Historia del ejército mexicano, un ejército de la clase dominante

David García Colín Carrillo

AMLO, durante su gobierno, afirmó en muchas ocasiones que el ejército mexicano es un ejército nacionalista nacido de la revolución, que no es un ejército de la oligarquía; que el soldado es pueblo uniformado. Sobre este supuesto la 4T ha justificado su política de seguridad, de fortalecimiento del ejército y de sus atribuciones no sólo de seguridad pública sino también en materia de construcción del Tren Maya, del aeropuerto, hoteles, y de administración de aduanas, puertos, aeropuertos, bancos, etcétera. Tan sólo si consideramos a la Guardia Nacional hablamos de más de 100 mil elementos ya desplegados en 241 cuarteles en todo el país. Si consideramos a todas las fuerzas armadas hablamos de más de 300 mil integrantes. El ejército ha adquirido un poder como el que no tenía desde tiempos de Obregón. 

La derecha se queja de la militarización del país, pero omite que esta militarización comenzó con Calderón en su supuesta guerra contra el narcotráfico, como una forma de legitimarse tras haber llegado al gobierno por un escandaloso fraude electoral. Calderón golpeó el avispero de forma estúpida, sólo para ocultar el apoyo de su gobierno a uno de los carteles de la droga. En contraste, activistas y luchadores sociales de izquierda han advertido sobre los peligros de la militarización. Es importante separar cuidadosamente ambas críticas y no meterlas en el mismo costal. 

Para posicionarnos correctamente en este debate es fundamental para la izquierda entender el carácter de clase del Estado y su verdadera función. Desde un punto de vista marxista el Estado no es más que una junta para administrar los intereses comunes de la clase dominante. Engels señaló que el Estado puede reducirse, en última instancia, a un grupo de hombres armados al servicio de la clase dominante. 

Los marxistas también han estudiado, bajo el término de bonapartismo, momentos históricos excepcionales donde el Estado se equilibra en una especie de punto muerto entre las clases en pugna, adquiriendo una cierta independencia frente éstas, jugando el papel de árbitro. La mayoría de estos regímenes llamados bonapartistas toman la forma de gobiernos dictatoriales y militares, pero en algunas ocasiones se equilibran hacia la izquierda. Trotsky llamó a esta última forma de estado “bonapartismo sui-géneris”, término que usó para definir al gobierno de Lázaro Cárdenas. 

Desde un punto de vista marxista, el Estado en el gobierno de la 4T sigue siendo un Estado burgués, en tanto la economía sigue estando dominada por los intereses de los grandes empresarios y ni AMLO ni Sheinbahum nunca han planteado como programa la transformación socialista de la sociedad. Pero un sector de la gran burguesía siente que ha perdido el control directo del gobierno en la forma en que lo tenía en los gobiernos anteriores, llamados “neoliberales”. 

Ante la irrupción de las masas que llevaron a AMLO a la presidencia, el gobierno ha cobrado cierta capacidad de maniobra frente a un sector de la gran burguesía, tiende a equilibrarse de cierta forma entre el pueblo, el ejército y la misma clase dominante. Su gobierno tiene algunas características bonapartistas sui-géneris. Pero, a diferencia del gobierno cardenista, el gobierno actual no cuenta ni con el poderoso aparato corporativo que le permita ejercer un mayor poder y estabilidad, ni tampoco se desarrolla en el largo boom de posguerra. Por el contrario, el gobierno reformista se desarrolla en medio de la crisis económica mundial, y esto limita los alcances de su programa y la estabilidad a largo plazo de la 4T. 

Por el momento, la estabilidad política, los proyectos como el Tren Maya, la implementación de los programas sociales y el fenómeno de relocalización de inversiones han permitido una cierta estabilidad y crecimiento en su gobierno. Pero esta estabilidad no puede durar mucho ante la inminente recesión mundial, mostrando todos los límites del reformismo y su incapacidad para resolver los problemas del capitalismo.

Por supuesto entre el primero y el segundo mandato existen diferencias apreciables, durante el primero la coyuntura internacional jugó hasta cierto punto a favor de la estabilidad antes señalada, lo que  le dio cierto margen a AMLO para que sus programas sociales aparecieran como una muestra de que las cosas estaban cambiando , dándole un incremento de apoyo que se reflejó en la elección de Shienbaum, en el segundo, en cambio, la irrupción del intervencionismo de Trump está haciendo evidente que el reformismo termina cediendo una y otra vez ante los caprichos norteamericanos en todas las esferas y ello incluye el aspecto militar. 

Sin embargo, lo que nos interesa en este texto es estudiar hasta qué punto la teoría marxista se corrobora en el desarrollo, establecimiento y consolidación del ejército mexicano actual, de frente a las elucubraciones del reformismo que plantean la existencia de un ejército “nacionalista” y “progresista”, surgido de la Revolución Mexicana. Al final planteamos cuál es la propuesta marxista a la cuestión de la seguridad en el contexto de una auténtica transformación social, que para nosotros sólo puede darse bajo un programa socialista y con la participación directa de la clase obrera y el pueblo.  

La revolución mexicana y el viejo ejército

Durante el siglo XIX el ejército —junto al clero y los terratenientes— formaba parte de la oligarquía que concentraba el poder y la mayor parte del presupuesto, impidiendo el desarrollo nacional-burgués al que los liberales aspiraban. El país era dominado regionalmente por ambiciosos jefes o caudillos locales, por el ejército y los terratenientes que organizaban cuartelazos para hacerse del poder. 

