Entre BlackRock y la FIFA: la 4T cede ante la presión del capital imperialista
Carlos Márquez
Si algo podemos agradecer a Donald Trump es que muestra con toda crudeza lo que es el imperialismo, lo que ha encausado a que una capa más grande de trabajadores tome conciencia de que necesitamos una sociedad distinta al actual sistema. El gran capital se impone, aplasta a la pequeña industria, doblega gobiernos y economías de naciones enteras; en su defensa se hacen guerras y se derrocan mandatarios. En la actualidad, la única forma de lograr una verdadera soberanía e independencia nacional es luchando abiertamente contra el imperialismo y el capitalismo. De no hacerlo, como lo vemos en un país tras otro, se termina sucumbiendo ante la presión imperialista.
Los imperialistas quieren gas barato de México
Claudia Sheinbaum se reunió este mes de abril con Larry Fink, director de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo. Si bien no se anunció un acuerdo concreto, sí se habló de futuras inversiones en México. Al día siguiente, en su conferencia matutina, se planteó la posibilidad de reintroducir en el país la técnica de fracturación hidráulica (fracking) para extraer gas desde el subsuelo, bajo el argumento de que existen nuevas tecnologías menos dañinas para el medio ambiente.
Aunque la presidenta afirmó que ambas cosas no están relacionadas, en la reunión con el director de BlackRock también estuvo presente Adebayo Ogunlesi, vinculado a inversiones en energía, transporte y gestión de agua. No se trata de coincidencias: la reunión con el capital financiero global y el anuncio posterior del fracking evidencían que se pone la economía al servicio de la inversión y las necesidades del capital internacional.
Se argumenta que esto responde a la necesidad de alcanzar soberanía energética ante la fuerte dependencia del gas importado. En 2025 se consumieron aproximadamente 8.6 mil millones de pies cúbicos diarios de gas, de los cuales alrededor del 76% provinieron de importaciones de Estados Unidos (ver). En un contexto de tensiones comerciales y presiones imperialistas donde Trump podría incluso amenazar o cerrar el suministro de gas a México, se plantea que el fracking permitiría reducir esa dependencia.
¿Una decisión científica?
Ante el giro en su postura, el gobierno creó una comisión técnico-científica para evaluar la viabilidad del fracking. Esta deberá emitir conclusiones en apenas dos meses sobre un tema profundamente complejo y controversial, lo que genera dudas sobre la profundidad del análisis.
La comisión incluye a los rectores y director general de instituciones como la UNAM, la UAM y el IPN. Resulta difícil hablar de autoridad moral o independencia cuando participan funcionarios como Arturo Reyes-Sandoval, que se enfrenta a protestas y cuestionamientos de la propia comunidad politécnica por actos de corrupción. ¿Quién dice que ahora no se venderá a los intereses del gran capital? Aunque es posible que participen científicos honestos y capaces en la comisión, todo indica que este mecanismo busca legitimar una decisión ya tomada de antemano por presiones económicas y políticas imperialistas.
Algunos investigadores señalan que incluso el llamado “fracking limpio” continúa generando emisiones contaminantes muy dañinas para el planeta. Uno de los principales problemas ecológicos es el enorme consumo de agua. Se ha planteado el uso de agua salada o tratada, pero esto implica costos muy elevados que difícilmente asumirán las empresas privadas. Como señala un comunicado de la Alianza Mexicana contra el Fracking:
“El tratamiento se basa en sistemas que requieren una inversión inicial considerable de entre 5 y 10 millones de dólares por instalación. Las plantas también generan altos costos operativos, debido al alto consumo energético necesario para tratar agua de alta salinidad. Por ejemplo, tratar un solo barril de agua producida mediante evaporación puede costar entre 3 y 6 dólares. ¿Asumirá Pemex estos costos, pese a su ya elevada deuda?” (subrayado en el original, Ver).
La mayor demanda de gas en México proviene de la industria, no de los hogares. Esto revela que la presión por ampliar la producción energética responde fundamentalmente a necesidades del capital, lo que empuja al gobierno a considerar técnicas más agresivas de explotación (fracking), que le permitan una extracción más rápida de energéticos, cuando podría priorizar el uso de las llamadas energías limpias. Y aunque oficialmente no se dice, hay una enorme cantidad de gas que Pemex es incapaz de procesar y simplemente se quema. En vez de implementar el fracking debería buscarse procesar ese gas ya existente para su aprovechamiento.
