La traición reformista sobre el “milagro petrolero” en Campeche: de la promesa estatal al despojo de clase
Annet Ramón
El mito del “milagro” y la realidad material
La clase trabajadora de Campeche extrajo históricamente aproximadamente 1 millón de barriles diarios, llegando a generar alrededor del 73% del total nacional de hidrocarburos líquidos. Sin embargo, en meses recientes, movimientos estratégicos de PEMEX han desplazado a Campeche de la primera posición: hoy Tabasco encabeza la producción petrolera nacional, mientras Campeche ha caído a los últimos peldaños del ranking estatal. Este reordenamiento significa para la clase trabajadora campechana el cierre acelerado de fuentes de empleo, la reubicación forzada de cuadrillas, la reducción de contratos locales y el endurecimiento de la precariedad. Mientras el capital redistribuye la extracción hacia otras regiones sin consultar a quienes sostienen la operación, en Campeche quedan plataformas semiabandonadas, proveedores quebrados y familias enteras enfrentando el desempleo estructural; ¿cómo es posible que el estado que ha estado en los primeros lugares de extracción del oro negro esté sumido en el desempleo, la precariedad laboral y el abandono?
Campeche no se desarrolló por generación espontánea ni por la virtud del mercado. Su nombre moderno se escribió con petróleo: con la perforación de Cantarell en los años setenta, la expansión de la infraestructura petroquímica y, siempre acompañado con lo anterior, promesas sin cumplir de cada gobierno que pasó, sin importar sus colores, de que el subsuelo traería empleo, modernidad y bienestar para todo el estado. Durante décadas, el discurso político vendió la imagen de un “milagro petrolero” que habría convertido a Campeche en un faro de prosperidad en el sureste. La realidad nunca coincidió con el relato.
Desde la laguna de Términos hasta la ciudad amurallada, la extracción de riqueza del oro negro ha generado ganancias importantes que nunca han parado, y al mismo tiempo poco han llegado a la juventud, los obreros y sus familias que, por el contrario, han dedicado toda su vida trabajando en condiciones adversas y peligrosas en las plataformas, estudiando en condiciones precarias con un futuro incerto y con la garantia de precarización laboral si no se cuenta con los “contacos” correctos.
La narrativa oficial hablaba de progreso estatal, pero escondía una precariedad estructural. Cuando los precios del crudo subían, llegaban los bonos y los contratos temporales; cuando caían, o cuando las políticas de “austeridad”, “racionalización” y “eficiencia” se imponían desde el centro, llegaban los despidos de miles de personas. La clase trabajadora campechana nunca fue dueña de su destino económico: fue engranaje desechable en una maquinaria que premió la especulación y castigó a la fuerza laboral. Hoy, el desempleo crónico, la migración forzada, el abandono de zonas rurales y la dependencia de empleos inestables son la herencia material de aquel supuesto milagro. Campeche no se desarrolló; fue explotado, por el Estado, por el sindicato y por el imperialismo.
De acuerdo al último reporte trimestral emitido en mayo del presente año por el INEGI, se reporta un incremento de 1.6 puntos porcentuales en el índice de pobreza laboral, esto quiere decir que miles de familias campechanas, trabajan lo mismo o incluso el doble, sin embargo cada vez les alcanza para menos.1
Mientras que para los jóvenes campechanos significa, no solo a tener pocos espacios para estudiar la universidad, sino que al concluir los estudios, se enfrentarán a la informalidad laboral en el mejor de los casos, cuyo porcentaje se encuentra arriba del 60%2 en el Estado.
Dejando al descubierto una verdad incómoda, al sistema nunca le importó generar una ruta de inserción laboral digna: hoy, más del 80% de los jóvenes que intentan vincularse al sector energético lo hacen a través de contratistas temporales, sin prestaciones, sin escalafón y con contratos que se renuevan mes a mes.
Los jóvenes cuentan con escasas opciones de educación pública, con universidades que se encuentran con instalaciones en obra negra desde hace años. Sin embargo es sencillo para los cómplices de la burguesía, es decir los rectores de la universidades supuestamente “autónomas”, duplicar la cuota anual de inscripción.
