La revolución cubana en la encrucijada, una contribución al debate
Ubaldo Oropeza
El dirigente del Partido Comunista Revolucionario de México (sección de la Internacional Comunista Revolucionaria) Ubaldo Oropeza, tuvo la oportunidad de visitar Cuba recientemente. En este artículo resume sus impresiones de la situación tan grave a la que se enfrenta la revolución cubana y aporta una opinión a los debates que se están produciendo acerca de cómo defenderla, a la luz de las últimas medidas económicas adoptadas.
La situación en Cuba es crítica. Conforme aumenta el calor y persisten los apagones; mientras los precios de los alimentos continúan subiendo y los salarios ya no alcanzan para cubrir siquiera las necesidades más indispensables; y, sobre todo, mientras persistan el bloqueo criminal, las sanciones y las amenazas del imperialismo, la vida se convierte en una olla de presión en la que todos estamos dentro y que puede estallar en cualquier momento.
Desde enero, cuando Estados Unidos decidió imponer un bloqueo petrolero aún más severo, a la mayor de las Antillas solo ha llegado un barco ruso con combustible, lo que apenas permitió aliviar la situación durante algunos días. El esfuerzo realizado para generar energía por otras vías, como la energía solar, avanza, pero todavía es insuficiente para satisfacer la demanda del país.
No se trata únicamente de la falta de petróleo y de todo lo que ello representa para el transporte y la movilidad. También está la comida que se echa a perder, la escasez de agua, el calor insoportable que impide dormir y la paralización de innumerables actividades cotidianas. En una sociedad moderna no es posible funcionar sin energía; carecer de ella significa retroceder décadas.
A esto debemos sumar la falta de empleo. Muchos negocios han cerrado debido a la drástica caída del turismo – también golpeado por las últimas sanciones de EEUU -, mientras que gran parte de la población no desea trabajar en el sector estatal porque los salarios son demasiado bajos. Existe un enorme desperdicio de fuerza de trabajo y de talento que permanece ocioso, consumiéndose en las calles sin ser aprovechado para el desarrollo del país.
No hay duda de que el imperialismo norteamericano ha adoptado estas medidas con el objetivo de forzar la rendición del gobierno cubano o provocar un estallido social producto de la desesperación generada por la falta de los servicios más básicos, como la electricidad y el agua. Se trata de aplastar la revolución cubana a como dé lugar.
Las medidas económicas anunciadas recientemente por el gobierno buscan, según sus propias palabras, “brindar una alternativa” frente a la dramática situación que atraviesa el país. En las calles se discuten ampliamente estas propuestas y, en términos generales, predominan dos conclusiones.
La primera sostiene que cualquier medida que contribuya a mejorar la situación merece ser considerada, pues las condiciones actuales son ya insostenibles. La segunda atribuye la responsabilidad de la crisis al propio gobierno, ya sea por haber tardado demasiado en implementar cambios, por hacerlo con lentitud o, incluso, por las medidas que ahora propone.
El apoyo al gobierno entre amplios sectores de la población ha caído sustancialmente. Su autoridad moral para pedir nuevos sacrificios o exigir una mayor resistencia es muy limitada. Es frecuente escuchar comentarios que contrastan lo que representó Fidel Castro en el imaginario popular —una dirección que compartía los sacrificios de su pueblo y enfrentaba las dificultades junto a él— y la percepción que existe sobre la actual dirección del país.
Mientras tanto, el mercado capitalista gana terreno en la vida cotidiana. Impone precios, adquiere autoridad política, se presenta como ejemplo de eficiencia y responsabiliza al gobierno de la crisis. Al mismo tiempo, la ideología individualista avanza con fuerza y el “sálvese quien pueda” se expresa cada vez más en la vida diaria.
Esta peligrosa correlación de fuerzas, en la que el mercado aparece como el actor más dinámico mientras aquello que la población identifica como socialismo —una burocracia incapaz de resolver los problemas, salarios insuficientes e ineficiencia administrativa— pierde legitimidad y es objeto de crecientes críticas, constituye el contexto en el que deben analizarse las reformas económicas propuestas por el gobierno.
Como revolucionarios y comunistas no podemos limitarnos a cruzarnos de brazos ni considerar que nuestro deber consiste en respaldar acríticamente todo lo que proponga el gobierno. La presión sobre el Estado es enorme: por un lado, el imperialismo; por otro, las exigencias de la pequeña burguesía nacional, germen de una naciente burguesía cubana; y, además, las demandas legítimas de la clase trabajadora, que exige soluciones inmediatas a sus problemas.
La mejor manera de defender el socialismo no es guardar silencio ni reducir nuestra participación a pequeños proyectos comunitarios. Los comunistas debemos debatir, fomentar la discusión política, aportar ideas, polemizar y fortalecer nuestras herramientas teóricas y organizativas para enfrentar un período que, sin duda, está siendo y será extremadamente difícil.
Con este artículo queremos contribuir a ese debate sobre la situación actual de Cuba y sobre las reformas presentadas por el gobierno. Nuestro propósito es aportar, modestamente, algunas ideas que ayuden a encontrar una salida favorable para la revolución y para el socialismo.
