Durante años sabíamos que la corrupción carcomía las entrañas del país, los compadrazgos, el amiguismo, el pago de favores y un sinfín de formas en las que conocemos la corrupción y que van de la mano de los gobiernos que ponen por encima los intereses de los poseedores en contra de los intereses de la gran mayoría de trabajadores en el país.
Desde el síndico o el regidor que sabíamos no era capaz de sobrellevar las tareas pertinentes a tales cargos, pero que sabíamos era amigo o familiar del candidato, asimismo podemos decir sobre negocios o contratos, en los que se inflaban los precios para sacar tajada del presupuesto, ya sea para el enriquecimiento personal, para desviar recursos a campañas políticas o para pagar favores.
La corrupción en nuestro país se volvió una forma de vida, en alguna ocasión caía algún personaje de la política, pero su caída era motivada por los movimientos a lo interno, en términos coloquiales alguien involucrado le ponía un “cuatro” para reposicionarse en algún puesto, para salir en las fotos, en otras ocasiones a algunos personajes era mejor callarles la boca, y no precisamente con dinero. Así transcurrirán los años, los gobiernos, las corruptelas, y sobre todo la impunidad.
Pero en el 2018 las cosas cambiaron, al menos en lo que respecta a la lucha contra la corrupción, veremos hasta dónde está dispuesta a ir la 4T, por ahora puede presumir de que ha detenido en gran parte del país el robo de combustible y que ha reducido el gasto del gobierno, también puede presumir de los procesos judiciales en contra de ciertos personajes, pero lo cierto es que el combate a la corrupción es una de muchas aristas y que no toca la problemática de fondo.
El caso Odebrecht
Odebrecht S.A. es una compañía de ingeniería y contratación fundada en 1944 y tiene su sede en Salvador de Bahía y Sao Paulo, Brasil. Esta compañía ha construido plantas de energía, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, incluido el Aeropuerto Internacional de Miami, y participa en minería, plataformas de petróleo y gas en alta mar, acerías, plantas petroquímicas y nucleares, y proyectos de saneamiento y riego.
Odebrecht admitió que comenzó a sobornar sistemáticamente a funcionarios alrededor de 2001, poco después se profesionalizó, al crear una división dedicada a sobornar para obtener contratos en al menos una docena de países. Según las declaraciones de procesamiento y los documentos judiciales muestran que la división funcionaba como una unidad de soborno independiente dentro de Odebrecht. La división reportaba a los niveles más altos de la compañía y para ocultar sus actividades, utilizó un sistema de comunicaciones y pagos completamente separados y fuera del libro llamado Drousys. Las operaciones en las que se discutían los sobornos se realizaban por correos electrónicos seguros, nombres de código y contraseñas. En varios países los empleados de Odebrecht hacían conexiones con los que estaban en el gobierno o en un puesto clave, asimismo con aquellos que parecían que pronto llegarían al poder.
En diciembre de 2016, tras un acuerdo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Odebrecht de delación premiada1, esta última reveló haber configurado un sistema de soborno y fraude masivo en 12 países durante al menos una década, pagando al menos $788 millones de dólares (mdd) en sobornos a funcionarios de gobierno, partidos políticos y candidatos con el fin de obtener ventajas en la adjudicación de contratos de obra pública y en el desarrollo de sus negocios en distintos países.
Dicha investigación ha llevado a la cárcel a una parte de los involucrados en distintos países, hay algunos prófugos y en el caso más extremo, el ex presidente del Perú Alan García, se suicidó tras la orden de captura emitida en su contra derivada de las investigaciones en las que lo vinculaban a casos de corrupción.
En la gran mayoría de los países involucrados como ya mencioné y sin entrar en detalle hubo algún castigo a los responsables de recibir sobornos, el caso Odebrecht fue un terremoto en la gran mayoría de los países involucrados, pero no en México, no en tiempos del PRI.
