Las contradicciones de la nueva reforma laboral y la lucha de los trabajadores

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La reforma laboral aprobada por el gobierno de la IV República en abril pasado representa un ejemplo de las contradicciones de un gobierno reformista que manifiesta buenas intenciones pero termina actuando, intentando quedar bien con dios y con el diablo, en contra de sus propias declaraciones. Al propio tiempo, las bonitas palabras han desatado una efervescencia sindical muy interesante y tal vez sin precedentes desde la insurgencia sindical de los años setenta.

Un ejemplo de la nueva coyuntura es la lucha de la CNTE. El gobierno de AMLO podrá estar lleno de contradicciones insolubles y terribles decisiones- mismas que no hay que dejar de criticar y señalar desde un punto de vista de clase-, pero ningún sectario puede ocultar que ni con el PRI, PAN o PRD se podría haber aprobado una ley reglamentaria de educación que diera pase directo a los normalistas, ni que otorgara la intervención sindical en la asignación de plazas; parte de la lucha justa e histórica de la CNTE. Sin duda un triunfo de la organización de los maestros democráticos.

Más contradicciones entre las medias tintas del reformismo y el ánimo de lucha de los trabajadores las encontramos en la reforma laboral. Por una parte –según el análisis de abogados de izquierda como Manuel Fuentes– se supone que la reforma (en su artículo 358) tuvo la intención de asegurar la libertad y la democracia sindicales al promover el voto libre, directo y secreto de los trabajadores, además de prohibir la creación de sindicatos de protección o blancos. Pero al mismo tiempo (artículo 371 bis) la verificación gubernamental de esas votaciones es voluntaria -por lo que una dirección charra puede simplemente no acceder a ella- y la autoridad sólo está obligada a verificar dichas votaciones cuando “haya duda razonable”, con lo que deja en letra muerta dicha obligación. Con respecto a la existencia de sindicatos blancos pone una serie de obstáculos administrativos (artículo 390 bis) como el contar con al menos el 30% de la plantilla laboral para crear sindicatos democráticos que desplacen a los sindicatos patronales que imperan actualmente.

Además de ello, se dificulta el estallido de huelgas al obligar al sindicato emplazante a contar con un acuerdo previo del patrón (artículo 390), mismo que puede no darse por voluntad de este último y contar, para estallar la huelga, con más del 50% de votos favorables de todos los trabajadores afiliados. Se permite el outsourcing, esa forma moderna d esclavitud y precarización extrema, elimina la sanción al patrón en caso de falta de aviso de despido; en caso de demanda al patrón pone la carga de la prueba en el trabajador, lo que sitúa en desventaja a éste frente a un patrón que bien puede retener documentos de prueba, entre otros muchos puntos señalados por Manuel Fuentes y otros abogados como Juan de Dios Hernández Monge. Esos puntos regresivos representan los intereses de la burguesía y no de los trabajadores para quienes supuestamente se legisló.

Pero los trabajadores no suelen leer la letra pequeña de las leyes. La declaración de intenciones del gobierno ha bastado para abrir las compuertas de un movimiento sindical inusitado. Así sucedió, por ejemplo, con el decreto de aumento salarial del 16% y en teoría del 100% en la frontera desató una histórica lucha sindical en Matamoros y en otras regiones del país. Y si bien es cierto que ese aumento sólo se dio donde los trabajadores lo arrancaron mediante huelgas y paros, en la mayoría de los otros casos los empresarios simplemente no subieron el salario o lo compensaron con despidos. En realidad bajo el capitalismo el dinero y las empresas pertenecen al patrón y nadie -salvo la movilización de los trabajadores- les puede obligar a no hacer con su capital lo que les plazca.

Algo similar está sucediendo con la promesa de democracia sindical, no importa tanto que en la letra pequeña de la ley se dificulte la formación de nuevos sindicatos, en la vía de los hechos nuevos sindicatos están surgiendo y varios de ellos están obteniendo su toma de nota. Recientemente se ha conformado el sindicato del Conalep (Sinadoco) o el Petromex de Pemex; después de 30 años de lucha los trabajadores democráticos del Instituto Mora lograron, el 11 de junio pasado, el registro de su sindicato quienes al propio tiempo que han sido animados por la coyuntura luchan contra el recorte presupuestal a ciencia y tecnología; en la UNAM el Sitaunam -sindicato democrático de profesores- obtuvo su toma de nota en junio pasado; en la INHA también está surgiendo sindicatos opositores a los charros, en el Seguro Social está el caso del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social (SNDTSS); en Puebla, el histórico SUNTUAP, que había recibido charrazos, está hoy dando la lucha por ganar nuevamente la titularidad y mayoría de los trabajadores y administrativos de la Universidad Autónoma de Puebla o el sindicato que pretende crear la abogada Susana Prieto con los trabajadores del norte del país, etcétera. Lo anterior muestra que más importante que la letra pequeña de la ley es el ánimo de lucha de los trabajadores que ha sido catapultado, sin duda, por el triunfo electoral del 2018. Dentro de los sindicatos existentes también se está desarrollando un proceso de lucha contra las viejas direcciones burocráticas.

En medio de estas contradicciones desconcertantes los trabajadores debemos encontrar nuestro propio camino, con independencia política del gobierno y con una política de clase propia. De la misma forma que en la revolución de 1910 el pueblo encontró su camino al margen de las vacilaciones de Madero, la clase obrera mexicana está obligada a maniobrar en la turbulencia política de la 4ª Transformación para organizarnos, crear un frente único de trabajadores y luchar por un verdadero cambio que sólo vendrá erradicando el capitalismo de raíz. Estamos en una etapa muy interesante de la lucha sindical.

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