Por ello invitamos a los revolucionarios cubanos, a los comunistas, a leer esta contribución y a dialogar con nosotros sobre su contenido.
Sobre la participación del Estado en la economía
Uno de los ejes centrales de las reformas consiste en descentralizar la economía y permitir que los municipios y las empresas estatales adopten las medidas que consideren necesarias para hacer más rentables sus actividades y obtener recursos más allá de los apoyos del Estado. Sin embargo, esta discusión no es únicamente económica; tiene un profundo contenido político.
Es importante distinguir entre la planificación centralizada de la economía y la centralización burocrática de las decisiones. Una economía planificada supone una visión de conjunto, orientada a satisfacer las necesidades sociales y organizada democráticamente por la clase trabajadora. Otra cosa muy distinta es una burocracia que concentra todas las decisiones sin la participación de los trabajadores ni de los órganos democráticos de poder popular.
De hecho, una economía planificada no puede funcionar debidamente sin democracia obrera, sin la participación decisoria en las decisiones, en ajustar el plan central y en la fiscalización de las decisiones. La gestión burocrática inevitablemente conduce a la mala gestión, el despilfarro y la corrupción.
Lo que hoy está en discusión es una cuestión política esencial: el papel del Estado como instrumento mediante el cual una clase ejerce su dirección sobre la sociedad. Cuando el Estado renuncia a intervenir en aspectos fundamentales de la economía y transfiere esas funciones al mercado, no está realizando un cambio meramente administrativo; está cediendo espacios de poder a otras clases sociales y a otra lógica económica.
Esto ya comienza a observarse en distintos ámbitos de la economía cubana. El mercado adquiere autoridad al fijar precios que no responden únicamente a la oferta y la demanda, sino también a la especulación con el dólar y a la búsqueda de ganancias privadas. En consecuencia, cuestiones tan elementales como el acceso a los alimentos quedan cada vez más sometidas a la lógica del mercado.
Ahora es oficial, con las nuevas leyes y los ajustes legales, que los precios sean fijados por el mercado. La respuesta ya la tenemos ante nuestros ojos, el precio del pan que venden las tiendas estatales ha comenzado a subir de precio. Al final un golpe más a los bolsillos de los trabajadores.
El papel regulador del Estado no es el responsable de la situación actual de Cuba. La causa principal sigue siendo el bloqueo criminal impuesto por el imperialismo durante más de seis décadas y, especialmente, el recrudecimiento reciente del bloqueo energético y de las sanciones económicas.
Sin embargo, también es necesario reconocer que determinadas medidas de mercado introducidas desde el llamado ordenamiento económico han fortalecido a sectores privados que hoy poseen una capacidad económica cada vez mayor para eludir los controles estatales y acumular poder, primero económico, pero que después querrá ser político también.
Democracia obrera, control de precios y el papel del Estado
Aquí aparece un segundo problema de enorme importancia: la ausencia de democracia obrera.
Uno de los argumentos utilizados por el gobierno para justificar la liberación de los precios sostiene que los controles establecidos eran ineficaces, pues muchos productos terminaban en el mercado negro a precios muy superiores a los oficiales. Desde esta perspectiva, mantener topes de precios carecía de sentido.
Sin embargo, esta explicación solo muestra una parte del problema. Buena parte de esas prácticas eran posibles porque amplios sectores de la burocracia estatal actuaban sin ningún tipo de control democrático. Productos destinados a la distribución pública terminaban siendo desviados al mercado negro, donde quienes controlaban esos espacios obtenían beneficios personales mediante la especulación.
La respuesta a este problema no debería ser abandonar toda regulación estatal y dejar que el mercado determine libremente los precios. La verdadera alternativa consiste en sustituir el control burocrático por el control democrático de los trabajadores.
La única forma de desarrollar una política eficaz de control de precios es mediante la participación organizada de la clase trabajadora y de la juventud revolucionaria. Comités democráticamente elegidos en centros de trabajo, barrios y comunidades podrían supervisar la distribución de mercancías, combatir el robo de bienes públicos, sustituir a funcionarios corruptos y vigilar el cumplimiento de las decisiones colectivas.
Nada de esto se desarrolló. Como consecuencia, al fracasar las medidas burocráticas, ahora se pretende concluir que la solución consiste en liberalizar la economía. La falsa disyuntiva que se presenta es la siguiente: si el aparato burocrático no funciona, entonces el mercado debe sustituirlo. Pero esa no es la única alternativa posible.
Lo que hoy se propone significa que los precios de numerosos productos serán fijados por las llamadas “leyes del mercado”. Conviene preguntarse qué significa realmente esta afirmación.
El mercado no está organizado para satisfacer necesidades sociales, sino para generar ganancias para los dueños de los medios de producción. En él accede a los bienes quien tiene capacidad de pago, no quien más los necesita. La acumulación de riqueza surge de la explotación del trabajo humano y de los recursos naturales; por ello, la lógica fundamental del mercado es la obtención de beneficios privados y no la satisfacción de las necesidades colectivas.
Desde esta perspectiva resulta legítimo preguntarnos: ¿qué pueden esperar los trabajadores de un mecanismo que, por definición, no está diseñado para responder a sus necesidades?
¿Qué papel tendrá el Estado?
