La militarización y la Guardia Nacional

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Escrito por: Mayren Padilla

Se aprobó la creación de un organismo híbrido entre las fuerzas armadas institucionales y civiles, un proyecto que supuestamente atenderá los problemas de seguridad pública que en los últimos 15 años han recrudecido. La Guardia Nacional, que fue aprobada en marzo de este año, constituirá el mayor organismo de “combate” en el país con una independencia del poder ejecutivo y con una estructura propia de coordinación, según el gobierno federal.

Andrés Manuel López Obrador ha hecho un llamado a todos los jóvenes para que se integren al proyecto.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que el nuevo personal será integrado a la Guardia una vez que sea aprobada por el Congreso.

“Se requiere de hombres y mujeres íntegros con gran sentido de la condición humana y de la responsabilidad social para que resguarden los derechos de las personas, conscientes que su correcta actuación será fundamental para preservar la seguridad pública y el problema de la delincuencia mediante procedimientos policiales con respecto a la ley y a los derechos humanos”, aseveró.

La Secretaría de Defensa Nacional indicó que este proceso de reclutamiento tendrá la máxima prioridad para la dependencia, y se llevará a cabo en tres etapas: la primera, que ya aconteció con la integración de elementos de la Policía Militar y Policía Naval a las labores de seguridad pública, la segunda etapa corresponde a la convocatoria, y la tercera será la capacitación de los nuevos elementos en los centros de reclutamiento militares y navales que se establecerán en todo el país.

Cualquiera en la primaria se cree el cuento de que los ejércitos son para defender los territorios nacionales, a la patria, al pueblo y con ese discurso se han iniciado guerras internacionales que lo único que buscaban era repartirse el mundo y defender los intereses, no de los trabajadores y sus pueblos, sino de las burguesías de cada país respectivamente. Sería absurdo quedarnos con la visión de la escuela primaria pues no estamos bajo una invasión extranjera, no. Lo que le da sentido a mantenerlas cuando un país no está en guerra es la defensa constante del Estado y de los gobiernos en turno.

Vivimos en un sistema capitalista, en una sociedad dividida en clases, los pobre y los ricos, los que lo tienen todo y los que no tienen nada, los que explotan y los que son explotados, bajo esta sociedad las contradicciones entre una clase y otra son constantes y se necesita un elemento “regulador” que intente mediar entre estas dos clases, -pero siempre defendiendo a la clase que domina la sociedad, en este caso la capitalista- el Estado es esa herramienta de dominación de una clase sobre otra.

La política del gobierno de AMLO es regular los conflictos de clase: “un gobierno para pobres y ricos”, busca fortalecer al Estado para minimizar las contradicciones de clase con su intervención. Pero, justo lo que tiene que ver con la violencia que hemos vivido en el último periodo, uno de los signos más crueles que nos indican que esta situación de conflicto no se puede regular.

La argumentación que ha dado Obrador para la creación de la Guardia Nacional es enfrentar de manera inteligente la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Decía que eran mínimas las fuerzas con que se contaban para esta lucha. Pero lo estamos viendo recientemente, este órgano de represión se está utilizando para frenar migrantes centroamericanos que quieren pasar por el país para llegar a EEUU, mientras tanto la violencia sigue imparable.

En los gobiernos del PRI y del PAN, la intervención del ejército tuvo un carácter de contra insurgencia contra movimientos sociales en procesos como el movimiento estudiantil 1968, el Halconazo en 1971, el ataque contra el levantamiento zapatista en 1994, Ayotzinapa, etc. Han utilizado la fuerza armada y el espionaje para someter e imponer proyectos económicos, trasnacionales, proteger a grandes empresarios o gobernadores locales manteniendo así la dominación de clase.

La militarización del país

Felipe Calderón, el panista que ganó la presidencia gracias a un fraude electoral, sólo figura por una sola cosa; la declaración de la guerra armada contra el narcotráfico la cual se convirtió en una masacre a la población, cientos de miles de muertos y desaparecidos son los resultados de esta política genocida. Esta medida tuvo un respaldo claro de Estados Unidos y lo utilizaron para hacer buenos negocios vendiendo al gobierno mexicano armas, además de estrechar el control que tienen sobre el país capacitando a los altos mandos del ejército.