La guerra de reforma  fue en cierta medida una primera derrota del ejército ante el propio pueblo armado, su recomposición luego de la derrota de los conservadores no significó una depuración o modificación de su estructura y esencia.

El movimiento liberal se tuvo que apoyar en guerrillas populares —los chinacos— para combatir la intervención francesa, dado que la mayor parte del ejercito se sumó al “imperio”, el gobierno de Porfirio Diaz tendería a equilibrarse entre un reducido ejército —pues Díaz veía al poder militar como una amenaza—, los “rurales” o grupos paramilitares bajo su control y los diferentes líderes políticos del país: era el árbitro mayor. 

El golpe contra Madero y su asesinato se va a fraguar dentro del mismo ejército heredado del porfirismo. Huerta, quien se suponía luchaba contra el golpe de Estado, se unió a los golpistas y asesinó a Madero en complicidad con la embajada gringa. Allende también confió en Pinochet y todos sabemos lo que pasó. Todo lo anterior fue resultado de ignorar el carácter de clase del ejército y apoyarse en él. Seria advertencia para la 4T.

Pero con la entrada de las masas en acción, con Zapata y Villa como sus caudillos, el ejército federal va a ser derrotado y prácticamente desarticulado. La revolución mexicana va a destruir al antiguo régimen, creando un nuevo ejército: el ejército constitucionalista que, a la postre, dará lugar al ejército mexicano actual.  Es en el Plan de Guadalupe, firmado por Carranza en 1913, donde se establecen las bases formales para la creación del Ejército Constitucionalista. 

Las contradicciones del ejército constitucionalista

En realidad, el Ejército Constitucionalista no era ni mucho menos monolítico, sino que al calor de los acontecimientos se dividió en líneas de clase: la facción que se plegó a Carranza (quien representaba a un sector de la burguesía norteña), posteriormente un sector que apoyaría a Obregón (la mediana burguesía arribista) y la División del norte que, con Villa a la cabeza, representaba una mezcolanza de sectores populares. De hecho, Francisco Villa se niega a subordinarse al Ejército del Noroeste —al mando de Obregón— como era la intención de Carranza, y actúa en los hechos como un ejército independiente. 

Y por fuera del constitucionalismo estaba el Ejército Libertador del Sur, con Emiliano Zapata como caudillo, que representaba al campesinado pobre. Éste último ejército, junto con las División del Norte fueron los verdaderos héroes y protagonistas de la revolución mexicana de 1910. Carranza nombró Secretario de Guerra a Felipe Ángeles, pero su acercamiento a la División del Norte provoca que Carranza lo relegue del gobierno. Felipe Ángeles es ejemplo de un general que se desprende del carrancismo —incluso desde el propio porfirismo— para unirse a la revolución. Fundamentalmente fue a los ejércitos de Zapata y Villa a los que la burguesía y su su ejército en formación tuvieron que doblegar para consolidar su propio Estado y su ejército.

La principal preocupación de los gobiernos posrevolucionarios (de Madero a Calles) fue desarmar a los campesinos. Desde el interinato de Luis de la Barra —tras la caída de Porfirio Díaz— se “licenció” (se desarmó) a las fuerzas revolucionarias, unos 60 mil hombres. El ejército de Zapata se niega a entregar las armas hasta que la promesa de reparto agrario sea cumplida. Debido a esto los gobiernos de Luis de la Barra y el del propio Madero lanzan tres campañas militares contra el Ejército Libertador del Sur, lo que muestra que un verdadero ejército revolucionario no era compatible con la consolidación del nuevo régimen burgués.  

El punto álgido de la revolución mexicana puede resumirse como una situación de doble poder entre un ejército de campesinos pobres armados en lucha por la tierra, frente a otro ejército naciente bajo control de una nueva burguesía. Esta situación de doble poder, uno popular, e incluso anticapitalista, frente a otro ejército bajo control de una nueva burguesía, no podía durar. Uno de esos poderes debía imponerse. 

Con la derrota de las expresiones populares de la revolución, la suerte de la revolución mexicana como una revolución burguesa estaba asegurada. El nuevo Estado burgués se fue consolidando con la derrota de los verdaderos héroes de la revolución y a través de la reestructuración de gran parte del Ejército Constitucionalista que estaba bajo control de caudillos burgueses como Carranza y Obregón. Esta reestructuración se consolidó a través de fusilamientos y cooptaciones en medio de intentonas de levantamientos regionales.

El constitucionalismo burgués y la consolidación del nuevo ejército

Para el estudio del surgimiento del ejército moderno no podemos omitir las contradicciones de clase mediante las cuales surgió dicho ejército, las pugnas en su interior y la política de las facciones burguesas triunfantes. En realidad, el ejército mexicano actual no nació gracias a la revolución, sino de la derrota de esta. Nació del asesinato de Zapata y Villa, pues Zapata representaba al campesinado pobre en armas y el nuevo Estado burgués que nacía debía derrotar al Ejército Libertador del Sur y también aplastar la insubordinación de la División del Norte de Villa para consolidarse como tal. El fusilamiento de Felipe Ángeles en 1919 a manos de Carranza subraya el hecho de que la consolidación del ejército burgués sólo podía hacerse sobre el cadáver de la revolución y la destrucción y/o subordinación de los ejércitos populares.