Las llamadas reformas energéticas, los ajustes fiscales y los discursos de “modernización” no fueron sino la culminación de esta lógica. Lejos de representar progreso, funcionaron como mecanismos de transferencia de riqueza y desarticulación deliberada de la organización obrera en todo el estado. Esta desarticulación se evidenció mediante la sustitución sistemática del empleo directo por esquemas de contratación temporal y tercerización, donde la carga social y la seguridad laboral dejaron de ser responsabilidad de PEMEX para recaer en empresas transnacionales del sector energético. Operadoras como Halliburton o Schlumberger explotaron marcos regulatorios laxos, evadiendo obligaciones sindicales y precarizando jornadas mediante contratos sin prestaciones, sin escalafón y sin estabilidad. Esta dinámica no fue accidental, sino parte de una alianza estructural entre el Estado y el capital privado, materializada en redes de corrupción como la impulsada por Emilio Lozoya, donde la entrega de contratos estratégicos se negoció bajo sobornos, lealtades políticas y sumisión laboral. Al fragmentar a la fuerza obrera en cientos de subcontratistas, se rompió la unidad negociadora, se debilitó el derecho de huelga y se impuso la competencia interna por plazas efímeras. La “modernización” no fue técnica, sino disciplinaria: un mecanismo diseñado para aislar al trabajador, desmantelar su poder colectivo y garantizar la acumulación de unos cuantos sin resistencia.
El despojo disfrazado de recorte y las reformas estructurales al servicio del capital
La precarización actual no es un fenómeno coyuntural, sino la culminación de un proyecto estructural iniciado con los intentos privatizadores de Calderón y consumado con la Reforma Energética de Peña Nieto en 2013, aquella modificación constitucional abrió PEMEX a los capitales internacionales, normalizando la subcontratación como modelo operativo y desmanteló el empleo directo, convirtiendo a la fuerza laboral campechana en un eslabón desechable y desconectado de su propia lucha.
Y no es que el petróleo dejará de ser relevante como alguna vez lo dijo el senador Ricardo Anaya, al contrario, las reformas energéticas no respondieron a una falta de ganancias, sino a la necesidad del capital de paliar su crisis orgánica, intensificar la tasa de explotación y vincular más estrechamente al Estado con la inversión privada. La “reforma” energética no liberó a nadie: desnudó la traición de quienes prometieron desarrollo y entregaron despojo.
La llamada Cuarta Transformación, pese a su retórica de “soberanía energética”, administra el mismo entramado: mantiene los recortes presupuestales, no revierte la privatización encubierta y profundiza la austeridad que deja a proveedores y comercios locales a la deriva.
Mientras para sobrevivir, el trabajador compite por jornadas de 12 horas sin descanso, duerme en parrillas de las plataformas, con comida escasa o caduca, traicionado por las direcciones sindicales charras que le dicen que “deberían estar agradecido”. La crisis de desempleo en Campeche para 2025 rondaba entre los 8 y 11 mil empleos perdidos, pero no queda solo en eso, sino en la destrucción sistemática de la vida obrera, esto ha traído la atomización de los trabajadores, no solo del petróleo sino de otras ramas productivas, como transporte, mantenimiento y hostelería, en todas las zonas petroleras.
Los gobiernos reformistas pueden entregar ciertas concesiones para elevar el nivel de vida de la clase trabajadora, pero si no trastocan las bases fundamentales del sistema, la propiedad privada de los grandes medios de producción y la lógica de una sociedad dividida en clases antagónicas, las reformas solamente atenderán temporalmente el síntoma, no la enfermedad en sí misma. El Estado puede con una mano dar ciertas concesiones, pero con la otra estrecha lazos con los intereses del imperialismo. La soberanía energética en ese sentido sólo puede consagrarse con un gobierno y economía administrada de manera democrática por la clase obrera.
La traición reformista: del diálogo a la legitimación del despojo
Las cúpulas firmaron acuerdos de flexibilidad laboral, validaron la subcontratación como “alternativa viable” y silenciaron la conflictividad obrera en nombre de la “estabilidad productiva”, dijeron que se terminaría la contratación tipo outsourcing en mayo 2021 a través de la fachada del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas, pero en todo Campeche solo le cambiaron el nombre y continuo lo mismo. Lo que se vendió como victoria negociada fue, en realidad, la traición de los dirigentes sindicales y la falta de mecanismos de defensa democráticos para la clase obrera petrolera.