Las reformas sostienen que el Estado conservará la mayoría accionaria en determinadas empresas estratégicas y que la propiedad continuará siendo social.
Sin embargo, esta formulación plantea varias interrogantes.
Mantener la mayoría accionaria implica reconocer, al mismo tiempo, que capitales privados podrán convertirse en socios del Estado dentro de sectores considerados estratégicos. Ya no se trataría únicamente de empresas estatales, sino de sociedades donde coexistirían intereses públicos y privados.
Esta experiencia no es nueva en América Latina. En diversos países capitalistas existen empresas de participación mixta. México constituye un ejemplo ilustrativo: aunque el Estado conserva una presencia importante en el sector petrolero, grandes compañías privadas nacionales e internacionales participan en distintas áreas de la explotación y comercialización de los hidrocarburos.
La historia demuestra que este tipo de esquemas abre permanentemente la posibilidad de que el capital privado amplíe gradualmente su influencia mediante mecanismos económicos, políticos e incluso corruptos.
Las grandes corporaciones privadas multinacionales no son actores económicos menores. Constituyen uno de los principales pilares del capitalismo internacional y disponen de enormes recursos financieros para influir sobre gobiernos, parlamentos, sistemas judiciales y medios de comunicación con el fin de defender sus intereses.
Cuando esos mecanismos resultan insuficientes, cuentan además con el respaldo político, diplomático e incluso militar de los Estados imperialistas de los que forman parte.
En ese contexto surge una pregunta inevitable: ¿cómo puede garantizarse realmente que el Estado mantenga el control mayoritario de esas empresas?
La respuesta difícilmente puede limitarse a la existencia de leyes.
La historia latinoamericana demuestra que las leyes, por sí mismas, no bastan para defender conquistas sociales cuando detrás de ellas no existe una correlación de fuerzas capaz de sostenerlas. Las normas jurídicas reflejan relaciones de poder y de clase; cuando esas relaciones cambian, las leyes también terminan modificándose.
La verdadera garantía para preservar la propiedad social no reside únicamente en los textos legales, sino en la existencia de una clase trabajadora consciente, organizada y movilizada en defensa de sus conquistas.
La pregunta entonces adquiere un carácter político más profundo: ¿es posible construir hoy esa fuerza social mientras avanzan reformas que trasladan crecientemente el peso de la crisis sobre los trabajadores?
Nuestra respuesta es negativa.
Es más, incluso en empresas que mantengan una mayoría de acciones en manos del estado, si la lógica que se plantea es que las empresas estatales se dediquen a aquellas actividades económicas que rindan más ganancias – y las que sean deficitarias serían liquidadas – la lógica es la de la competencia entre empresas estatales, y entre empresas estatales y privadas, por el beneficio.
La participación de inversores privados en empresas estatales, aún cuando sean minoritarios, genera una presión irresistible a tomar todas las medidas necesarias para maximizar ganancias (y repartir dividendos), presión que en muchos casos chocará con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población. No se puede satisfacer al mismo tiempo a los propietarios privados de las acciones, los inversionistas, y los intereses generales del pueblo.
El socialismo no puede reducirse a programas sociales
Las reformas también anuncian la desaparición de diversos subsidios estatales y la sustitución de derechos universales por programas dirigidos exclusivamente a sectores considerados vulnerables.
Entre ellos aparece la progresiva desaparición de la libreta de abastecimiento, mecanismo que desde hace años ha venido perdiendo eficacia, aunque continúa representando uno de los símbolos históricos de la universalidad de ciertos derechos sociales conquistados por la Revolución.
La noción de “vulnerabilidad”, además, permanece poco definida. ¿Quién determina quién es vulnerable? ¿Con qué criterios? ¿Bajo qué mecanismos de control democrático?
Estas preguntas resultan fundamentales.
En cualquier caso, el socialismo no puede identificarse simplemente con la existencia de programas sociales. Numerosos gobiernos capitalistas mantienen políticas de asistencia sin que por ello dejen de ser economías capitalistas. El propio Fondo Monetario Internacional propone políticas asistenciales para evitar estallidos sociales.
Desde una perspectiva marxista, el socialismo supone transformaciones mucho más profundas: la abolición de la propiedad privada sobre los grandes medios de producción, la planificación democrática de la economía, el ejercicio del poder político por parte de la clase trabajadora y el desarrollo internacional de la revolución socialista.
El reformismo socialdemócrata trata de limar las aristas del capitalismo mediante políticas redistributivas. El socialismo debe aspirar a la producción basada en el interés general no en el beneficio privado de unos pocos.
Ese horizonte estratégico difícilmente puede fortalecerse mediante reformas que amplían el espacio de actuación del mercado.
Si las reformas tuvieran realmente como objetivo fortalecer el socialismo, deberían traducirse en una ampliación del control democrático de los trabajadores sobre el Estado, la producción y la planificación económica, así como en un impulso decidido al internacionalismo revolucionario.
No parece ser esa la dirección predominante de las propuestas actualmente presentadas.
Por ello consideramos necesario llamar a las cosas por su nombre. Se trata de reformas que amplían el espacio de las relaciones capitalistas en una coyuntura marcada por el debilitamiento económico del Estado, la pérdida de autoridad política ante amplios sectores de la población y el recrudecimiento de las agresiones imperialistas.