México
Cuando el caso Odebrecht salió a la luz pública en casi todos los países se iniciaron investigaciones para conocer los vínculos con la empresa brasileña y averiguar si los contratos que se tenían con ellos estaban limpios o en su defecto procesar a los que estuvieron inmiscuidos, y digo casi en todos porque nuestro país se quedó a la zaga de los acontecimientos, guardando un silencio casi sepulcral sobre las declaraciones en las que se mencionaba que algunos funcionarios mexicanos habían recibido sobornos y aunque algunos de los involucrados, sobre todo de la constructora, rindieron declaraciones en las que se acusaba a funcionarios mexicanos, no hubo una sola detención.
Pero para entender la importancia del caso Odebrecht hay que recordar que después del fraude electoral en que se envistió como presidente a Enrique Peña Nieto, se logró un acuerdo histórico entre las diversas fuerzas políticas del país, o al menos en el espectro electoral, el tan renombrado Pacto por México, en el que el PRI, el PAN, y el PRD, acordaron llevar adelante las “reformas estructurales” que tanto necesitaba el pueblo de México, entre ellas la “reforma educativa”, “la reforma laboral” y la “reforma energética”.
Esta última promovía la inversión extranjera en la paraestatal, sobre todo porque Petróleos Mexicanos (Pemex) necesitaba capitalizarse dado que en los años recientes a la “reforma”, la paraestatal reportaba pérdidas importantes o al menos eso era lo que decían. Si hacemos un poco de memoria, lo mismo ocurrió con TELMEX y Ferromex, ambas empresas paraestatales reportaban “pérdidas”, eran una carga para el erario público y las vendieron a un precio muy por debajo de su valor real.
Regresando al caso Odebrecht, la constructora reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a “altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado”. Los representantes de la constructora brasileña admitieron a las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos, justamente esos pagos coinciden con las discusiones y aprobación de la reforma energética por los integrantes del Pacto por México.
2018: el triunfo de AMLO
Todos los negocios turbios que se llevaban a cabo siempre eran ocultos a la luz pública, si algo llegaba a filtrarse, armaban un show, culpaban al eslabón más débil, lo metían preso por un tiempo o se deshacían de él, y asunto arreglado, hay que agregar que, como ahora sabemos, algunos de los medios más importantes — más por su alcance, que por su profesionalismo periodístico— recibían jugosos cheques, por lo que la noticia era olvidada en un mar de noticias intrascendentes y/o ridículas.
Con las elecciones en la puerta y el asunto Odebrecht pausado, pues nunca se hizo nada seriamente al respecto, las cosas siguieron su curso normal, en la élite política pensaban que Meade o Anaya ganarían las elecciones —obviamente tenían calculado un nuevo fraude electoral—, sin embargo, el descredito del gobierno del PRI, encabezado por Peña Nieto, fue tan grande, que desde las pre campañas ninguno de los dos candidatos de la derecha tenían el impulso ni los seguidores para poder asestar otro fraude a AMLO, las campañas discurrieron y llegó el día de la elección. A las pocas horas de que las urnas cerraron y que empezó el conteo, tanto Meade como Anaya salieron a reconocer su derrota.
El triunfo de AMLO cambió la ecuación, ahora era un “sálvese quien pueda”, porque si bien Obrador cambió su discurso sobre hacer juzgar a todos los corruptos al de no vengarse de nadie, es una persona que dice respetar la ley, y eso era más que suficiente para empezar a indagar a fondo sobre lo que los otros gobiernos no habían hecho.
Para nosotros la corrupción en un síntoma más de la barbarie capitalista, en la que la búsqueda del enriquecimiento es el único fin, y para ello no importan los medios que se ocupen para llegar al objetivo, por lo tanto, la lucha contra la corrupción es solo un paso adelante, pero no es el fin de todos los problemas.
Lozoya Austin
Emilio Lozoya Austin hasta ahora es el único detenido y procesado en nuestro país sobre el caso Odebrecht, sin embargo, es la pieza clave, pues según las declaraciones del corporativo brasileño, a él fue a quien se le entregó el dinero para favorecerlos en los contratos con Pemex.
Lozoya es originario de Chihuahua y es egresado de la Licenciatura en Derecho por la UNAM y de la Licenciatura en Economía por el ITAM, su carrera política despuntó cuando se unió a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, en la que se desempeñó como coordinador de Vinculación Internacional de la campaña del PRI, de septiembre del 2012 a noviembre del mismo año, ocupo el cargo como Coordinador de Asuntos Internacionales del equipo de transición de Peña Nieto y poco después fue nombrado director de Pemex.