En la primera década del siglo XX el Ejército Constitucionalista se dividía en 11 zonas militares, con 30 mil efectivos, distribuídos en 35 batallones de infantería, 18 regimiento de caballería (con 450 elementos cada uno), 5 regimientos de artillería (con 550 elementos cada uno), y un batallón de zapadores. 

Los mandos de las facciones triunfantes del constitucionalismo pertenecían a sectores acomodados, lo que contrasta con el carácter plebeyo de la División del Norte y el carácter campesino del Ejército Libertador del Sur. Al respecto escribe Salmerón que los mandos del constitucionalismo, una vez aplastado el movimiento de Pancho Villa: “[…] pertenecían al núcleo formado en Coahuila en torno a Venustiano Carranza entre 1910 y 1912 y casi todos pertenecían de alguna u otra manera a élites locales o sectores medios del noreste […] ¿Más sobre el origen de clase? Si pasamos al tercer escalón de mando, formado por 106 jefes que mandaron regimientos o fuerzas equivalentes, encontraremos un buen número de empresarios agrícolas o hijos de familias importantes y acaudaladas […]. Por el contrario, si en la plana mayor sólo hay dos trabajadores asalariados, en contra de tantos libros que hablan de dirigentes obreros en las filas del noreste, en el tercer escalón sólo dos tienen militancia en las mutualidades obreras […] No hay un solo peón de campo ni un solo pequeño propietario agrícola y, apenas, media docena de trabajadores manuales asalariados, en su mayoría en los talleres del ferrocarril”.¹

Tras la derrota de Zapata y Villa se estableció una lucha entre diversas facciones militares que pugnaban por el control del naciente estado visto como un botín para el enriquecimiento personal y vehículo de corrupción. 

La tarea de gobiernos como el de Obregón y Calles fue el de institucionalizar esa lucha de facciones corruptas —generales ambiciosos en busca de poder— e institucionalizar al ejército dentro de la normalidad burguesa. Esto se hizo dando un inmenso poder a la Secretaría de Guerra y Marina, con el establecimiento de grados definidos y la diferenciación salarial, es decir, la cooptación de los generales “revolucionarios”, la formación de cuadros militares y la participación de los altos mandos dentro del partido oficial que se organizó por sectores. Esta estructura daría origen al Partido Revolucionario Institucional (PRI).  

Mandos militares estuvieron implicados en los levantamientos de la Huerta en el gobierno de Obregón y con Almazán en el gobierno de Cárdenas, hubo muchos intentos de levantamiento militar. Tras la derrota de esos intentos el gobierno de Obregón procedía a depurar al ejército, con la baja de los generales implicados y la reorganización de la estructura militar. El nuevo ejército se va fraguando en la lucha contra la cristiada, movimiento en que los campesinos desesperados van a ser traicionados por los altos jerarcas de la iglesia. 

Una de las últimas grandes rebeliones militares —la rebelión escobarista— se da en 1929 durante el maximato, cuando se rebela casi el 28% del ejército, pero el general Jesús M. Aguirre termina siendo fusilado y la insurrección es controlada. El propio general Cárdenas —al mando de la división del noroeste—  participó en el aplastamiento de la rebelión. 

Durante este periodo, el maximato, se le atribuye el general Joaquín Amaro (militar que participó en campañas contra Villa), primero como Secretario de Guerra y luego como Director de Educación Militar, la consolidación del Ejército moderno. Se profesionaliza al ejército, se imponen rígidos principios de obediencia y lealtad y se crea una comisión técnica que renueva los reglamentos y leyes militares. “Durante su actuación como Secretario, realizó importantes reformas en la organización y funcionamiento del Instituto Armado, tales como la Organización del Ejército bajo un solo mando, la Unidad de Doctrina Militar y se sentaron las bases para la organización que actualmente tiene el Instituto Armado”.²

Los mandos militares que adquirieron inmenso poder político regional expresaban sus propios intereses, a veces entraban en contradicción con los intereses de la burguesía naciente y de su régimen. Los sucesivos levantamientos contra Obregón, los gobiernos Callistas y contra Cárdenas eran, fundamentalmente, una lucha por el botín político entre militares y políticos ambiciosos. Esta lucha debía institucionalizarse para evitar que el naciente Estado burgués se destruyera a sí mismo

Figuras políticas importantes, cuadros de la burguesía naciente, surgieron del ejército constitucionalista: Obregón —cerebro militar de Carranza— , el propio Plutarco Elias Calles, forjador del Estado burgués moderno y otras figuras corruptas del nuevo régimen:  Adolfo de la Huerta, Benjamin Hill,  Arnulfo R. Gómez, Juan Cabral, Francisco Serrano, Ignacio Pesqueira y Abelardo Rodríguez; Marcelino García Barragán, por ejemplo, fue un traidor del movimiento de Francisco Villa, parte de los militares arribistas que se convirtió en gobernador y, luego del intento fallido de levantamiento militar henriquista —uno de los últimos intentos de levantamiento militar de nuestro país (1950)—, Diaz Ordaz lo reincorpora como secretario de Defensa, en donde juega un papel de dirección en la masacre de estudiantes de 1968. 