Hasta ahora no queda claro si estas medidas se van aplicar en la realidad, pues depende de que EEUU decida permitir la entrada de capitales extranjeros. Pero si se llegaran a aplicar su principal impacto sería, más allá de un posible dinamismo económico en corto plazo, fortalecer tendencias sociales y económicas que lejos de consolidar el proyecto de la revolución cubana, terminarían inevitablemente erosionando sus bases materiales y políticas.
Sobre los aspectos económicos
Es cierto lo que señalan la dirigencia: estas reformas se presentan en un momento extremadamente difícil para el país. El imperialismo, no conforme con mantener un bloqueo criminal durante más de sesenta años, ha recrudecido su ofensiva contra Cuba mediante un bloqueo energético y nuevas sanciones contra empresas estatales. Como consecuencia, el Producto Interno Bruto ha caído de manera acelerada en pocos meses. Algunos economistas estiman que la contracción podría alcanzar hasta el 25 % a mediados de año.
Estas cifras no son simples estadísticas; también representan carne, sangre y músculo. Es decir, tienen una traducción directa en la vida cotidiana de los millones de cubanos. La sociedad se ha visto semiparalizada por el bloqueo energético y la desesperación crece cada día. Como bien señala el gobierno cubano, este constituye un castigo contra todo el pueblo cubano y quienes más lo resienten son, sin duda, la juventud, los trabajadores más pobres y sus familias.
Ante esta situación, las reformas que ha presentado el gobierno, y un grupo de “expertos económicos” que apoyan políticas de mercado, contienen propuestas que en vez de solucionar los problemas, los agravarán a corto y mediano plazo.
Los economistas liberales plantean una solución para los diferentes problemas que ahora vive Cuba, por ejemplo: para que los precios bajen, sostienen que es necesario inundar el mercado de mercancías. Si existe una oferta abundante, los precios caerán; esa es la conocida ley de la oferta y la demanda.
Para inundar el mercado se promueven dos propuestas. La primera consiste en que esas mercancías provengan del mercado mundial. Para ello se plantea, y las nuevas leyes así lo proponen, que cualquier persona pueda importar libremente los productos que necesite o desee. Esta medida rompe con el control y el monopolio estatal del comercio exterior, dejando al Estado sin herramientas reales para controlar lo que entra al país ni para proteger aquellas industrias que considere estratégicas.
En todos los países capitalistas se permiten las importaciones, pero existen mecanismos de control sobre mercancías que podrían afectar a la industria nacional o a sectores considerados estratégicos. En este caso no se plantea nada semejante. Esto pone en grave riesgo cualquier mercado nacional, incluidos los pequeños negocios que apenas comienzan a desarrollarse en Cuba o los emprendimientos de cubanos con escaso capital. Si se permite la importación irrestricta de mercancías, las grandes empresas multinacionales podrían apoderarse rápidamente del mercado cubano y desplazar a cualquier competidor.
Además, las propias leyes que se proponen hacen un llamado para que esto ocurra. Se invita tanto a pequeños como a grandes capitales, nacionales y extranjeros, así como a grandes empresas internacionales, a invertir prácticamente en cualquier actividad económica. Esta es una receta para que las palancas fundamentales de la economía caigan rápidamente en manos del gran capital internacional y la dependencia de Cuba sea total.
La segunda propuesta para inundar el mercado consiste en crear las condiciones necesarias para desarrollar la industria y producir en Cuba las mercancías que el país necesita. En principio, impulsar la industrialización es una idea positiva.
En primera instancia debemos de decir que aumentar el nivel de las fuerzas productivas es fundamental para el proyecto socialista, como bien dice nuestra base teórica. El socialismo debe desarrollar las fuerzas productivas a un nivel superior del capitalismo para que demostremos en la práctica nuestra superioridad. Esto no existe en Cuba dado el bloqueo y por el hecho que solo se puede llegar a ese nivel de desarrollo productivo bajo la dinámica de una revolución internacional.
Dicho esto, sí pensamos que es necesario que haya inversión en las fuerzas productivas del país, en el sistema eléctrico e industrial en telecomunicaciones, pero esta inversión y nuevas tecnologías deben ser consideradas como focos de atención importantes, su incorporación debe de servir para adquirir los conocimientos de estas tecnologías y la posibilidad de desarrollarlas. La participación democrática de los trabajadores en la administración, adquisición de conocimientos y cuidado de los intereses colectivos, es fundamental. Esto dista mucho de lo que hoy se presenta
Toda inversión que ingrese al país debería estar regulada para garantizar la creación de empleos dignos y bien remunerados, la incorporación de tecnología de punta y el compromiso de compartir esa tecnología con el Estado para que pueda ser socializada y aplicada en otras ramas de la producción. Asimismo, se debería de garantizar que cualquier inversión privada en una industria estratégica o de seguridad nacional debería de estar fuertemente controlada y limitada, y con posibilidades de que se revierta, de ser necesario.