Antes de unirse a la campaña de Peña de 1999 al 2001, se desenvolvió como Oficial de Inversiones de la Unidad de Inversión de Reservas Internacionales y Cambios del Banco de México; del 2003 al 2005, fue Oficial de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); del 2005 al 2009, fue director en Jefe para América Latina del Foro Económico Mundial, del 2009 al 2012 se desempeñó como director de su propio fondo de inversiones JFH Lozoya Investments y también fue integrante del Consejo de Administración del grupo empresarial OHL, ahora Aleática, firma española que también estuvo envuelta en escándalos de corrupción durante el gobierno de Peña Nieto. En febrero de 2016, antes de que saliera a la luz pública el caso Odebrecht, y sin explicación alguna Lozoya fue sustituido de la dirección de Pemex por José Antonio González Anaya.
Muy probablemente su salida se debió a que en Brasil se había echado a andar la operación “Lava Jato” (Auto Lavado), y que desde 2014 se investigaba a funcionarios de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) sobre actos de corrupción. Para 2016, como ya mencioné anteriormente, el gobierno de Estados Unidos se involucró en los casos de corrupción, sobre todo porque desde ese país se hicieron los movimientos de dinero para pagar los sobornos. Seguramente su remoción fue un movimiento para quitarlo de la escena pública ante las probables acusaciones de corrupción en su contra.
Cuando se hizo público el caso y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en diciembre del 2016 el acuerdo de culpabilidad con Odebrecht en el que la firma brasileña admitió haber entregado sobornos, en enero del 2017 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició indagatorias en torno al caso e incluso el entonces Procurador Raúl Cervantes sostuvo encuentros con fiscales brasileños para conocer el caso.
Asimismo, se tomaron declaraciones de tres funcionarios de Odebrecht en las que acusaban a Lozoya de haber recibido al menos 10.5 millones de dólares en sobornos. Los pagos, de acuerdo con los testimonios, comenzaron cuando Lozoya se desempeñó como Coordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto y continuaron luego de que asumió la titularidad de Pemex.
Y en una muestra de la impunidad que rodeaba a los personajes más cercanos a Peña, la PGR llamó a declarar a Lozoya en agosto del 2017, aunque no emprendió acciones penales en su contra, y la impunidad continuó cuando la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) reportó avances en torno a los sobornos de Odebrecht en el gobierno de Peña Nieto, entonces encabezada por Santiago Nieto Castillo, quien fue removido en octubre de 2017, supuestamente por presiones de Lozoya.
Si hacemos un poco de memoria hay que recordar que en 2012 en plena campaña de Peña a la presidencia se repartieron una infinidad de tarjetas con dinero electrónico, unas bajo el auspicio del Banco Monex, y otras de la cadena de supermercados Soriana, con las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht queda claro que el dinero usado en las tarjetas provenía de los pagos a Lozoya, de ahí también se deriva la presión de éste para que removieran a Nieto Castillo de la Fepade, puesto que las averiguaciones dieron a conocer que el PRI gastó más de 4 mil 500 millones de pesos en la campaña de 2012, trece veces más de lo permitido por la ley electoral, pero la impunidad se mantuvo, ya que no pasó nada.
En diciembre del 2017, la organización periodística mexicana Quinto Elemento Lab reveló una serie de videos en los que se describe cómo corrompieron a Lozoya y le entregaron los sobornos millonarios a cambio de contratos de Pemex, en los vídeos se indica que le apostaron al futuro de Lozoya en el gobierno de Peña Nieto e inicialmente acordaron entregar al entonces integrante de la campaña presidencial 4 millones de dólares, pero Lozoya con un simple Twitter negó estar involucrado en actos de corrupción.
Otro de los casos de corrupción en los que estuvo inmiscuido Lozoya fue al aceptar sobornos millonarios de parte de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA) a cambio de la compra por parte de Pemex en 2014 de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados con un sobreprecio. Por este caso, el dueño de AHMSA, Alonso Ancira, también enfrenta cargos penales y un proceso de extradición de España a México.
