La posición política del actual gobierno supone, al menos en el discurso, la conformación de un Estado de bienestar en el marco de una sociedad burguesa. Cosa por demás imposible considerando, de una parte, las propias limitaciones del gobierno mexicano. Cualquier gobierno del mundo, así tenga una alta recaudación fiscal, es incapaz de resolver el conjunto de problemas sociales de la crisis de un capitalismo mundial en su fase senil. En México, dada las paupérrimas tasas impositivas que gozan los mayores potentados, junto con la ausencia de una reforma fiscal progresiva, todo ello impone límites aún mayores al gobierno de la 4T, junto con las leyes inmanentes del modo de producción capitalista. La producción, desplegada en una escala social, genera riquezas que no pueden orientarse hacia el bienestar de la población mexicana dada la existencia del lucro y la propiedad privada. A la par, el desarrollo de mayor tecnología, que debiera servir para disminuir el desgaste humano que supone trabajar, más bien se usa para incrementar la productividad y desplazar a la fuerza de trabajo de la producción, generando así subempleo o desempleo crónico.
En este contexto, donde el gobierno mantiene las buenas intenciones del anterior (aunque, como dijera el florentino Dante Alighieri, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno) la administración federal encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo ha dado a conocer su proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el 2025. En primer lugar, destaca la insostenibilidad del gasto de este gobierno, el cual está previsto en $9,302,015,800,000 (9.3 billones de pesos) de los cuales $1,170,566,461,790 (1.1 billones) se prevén como un déficit presupuestario, ¡1.1 billones de pesos que este gobierno gasta por encima de sus propios ingresos! Desde las primeras páginas del presupuesto de egresos podemos notar que la actual administración opera con números rojos, incrementando la dependencia al capital financiero imperialista, parásito chupasangre que se alimenta del excedente económico de la clase obrera mexicana. Para este año, la deuda pública, sumada a otras derogaciones que conforman el costo financiero de la deuda del gobierno asciende a $1,388,373,638,699 (1.3 billones de pesos). En otras palabras, del total del gasto de este gobierno, el 14% se destinará para pagar los intereses de los usureros internacionales, dilapidadores y amenazas a las finanzas de los pueblos del mundo.
Es menester destacar, dentro del propio presupuesto, el monto destinado a la defensa nacional ($151,994,950,650) que supera el presupuesto destinado a la salud ($66,693,191,547, sin incluir IMSS e ISSSTE) para los servicios de atención médica estatales. La falta de medicamentos, insumos y máquinas para la atención en los centros de salud estatales deviene de la política de austeridad determinada desde la presidencia. Otro tanto acontece con el presupuesto destinado a un sector estratégico como lo es la agricultura y el desarrollo rural. El monto destinado a este rubro ($73,616,690,541) es menos de la mitad de lo que se destina a la defensa, a los parásitos militares que se dedican a desaparecer estudiantes y a reprimir a la gente.
Sin embargo, la magnitud del gasto en defensa nacional de la presente administración se ha convertido en una bomba de tiempo. Durante su mandato, Andrés Manuel López Obrador operó, de una parte, desmovilizando a las masas para darle un respiro, un bomberazo al capitalismo en México. Esta estrategia política conllevaba perder poder político frente a sus adversarios, lo cual podría tornarse peligroso a la luz del conjunto de golpes de Estado militares efectuados en Latinoamérica, tal como le pasó a Hugo Chávez en 2001, Evo Morales en 2019 o Pedro Castillo en el 2022. Para evitar tal cometido, AMLO optó por otorgar mayores espacios y prebendas a los militares. Contuvo la impunidad y corrupción de tan ignomiosa institución a cambio de mayor estabilidad para su gobierno.
Si en la administración anterior el gobierno federal se caracterizó por meter cuarteles de la guardia nacional a todos los rincones del país, la posterior militarización de este organismo y el subsecuente favoritismo en torno al incremento del presupuesto destinado a la defensa, la actual administración mostró un sorprendente recorte del 43% respecto al ejercicio fiscal anterior, que podría, potencialmente, generar animadversión del sector castrense respecto al gobierno de la Dra. Claudia.
Por otra parte, la posición del actual gobierno para crear mejores condiciones medioambientales se contradice con el enorme recorte (39%) presupuestario a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. A la par, el recorte del gasto destinado a la cultura (30%) deja entrever que el actual gobierno tiene otras prioridades: El monto destinado al Desarrollo Agrario, territorial y urbano tuvo un incremento del 183% y el gasto en Infraestructura, comunicaciones y transporte se elevó en un 72%.
La apuesta por culminar los proyectos de la pasada administración no solo es una cuestión económica: supone, en el caso de no terminar las obras, mostrar nuevos argumentos a la oposición. Sin embargo, es necesario considerar que este gobierno usa de forma oportunista denominaciones para justificar compromisos adoptados en campaña. Por poner un ejemplo, cuando se lee, dentro del presupuesto el anexo 16, “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático”, el lector esperaría montos destinados a la reducción de gases de efecto invernadero, a la inversión a la ciencia medioambiental y al desarrollo urbano, no así para la Defensa Nacional del tren maya. El monto para la prestación de servicios, construcción y fortalecimiento de dicha obra estriba en $40,827,762,372.
Por último, es necesario contrastar, de una parte, la noción de la reducción de la pobreza en México dado el incremento del salario mínimo y la aplicación de los programas del bienestar del gobierno anterior. Si bien, en términos reales el salario real ha crecido, entre el 2019 y el 2024, en un 86.6%, la inmensa mayoría de la población trabajadora vive en una situación de ilegalidad, amén lo estipulado en el artículo 123 constitucional, que señala la suficiencia del salario mínimo de un jefe de familia para mantener a sus integrantes. A grandes rasgos, para el año 2023 el salario mínimo constitucional ascendía, según estimaciones del Observatorio de Salarios de la Ibero, a $813.33 pesos.
Por otra parte, según estimaciones del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, al menos el 36.3% de la población en México se encuentra en una situación de pobreza, es decir, 46.8 millones de personas. Sin embargo, a pesar de los grandes retos que supone enfrentar esta situación, el incremento del presupuesto para el bienestar, que integra el gasto en los programas sociales más importantes de este gobierno, tan solo es del 2%.
Es necesario considerar, en el contexto político, que buena parte de la sociedad es afín al gobierno de la cuarta transformación dadas las catastróficas administraciones presidenciales de antaño. Sin embargo, también es cabal contemplar la permanencia de la violencia, la incapacidad de este gobierno para abolir la pobreza y la marginación, en última instancia, los programas y políticas del reformismo son, simultáneamente, necesarias e insuficientes para detener la barbarie a la que nos somete todos los días el sistema capitalista.
Grosso modo, el presente examen del presupuesto tiene como conclusión indicar que las herramientas del actual gobierno son insuficientes para atender de forma oportuna los retos económicos, políticos y sociales más importantes que enfrenta nuestro pueblo. Solo con una economía planificada en manos de la clase trabajadora podría superar todos los escollos legados del capitalismo.