Estas medidas ayudarían a garantizar que el Estado se apropie de tecnologías que permitan desarrollar las fuerzas productivas. Si esto no ocurre, las empresas no llegarán para producir aquello que los cubanos necesitamos, sino para generar ganancias. Buscarán invertir únicamente en aquellas actividades que resulten más rentables, incluyendo la posibilidad de convertir al país en una plataforma maquiladora, caracterizada por salarios bajos, escasa generación de riqueza nacional y un fortalecimiento prácticamente nulo del proyecto socialista.
Las conquistas de la revolución no se preservan con políticas de mercado
El gobierno plantea, a lo largo de las 176 reformas, que toda empresa no productiva debe desaparecer y que la opción es abrir ese espacio al mercado. Bajo este enfoque se plantea la liquidación de empresas, la creación de nuevas sociedades, el arrendamiento de espacios de conservación, la entrega de tierras y fábricas en usufructo por hasta 99 años, así como la apertura a la inversión en áreas protegidas, el sector inmobiliario, las telecomunicaciones, la infraestructura, la energía y otros sectores estratégicos.
No entendemos de qué manera estas medidas pueden fortalecer el proyecto de la revolución cubana.
Entregar palancas fundamentales de la economía al sector privado necesariamente mina la soberanía y la independencia nacional.
El gobierno ha afirmado que continuará garantizando la educación y la salud. No basta con mantener ese compromiso; también es necesario mejorar ambos servicios y asegurar que existan los recursos suficientes para hacer efectiva esa promesa. Para ello el Estado necesita incrementar sus ingresos. Sin embargo, al mismo tiempo propone desprenderse de empresas estatales. Es cierto que algunas pueden resultar improductivas y que convendría reorganizarlas o incluso cerrarlas, pero no aquellas que garantizan derechos fundamentales como la vivienda, la electricidad, las telecomunicaciones, el agua y todos aquellos servicios esenciales para el pueblo trabajador.
Debemos impedir que estas reformas incorporen nuestros derechos fundamentales a la lógica del mercado y que solo puedan acceder a ellos quienes tengan capacidad para pagarlos. Eso no es socialismo, independientemente de quién presente esas propuestas. Los trabajadores y la juventud debemos defender una serie de derechos mínimos indispensables para una vida digna y para el desarrollo del país: el acceso al agua, la electricidad, la vivienda, las pensiones, la salud y la educación.
En otros países de América Latina, las privatizaciones de empresas públicas y de servicios esenciales dieron origen a grandes luchas populares. Recordemos las Guerras del Agua y del Gas en Bolivia, la huelga de la UNAM contra la privatización de la educación en México, las movilizaciones contra la privatización de la salud en El Salvador y muchos otros ejemplos. El Estado necesita encontrar mecanismos para capitalizarse; discutamos cuáles deben ser, pero sin permitir que se pierdan las conquistas históricas alcanzadas por el pueblo.
Podrían argumentar que buena parte de esas conquistas ya se han deteriorado: que no existe una vivienda digna para todos, que la educación ha sido afectada por la presión imperialista, que el sistema de salud atraviesa enormes dificultades y que el Estado ya no puede garantizar plenamente el agua y la electricidad. Todo ello es cierto y debemos reconocerlo. Sin embargo, una cosa es admitir esa realidad y otra muy distinta suponer que el mercado resolverá mejor esos problemas para la juventud y la clase trabajadora.
El mercado capitalista se basa en una lógica muy sencilla: la obtención del máximo beneficio al más corto tiempo posible por parte de los propietarios privados de los medios de producción. Esto entra en conflicto abierto con la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría.
Basta observar lo que ocurre en los países capitalistas, donde la vivienda funciona como una mercancía más. Se construyen casas y departamentos de gran calidad, pero destinados al turismo o a sectores con altos ingresos. Mientras tanto, millones carecen de acceso a la vivienda. Algo similar comienza a ocurrir en Cuba: los mejores hoteles, hostales y alojamientos se destinan a visitantes extranjeros, mientras buena parte de la clase trabajadora vive en condiciones precarias, soportando apagones constantes, hacinamiento y viviendas deterioradas.
¿Podemos pensar seriamente que un inversionista privado construirá viviendas para los sectores más pobres y vulnerables de nuestro pueblo? La respuesta es evidente. Todo indica que la aspiración consiste en regresar a los años de auge del turismo, atraer inversión privada y permitir que el Estado financie una política social limitada mediante la recaudación de impuestos. En términos generales, la mayor parte de las medidas propuestas parecen orientarse en esa dirección.
El capital financiero nunca impulsará un verdadero proyecto socialista
Una mención especial merece el capital financiero, al que se invita explícitamente a participar y que sea un factor para la estabilidad financiera e impulso a la producción mediante la concesión de créditos. Paralelamente, también se propone una legislación que permita utilizar como garantía prácticamente cualquier propiedad, ya sea una vivienda, un terreno, una joya u otros bienes, para respaldar préstamos bancarios. Esto no solo afectaría a los particulares, sino que incluso abriría la posibilidad de comprometer activos estatales.
Lenin señalaba en El imperialismo, fase superior del capitalismo que el capital financiero constituye el sector dominante del capitalismo en su fase imperialista y que termina subordinando al resto de la economía. Esta realidad también puede observarse en América Latina. Los gobiernos reformistas pueden llegar al poder e impulsar algunas reformas favorables para los sectores populares; sin embargo, cuando intentan afectar los intereses del gran capital financiero, encuentran inmediatamente la oposición del imperialismo internacional.