Por esto Rubén Jaramillo escondió armas, para volverse a levantar cuando fuera posible y por eso fue asesinado por el propio ejército supuestamente «revolucionario». No fue un ejército revolucionario el que surgió del constitucionalismo, sino un ejército contrarrevolucionario.

Algunos militares giran a la izquierda

El nuevo régimen se vio obligado a hacer concesiones a las masas para montarse en el discurso de la “revolución”, mientras hacía todo para dejar esas conquistas únicamente en el papel y dejar la dotación de tierras en un sistema de cuentagotas, enterrada bajo una montaña de trámites burocráticos. Aunque la situación cambió temporalmente durante el cardenismo, este periodo también fue el de la consumación de la corporativización tanto del movimiento obrero como del campesino al Estado burgués.

Algunos militares —sobre todo mandos medios— tendían a radicalizarse a la izquierda en virtud de las luchas obreras que se dieron al tiempo que el campesinado se replegaba. Esto muestra que el ejército —aunque forma una institución hermética— no está al margen de los procesos y luchas que se establecen en la sociedad. 

La radicalización de algunos generales (por ejemplo, Múgica) se expresó, por ejemplo, en la constitución de 1917. El llamado “sector jacobino”, logró imponer los artículos constitucionales más radicales que no eran bien vistos por Carranza. Esos artículos, sin embargo, fueron un subproducto de huelgas obreras como la de 1916 en la Ciudad de México que dio impulso a esa radicalización.  

Si en la constitución de 1917 se plasmaron derechos arrancados por el movimiento obrero y campesino —y que Carranza tuvo que tolerar a pesar de sus intenciones—, también se dieron las bases constitucionales para la institucionalización del ejército: se ratifica lo establecido en la constitución de 1857 referente a la exclusividad del Ejecutivo para nombrar Generales y jefes superiores del Ejército y establecer el mando civil en el presidente como comandante supremo.  

El principal ejemplo de radicalización de algunos políticos provenientes del ejército se da en la figura de Cárdenas. No cabe duda de que la expropiación petrolera y de los ferrocarriles —algunas de la conquistas más importantes de ese periodo— fueron producto de una reanimación de la revolución mexicana en la forma de un ascenso del movimiento obrero, de huelgas militantes como la de los petroleros, electricistas y maestros. Sin embargo, la tarea histórica de Cárdenas fue la de consolidar al Estado burgués a través de la cooptación del movimiento obrero y campesino a quienes dio importantes concesiones y que, junto con el ejército, se convirtieron en los pilares del Partido gobernante que daría origen al PRI.  En 1936 se reglamentan las promociones al interior del ejército, tomando en cuenta la antigüedad y la aptitud para el mando. Finalmente, la Secretaría de Guerra y Marina cambia su nombre, en 1937, a Secretaría de la Defensa Nacional.   

El carácter reaccionario del ejército mexicano

Como hemos señalado anteriormente, el ejército mexicano actual surgió principalmente a partir de una guerra de exterminio contra Zapata. Pero por si hubiera dudas sobre su verdadero carácter, éste se demostró en la acción, sobre todo durante el periodo poscardenista. No fue un asunto teórico o académico. El carácter de clase del ejército no se muestra en discusiones metafísicas o escolásticas, sino en la historia misma, en la acción y la realidad.

 Al respecto, un estudio señala que: 

“Desde antes que se detectara la actividad guerrillera hasta 1970, el Ejército fue utilizado como uno de los recursos ordinarios tradicionales de uso de la fuerza para dirimir asuntos de política interna y de contención de los delitos. Caciques y gobernadores lo requerían para dirimir conflictos sociales de diversa índole, como los suscitados entre las compañías madereras con los ejidos y comunidades, siempre en favor de los primeros; o cuando el gobierno del Estado respondía a la protesta popular cancelando las vías del diálogo y negociación, optando por la vía de la fuerza. Esta forma de resolver los conflictos sociales, en la que el Estado involucraba al Ejército para apoyar o sustituir a la policía, culminó varias veces en homicidios masivos”.³

Una y otra vez el ejército fue usado para aplastar al movimiento de los trabajadores: el cerco en el Deportivo 18 de marzo de los trabajadores de Nueva Rosita en 1952 la ocupación del internado del politécnico en 1956, las ocupaciones militares para aplastar huelgas como la de los médicos en 1962a, los ferrocarrileros en los 50’s y 60’s ; la guerra sucia de los setentas, etcétera. 

Es bien sabido y documentado el papel del ejército en la masacre del 68; en el entrenamiento y dirección de los grupos paramilitares que actuaron en ese movimiento estudiantil y en el halconazo de 1971. De hecho, estos grupos paramilitares —como “la brigada especial” que combatió a la Liga comunista 23 de septiembre”— si actuaban desde el campo militar número 1 y, junto a otros centros clandestinos de retención y tortura, allí eran retenidos muchos activistas antes de ser desaparecidos.

A partir de la contrainsurgencia contra el movimiento armado de Lucio Cabañas y Genero Vázquez, el ejército juega un papel de genocidio sistemático. Conocido es el papel del ejército en la guerra sucia y en la desaparición —incluso dentro de instalaciones militares— de decenas de jóvenes del movimiento de izquierda:

“A partir de que Luis Echeverría, como presidente de la República, asumió el mando del Ejército, inició con la estrategia política de contrainsurgencia que, en el Estado de Guerrero, también, tuvo tres momentos distintivos. 

