Quintana Roo y la violencia inocultable

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Por: La Izquierdo Socialista – Quintana Roo

La Península de Yucatán parece haber permanecido ajena al clima de violencia generalizada que ha asolado al resto de México desde el inicio de la mal dada estrategia en contra del narcotráfico implementada por parte del panista Felipe Calderón Hinojosa al instalarse en Los Pinos.

Incluso Quintana Roo, con ciudades claves como Cancún y Playa del Carmen, donde la compra-venta de estupefacientes se realiza a plena luz del día y ante la mirada complaciente de los cuerpos policiacos, los hechos de sangre fueron tan pocos y tan esporádicos que no merecieron atención mediática alguna, comparado con otros centros turísticos como Acapulco o Veracruz.

Todo eso cambió hace casi tres años con la llegada a la gubernatura de Carlos Joaquín González – hermano de Pedro Joaquín Coldwell, para mayor referencia – quien, al no lograr la candidatura por parte del PRI, optó por abanderar la alianza contra natura del PAN con el PRD.

De la noche a la mañana, todo cambió y los niveles de violencia han provocado que incluso se hayan declarado alertas de viaje a la entidad a turistas de diferentes países.

Así pues, en Quintana Roo se han ido incrementando los índices de violencia y criminalidad, ante una visible ineficacia tanto por parte del Gobierno Estatal como de los gobiernos municipales, responsables de instrumentar políticas públicas y designar funcionarios encargados de implementar estas mismas. Tanto los unos como los otros se han visto ampliamente rebasados, obligados a seguir los tiempos y ritmos que imponen los grupos delictivos.

El fenómeno incluso tiene diferentes manifestaciones, pues mientras en Cancún los hechos delictivos se centran en la periferia de la ciudad, con muy contados episodios en la Zona Hotelera – separadas tres kilómetros la una de la otra –,en Playa del Carmen el área predilecta por parte de los sicarios para escenificar sus ajustes de cuentas es la Quinta Avenida, lugar de reunión de turistas y habitantes de la localidad, resultando una normalización de la violencia ante estos hechos tan frecuentes.

Un informe elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) revela que Quintana Roo está dentro los 5 estados más violentos; se registraron 763 homicidios dolosos en el 2018 (70% registrados en Cancún) en comparación a 359 homicidios dolosos cometidos en el 2017 y 165 homicidios dolosos en el 2016, por lo que el aumento fue del 112% en muertes.

Otro informe de la plataforma Semáforo Delictivo Nacional, señala que Quintana Roo sigue siendo uno de los cinco estados en los que se incrementaron los homicidios y otros delitos considerados como graves en el primer trimestre de 2019.

El análisis oficial declara que la violencia deriva de la guerra que libran los carteles del narcotráfico y bandas locales principalmente para el control del tráfico de drogas de la región.

Ante estas declaraciones oficiales cabría preguntar: ¿Cómo se llegó a este estado de dominio, por parte de las fuerzas del hampa? ¿Es el narcotráfico la única fuerza criminal que opera en el Estado? ¿Cuáles son los factores decisivos para este crecimiento? O lo que es lo mismo: ¿Qué han hecho, en que se han ocupado nuestras fuerzas policiacas y judiciales durante tanto tiempo, que las han llevado a obtener este saldo negativo de su actuación?

La realidad más evidente —y que ha sido parte del diagnóstico realizado y aceptado por las mismas autoridades estatales y municipales— es la enorme corrupción en los altos niveles policiacos; el involucramiento de políticos en el lavado de dinero, especulación inmobiliaria, por medio de prestanombres y asociación en empresas fantasma; así como una extensa red de protección jurídica a través del poder judicial corrupto.

El poder político en Quintana Roo ha reproducido un esquema de “acuerdo y colaboración”, propio del Capitalismo, con el crimen organizado que, en tiempos no lejanos, redituaba grandes beneficios sin mucho riesgo y con un “aparente control”. Sin embargo, el crimen organizado, protegido y asociado con los políticos, la policía, el poder judicial, etc. es hoy en día un Frankenstein incontrolable.

En el último mes se aprobó en los municipios la estrategia del Gobernador por mitigar la violencia con el Mando Único Estatal, en este esquema la policía de Quintana Roo pasará de mil 429 a 4 mil 904 elementos, que estarán en colaboración con la Guardia Nacional, es decir, el Estado estará doblemente sitiado por las fuerzas policiales, sin embargo, el crimen organizado es una más de las distintas facciones de la clase dominante del país, bajo el sistema capitalista el estado mexicano solo funciona como alcahuete de estos grupos criminales que incluso respaldan a la clase empresarial extranjera.

El crecimiento del Estado en términos económicos, sin proyectos de regulación en materia fiscal, sin programas sociales que resolvieran las demandas de educación, salud, empleo, vivienda, etc. dio paso a un caos en todos sentidos y direcciones. Caldo de cultivo para las ambiciones desaforadas de la delincuencia organizada y, peor aún, de las ambiciones de los políticos y del régimen corrupto, es decir, estamos ante un problema estructural del capitalismo.

Lamentablemente, Quintana Roo es un estado que carece de un movimiento obrero o campesino fuerte, ya que las organizaciones que se supone defienden a ambas clases suelen estar ligadas al estado y/o funcionan como instrumentos politiqueros de distintos partidos ya sea para bajar recursos del estado o imponer políticas y personajes que usualmente están ligados al crimen organizado; por esto mismo los invitamos a integrarse a La Izquierda Socialista para construir las herramientas políticas que los trabajadores y la juventud necesitamos para luchar contra el sistema capitalistas.

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