Los grandes fondos de inversión dominan buena parte de la economía mundial. Influyen en gobiernos, intervienen en procesos electorales y presionan para modificar legislaciones con el propósito de garantizar la continuidad de sus ganancias. ¿Queremos realmente que esos grandes fondos entren en Cuba? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo se va a controlar su poder?
Estabilizar el dólar por medio de una entrada masiva de recursos por medio de grandes bancos privados que respalden una reforma económica, puede sonar tentador, principalmente para los dueños de los bancos. Prestar a un Estado en bancarrota supone grandes intereses y la garantía para que se cumplan esas deudas pueden ser las tierras, activos en empresas rentables, etc. sin duda es un negocio jugoso, aunque arriesgado.
Para un trabajador pobre que cuenta con su fuerza de trabajo para sobrevivir, la presencia del sistema bancario internacionalizado no representará un cambio sustancial en su vida. Difícilmente podrá adquirir un crédito, sin embargo lo que sucederá es que el banco se volverá, poco a poco, el dueño de su destino sin siquiera darse cuenta. Su presencia no fortalecería el proyecto socialista; por el contrario, contribuiría a debilitarlo.
¿Puede el modelo chino o vietnamita ser un ejemplo para el desarrollo de Cuba?
Muchos de los apologistas de la economía de mercado no hablan abiertamente de capitalismo ni de restauración capitalista; prefieren referirse al “modelo chino” o al “modelo vietnamita”. Ante ello debemos preguntarnos si lo que existe actualmente en esos países puede seguir considerándose socialismo o si, por el contrario, se trata de capitalismo con una etiqueta socialista – pensamos que este es el caso. No pretendemos desarrollar aquí un debate profundo sobre ese tema. Por ahora basta con señalar dos elementos fundamentales.
En primer lugar, el modelo chino ha sido exitoso por varias razones. Una de las más importantes es que el Estado conserva el control de un poderoso sistema bancario público. Esa ha sido una herramienta decisiva para impulsar el desarrollo de la burguesía nacional china y, al mismo tiempo, proteger determinados sectores económicos frente a la competencia del capital internacional.
En segundo lugar, China cuenta con una sólida base industrial heredada de las décadas en que predominó la economía nacionalizada. Esa base productiva se fortaleció posteriormente mediante la incorporación de tecnología proveniente de los países capitalistas desarrollados. A través de distintos mecanismos —acuerdos comerciales, inversión extranjera y transferencia tecnológica— China logró apropiarse de conocimientos que posteriormente fueron aplicados tanto en empresas estatales como privadas.
Todo ello, combinado con las durísimas condiciones de explotación impuestas durante décadas a millones de trabajadores chinos (el famoso sistema 996, trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días a la semana), permitió una enorme acumulación de capital que hoy constituye la base de su desarrollo industrial, tecnológico, financiero y militar.
Lo que queremos destacar es la enorme diferencia entre China y Vietnam, por un lado, y Cuba, por el otro. Los países asiáticos disponían de inmensas reservas de mano de obra y de un Estado con suficientes capacidades para dirigir, de manera gradual, la transición desde una economía planificada (aunque burocráticamente) hacia una economía en la que el mercado capitalista y la lógica de la reproducción ampliada de capital en el sector privado dominan.
Además, ese proceso ocurrió en un contexto internacional muy distinto al actual. La economía mundial atravesaba una etapa de fuerte expansión impulsada por la llamada globalización y el neoliberalismo. La incorporación de China y Vietnam al mercado mundial coincidió con ese período de crecimiento, lo que facilitó la llegada masiva de inversiones y la expansión de sus exportaciones.
Por otra parte, aunque ambos países enfrentaban presiones constantes por parte del imperialismo estadounidense, su ubicación geográfica y las prioridades estratégicas de Washington hacían que no ocuparan el mismo lugar que hoy ocupa Cuba en la política exterior norteamericana.
¿Cuáles de esas condiciones existen actualmente en Cuba? Prácticamente ninguna.
La situación internacional ha cambiado de manera radical. La economía global atraviesa una profunda crisis y tiende cada vez más a organizarse en torno a grandes bloques económicos encabezados por las principales potencias, que imponen sus condiciones a los países más débiles.
El proteccionismo estadounidense es consecuencia del declive relativo del imperialismo norteamericano y de su creciente enfrentamiento económico, tecnológico y militar con China y, en menor medida, con Rusia. La política exterior de Estados Unidos no está orientada principalmente al combate contra el narcotráfico o las drogas, como suele afirmar su discurso oficial. Su prioridad consiste en recuperar posiciones frente a China en América Latina y garantizar el control sobre sectores considerados estratégicos para su seguridad nacional, como el agua, el petróleo, el litio, las tierras raras y otros recursos minerales esenciales.
En ese contexto, Estados Unidos ha impulsado mecanismos de coordinación regional con gobiernos aliados para defender sus intereses en América Latina, como el llamado Escudo de las Américas. Al mismo tiempo, ha incrementado su intervención política en distintos procesos electorales con el objetivo de favorecer gobiernos plenamente alineados con sus intereses. Es precisamente dentro de este nuevo escenario internacional donde debe entenderse el endurecimiento de la política estadounidense contra Cuba.
