Ante tal incompetencia y omisión por parte de las autoridades, la indignación estalló con fuerza entre el estudiantado. Se emitió un comunicado oficial ambiguo y escueto que buscaba minimizar la gravedad de la situación diciendo que se daría continuidad al caso. Cabe mencionar, además, que este no fue el primer hecho violento vivido dentro del plantel, apenas el trimestre pasado se suscitó un intento de feminicidio por parte también de un alumno quien ingresó con armas punzocortantes en la mochila para arremeter contra una compañera suya. Ante tal panorama, la falta de información y la especulación del más reciente caso, se convocó por parte de algunos colectivos estudiantiles, a una asamblea general que tomaría lugar en la inmediatez.
El desarrollo de esta asamblea se dio en medio de un ambiente de confusión y de forma desordenada. Los colectivos estudiantiles que convocaron, de los cuales algunos de sus integrantes tienen vínculos o pertenecen a las consejerías académicas, llevaron en un primer momento la batuta de la asamblea tomando medidas antidemocráticas que restringieron la participación de los alumnos con el argumento del corto tiempo y dando preferencia de intervención para quienes formaran parte de otros colectivos, esto para posteriormente cerrar la posibilidad de cualquier otra participación. Entre votaciones prematuras y la deficiente intervención del rector, que a gritos fue obligado a bajar a dar la cara sobre lo sucedido ante la aglomeración de estudiantes, se perdió cualquier intento de recuperar una dinámica de asamblea democrática y ordenada. Así, en medio del caos de la multitud, estalló un paro de 48 horas tan espontáneo como explosivo, por parte del movimiento estudiantil, bajo la demanda genuina de seguridad para los estudiantes.
Para armar el rompecabezas completo de nuestro análisis, es necesario mencionar un antecedente: la insistencia con la que las autoridades habían estado impulsando, durante el último periodo escolar, la llamada propuesta de Plan de Seguridad. Esta abordaba como único eje, para combatir la violencia, la instalación de torniquetes para controlar el acceso y se había encontrado con la negativa de los grupos estudiantiles más combativos, quienes nos manifestamos políticamente en contra de esta iniciativa coercitiva y trabajamos en un frente único para frenarla. No es sorprendente, entonces, que la rectoría haya aprovechado este movimiento para movilizar y orillar al estudiantado desprevenido respecto a las implicaciones de los torniquetes, precisamente buscando exigir su instalación como la medida aparentemente más contundente para lidiar con el problema de la violencia en el plantel.
Las autoridades aprendieron bien del último paro feminista de abril de 2023, debían evitar a toda costa la extensión del mismo. Los burócratas de rectoría vislumbraron una estrategia en la que, no obstante, no saldrían perdiendo, sino que saldrían ganando el respaldo y hasta la exigencia estudiantil de su plan de imposición de torniquetes. La clave de esta jugada fue el uso de redes sociales para crear una falsa percepción de la seguridad con una simulada aceptación mayoritaria del acceso controlado a partir de encuestas en FB.
Igualmente, en un ejercicio de abuso de poder, los consejeros utilizaron arbitrariamente el acceso a los correos institucionales de cada alumno para hacer llegar sus propios comunicados y hasta su propio pliego alineado al interés de las autoridades. Paralelamente, y aunado al aislamiento del movimiento en pro de la seguridad de los participantes, los consejeros desempeñaron el papel de división del grueso de la comunidad posicionándose en contra de los paristas promoviendo la omisión y desinformación sobre los comunicados emitidos por la UAM-X sobre la seguridad.
Se pregonaba que no había representatividad pues los activistas no tomaban en cuenta las propuestas de todo el estudiantado en la redacción del pliego petitorio, mientras que en los hechos sucedió todo lo contrario. Se convocaba a asambleas para su concretización y se abrieron varios canales digitales de recepción de propuestas para incluir las de aquellos que no pudieran asistir presencialmente. El día que se tenía programada la entrega del pliego, grupos numerosos convocados por los supuestos representantes, pertenecientes sobre todo a la división de CBS, llegaron a cuestionar los acuerdos ya establecidos y a retrasar la entrega del documento. Para colmo, con esta base del estudiantado los consejeros se impusieron en la mesa de negociación del pliego y también aseguraron su lugar en la conformación de la comisión de seguridad demandada en la petición.
Todo parece indicar que desde este primer momento la comisión ya está plagada de vicios y errores, e inclinada en la balanza del lado de las autoridades. Para evitar que esta iniciativa se convierta en un mecanismo burocrático más, se requiere de la participación activa de la comunidad, de agitación política y la realización de asambleas generales democráticas que se impongan como la máxima autoridad, que tengan el poder de rebasar a cualquier comisión que se vea cooptada a la institución.
El problema de la violencia dentro de nuestra casa de estudios es solo un reflejo interno de la descomposición social que se vive afuera, que es producto de la desigualdad del sistema político-económico prevalente. Así pues, siendo la universidad una representación a pequeña escala de los antagonismos de la sociedad de clases, sabemos que no podemos confiar en las autoridades para que salvaguarden nuestra integridad y que, de hecho, su agenda va encaminada a sacar (dentro de sus puestos públicos de burócratas intermediarios del gran capital) la mayor tajada posible a su beneficio que a preocuparse naturalmente por los estudiantes. Como marxistas comprendemos que la única garantía de seguridad a la que podemos aspirar los estudiantes radica en la participación amplia y democrática de toda la comunidad para la creación de comités de seguridad y vigilancia autónomos, formados por estudiantes, profesores y trabajadores. Estos comités deberán contemplar la amplia implicación a partir de la delegación de representantes por cada grupo. Podemos tomar de ejemplo aquí otros movimientos estudiantiles, en el IPN y en la UNAM, donde se han paralizado a los grupos de choque a partir de la actuación inmediata de los comités con la puesta en marcha del protocolo de seguridad emanado de los mismos.
Nuestra lucha en el terreno estudiantil está dirigida entonces a la democratización real desde las bases, que solo puede materializarse a partir de la toma de decisiones efectiva de todos los sectores que integran a la comunidad universitaria. Luchamos por una universidad digna, democrática, combativa, al servicio de los intereses de los trabajadores y sus hijos, consciente de los intereses de quienes somos la mayoría concernida por los problemas que nos aquejan.
¡Digna libre y soberana, digna libre y soberana!
¡En lucha, en lucha!
¡La Metropolitana!
