Escrito por: Evert Beltrán
Hace poco más de un mes que fuimos testigos de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en los que se vieron afectados estados como Oaxaca, Chiapas, Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Morelos y la Ciudad de México, y aunque en casi todos estos estados hubo pérdidas humanas y por supuesto materiales, fue en la Ciudad de México en donde se centraron más los reflectores, en primera, por ser la capital y centro económico y político del país, pero también los reflectores se dirigieron hacia la Ciudad para dar un golpe mediático, es decir, para tratar de posicionar al gobierno, muy desprestigiado por cierto, así como al Ejército y a la Marina; lo intentaron, pero las cosas no les salieron nada bien.
Inmediatamente después del sismo del 19 de septiembre, fue la población, particularmente los jóvenes –hombre y mujeres por igual- la que se movilizó primero y dejó ver la nula capacidad de reacción del Gobierno Federal y del de la misma Ciudad; y con el paso de las horas y los días se vieron nuevamente rebasados. Incluso a Osorio Chong lo corrieron de una fábrica que colapsó en la calle de Simón Bolívar y Chimalpopoca, en la Colonia Centro. Peña Nieto y demás gobernantes corrieron con la misma suerte.
Lo anterior lo menciono para demostrar que desde el primer momento los brigadistas, familiares y vecinos de las víctimas en todo el país vieron con desconfianza al gobierno; es algo que sigue ocurriendo y es algo normal. No van a confiar en alguien que quiere sacar partido, que asiste a los derrumbes por otros intereses, cuando los damnificados lo han perdido todo, y que sólo van a tomarse la foto, mostrando una increíble insensibilidad para con aquéllos.
Esa misma desconfianza que sentían desde un inicio se ha ido materializando poco a poco. La desconfianza se empieza a tornar en coraje, en indignación y sobre todo en movilización.
Créditos y tandas para reconstruir
Durante semanas, vimos cómo el apoyo llegaba desde el interior de la república y desde el extranjero: paisanos desde distintos puntos del mundo, gobiernos, artistas, deportistas, todos donando para apoyar al pueblo mexicano. Según el noticiero de Carmen Aristegui, las donaciones ascienden a casi 37 mil millones de dólares. Pero este dinero o gran parte de él no está siendo manejado por el gobierno. Algunos de estos fondos han ido a la Cruz Roja, pero otros son manejados por el sector privado, como el fideicomiso Fuerza México.
Adicionalmente a esto, se cuentan con los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que para la Ciudad de México tiene previsto un monto de 9 mil millones de pesos, al cual se le pueden sumar otros 6 mil millones de un bono catastrófico emitido por el Banco Mundial. Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta también con recursos del Fondo de Atención a los Desastres Naturales local (Fonaden CDMX), por 9 mil 500 millones de pesos. Como vemos, hay recursos económicos, la pregunta es: ¿cómo se administrarán y quién o quiénes lo harán?
Pero otra pregunta más importante es: ¿cómo llegarán esos recursos a las personas damnificadas y cuál será el monto?
El gobierno de la ciudad clasificó los inmuebles y de esa forma asignó la ayuda y las acciones a seguir; verde (inmuebles con daños superficiales): reparación por parte de brigadas del gobierno capitalino o pago hasta por 8 mil pesos para la sustitución de vidrios rotos, arreglo de fisuras y acabados; amarillo (inmuebles con daños significativos, en condiciones de habitabilidad): ayuda económica por tres mil pesos para la renta de vivienda durante el tiempo que dure la reparación del inmueble; y rojo (inmuebles con daños estructurales, sin condiciones de habitabilidad): apoyo para alquiler y acceso a créditos a tasas preferenciales para la adquisición de vivienda.
Por otra parte, el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez, informó que se han recibido 19 mil 22 peticiones para la revisión de viviendas, de las cuales 10 mil 903 ya han sido visitadas. Hasta el momento, 9 mil 95 tienen categoría verde, mil 308, amarillo y 500, rojo.
Pero sin duda tres mil pesos no son de mucha ayuda para rentar un lugar decente para vivir. Ahora imaginemos el tiempo que tardarán las brigadas del gobierno en atender las más de 9 mil viviendas que se encuentran en categoría verde, y en caso de buscar el servicio particular (un albañil), el gobierno sólo pagará 8 mil pesos (ni el costo de material y mano de obra, en muchos casos). Lo más preocupante es que a las viviendas que se encuentren en la categoría color rojo se les dará como mínimo 80 mil pesos, además de que se les darán créditos “preferenciales” para cubrir la totalidad de la reconstrucción o para adquirir una nueva vivienda.
De lo mencionado podemos resumir que no basta. Hay que recordar que muchos de los damnificados perdieron todo y no tienen trabajo ni ninguna fuente de ingresos, muchos son trabajadores que durante años pagaron sus casas con créditos del Infonavit, otros invirtieron sus ahorros para ampliar o mejorar su casa, y ahora viene el gobierno y les dice que les dará un crédito (seguramente con las constructoras que hicieron los edificios que se cayeron). Otra barbaridad que se les ha ocurrido es hacer tandas para reconstruir las viviendas; nada más ridículo y sin sentido.
Y es por este motivo que los miles de damnificados y la gente que se solidariza con ellos se han manifestado en contra de los créditos y las tandas. Exigen saber en dónde se encuentran los recursos que han sido donados, además, algunos piden que se les reubique en lugares seguros, otros no quieren que se les reubique sino que se construya en el mismo lugar sus nuevos departamentos. Ha sucedido que en el interior del país los apoyos han sido ficticios, las tarjetas no tenían saldo o se ha condicionado el apoyo por presentar la credencial de elector.
Sin duda esto no acabará pronto. En 1985 muchas colonias se fundaron por los mismos afectados y el poder popular se manifestó como una necesidad ante la ineptitud y corrupción del gobierno. Ahora no queda otra opción. Lo importante es estar organizados y luchar por una vivienda diga, exigiendo claridad de quienes manejan los recursos, movilizarse para presionar y cárcel para dueños de inmobiliarias que construyeron no teniendo en cuenta las especificidades mínimas para una vivienda segura.