Por ello, estas reformas no son rechazadas por el imperialismo porque cuestionen la economía de mercado. Su oposición responde a otra razón: no están dispuestos a aceptar nada que no sea la sumisión completa al imperialismo y el cambio de régimen. Del mismo modo que ejercen presiones sobre otros gobiernos latinoamericanos que consideran insuficientemente subordinados a sus intereses, continuarán intentando provocar un cambio de régimen en Cuba, independientemente de las reformas económicas que se aprueben.
Esto significa que, aunque otros capitales internacionales puedan mostrar interés en invertir en la isla, difícilmente estarán dispuestos a enfrentarse a la política de Estados Unidos. Mientras Washington mantenga el actual nivel de hostilidad, las posibilidades de una inversión masiva seguirán siendo muy limitadas.
Además, Cuba tampoco dispone hoy de un Estado con la fortaleza financiera e industrial que tuvo China para orientar el desarrollo de una industria nacional bajo sus propios términos. Por ello, las reformas actualmente planteadas difícilmente podrán ofrecer una solución estructural a la crisis. Las políticas de mercado solo aumentaran las contradicciones y sufrimiento de la clase obrera y la juventud y abrirán el camino a una pendiente resbaladiza que lleva directamente a la pérdida de la soberanía.
Incluso si un futuro gobierno estadounidense decidiera flexibilizar las sanciones y retomar una política semejante a la impulsada durante la administración Obama, ello no garantizaría una mejora sustancial en las condiciones de vida de la clase trabajadora y de la juventud cubana. Tampoco significaría el abandono de la estrategia histórica del imperialismo de promover el aplastamiento de la revolución cubana. Lo único que habría cambiado serían los métodos.
Nuestra alternativa tiene que ser la revolución mundial y el socialismo con la participación activa de la clase obrera
Todo el mundo tiene razón cuando afirma que lo único que no podemos hacer es continuar como hasta ahora. Hoy padecemos lo peor de tres realidades. En primer lugar, vivimos en un país sometido a la presión intolerable del imperialismo más poderoso del mundo, que mantiene un bloqueo destinado a impedir el ingreso de bienes indispensables. Esta situación ha llegado a niveles críticos y abre la posibilidad de un estallido social.
Al mismo tiempo, vivimos bajo una dinámica de mercado que establece que no basta con que existan mercancías: solo puede acceder a ellas quien tenga dinero para comprarlas. A ello se suma un tercer problema: los salarios ya no alcanzan para cubrir las necesidades más básicas. Antes, los trabajadores contaban con mecanismos complementarios que hacían menos dura la vida cotidiana; hoy muchos de ellos han desaparecido y la libreta de abastecimiento ya no garantiza lo indispensable.
Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, la alternativa no puede ser ni el mantenimiento de la situación actual ni la aplicación de políticas de mercado capitalistas. La clase obrera y los revolucionarios cubanos deben construir un proyecto que permita sacar al país de la profunda crisis que atravesamos.
Para comenzar, se debería racionalizar y distribuir de manera equitativa la energía disponible. En algunas regiones del país esto sí se hace, sin embargo en La Habana hay regiones donde los cortes son más prolongados que en otros. No es aceptable que existan zonas con apagones de cinco o siete horas al día, mientras otras permanecen más cuarenta horas sin electricidad. Debe mantenerse la prioridad de suministro energético para hospitales, centros de salud y casas de atención a personas adultas mayores, que son los espacios más vulnerables.
El gobierno, con la participación de comités de trabajadores, jóvenes revolucionarios y militantes del Partido, debería poner fin a la especulación y a la venta privada de agua, práctica que constituye una privatización de facto de un recurso esencial. El agua es un derecho fundamental y debe distribuirse de manera equitativa para toda la población. Es cierto que esta práctica no es legal, pero se necesita la intervención democrática y organizada de los trabajadores para acabar con ello.
Asimismo, debería establecerse un control estricto de precios para las mipymes. Los precios no pueden quedar determinados por la especulación con el dólar ni por la búsqueda de ganancias extraordinarias. Deben fijarse con base en criterios objetivos que permitan reponer los costos de producción y otorgar un margen de ganancia razonable y regulado para los productores privados, por ejemplo, del 5 %. Para que esto se pueda realizar, los libros contables de las mipymes, de cualquier empresa privada y pública deben ser abiertos, y los comités de control democráticos deberían revisarlos de forma sistemática.
Los alimentos donados por otros países deberían seguir distribuyendose como hasta ahora, de acuerdo con las necesidades más urgentes de la población, priorizando a los sectores más afectados por la crisis, bajo control y fiscalización del pueblo trabajador. De igual manera, toda la ayuda humanitaria tendría que repartirse con criterios de igualdad y justicia social, como hasta ahora. Al mismo tiempo, debe fortalecerse la solidaridad internacional para aliviar, aunque sea de manera coyuntural, las necesidades más apremiantes del pueblo.
