Ayotzinapa: doce años, nuevas revelaciones y la misma pregunta

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Héctor Mora

El 12 de agosto de este año, Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero durante la noche de Iguala, fue vinculado a proceso por desaparición forzada. La Fiscalía General de la República sostiene que ordenó ocultar y destruir grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala que habrían registrado lo ocurrido con un grupo de normalistas. La responsabilidad de Aguirre deberá probarse judicialmente, pero que doce años después se investigue su posible participación en la destrucción de una evidencia de esa magnitud dice bastante sobre la profundidad del problema.

Aguirre es apenas una de las nuevas líneas abiertas en 2026. A finales de agosto, las familias fueron informadas de investigaciones sobre comunicaciones telefónicas que habrían permitido identificar y detener a diez personas hasta entonces no vinculadas al expediente. Al mismo tiempo, sigue pendiente la entrega de 853 documentos generados por órganos de inteligencia militar en 2014, que fue ordenada por un juez y a la que la Defensa continúa resistiéndose. Surgió además una nueva controversia cuando La Jornada informó sobre bolsas con restos humanos, conocidas como “petrosas”, localizadas años atrás en crematorios y recientemente sometidas a nuevos análisis. Los padres rechazaron que existiera hasta ahora información científicamente confirmada que permitiera vincular esos restos con sus hijos y exigieron rigor en las investigaciones antes de adelantar cualquier conclusión. Sin embargo, si algo sabemos con certeza, es que lamentablemente todavía no sabemos dónde están los 43.

Una verdad que hubo que arrancar

En 2014, Ayotzinapa provocó una sacudida social que no solo se quedó en Guerrero. “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Fue el Estado!” dejaron de ser consignas de una movilización en concreto y comenzaron a expresar algo que millones comprendían cada vez con mayor claridad. Ayotzinapa condensaba de la forma más cruel la violencia generalizada en el país, el carácter criminal del Estado y su entrelazamiento con el crimen organizado. Las viejas instituciones perdían legitimidad a ojos de millones, mientras la necesidad de una transformación profunda y revolucionaria comenzaba a abrirse paso entre la juventud y los trabajadores del campo y la ciudad.

La llamada “verdad histórica” pretendía reducir todo lo ocurrido a un episodio localizado de corrupción y colusión entre un alcalde, policías municipales y Guerreros Unidos. Así, el Estado podía presentarse como una institución esencialmente ajena al crimen, afectada únicamente por algunos funcionarios podridos que debían ser identificados y castigados. Se encontraba a los culpables necesarios y listo, se cerraba el expediente y el resto del aparato podía lavarse las manos. Por eso desmontar aquella versión abrió preguntas que llegaban muchísimo más lejos de lo que el gobierno de Peña Nieto estaba dispuesto a admitir.

Esa mentira se fue deshaciendo porque las familias nunca aceptaron ese cierre. El GIEI desmontó aspectos centrales de la versión oficial y documentó graves irregularidades. Investigaciones posteriores permitieron conocer con mayor claridad la actuación de distintas autoridades y la información que tenían en su poder. En ese proceso, los archivos militares se convirtieron en uno de los principales puntos de disputa, precisamente por la resistencia del Ejército a transparentar información que podría esclarecer el alcance de su participación. En 2023, el GIEI denunció que la Defensa seguía negando y ocultando información. Tres años después, los padres, respaldados ahora por una resolución judicial, continúan reclamando cientos de folios que permanecen sin entregar.

A día de hoy, la consigna “¡Fue el Estado!” cobra cada vez más sentido. Todas las instituciones estatales, en vinculación con el crimen organizado, actuaron de una u otra forma en este crimen: perpetrando asesinatos y desapariciones, ocultando los hechos, fabricando la llamada “verdad histórica”, obstaculizando la impartición de justicia, filtrando información sensible para boicotear las investigaciones, entre tantas otras cosas. Ayotzinapa fue un verdadero crimen de Estado.

Sumado al actuar criminal del Estado, en Guerrero estas estructuras han convivido durante décadas con caciques regionales, redes de corrupción y organizaciones criminales que necesitan protección, control territorial y contactos dentro del gobierno para reproducirse.

