaria. Que el agua potable sea garantizada a todos los salvadoreños y a tarifas bajas, depende del nivel de lucha y organización de los trabajadores y campesinos, luchemos en las calles porque esto sea posible.
¡Por la unidad del movimiento en defensa del agua!