1. Operaciones de reconversión de la estrategia y adopción de tácticas contra- insurgentes 1970-1971. 
2. Cerco a la población y asedio a la guerrilla 1972-1973.
3.  Genocidio sistemático 1973-1978”.⁴

La Guerra Sucia se extendió desde finales de los años 60 y hasta finales de los años 90. Los capturados eran despersonalizados y llamados “paquetes” a los que se les podía torturar, asesinar y desaparecer. 

“Hay la denuncia de que a partir de agosto de 1975 comenzaron a realizarse los llamados “vuelos de la muerte” bajo la responsabilidad del entonces teniente coronel Francisco Quiroz Hermosillo y del entonces mayor Arturo Acosta Chaparro. Los reportes del Ejército durante el resto del periodo de Luis Echeverría dan cuenta de algunas presuntas ejecuciones extrajudiciales que se realizaron el 13 de enero de 1976, así como de la protección brindada a caciques locales, terratenientes y generales que se habían hecho de tierras”. ⁵

Según documentos del ejército que se revelaron en 2002, los aviones del ejército, que despegaban con un mínimo de cinco cuerpos desde la base aerea de Pie de la Cuesta, arrojaban a sus víctimas (algunas todavía con vida) hacia los mares de Acapulco en sacos llenos de rocas para ser tragados por el mar y los tiburones y borrar las evidencias de tortura, asesinatos y secuestros por parte del Estado.⁶ Estos son los infames “vuelos de la muerte”. Tan sólo de un avión se tiene el registro de al menos 30 vuelos de la muerte entre 1975 y 1979. Acosta Chaparro fue, incluso, enlace con el narco en el gobierno del asesino Calderón Hinojosa.

El ejército durante la guerra sucia entraba a las comunidades como un ejército de ocupación:

“José López Portillo continúa con la Guerra Sucia y se incrementan las violaciones masivas a los derechos humanos. El Ejército entraba a las comunidades a robar, a violar mujeres y a golpear y torturar campesinos. Son los casos de “La Sabana”, “Las Cruces”, “Kilometro 30”, “Puerto Grande”, “Las Higuerillas”, “La Cañita”, “Los Pocitos”, “La Lajita”, “Topiltepec”.

El terremoto del 85 demostró la incapacidad del Estado, incluso con la activación del plan DN3 que surgió a mediados de los 60s para justificar ante la población el papel del ejército no sólo como un aparato represivo sino también usado para el auxilio ante desastres naturales y limpiar públicamente su imagen. De cualquier manera, desastres naturales como el terremoto del 85 demostrarán que es la población la que se vuelca al rescate, rebasando al Estado, más preocupado por su legitimidad que por la tragedia.  

 El bombardeo contra comunidades indígenas tras el alzamiento neozapatista, las masacres de Acteal y Aguas Blancas realizada por paramilitares vinculados al ajército, la represión de la huelga del 99 —la Policia Federal Preventiva no eran más que militares vestidos de policías—, la violación y asesinato de la anciana Ernestina Ascencio, la masacre de Tanhuato y un largo etcétera muestran el verdadero carácter de clase del ejército mexicano. 

Plenamente acreditado está el papel del ejército en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, incluso por la propia Comisión para la Verdad creada por el gobierno. Los altos mandos del ejército supieron en todo momento y en tiempo real lo que sucedió con los normalistas, las acciones de los Guerreros Unidos, de la policía municipal y estatal en el asesinato y desaparición de los estudiantes y no hicieron nada para salvarlos. El General Cienfuegos estuvo presente en las reuniones donde el narco estado inventó la llamada “verdad histórica”. En realidad, los altos mandos no hicieron nada porque ellos mismos formaban parte de ese narcoestado. 

Tortuoso ha sido el acceso a la verdad histórica en el caso Ayotzinapa y en las investigaciones sobre el papel del estado en la guerra sucia de 1965 a 1990. Los padres de los normalistas desaparecidos denunciaron la retención de documentos por parte del ejército, finalmente algunos de estos documentos aparecieron en el adendum del Segundo Informe de Acceso a la Verdad por el caso Ayotzinapa que Alejandro Encinas entregó antes de renunciar a la Comisión. Encinas denunció espionaje en su contra por parte del Ejército por medio del software Pegasus y a partir de que la Comisión citó a declarar a unos 300 militares sufrió una campaña de hostigamiento y denuncias por parte de los abogados de los militares. La mayor parte de los militares citados a declarar se negaron a colaborar (incluído el General Cienfuegos) y no han sido obligados a declarar. Actualmente sólo 2 generales y otros 20 militares están presos por el caso Ayotzinapa. 

Por su parte, la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad por casos graves de violaciones a derechos humanos de 1965 a 1990 ha denunciado también la desaparición de documentos (al menos 12 archivos desaparecidos), la entrega de documentos mutilados, alterados o censurados; se le ha negado el acceso directo a bóvedas y a los archivos del Estado Mayor Presidencial. AMLO hizo oídos sordos a estas denuncias equiparándolas con una campaña de la derecha, minimizando o descalificando las denuncias de las comisiones que su propio gobierno creó. En realidad, el acceso a la justicia y la defensa del ejército están en profunda contradicción, es imposible hacer ambas cosas al mismo tiempo. 