La 4T y los límites del reformismo

Con López Obrador hubo avances en la investigación, aunque parciales y contradictorios. Sin embargo, hay que tener en claro que esto no fue una concesión generosa de su gobierno. Fueron, ante todo, conquistas arrancadas por años de movilización de las familias, los normalistas y el movimiento de masas. La 4T abrió puertas que Peña Nieto había cerrado, pero bajo la presión del movimiento.

Se creó la Comisión para la Verdad para el Caso Ayotzinapa (Covaj), regresó el GIEI, se abandonó formalmente la “verdad histórica” y fueron abiertas investigaciones contra personajes anteriormente intocables. La diferencia con Peña Nieto fue real. Por eso lo que sucede después resulta tan importante.

Cuando la investigación comenzó a comprometer seriamente a las Fuerzas Armadas apareció una contradicción que la 4T decidió no llevar hasta el final. López Obrador había convertido al Ejército y la Marina en pilares de su gobierno y, cuando la investigación mostró su participación abierta en la noche de Iguala, AMLO puso un freno para que el Ejército no fuera tocado. Con Sheinbaum, esta política continúa. En mayo de 2026, los padres salieron nuevamente de Palacio Nacional decepcionados por la falta de avances y señalaron que la presidenta les había transmitido la posición del Ejército: los folios reclamados no existen o ya no hay más información que entregar. En julio, Sheinbaum planteó públicamente la distinción entre responsabilidades individuales de militares y una eventual responsabilidad de la institución.

La experiencia acumulada durante estos últimos años expone los límites del reformismo. Un gobierno puede impulsar reformas, abrir investigaciones y encarcelar a personajes protegidos durante años. Pero cuando su horizonte consiste en administrar el Estado existente, llega un momento en que preservar sus instituciones se convierte también en una necesidad del propio gobierno.

Por eso una eventual condena de Ángel Aguirre sería importante, pero no sería el final de Ayotzinapa. Hay que investigar hasta las últimas consecuencias a cada responsable, abrir todos los archivos militares, ejecutar las extradiciones pendientes y continuar la búsqueda. Ningún uniforme, partido, cargo o apellido puede colocarse por encima de las familias.

Doce años de lucha permiten sacar conclusiones. El movimiento ha entendido que no basta con reemplazar a determinados funcionarios ni con confiar en que nuevas instancias estatales puedan transformar un aparato construido sobre las mismas relaciones de propiedad. Mientras una minoría concentre la riqueza y las grandes decisiones económicas permanezcan fuera del control de quienes la producen, esa minoría utilizará el aparato estatal para defender sus intereses.

En 2014, millones salieron a las calles, en comunidades de Guerrero se dieron elementos de doble poder, las universidades pararon y el gobierno de Peña Nieto quedó durante semanas contra las cuerdas. Aquella experiencia mostró la enorme fuerza de la juventud y la clase trabajadora cuando se movilizan, pero también la necesidad de una organización revolucionaria capaz de llevar esa fuerza más lejos. La lucha por la verdad y la justicia debe conducir a arrancar de raíz las condiciones que hicieron posible Ayotzinapa, acabar con el capitalismo y su Estado criminal y construir un nuevo poder de los trabajadores capaz de poner la riqueza al servicio y bajo el control de la mayoría.

En un Estado de la clase trabajadora, el esclarecimiento de un crimen estaría bajo el control de los propios trabajadores. La verdad ya no chocaría con los intereses de una minoría privilegiada ni contra aparatos empeñados en protegerse a sí mismos. Abrir archivos, investigar responsabilidades y llegar hasta las últimas consecuencias sería un interés de toda la sociedad. Sobre esa base sería posible construir una vida donde la violencia y la impunidad dejaran de ser condiciones permanentes de la existencia cotidiana.

Y quizá ninguna experiencia demuestra mejor la urgencia de esa transformación que la lucha que aún continúa. Doce años después, los padres siguen marchando. Han cambiado gobiernos, funcionarios e investigaciones, pero la pregunta sigue siendo exactamente la misma:

¿Dónde están los 43?

Y nosotros seguiremos saliendo a las calles a gritar:

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Fue el Estado!

Referencias