La violencia en México es de los problemas más graves que nos aquejan día a día a las familias de la clase trabajadora. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, se sumaron 171,085 personas asesinadas[1] y se estima una media de 77 asesinatos al día a lo largo del territorio nacional[2]. La cifra de desaparecidos y desaparecidas resulta igual de alarmante. Desde 2010, el número estalló en 41,099 mil personas y, actualmente, se registran 114, 069 mil desaparecidos[3]. Todo parece indicar que la tendencia seguirá en aumento. Infancias, jóvenes, estudiantes, pueblos indígenas, mujeres y hombres de la clase obrera y campesina somos los que sufrimos en esta sociedad devastada por el crimen y la inseguridad generalizada, ante un gobierno que no tiene la capacidad para atender estos problemas o, lo que es peor, es el mismo Estado burgués el que nos reprime y asesina cuando nos ponemos en pie de lucha.
La apuesta más importante en materia de seguridad pública en el gobierno de AMLO ha sido la implementación de la Guardia Nacional (GN), activa desde mediados de 2019 a través de una serie de leyes expedidas, reformas constitucionales y un decreto presidencial. De esta forma, la Policía Federal prácticamente fue llevada a un proceso de extinción para que la Guardia Nacional asumiera su lugar en la defensa de la seguridad a nivel federal en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, el carácter ambiguo de las funciones de la GN y su estructura han sido fuertemente cuestionados desde su inicio, sobre todo en lo relacionado al papel que tendría este cuerpo armado para el fortalecimiento indirecto del Ejército mexicano. Y, en términos concretos, esa ha sido la realidad.
A pesar de crearse como institución de seguridad de carácter civil, la GN ha estado fuertemente vinculada con las Fuerzas Armadas desde sus primeros pasos. Basta con observar las cifras de sus miembros para diciembre de 2020, apenas un poco más de un año después de su creación: De los 100 mil activos, el 75% de sus elementos pertenecían al Ejército y la Marina (59 mil 548 de Sedena y 16 mil 513 de Semar)[4], incluyendo oficiales de mando. Actualmente, la GN cuenta con 120 mil elementos en sus filas. La cuestión es clara: La Guardia Nacional se consolidó en muy poco tiempo, desde su propia fundación, como un brazo armado más del Ejército para aumentar su poderío represivo dentro de la vida civil del país.
Una mirada general de las múltiples concesiones del gobierno de AMLO con el Ejército permite entender que no hay nada sorprendente en el carácter militar de la GN, es un paso más en el fortalecimiento del Estado burgués mexicano y su brazo represivo que se ha hecho en los últimos sexenios. Según el Inventario Nacional de lo Militarizado, “durante el actual sexenio de López Obrador, a nivel federal, 83% de los convenios entre las fuerzas armadas y otras instituciones federales son para funciones civiles no relacionadas con la seguridad pública”[5]. Las dos obras insignia de la 4T en materia de infraestructura, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, fueron asumidas bajo la administración de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), así como los aeropuertos de Palenque, Chetumal, Tulum y el Felipe Angeles en CDMX. Los recursos económicos para las Fuerzas Armadas es uno de los gastos más grandes en el Presupuesto de la Federación de 2024: Sumando lo asignado a la Sedena, Marina y Guardia Nacional se da un total de 367 mil millones de pesos mexicanos. Para dimensionar, el presupuesto de Cultura es de 16 mil millones, 23 veces menor que el de las Fuerzas Armadas[6].
Con el paquete de reformas pasando por la mayoría calificada de Morena —el llamado Plan C de Andrés Manuel— es casi un hecho que el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum se caracterizará por el traspaso oficial de la Guardia Nacional a manos de la Sedena, a través de una serie de modificaciones a la Constitución aprovechadas para entregarles más libertad política y jurídica al Ejército en los asuntos civiles del país. En realidad, esto no es más que la oficialización de algo que ha pasado por décadas: Impunidad, corrupción y trabas institucionales para regular a las instituciones armadas.
Pero a pesar de los distintos crímenes y masacres que ha cometido el ejército hacia el pueblo, en defensa de los intereses del Estado burgués —y no pocas veces, coludido con el crimen organizado—, en 2021 el INEGI encontró una alta percepción afirmativa de la sociedad mexicana hacia el Ejército y la Marina, del 86% y 87% respectivamente, incluso con un 42% que considera al Ejército muy efectivo en sus tareas[7]. Las causas de este fenómeno son complejas, pues abarcan respuestas tanto objetivas como subjetivas de la realidad de las masas en el país, pero podemos relacionar este aumento de la popularidad en los últimos años con las políticas de AMLO en defensa de las Fuerzas Armadas para su involucramiento en la vida política del país. En uno de los documentos oficiales de la Guardia Nacional se lee que “esta honorable institución tiene como objetivo primordial recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado”[8]. Lo hemos dicho antes respecto al carácter populista de AMLO: Mediante concesiones y apoyos económicos logró mantener contentas a las masas del país, pero de fondo, sus intereses no han estado en el bienestar del pueblo, sino en el fortalecimiento del Estado capitalista.