Si bien es cierto que en el gobierno de AMLO el esclarecimiento de lo sucedido a los normalistas avanzó más que en cualquier otro momento, lo cierto es que el acceso pleno a la justicia entra en contradicción con los intereses del ejército que el mismo gobierno ha fortalecido. La justicia a medias no es justicia y ciertamente no satisface a las víctimas ni a sus familiares. De hecho, los padres de los normalistas se dijeron traicionados por el gobierno. Al último reporte de AMLO⁷ —un reporte muy insensible, lleno de contradicciones, que ni siquiera respeta las conclusiones presentadas por el reporte anterior de Encinas y cuyo objetivo principal es exculpar al ejército— los padres respondieron:

“Usted, sr. presidente, nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado. Usted nos miró a la cara y empeñó su palabra en campaña donde nos prometió resolvería este crimen de lesa humanidad y así nos daría la tan anhelada verdad y justicia que cualquier ser humano tiene derecho a conocer: el paradero de sus seres queridos desaparecidos. Sencillamente no quiso cumplir. No solo nos falló a nosotros, sino también a todo el pueblo de México, el cual también ingenuamente le creyó en algún momento.

No se puede justificar lo injustificable.

Existen numerosos testimonios y declaraciones ministeriales que avalan que ese día el Ejército estaba en las calles y participó de una manera vergonzosa en la desaparición de nuestros hijos ese fatídico 26 de septiembre de 2014.

Eso es una verdad irrefutable.

Nos sorprende que usted quiera borrar las declaraciones del entonces funcionario de su gabinete y representante de la Comisión de la Verdad, el Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, quien él mismo corrobora la participación del Ejército al igual que lo hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)en el caso Ayotzinapa”.

El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), que forma parte de la Comisión de la Verdad entregó su informe y lo título “Fue el Estado”, pues su investigación arrojó que éste ha sido el principal responsable de violaciones graves de derechos humanos entre 1965 a 1990.⁸

El ejército: un Estado dentro del Estado

El ejército es un Estado dentro del Estado. Se trata de más de 321 mil efectivos —considerando al ejército, fuerza aérea, marina y guardia nacional— que forman una institución basada en la jerarquía, la obediencia y el uso exclusivo de las armas. Si bien la base del ejército lo componen soldados provenientes de los estratos más bajos de la sociedad (la mayoría de extracción indígena y campesina), los mandos altos son cuidadosamente seleccionados y educados en una lógica de obediencia y conservadurismo que impregna toda esa institución y que determina su dirección y objetivos. 

Los altos mandos son formados durante la mayor parte de su vida en las escuelas militares donde obtienen grados y posgrados, se trata de cuerpos herméticamente cerrados donde impera un pensamiento conservador, reaccionario y anticomunista. Por ejemplo, un documento llamado “Síntesis de la situación nacional” redactado para Luis Echevería por el entonces secretario de Defensa, el  asesino Marcelino García Barragán y abuelo de Omar García Harfuch (actual secretario de seguridad de Claudia Sheimbaum y probablemente el candidato presidencial que la releve, un potencial Bukele mexicano), sostiene: “El Comunismo Internacional por medio de las Embajadas de Rusia y Cuba y la acción del llamado Partido Comunista Mexicano […] ha llegado a producir graves alteraciones en el orden […] que se torna cada vez más peligrosa para el país”. Y recomienda tomar “medidas radicales para limitar o destruir la acción del comunismo en beneficio del pueblo y gobierno, que solo así podrán continuar su marcha para el progreso”.⁹ 

Los altos salarios de la cúpula militar los asimila, junto con su educación y formalismo, a los intereses de la burguesía y del orden establecido que defienden por esencia. Si actualmente un soldado raso gana poco más de 12 mil pesos mensuales, un mando medio (un teniente, por ejemplo) gana unos 20 mil al mes; una mayor gana más de 40 mil pesos, un coronel más de 70 mil pesos, y los generales ganan de 80 mil hasta más de 111 mil pesos mensuales. Los sueldos en la Guardia Nacional son más o menos equivalentes: mientras un soldado gana unos 11 mil pesos, un coronel gana más de 72 mil pesos. Todo esto sin considerar prestaciones adicionales.

El ejército es un pequeño mundo en sí mismo con sus instituciones propias: escuelas, hospitales, tribunales, a los que hay que añadir los bancos, aeropuertos, una aerolínea, aduanas, trenes, hoteles y la seguridad pública que les ha entregado el actual gobierno. Por sus intereses, educación e historia el ejército es la columna vertebral del Estado burgués, garante de los intereses de la clase dominante.

El carácter del ejército con la 4T

Podría pensarse que el carácter del ejército cambia con el comandante supremo, si en el pasado hubo presidentes de derecha y criminales como Díaz Ordaz, Calderón o Peña Nieto que utilizaron al ejército para masacrar y reprimir, ahora tenemos un gobierno de “izquierda” que pareciera cambiar el carácter represivo del ejército. Después de todo, ¿qué hay de malo que en lugar de utilizar al ejército para reprimir se utilice para la construcción de obras y el mantenimiento de la seguridad pública? Pero la visión superficial omite el carácter de clase del Estado y el papel del ejército dentro de éste. No es un asunto de “narrativas” sino de historia y relaciones de clase, privilegios y estructuras de mando realmente existentes.

