La lucha contra la privatización del agua en Guadalajara
Areli Aguilar
La crisis de escasez y contaminación de agua en Guadalajara no es un accidente o un error aislado dentro de la gestión de los recursos públicos; es el efecto de una administración consciente y con una prioridad bien definida: la defensa de los intereses de la burguesía por encima de las necesidades humanas.
A inicios de marzo de 2026 se agudiza la crisis por la contaminación de agua, una crisis ambiental y de infraestructura hídrica que venía gestándose años atrás y a pesar de la garantía del exgobernador Enrique Alfaro, que en 2024 aseguró el abasto para los próximos 50 años en la Zona Metropolitana de Guadalajara a través de una inversión histórica de más de diez mil millones de pesos.
Actualmente, el estado de contaminación del agua es evidente a simple vista. Los muestreos realizados por la iniciativa ciudadana «El SIAPA que queremos: agua para la vida, NO para el negocio» arrojaron datos aún más alarmantes. A través de nueve etapas de monitoreo para evaluar el nivel de riesgo sanitario, realizadas en marzo-junio del presente año en 90 colonias de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlajomulco, se identificó un alto riesgo infeccioso y de toxicidad crónica debido a la presencia de patógenos biológicos y elementos químicos como el plomo y mercurio que afectan el desarrollo cerebral/cognitivo en niños, daños irreparables al sistema nervioso central y daño renal severo, así como la presencia de bacterias fecales y la elevada concentración de fluoruros y compuestos nitrogenados que inducen metahemoglobinemia en lactantes y fluorosis esquelética, esto entre las consecuencias más generales.
Por el lado de la respuesta gubernamental, tenemos una vez más promesas vacías, medidas que buscan aliviar las tensiones sociales y disipar el malestar sin tocar la estructura, el mes de marzo, después de la serie de protestas que desencadenaron los resultados de muestras ciudadanas y la nula transparencia de la calidad del agua por parte del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Lemus anunció la salida del director general de SIAPA, Juárez Trueba, designando a Jáuregui Castañeda como nuevo titular de la dependencia, comprometiéndose con la toma de acciones ante esta crisis. Las protestas se atenuaron los meses siguientes; sin embargo, las últimas dos semanas se intensificó la inconformidad y la ciudadana ha llevado a cabo una serie de protestas consecutivas cerrando calles, avenidas y carriles del transporte público.
Ante este descontento, el pasado martes 6 de octubre, el gobernador «reconoció» la urgencia de la problemática y nuevamente asumió el compromiso a tomar medidas inmediatas, entre ellas y de manera presuntamente temporal (en palabras suyas) «menos agua para distribuir entre todos, pero será de una mejor calidad», asegurando primero que no se otorgarían concesiones y días después declarando tener ya empresas privadas interesadas en la «inversión».
El descontento popular fue acumulándose y el domingo 13 de octubre tuvo lugar la mega marcha por el agua, distintos colectivos, organizaciones y población en general se aglomeraron en la glorieta La Minerva en dirección a Casa Jalisco. La protesta pretendía ser una manifestación pacífica y el gobernador había asegurado dar «órdenes» de permitir que se desarrollara con total seguridad, sin embargo; al llegar, los granaderos comenzaron con provocaciones, burlas, empujones y, al ver que los integrantes de la manifestación no retrocedía, la violencia escaló y desencadenó lo que hoy vemos como una de las represiones más violentas en los últimos 6 años.
Lanzaron indiscriminadamente gas lacrimógeno y agua a presión, golpearon y detuvieron arbitrariamente a más de 50 personas, muchas de ellas señalan haber sido torturadas durante su detención. Sumado a esto, las autoridades se han negado a corroborar las listas de personas detenidas y se les han imputado cargos falsos, entre ellos el cargo de homicidio a 4 manifestantes, los cuales serán trasladados a Puente Grande.
La violencia ejercida en esta manifestación no fue una defensa a la ofensiva de «grupos de choque» como buscan hacer ver el gobernador y la narrativa de los medios burgueses. Los hechos son claros, la policía y las instituciones armadas al servicio del Estado burgués cumplieron exactamente la función para la que han sido diseñadas: reprimir cualquier manifestación de inconformidad del proletariado que amenace los intereses de la clase dominante. El PCR rechaza tajantemente la represión contra la protesta, la tortura y detención arbitraria de los manifestantes y la eliminación de todo cargo.
Los sujetos pertenecientes al brazo armado del Estado desempeñan un papel necesario en las relaciones sociales y de producción capitalistas: la defensa de la propiedad privada de la burguesía. «Aquí, una vez más, es la existencia la que determina la conciencia. El obrero, convertido en policía al servicio del Estado capitalista, es un policía burgués y no un obrero» (“¿Y ahora? Problemas vitales del proletariado alemán, Trotsky, 1932), por ello sostenemos que la eliminación del Estado burgués es la única vía para la eliminación de la violencia estatal.
Las movilizaciones continúan y hay cada vez más población descontenta exigiendo la libertad y el esclarecimiento de los procesos de detención, nos encontramos ante una muestra más de la barbarie y el uso desmedido de violencia que es capaz de cometer el régimen burgués a través del cuerpo policial, así como el cinismo del gobernador Pablo Lemus, que nos deja en claro que no vacila al dar órdenes cuando se trata de defender sus intereses.
Ante esto reiteramos que no hay respuesta eficiente dentro del modo de producción en el que cualquier demanda por la dignidad humana (ya sea la buena calidad de agua, el abastecimiento de medicamentos, la vivienda o el derecho a un debido proceso penal libre de violencia) entra en contradicción con la propiedad privada y la perpetuación del modo de producción capitalista. Las demandas continúan y un sector de la clase obrera comienza a sacar conclusiones revolucionarias, las consignas han pasado de exigir la revocación a la revolución. Estos hechos han comprobado que la lucha por una gestión planificada de recursos naturales en manos de nuestra clase, sin concesiones a privados, es la lucha de clases.
Ahora más que nunca es indispensable formar una organización obrera que pueda ofrecer una opción ante las ofensivas de la clase burguesa. Necesitamos un partido de revolucionarios profesionales para marcar el camino. No podemos continuar confiando en que nuestros opresores provean nuestras necesidades para vivir, sólo unidos tendremos la fuerza para superar este sistema capitalista y construir una Guadalajara donde cada quien provea de acuerdo a su capacidad y todos tengamos de acuerdo a nuestra necesidad.
¡Únete al Partido Comunista Revolucionario!