Para justificar esta política existió toda una campaña mediática de terror, con innumerables spots de violencia, muerte, mutilados, “México territorio sin control” todo para justificar y hacerle creer a la población que la intervención militar (mexicana y gringa) en las calles era inevitable para poner orden a esta tierra sin dueño en la que México comenzaba a convertirse.

Este es el contexto para que en el 2009 se mandara la primera iniciativa de modificación constitucional donde se intentó legalizar la permanencia del ejército en las calles. La militarización del país se fue incrementando durante 12 años. Se ha utilizado al ejército para mantener el “orden público”, en estos años la violencia no bajó, sino que se incrementó, los carteles se profesionalizaron en el arte de asesinar, la violación a los derechos humanos es escandalosa, el ejército y la marina han sido acusados por desapariciones, asesinatos, fusilamientos, etc.

«Creo que uno de los puntos que comparten todos los organismos de Derechos Humanos en su diagnóstico sobre la crisis de violencia en el país, es que el Ejército nunca fue parte de la solución, y desde el inicio fue parte del problema”, señala a DW Anne Huffschmid, investigadora de la Universidad Libre de Berlín. Apunta que la militarización del combate a las drogas fue lo que llevó a la escalada.

El ejercito nunca fue parte de la solución pues su presencia en las calles no significo seguridad para el pueblo, al contrario, los operativos en carretera aseguraban botines para los militares, la intimidación formo parte de su actuar, el uso irracional de la fuerza y la criminalización hacia la juventud alcanzaba limites inimaginables. La noche de Iguala en 2014 bajo el gobierno de Peña Nieto nos habla de cómo la incrustación del crimen organizado en los aparatos del Estado se volvía el cáncer de la sociedad. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa destapó la cloaca de un régimen en declive y de una sociedad podrida y, el ejército mexicano fue el actor principal esa noche, fue un crimen de Estado resultado de la supuesta guerra contra el narcotráfico, ahora quedaba en evidencia que el crimen organizado pulula entre las filas del ejército y las estructuras del gobierno mexicano.

Otro de los intentos por legalizar la estancia del ejército en las calles fue a finales del 2017, con la Ley de Seguridad Interior, es año fue negro, con más de 31 mil homicidios, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. 2018 fue aún más violento, 2.890 homicidios dolosos en mayo, lo que supone un promedio de 93 asesinatos al día, cuatro víctimas cada hora. La cifra que maneja la prensa supera los 33 mil asesinados anuales. Del 2018 al 2019 pasamos de 7 feminicidios diarios a 9, la violencia ha alcanzado espacios como las escuelas y universidades. AMLO ha dicho que restablecer la seguridad para el pueblo es uno de sus principales objetivos, combatiendo la corrupción y dando posibilidades para que los jóvenes trabajen o estudien. Lo que llama la atención es que también haya apostado por la misma estrategia que los gobiernos anteriores, y, sobre todo, acabó por legalizar la permanencia del ejército en las calles.

Bajo el gobierno de AMLO y sus principios de honradez y rectitud podrán limitar a la Guardia Nacional pero no cambiarán su escencia y el carácter que le da vida. Además, este es un instrumento represivo que se quedará al servicio de quien asuma el poder posteriormente, nadie nos puede asegurar que no se utilizar para reprimir al pueblo.

La tarea de terminar con la violencia vendrá de la participación colectiva de la gente, los trabajadores, las mujeres y los jóvenes, en asambleas donde se plantee el tema de comités de seguridad, comités de autodefensa o políticas comunitarias como en algunos estados de la república. Solo el pueblo en mediante comités de autodefensa puede garantizar de mejor manera la seguridad de la población y la lucha contra el narcotráfico, ya que estos grupos han hecho más en pocos meses por acabar con el crimen organizado que sexenios de estrategia gubernamental. No necesitamos al Estado burgués, el pueblo tiene derecho a armarse para luchar por su vida.

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