La correlación de fuerzas y el movimiento popular lograron llevar a la presidencia a AMLO, pero el cambio de gobierno no modifica el tipo de Estado. El ejército que ha fortalecido AMLO y Sheinbaum es el mismo que participó en la desaparición de los normalistas, el mismo usado en la contrainsurgencia. El actual gobierno no ha realizado, ni siquiera, una purga de los altos mandos. Muy por el contrario, ha defendido a personajes como Cienfuegos, los ha arropado y fortalecido. 

De forma incoherente, mientras AMLO y Sheinbaum hablaron de que el poder judicial está totalmente corrompido y los jueces honestos son la excepción, en el caso del ejército sostuvo que los militares corruptos son sólo algunas manzanas podridas dentro de una institución supuestamente limpia y ejemplar. Pero no hay razones para suponer que si instituciones como el poder judicial y el INE sirven a los intereses de una élite, el ejército sea la excepción. Aquí la 4T se autoengaña y engaña a los demás. 

El ejército, en forma de la Guardia Nacional, está siendo utilizado, bajo las presiones de Donald Trump, como guardafronteras del imperialismo. Así también se ha utilizado en operativos mandatados por el gobierno estadounidense, la caída del Mencho y la entrega al gobierno estadounidense de decenas de cabecillas del narco son ejemplos de ello. 

La política de seguridad del gobierno de la 4T está fuertemente influenciada por los designios del imperialismo; los integrantes del ejército reciben entrenamiento del ejército norteamericano. El nacionalismo del ejército mexicano es de protocolo y demagogia hecho para las fiestas patrias, en los hechos son un instrumento tanto de la burguesía nacional como de los intereses del imperialismo yanqui.    

Por el momento los altos mandos del ejército no pueden realizar un golpe contra la 4T por la enorme popularidad del gobierno y la correlación de fuerzas que se los impide, además de que ciertamente han obtenido jugosos beneficios y poder de este gobierno. Pero la burguesía espera su oportunidad y trabaja conscientemente para lograrla. Que no quepa duda de que la plana mayor de los altos mandos se pasaría de lado de los golpistas si vieran la oportunidad. De hecho, los altos mandos lo expresaron así a Luis Cresencio Sandoval en un desayuno en octubre de 2018 donde el general Gaytán Ochoa se pronunció a nombre de la mayoría de los altos mandos donde expresaba su preocupación por el rumbo de izquierda del país, la polarización social, el resentimiento, la supuesta acumulación de poder por parte del ejecutivo y la supuesta falta de contrapesos. Es decir, los altos mandos comparten la retórica de la oposición de derecha y su visión del país.   

En realidad, el pacto de la 4T con el ejército forma parte de la manera en que su gobierno se está equilibrando entre el ejército, las masas y sectores de la burguesía, haciendo malabares para llevar adelante parte de su programa reformista en los marcos del capitalismo. La tarea del nuevo régimen es contener a las masas con algunas reformas y programas sociales intentando salvar al capitalismo de sí mismo, restaurando el prestigio maltrecho del estado —especialmente el ejército— frente al pueblo. 

Pero este equilibrio semibonapartista tiene sus costos, gobernar sentado en las bayonetas de ejército pone al gobierno bajo la presión de los altos mandos que, por ejemplo, lograron la negociación del gobierno para la liberación del corrupto general Salvador Cienfuegos, la entrega de un reconocimiento a éste y su vergonzosa defensa. Lo anterior a pesar de estar señalado en el segundo informe del de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa como uno de los que participaron en las reuniones para la creación de la llamada “Verdad histórica”. 

Los reformistas al llegar al gobierno tienden a pensar que gobernarán pacíficamente para toda la eternidad. Pero en la medida en que no pueden resolver los problemas fundamentales de las masas —en el mejor de los casos pueden lograr paliativos temporales— terminan preparando el retorno de la derecha. Y prueba de esto lo tenemos en la historia reciente de América Latina y en el ascenso de monstruos como Milei en Argentina. Si la administración directa del estado regresa a la derecha —al control directo de la burguesía— las bases constitucionales para una dictadura cívico militar de derechas estarían dadas. La 4T está montada sobre una bestia que mostrará su verdadero papel en cuanto regrese a la correa de su verdadero amo.

Para una verdadera transformación: la revolución socialista y el pueblo en armas

Un verdadero ejército del pueblo significa armar al pueblo, purgar los altos mandos del ejército y basarse en la experiencia de las policías comunitarias y guardias populares, que sea un verdadero garante de los avances y motor para verdaderamente radicalizar los cambios. Lo demás es autoengaño. La afirmación de que el ejército es pueblo uniformado tendría sentido si los altos mandos fueran sustituídos por comités de soldados vinculados al pueblo. Un nuevo ejército podría surgir de esta forma, por la creación de policías comunitarias o por una combinación de ambos fenómenos. Pero desmontar al ejército corrupto y reconstruirlo con el pueblo significa llevar adelante la destrucción del Estado burgués y esto sólo tiene sentido si existe un programa de expropiación de la gran burguesía, es decir, un programa socialista. Esto es lo que necesitamos los trabajadores.

