Por: Antonio Sánchez
El circo terminó, el Chapo ha sido condenado a cadena perpetua. No obstante, en función de las revelaciones que fueron trascendiendo a lo largo del juicio, en realidad se trató de todo un espectáculo de corrupción e impunidad que dejó sin castigo a los principales responsables.
Desde principios de año, las declaraciones en el enjuiciamiento de “el Chapo” han sido muy llamativas y escandalosas debido a las implicaciones que tendrían de ser verdaderas. Uno de los resultados más visibles del capitalismo en México ha sido la corrupción, la cuál se encuentra de manera más o menos aparente en todos los niveles estatales y es el principal enemigo declarado del gobierno entrante de AMLO. Para la mayoría de los mexicanos no resulta sorpresiva la vinculación de altos funcionarios gubernamentales con el negocio del narcotráfico sólo que en esta ocasión se dan nombres específicos y líneas directas con expresidentes de los últimos cuatro sexenios.
En las declaraciones hechas en la primera audiencia del año por Vicente Zambada, hijo de “El Mayo” Zambada, principal líder actual de Cartel de Sinaloa, habla que fueron sobornados por su padre un coronel y dos generales. Estos en su momento pertenecieron a la SEDENA como funcionarios, los cuales son: Humberto Eduardo Antimo Miranda (oficial mayor de la SEDENA durante el gobierno de Felipe Calderón), Marco Antonio de León Adams (jefe de la guardia personal de Vicente Fox cuando fue presidente) y Roberto Francisco Miranda Moreno (jefe del Estado Mayor Presidencial durante el mandato de Zedillo). Además, Vicente dijo que el monto total de dinero de los sobornos hechos entre el año 2001 al 2008 ascendían al millón de dólares mensuales. También se implicó a Genaro García Luna el cual supuestamente recibió en dos ocasiones la cantidad de 3 millones de dólares.
Entre los diferentes propósitos de los sobornos estaba el dar información anticipada de diversos operativos de búsqueda para su posterior huida y ayuda logística para eliminar o encontrar bases de los carteles enemigos como lo son el de Arturo Beltrán Leiva, los Zetas y los Carrillo Fuentes. La situación de que varios exmilitares se unan a las filas del narcotráfico se ha regularizado constantemente trayendo varios problemas debido a que su entrenamiento les proporciona una gran ventaja al del sicario promedio.
A pesar de lo anterior, la verdadera “bomba” vino el 15 de enero cuando Álex Cifuentes Villa (un traficante colombiano, que trabajó para el enjuiciado durante seis años desde el 2007) afirmó que se le dio un pago de cien millones de dólares a Enrique Peña Nieto (aun cuando éste pidió otros ciento cincuenta millones) al inicio de su sexenio para cancelar la búsqueda del fugitivo. Tras estas acusaciones sin aparente fundamento, se pronunció Francisco Guzmán, ex jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Él argumentó que el gobierno del Peña, desde el primer día, se propuso atrapar al recocido narcotraficante, además de que progresivamente se lograría y se le extraditaría.
Al principio de las audiencias el juez Brian Cogan prohibió o directamente desechó el uso de testimonios donde se mencionen nombres de altos funcionarios del gobierno mexicano para no causar más polémica en torno al caso pero esto siguió ocurriendo. Parecía algo imposible de callar, sobre todo en los testimonios de los narcotraficantes presos en Estados Unidos. Lo que los testigos digan siempre podrá ser puesto en duda aún y cuando estén bajo palabra, desde la defensa hay sospechas de que la DEA presiona a sus aliados a hablar de más en sus declaraciones para inclinar el juicio a su favor, sin embargo, lo que se dice no debe ser tan alejado de la situación real.
El hecho de que el gobierno mexicano sirva como un brazo más de la delincuencia se debe a que bajo el sistema capitalista éste sólo funciona como un simple intermediario entre las distintas facciones de la clase dominante del país (uno de estos es el narcotráfico), apoyando a su vez a la gran clase empresarial extranjera. Incluso se ha visto como la armada, que es una de las entidades más “pulcras” del país, con el tiempo ha mostrado que no está absenta de este tipo de escándalos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. La población obviamente está descontenta con esta situación donde parece que el mejor postor es quien contrala a la nación.
Por otro lado, el narcotráfico ha traído una ola de violencia desmesurada desde hace dos sexenios. Personajes como el Chapo Guzmán han relucido mundialmente como una muestra de que en nuestro país el capitalismo ha creado en la clase baja una capa de personas desesperadas por una vida mejor y que para cumplir su objetivo están dispuesto a recurrir a la delincuencia.
Este circo mediático ha terminado con la sentencia al narcotraficante más famoso de la última década. El Chapo obtuvo 10 cargos delictivos en su contra y una cadena perpetua. Aparte de la sentencia final a mucha gente le quedó claro como en México los pasados gobiernos del PRI y PAN trabajaron para la conveniencia del crimen organizado. Esto habla de la podredumbre del actual sistema capitalista en decadencia que es la verdadera raíz del problema. Sino acabamos con el sistema actual nunca se podremos resolver los problemas de fondo de nuestra sociedad ni a mediano ni a largo plazo.
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