El dueño de Altos Hornos de México, la siderúrgica más grande de México, salió al 20 de abril del Reclusorio Norte, en donde se encontraba preso. Ancira era acusado por la fiscalía de defraudar a Pemex en complicidad con el gobierno de Peña Nieto por medio de la venta de una empresa chatarra de fertilizantes: Agronitrogenados, que fue adquirida por la paraestatal por un costo de 240 millones de dólares. El empresario sobornó al director de Pemex, Emilio Lozoya, con 3.4 millones de dólares para operar ese saqueo desde el consejo de administración de Pemex. El empresario llegó a un acuerdo con la fiscalía donde a cambio del retiro de los cargos en su contra se comprometió a pagar 216 millones de dólares en tres exhibiciones: en 2021, 2022 y 2023, dando 72 millones en promedio en cada una. Se trata de una cantidad millonaria que rebasa incluso el presupuesto público de muchos países (Costa Rica, por ejemplo, tiene un presupuesto anual de poco mas de 11 millones de dólares).
Muchos han justificado el acuerdo afirmando que un proceso legal contra el empresario sería largo y tortuoso en un sistema judicial lento y corrompido, y que es preferible recuperar esa cantidad millonaria para las arcas del gobierno que tener detenido a un empresario sin que hubiera certeza de la reparación del daño y el tiempo del proceso. Además, el acuerdo es la aceptación tácita del saqueo por parte de uno de sus protagonistas y apunta hacía personajes como el expresidente Peña Nieto y a su supersecretario Luis Videgaray. Todos esperan que caigan esas grandes cabezas.
No es de extrañar que mucha gente común ve esta maniobra del gobierno en términos positivos que, se engloba en una política general, sin precedentes recientes, por recuperar parte de la soberanía energética —aunque sea tibiamente—, de un gobierno que está destinando grandes cantidades de recursos en apoyos a la gente humilde y que está combatiendo la corrupción como no lo había hecho ningún gobierno en las últimas décadas.
Pero desde nuestro punto de vista no existe ninguna necesidad para pactar con ladrones millonarios. Aunque la fortuna declarada del magnate en medios es de unos 170 millones de dólares es claro, por el acuerdo pactado, que su fortuna es mucho mayor, que bien puede pagar esa deuda y seguir con su vida de millonario en libertad.
En realidad la plana mayor de la gran burguesía mexicana fue creada y cebada a través del amamantamiento estatal y por la privatización de los bienes de estado. En lugar de pactar con estos parásitos sociales el gobierno debería expropiarlos para poner esas grandes riquezas, creadas por el saqueo y la explotación, al servicio de la mayoría de los mexicanos. Altos Hornos de México fue expropiada por el gobierno mexicano en 1980 para volverla a privatizar aumentando la riqueza de personajes como Ancira. Su riqueza fue creada con la muleta del estado y la extracción de plusvalía de la clase obrera, no hay razón alguna para respetar esa propiedad privada que fue generada robando al estado y explotando a nuestra clase.
Si bien el gobierno va a recibir grandes cantidades de dinero a través del acuerdo, es un hecho que Ancira y sus cómplices robaron a Pemex una cantidad millonaria, 240 millones de dólares, que es superior a la cantidad que va a devolver. En contraste hay miles de personas de origen humilde que se encuentran presas por robar por hambre. Ancira es liberado por ser millonario y pagarse un rescate, los pobres no pueden ni soñar con esa posibilidad. A pesar de haber robado cantidades inimaginables a todos los mexicanos Ancira está libre como si nada para fumar sus puros y hacer gala de sus millones y su cinismo. Esto demuestra el carácter de clase de la justicia burguesa, incluso bajo gobiernos reformistas de izquierda. Es verdad que el sistema judicial está corrompido pero eso sólo significa que el estado burgués debe ser desmantelado y sustituido por la democracia obrera que se puede ejercer en las fábricas, sindicatos democráticos, centros de trabajo, barrios, comunidades y colonias populares.
Un gobierno de izquierda no debe someterse a los chantajes y acuerdos tramposos con los grandes empresarios. Con la movilización de las masas es posible impulsar un programa de nacionalizaciones que financien el bienestar general de la población sin estar limitados a las migajas que pueden obtenerse de la “lucha contra la corrupción”.