Reforzar los gravámenes a artículos de lujo importados como el whisky, autos para uso particular y otros bienes no esenciales. Paralelamente, deberían reducirse o eliminarse los impuestos sobre los productos de primera necesidad destinados al consumo popular.
El combustible procesado por el Estado, así como los recursos obtenidos mediante impuestos a los importadores privados, deben mantenerse prioritariamente orientados al funcionamiento del transporte público y de los sectores productivos estratégicos. Estas prioridades deberían definirse mediante la participación conjunta del gobierno y de asambleas democráticas de trabajadores en los ámbitos local, provincial y nacional.
La inversión extranjera debería orientarse únicamente hacia sectores capaces de generar un alto valor agregado y contribuir al desarrollo tecnológico del país. Además, las empresas que participen en estos proyectos tendrían que comprometerse a transferir tecnología y aceptar límites razonables a sus ganancias durante el período de recuperación económica, sugerimos un 5% anual sobre su inversión. Los libros contables de estas empresas deberían ser abiertos.
Las empresas privadas que se puedan establecer y las que ya existen, deberán estar obligadas por las leyes a pagar un salario competitivo y los respectivos derechos laborales mínimos (vacaciones pagadas, aguinaldo, liquidación adecuada, etc.) para que esto sea efectivo todos los trabajadores que laboren para privados deberán de organizarse en sindicatos combativos que cuiden los derechos de los trabajadores.
Es indispensable poner en marcha un plan integral de industrialización basado en tecnología de punta, tanto para la industria como para el campo. Dicho plan debe incrementar la productividad agrícola mediante salarios dignos, precios regulados por el Estado y empresas privadas sujetas a márgenes de ganancia limitados. Asimismo, podrían impulsarse jornadas voluntarias de trabajo para apoyar el incremento de la producción en sectores estratégicos.
No puede permitirse la existencia de sectores enriquecidos a costa de la pobreza del pueblo. Los comités de control obreros deberían actuar en cada barrio para combatir el acaparamiento y la especulación, convocando asambleas comunitarias que participen en la resolución de los problemas más urgentes y en la definición de las prioridades locales.
No puede existir un gobierno integrado por sectores enriquecidos y que sus familiares exhiban grandes riquezas, joyas o lujos mientras el pueblo enfrenta enormes privaciones. Quienes ocupen responsabilidades públicas deberían percibir un salario equivalente al salario promedio de un trabajador, ser elegido por elecciones democráticas en asambleas de barrios y fábricas, y podrán ser revocados de todos sus cargos públicos si sus asambleas así lo deciden. Toda fortuna derivada de la corrupción, la especulación y el mercado negro, debe ser expropiada y puesta al servicio de las necesidades del pueblo.
Una parte de las habitaciones desocupadas de los hoteles podría destinarse temporalmente a familias que carecen de vivienda. Posteriormente podrían desarrollarse programas de construcción o adecuación de esos espacios para convertirlos, cuando sea posible, en soluciones habitacionales permanentes.
Es necesario hacer un llamado a las organizaciones obreras y sindicales del mundo para que impulsen inversiones solidarias en Cuba, con una rentabilidad limitada y previamente acordada. Del mismo modo, debería promoverse un debate en los sindicatos internacionales para que una parte de sus fondos de inversión pueda destinarse al fortalecimiento del proyecto socialista cubano. Para garantizar que los recursos sean utilizados en prioridades, deben ser administrados y seguidos por comités de trabajadores.
Las empresas e instituciones estatales que no desempeñen funciones prioritarias deberían reorganizarse y reorientar sus recursos hacia actividades productivas. No es posible sostener una burocracia improductiva mientras el país enfrenta una crisis de esta magnitud. Estas decisiones podrían adoptarse mediante asambleas democráticas de trabajadores en los ámbitos local y nacional.
Toda empresa productiva debe estar bajo el control de los trabajadores e integrada a un plan nacional orientado a satisfacer las necesidades más urgentes de la población.
Finalmente, pero no por ello menos importante, debemos recordar que la transición al socialismo no puede consolidarse de manera aislada. La revolución socialista necesita extenderse internacionalmente. El destino de Cuba, como el de cualquier otro país, está ligado al desarrollo de un proyecto internacional de transformación social.
No nos referimos únicamente a la solidaridad cotidiana que muchos pueblos mantienen con Cuba y viceversa, la cual es valiosa pero insuficiente. Tampoco bastan las relaciones diplomáticas con gobiernos amigos. Nos referimos a la necesidad de construir una organización internacional que luche, en cada país, bajo una misma bandera: la lucha por el socialismo.
Con respecto a las reformas, creemos que la única manera de rescatar aquellos aspectos que puedan contribuir al fortalecimiento del proyecto socialista es mediante un amplio debate democrático del pueblo en barrios, centros de trabajo, universidades y demás espacios de organización popular.
El debate democrático no constituye una pérdida de tiempo ni un simple trámite para aparentar participación. Es un elemento esencial para establecer prioridades, porque nadie conoce mejor las necesidades del pueblo que el propio pueblo. Además, la inteligencia colectiva de miles de trabajadores, estudiantes y revolucionarios puede aportar soluciones mucho más ricas y profundas que las elaboradas por un reducido grupo de economistas o funcionarios.