Pero las cosas no acaban ahí, también se le acusa de haber ocasionado pérdidas por unos 50 millones de euros tras la compra en 2013 durante su gestión al frente de Pemex de un astillero español, al mismo tiempo enfrenta investigaciones por la compra con presunto sobreprecio en 2015 de la planta de Fertinal.
De prófugo de la justicia a colaborador de la 4T
Como ya expliqué, la llegada de AMLO al gobierno ha significado algunos cambios, —pero hay que decir que la estructura del Estado burgués se mantiene intacta—, en materia judicial se han iniciado procesos en contra de personajes tales como Rosario Robles (quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla), Pedro Joaquín Coldwell, Luis Videgaray, Ildefonso Guajardo, el General León Trauwitz, Alberto Elías Beltrán, Alonso Ancira (detenido en España, en proceso de extradición), Juan Collado (se encuentra detenido en el Reclusorio Norte).
Por otra parte, la 4T se ha negado a rescatar a los empresarios o a ofrecerles dádivas por la pandemia, en materia social ha destinado una enorme cantidad de recursos, incluso se creó el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), que realiza subastas de propiedades recuperadas, vehículos, joyería, entre otras cosas, y el dinero recaudado se destina principalmente a comunidades marginadas en el país.
Bajo esa lógica es que en mayo del 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión en contra del ex director de Pemex, pues las investigaciones durante el sexenio de Peña no llevaron a ninguna parte, obviamente no querían que no se supiera más de lo necesario y que no pasará nada, como era la costumbre. Un mes después la FGR obtuvo órdenes de aprehensión en contra de familiares de Lozoya (su madre, esposa y hermana), tras la presentación cargos en su contra por presuntamente haberse beneficiado de los sobornos que él habría recibido.
Mientras que a Lozoya se le imputan los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, éste ya había abandonado el país.
No fue hasta el 12 de febrero del presente año que Lozoya fue arrestado a bordo de un taxi cuando regresaba a la mansión que utilizó como escondite en una exclusiva zona residencial habitada por multimillonarios, llamada La Zagaleta, en Málaga, España, en donde las casas se venden entre los 4 y 16 millones de euros. Después de varios meses de negarse a ser extraditado a México, Lozoya aceptó volver al país y ofreció colaborar en las averiguaciones por los cargos que se le imputan.
Los detalles del acuerdo al que llegaron no se conocen bien, pero se ha hecho público que Lozoya ha ofrecido 18 horas de grabaciones en donde se muestran los sobornos entregados a legisladores a cambio de aprobar la reforma energética de Peña Nieto, es más, ya se ha dicho que el ex candidato a la presidencia por el PAN, diputado federal en 2012 y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, recibió por intermediación de Luis Videgaray, 6.8 millones de pesos para que votara a favor de la reforma energética, y que en total fueron 52 millones de pesos los que se le entregaron a la bancada panista para que la reforma se aprobará, lo mismo sucedió con los panistas en la Cámara de Senadores, Ernesto Cordero y los hoy gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
¿Lozoya actuaba solo?
La importancia del caso Lozoya no es solo por los sobornos pagados por Odebrecht para obtener contratos con Pemex, eso es un juego de niños comparado con la red de corrupción que puede ser descubierta, ya hemos vistos que el dinero que recibió Lozoya sirvió para financiar la fraudulenta campaña de Peña Nieto, y todos conocemos las consecuencias que el pueblo trabajador vivió bajo su sexenio, también sirvió para sobornar a quién fuera necesario para aprobar la reforma energética, quién sabe si actuaron de la misma forma con las otras reformas, por ahora no lo sabemos, pero no es algo que se pueda descartar.
Es obvio que Lozoya no actuaba solo, en su papel de director de Pemex tenía que rendir cuentas a alguien, y ese alguien seguramente fue Peña Nieto, aunque eso tampoco quiere decir que Peña Nieto estuviera detrás de todo. Y ahí es dónde radica la importancia de Lozoya en la lucha anticorrupción de la 4T.