Marx completó su idea del Estado planteado en el Manifiesto Comunista añadiendo que la clase obrera no debía limitarse a tomar el poder, sino que debía destruir el Estado burgués, sustituyéndolo por un Estado obrero tipo “comuna”. La revolución de octubre y el poder soviético bajo Lenin y Trotsky —antes de la contrarrevolución estalinista— nos muestra una de las formas que puede implementarse un Estado de los trabajadores. 

La historia demuestra que todo intento de utilizar al Estado burgués para llevar adelante una transformación termina en experiencias como la de Salvador Allende o Madero. Experiencias recientes como la invasión yanqui a Venezuela —y la sumisión del aparato burocrático— o la experiencia en Bolivia confirman esto. Si el Estado burgués no es desmontado, ese mismo aparato termina, de una u otra forma, por volverse contra la revolución.  

La necesidad de una revolución socialista y la creación de un Estado obrero podría sonar demasiado radical y utópica para muchos, pero la verdad es que la creación de asambleas populares y guardias comunitarias no es ajena a la historia reciente de México, incluso hunde sus raíces en la forma popular y “chinaca” en que se derrotó a los invasores en el siglo XIX, igualmente la APPO mostró el camino en el 2006. Las guardias comunitarias en Cherán muestran que el pueblo armado y organizado es la mejor garantía de seguridad, pues el mismo pueblo es el que conoce mejor su propio territorio y no se establece como ninguna fuerza de ocupación externa al mismo pueblo organizado. AMLO habló mucho sobre las reservas culturales del pueblo de México. No hay porqué omitir en ellas las experiencias de autoorganización y armamento del pueblo.  

Los propagandistas de la 4T afirman que las autodefensas y guardias comunitarias fueron creación del gobierno de Peña Nieto en donde el Estado renunciaba a su obligación de brindar seguridad. Pero afirmar esto es calumniar la memoria de Mireles, la experiencia de Nestora Salgado y la autoorganización de comunidades como Cherán. Es cierto que algunos líderes de policías comunitarias y autodefensas —como el llamado “Papá Pitufo”— fueron o se convirtieron en simples grupos delincuenciales. Pero el proceso de corrupción o cooptación fue facilitado por la falta de programa de muchos de estos grupos y su separación del control comunitario. Sin embargo, es un hecho que si en algún momento se comenzó a resolver el problema de la seguridad fue cuando las guardias comunitarias tomaron el control de la seguridad en buena parte de Michoacán, como sucedió en el 2014. Estos grupos se formaron a través de asambleas populares en donde se armaron grupos de unas 20 mil a 30 mil personas. Su origen y dinámica inicial desmienten que su formación haya sido fundamentalmente una conspiración del gobierno de Paña Nieto. 

Pero la renuncia de la 4T a apoyarse en estas experiencias como parte de una verdadera estrategia de seguridad muestra la desconfianza de los reformistas hacia las masas, que sus apelaciones al pueblo son sólo válidas mientras se pueda controlar el movimiento desde arriba y con perspectivas puramente electorales, convocar a manifestaciones limitadas y puntuales, o a consultas que no pongan en peligro la estabilidad del sistema. 

Por supuesto, los comunistas  apoyamos muchas de las medidas progresistas del gobierno —rescate de la soberanía energética, programas sociales, lucha contra la corrupción, aunque en el último periodo se han demostrado casos de corrupción en el propio ejército como la trama del huachicol fiscal—, pero también es necesario tener cabeza propia, ser críticos y tener conciencia de clase. De hecho es una ley histórica que administrar el estado burgués lleva a la larga a adoptarlo y a moldearse a sus usos y costumbres, ello incluye la corrupción, el oportunismo político descarado e incluso la infiltración del narco y políticos de derechas que durante el gobierno de Shienbaum son más evidentes. En este contexto los rasgos reaccionarios del ejército se harán más patentes conforme las luchas  crezcan.

 Necesitamos organizarnos para luchar por el socialismo. Hay que llamar a las cosas por su nombre, el ejército actual no es un instrumento para el cambio, sino el aparato represivo de la clase dominante. La gran burguesía está desesperada por recobrar el control directo de su Estado y su ejército; y éste también espera las condiciones para volver a la correa de su verdadero amo.

Referencias

1. Salmerón, Pedro; Los carrancistas, México, Planeta, 2009, pp. 200-201.
2. https://www.gob.mx/sedena/documentos/gral-de-div-joaquin-amaro-dominguez.
3. Hirales Morán, Gustavo A., México: ajustando cuentas con la historia (justicia transicional fallida), México, UNAM, 2017, p. 143.
4. Ibid. p. 143-144.
5. Ibid. p. 148.
6. https://www.youtube.com/watch?v=02i8CkqHzu8.
7. https://www.jornada.com.mx/2024/07/20/politica/002n1pol.
8. https://www.meh.org.mx/especial-informe-final/?fbclid=IwY2xjawFZT_1leHRuA2FlbQIxMAABHWd5L4kZ-RQhqDDcK7fScOlbaduX-DOKpqNLpXiWD8CaDgJtX4s4jDz8Mw_aem_Mxk35X6P4ZXflNbVwrpirw.
9. Citado en: Rubén Ortiz Rosas, La contrainsurgencia mexicana en la década de 1970: ¿Anticomunista o en defensa de las instituciones? una mirada al aparato contrainsurgente a partir de sus documentos. México, Instituto Mora, 1976, pp. 6-7.