Eso significó incluso darle la espalda a una de sus principales promesas de campaña, la solución del crimen de Estado de Ayotzinapa, para posicionarse en defensa del ejército afirmando que no hay pruebas que los vinculen a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. AMLO dejará la presidencia con un Estado fortalecido militar y judicialmente para seguir el proyecto de la 4T en manos de Sheinbaum.
¿La violencia se resolverá con el ejército?
Como comunistas nuestra postura es clara: Por supuesto que no. La teoría marxista del Estado comprende que el Estado es el principal instrumento de las clases dominantes para la defensa, por todos los medios, de sus necesidades económicas. El ejército se posiciona como el brazo represivo del Estado que usa la fuerza física para la protección de la clase al poder, así como sus propiedades, territorios y mercados económicos. El Estado mexicano y su ejército están en manos de las clases dominantes capitalistas, esto es un hecho innegable. Las lecciones históricas en México a lo largo del siglo XX y siglo XXI han sido prueba de ella: La matanza de Tlatelolco en el 68, los 43 desaparecidos en Iguala y la matanza de Tlatlaya del 2014, entre otras represiones a las luchas sociales del país.
La Guardia Nacional tampoco es una estrategia novedosa ni pretende cambiar nada el carácter reaccionario de las fuerzas armadas, al contrario, se mantiene en la misma lógica. Surge oficialmente en México en 1846 como estrategia del gobierno para la defensa del país contra la intervención estadounidense, y ante la falta de un ejército centralizado pronto se convirtió en el instrumento de las clases dominantes para imponer sus intereses políticos a lo largo del territorio nacional[9]. En la actualidad, con su regreso en 2019, la GN ha violado los derechos humanos de forma sistemática. En 2022, estudiantes de la Universidad de Guanajuato exigieron justicia ante el asesinato de su compañero Ángel Yael Ignacio, de 19 años, por parte de un elemento de la GN. Al mismo tiempo, se ha dado a conocer la desaparición de decenas de jóvenes en Guadalajara, demostrando la ineptitud de las fuerzas que nos protegen.
Mientras el Estado y sus instituciones se mantengan controlados por la parasitaria clase burguesa, no se hará absolutamente nada para transformar el modo de producción capitalista, la raíz fundamental de la explotación del trabajador y la naturaleza. La violencia, las desapariciones, el crimen descontrolado seguirán en aumento ante un capitalismo en estado de crisis y, por tanto, incapaz de resolver los desastres provocados por el mismo.
Aunque se nos diga que las Fuerzas Armadas son el pueblo uniformado, esto no significa que estén del lado de las masas, no mientras sigan obedeciendo los intereses del capital a través del Estado. La respuesta para combatir la violencia no es la militarización. Hace falta la revolución socialista que lleve a la transformación radical del sistema.
Para combatir la violencia se necesita del control de los medios de producción a manos de los trabajadores del campo y de la ciudad; la expropiación de las riquezas de los grandes capitalistas, incluyendo el narcotráfico; y nuestra propia organización y armamento del pueblo desde un programa político comunista y la lucha unificada por medio del partido revolucionario que busque la victoria de nuestra clase para una nueva sociedad con dignas condiciones de vida que el capitalismo es incapaz de ofrecernos.
[1] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suman-171085-homicidios-en-el-sexenio-de-AMLO-20240117-0008.html
[2] https://elpais.com/mexico/2024-04-18/los-homicidios-y-la-inseguridad-vuelven-a-repuntar-en-mexico-pese-a-las-promesas-electorales.html
[3] https://imdhd.org/redlupa/informes-y-analisis/informes-nacionales/informe-nacional-2024/
[4] https://ciep.mx/guardia-nacional-origen-composicion-y-presupuesto/
[5] https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2024/04/Comunicado-de-prensa-INM.pdf
[6] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2024.pdf
[7] https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/09/07/fuerzas-armadas-mexico-militarizacion-amlo-poder-civil/
[8] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/791999/Libro_GN_corregido.pdf
[9] https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/opera-prima-derecho-admin/article/viewFile/1502/1402