Las industrias estatales deberían tener el monopolio de los energéticos para que no sean los privados quienes lucren con esto y debería buscar que no sea la ganancia la que se imponga sino se tenga una política sustentable. La inversión en esta industria será absorbida principalmente por grandes corporaciones privadas. Pemex, con una elevada deuda, difícilmente podrá asumir estos costos. Esto implica que el desarrollo del fracking estará ligado a inversión extranjera y capital financiero internacional.
Resistencia a la agresión del gran capital
Las comunidades campesinas e indígenas tienen una larga experiencia de despojo frente a proyectos extractivos. Organizaciones como la Contraloría Autónoma del Agua y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina han advertido que la implementación del fracking sería vista como una agresión directa a sus territorios. Como señala esta última:
“Si la Federación autoriza utilizar el fracking, sería una declaración de guerra en contra de los pueblos originarios, que han expresado que están dispuestos a defender su territorio y sus derechos ante esta situación, la cual afectará los recursos naturales en varios Estados” (ver).
Las comunidades temen la contaminación de ríos, lagos, cascadas y ecosistemas de los que dependen directamente su producción agrícola, ganadera y actividades como el turismo comunitario, además de ser el soporte material de su vida cultural y formas de organización social en la rica región huasteca. La posible infiltración de químicos en los mantos acuíferos, la reducción en la disponibilidad de agua y la degradación del entorno natural amenazan no solo su economía, sino su forma de vida en su conjunto. No es casual que ya durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se desarrollara una fuerte resistencia, en la que comunidades indígenas y campesinas, a través de asambleas, acuerdos municipales y movilización directa, lograron declarar sus territorios libres de fracking mediante organización y lucha.
Como marxistas nos oponemos al fracking porque es una forma de explotación indiscriminada de la naturaleza, con enormes costos ecológicos y sociales para la gente que vive alrededor de estas zonas. Destruye el sustento de comunidades y su cultura. No significa que el ser humano no pueda transformar su entorno de forma racional. Como explicó Friedrich Engels advierte en El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre: cada avance sobre la naturaleza puede volverse en contra de la humanidad por no contar con un pleno dominio de ésta y de sus consecuencias sociales. A ello se suma que, bajo el capitalismo, incluso cuando esos daños son conocidos, la explotación indiscriminada de la naturaleza continúa impulsada por la búsqueda más inmediata de ganancia del gran capital. El problema no es el uso de los recursos naturales en sí mismo, sino su explotación bajo la lógica anárquica del capitalismo, orientada a la ganancia inmediata y no a una planificación racional en función de las necesidades sociales de los trabajadores del campó y la ciudad y el equilibrio ecológico.
El Mundial 2026: otro rostro de la subordinación
Un segundo ejemplo de esta subordinación al gran capital se observa en la organización del FIFA World Cup 2026. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha promovido el evento como una oportunidad de desarrollo, pero en los hechos se alinea con las exigencias de la FIFA y sus patrocinadores globales, como Coca-Cola, Adidas o Grupo Modelo. Estos actores imponen condiciones de exclusividad comercial, control del espacio urbano y uso de recursos públicos para infraestructura y seguridad. La propia presidenta ha sostenido reuniones y eventos con grandes corporaciones en el marco del Mundial, promoviendo la inversión privada asociada al evento.
En este contexto, se impulsan obras de infraestructura —remodelación de estadios, adecuación de vialidades, transporte, mejoras en aeropuertos y zonas turísticas— que, aunque pueden tener efectos duraderos y algunos serán benéficos, no responden prioritariamente a las necesidades cotidianas de la población trabajadora. Mientras millones de personas dependen diariamente de sistemas como el Metro con problemas estructurales de saturación y mantenimiento, los recursos públicos se orientan a proyectos vinculados a un evento de corta duración. Además, estas obras se realizan de manera acelerada mientras la población sigue utilizando estos servicios, lo que incrementa los riesgos para los usuarios y ha derivado en accidentes. Al mismo tiempo, asistir a partidos en recintos como el Estadio Azteca se vuelve cada vez más inaccesible para amplios sectores populares debido al alto costo de los boletos.