El gobierno de Morena junto con el apoyo de la dirección sindical charra de Pemex, tomó decisiones sin asambleas obreras democráticas ni consenso. Derechos conquistados por décadas de lucha por los trabajadores del petróleo fueron diluidos en cláusulas de “eficiencia”, y la defensa colectiva cedió ante la competencia individual.
En un estado donde la dependencia petrolera se agravó, el reformismo no revirtió las reformas a lo interno de PEMEX, las impulsó. Sin organización independiente, cualquier pacto no es más que contención política al servicio del Estado y sus dueños burgueses. Esta postura, autodenominada pragmática, es la esencia de la traición reformista: aceptar la lógica del capital para “suavizar” el golpe en aras de mantener el orden y la paz, terminando por legitimar el despojo, en complicidad de la direcciones charras de los sindicatos, que organizan asambleas para recibir porras, aplausos, halagos, sesión de fotos, para anunciar que se aplazan huelgas o que aún no hay claridad sobre el esquema de pensiones de trabajadores. Mientras ellos cobran sus salarios elevados más las donaciones que reciben en “agradecimiento” de parte de los síndicos, los trabajadores compran papel de baño y fabuloso para poder hacer sus labores de limpieza, por que no hay “recursos”.
El juego político de las élites
Mientras las familias enfrentan el cierre de fuentes de ingreso y el abandono institucional, la clase política campechana orquesta un espectáculo de sucesión y repartición de cuotas de poder orquestado por Layda Sansores, cuyo historial cuestionable la precede desde su paso como diputada, senadora y alcaldesa en CDMX, sin mencionar su afición por cambiar de colores, pasando por el PRI, PT y Convergencia, hasta que como ejemplo sui generis de toda política burguesa oportunista, se montó a la ola de la 4T. Ahora arma una escena digna de una obra teatral por la disputa por la gubernatura, la cual se presenta como un debate sobre el “futuro del estado”, pero en el fondo es una redistribución de privilegios entre facciones que comparten el mismo proyecto: mantener el modelo extractivo y blindar al gran capital.
Se repiten las promesas de “inversión” y “reactivación”, mientras se ignoran las demandas estructurales: soberanía sobre los recursos, planificación democrática del territorio y reconversión productiva bajo control obrero. Las élites van eligiendo a sus favoritos para recibir la estafeta para administrar la crisis para la mayoría y generar riqueza a esas mismas élites. Pero ninguna propuesta toca la raíz del problema. El discurso del “cambio” es solo un cambio de administrador, no de sistema. Este teatro político cumple una función clara: dividir a la clase trabajadora y presentar la resignación como única opción. Pero la realidad material no se transforma con eslóganes electorales, sino con organización y presión directa por parte de la clase obrera.
Hacia la organización: PCR en la defensa de la clase trabajadora de Campeche
Frente al despojo y la traición reformista, la única salida es la organización obrera. La única forma en la que una empresa estatal como PEMEX pueda generar bienestar será cuando esté bajo control de los trabajadores, no en manos de una burguesía presionada por el imperialismo ni dejando espacio para los esbirros patronales del charrismo sindical.
El Partido Comunista Revolucionario (PCR) llega a Campeche para reconstruir el poder obrero desde la base: mediante la formación de cuadros políticos y el establecimiento del primer Grupo de base en el estado. Sin ataduras a partidos burgueses ni cúpulas, proponemos un camino de lucha que defienda a la clase trabajadora y a las juventudes que cada día tienen menos oportunidades y empiezan a radicalizarse con aras de querer organizarse en contra de este sistema. Esta vez, la lucha por la transformación radical del sistema será organizada y verdaderamente democrática proponiendo un Estado obrero y una economía planificada al servicio de la clase trabajadora, única alternativa para que la juventud salga de la barbarie actual. Para ello, es necesario la construcción del Partido Comunista Revolucionario. ¡Únete, organízate y lucha!
Notas:
2. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/enoe/enoe2026_05_Camp.pd