Estos megaproyectos generan además encarecimiento del suelo, desplazamiento de población y procesos de gentrificación en zonas cercanas a las sedes —como el entorno del Estadio Azteca en la Ciudad de México— mientras la mayor parte de las ganancias se concentra en la FIFA y las empresas transnacionales. Así, bajo el discurso del desarrollo, el Estado actúa como garante de un gran negocio privado de escala global.
Un gobierno que se posiciona a favor de los capitalistas
Hay quien mantiene la ilusión de que es posible conciliar los intereses del capital con los de los trabajadores. Como señaló Rosa Luxemburgo en Reforma o Revolución:
“En lugar de tomar partido por la instauración de una nueva sociedad, lo hacen por la modificación superficial de la vieja sociedad. […] Nuestro programa no es ya la realización del socialismo sino la reforma del capitalismo.”
Los ejemplos del fracking y del Mundial muestran que no se trata de decisiones aisladas, sino de una lógica más profunda. El gobierno, pese a su discurso de defensa de la soberanía y ver por el pueblo, actúa dentro de los límites del capitalismo, administrando sus contradicciones y garantizando las condiciones para la acumulación del capital a costa de los trabajadores. Las presiones del imperialismo en esta segunda administración de Trump han venido a acelerar los límites del gobierno mexicano para atender las contradicciones inherentes del sistema. Un sector cada vez más radicalizado de la clase trabajadora está llegando a esas conclusiones y es nuestro deber como comunistas acompañarles para plantear una salida verdaderamente revolucionaria.
Demos el beneficio de la duda y esperemos el dictamen de la comisión técnica sobre el fracking. Sin embargo, experiencias recientes apuntan en otra dirección. La lucha magisterial por mejores pensiones mostró cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum evitó afectar los intereses de la banca, aun cuando ello implicaba mantener las reformas al sistema de pensiones heredadas del llamado PRIAN —la continuidad de las políticas impulsadas por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional— que perjudican hasta hoy a los trabajadores de la educación. Más que decisiones aisladas, estos episodios reflejan una tendencia: ante el conflicto entre los intereses del capital y las necesidades de los trabajadores, el gobierno —aunque mantenga un discurso de soberanía y aplique paliativos menores para las masas— opta por preservar los primeros. Todo indica que, en el caso del fracking, se reproducirá esta misma lógica de subordinación a los intereses del gran capital y del imperialismo.
La promesa de soberanía energética mediante el fracking bajo inversión privada extranjera o el impulso de megaproyectos como el Mundial bajo control de corporaciones globales, evidencian que no hay ruptura con el imperialismo, sino adaptación a sus exigencias.
La experiencia histórica es clara: no existen caminos intermedios estables entre los intereses del capital y los de la clase trabajadora. La única alternativa real pasa por una transformación profunda de las relaciones sociales de producción.
Frente a los ataques del imperialismo —que no solo llegan en forma de bombas, sino también de contratos, megaproyectos y técnicas extractivas como el fracking— se vuelve imprescindible la lucha de los explotados del campo y la ciudad, de manera independiente del Estado, de todos los partidos que lo administran y de la burguesía. Esto implica no solo la construcción de un partido con un programa claro de clase, sino también la organización de la clase misma a todos los niveles: en las comunidades que defienden su territorio; en los centros de trabajo y sindicatos que deben enfrentarse a la precarización y mantenimiento de un buen nivel de vida de los trabajadores; en los centros de estudio donde la juventud se forma, organiza y lucha. Solo articulando estas fuerzas podrá enfrentarse de manera efectiva la ofensiva del capital.
Porque la defensa del territorio, del agua y de la vida misma no es una causa aislada: es parte de una lucha más amplia contra un sistema que todo lo convierte en mercancía. Y frente a ello, la tarea no es reformarlo ni administrarlo mejor, sino acabar con él: luchar por una sociedad socialista, dirigida por los trabajadores del campo y la ciudad, donde la riqueza social y los recursos naturales se planifiquen racionalmente en función de las necesidades colectivas y no de la ganancia privada.