Hasta ahora y según lo que se dice en algunos medios de comunicación, el nombre de Peña Nieto ya ha salido en las declaraciones de Lozoya, incluso se dice que autoridades de Estados Unidos ya investigan a Peña Nieto por la adquisición de Fertinal puesto que se cree, recibió sobornos para realizar la transacción.
Sin embargo, y dada la experiencia que tenemos sobre Peña Nieto y su enorme ineptitud, es difícil reconocer o al menos aceptar que él fuera quien orquestara todo, porque la forma en la que se robaron la elección en 2012, con un enorme movimiento estudiantil-juvenil como el #YoSoy132 en su contra, sumado la inmensa cantidad de recursos que despilfarraron, la intimidación e incluso robo de casillas, fue porque el PRI tenía que ganar la elección a como diera lugar (hasta el matrimonio ficticio de Peña con la Gaviota), por lo tanto no es posible que en la mente de Peña se fraguara tal cosa, a lo mucho fue el ejecutor, sobre todo por el poder que tenía al ser el presidente del país, pero aun así Lozoya y Videgaray jugaron un papel importante.
Tal vez tengamos que buscar en la sede del PRI nacional, en Atlacomulco, o tal vez en el extranjero, pero no buscando una teoría conspirativa sobre los masones o los illuminati, sino en los intereses de la burguesía internacional que durante años se han puesto por encima de los intereses de los más explotados en nuestro país.
La 4T y su lucha contra la corrupción
Desde su campaña en 2018, e incluso antes, AMLO centro sus ataques contra la corrupción, diciendo que es el peor de los males que tiene México, después de ver cómo una sola persona movía tanto dinero de manera ilegal, no podemos negar que la corrupción es una lacra para el país, pero no es el peor de los males.
El verdadero mal se encuentra en el sistema económico, político y social bajo el que vivimos, es decir, el capitalismo, la corrupción es un síntoma más, pero no es la enfermedad. Bajo el capitalismo lo único que importa es la obtención de la máxima ganancia, ya hemos visto que lo que les importa es el fin, no los medios para llegar a ese fin. No les importa que millones de personas no tengan acceso a la salud, a la educación o a un trabajo, sus mezquinos intereses son puestos por encima, el enriquecerse a como dé lugar es lo que importa.
La lucha de la 4T es válida en el sentido que se están desenmascarando las corruptelas, los desvíos de recursos y todas las porquerías que se hacían bajo el auspicio de los gobiernos del PRI y el PAN, y tan solo es una pequeña muestra, Lozoya todavía tiene mucho que decir, pero la pregunta es ¿hasta dónde llegará la 4T en su lucha contra la corrupción?
Si la 4T es congruente tendría que echar abajo la reforma energética, cancelar todos los contratos y renacionalizar Pemex, tan solo porque la aprobación de dicha reforma se dio bajo coacción, se deberían de iniciar procesos penales en contra de los ex diputados que recibieron los sobornos, también se debería de juzgar y meter a la cárcel a todos los operadores, Luis Videgaray y Pedro Joaquín Coldwell, y eso sería solo el comienzo, porque podemos decir, sin duda a equivocarnos que al menos en los últimos 4 sexenios hubo actos de corrupción, hay que recordar las toallas que compro Fox, el incendio en la guardería ABC en la que sigue habiendo impunidad, y así podría mencionar un sinfín de casos en los que la 4T tendría que castigar a los responsables.
Pero siendo sinceros sabemos que mientras el Estado burgués y sus instituciones se mantengan intactas no se ira muy lejos, AMLO y la 4T no buscan que se modifique eso, tan solo se busca poner a gente “honesta” al frente de las secretarías, y con el ejemplo de AMLO no caerán en los vicios del PRI y del PAN, pero tan solo hay que hacer notar que él ha metido a personajes innombrables a su gabinete, y como dice el dicho popular: a perro huevero, aunque le quemen el hocico.
Una verdadera lucha contra la corrupción sería una lucha contra todos los privilegios de la clase parasita en nuestro país, que todos los empresarios y banqueros abrieran sus libros de cuentas, de esa forma sabríamos si lavan dinero del narcotráfico, que los contratos que hace el gobierno se hagan públicos, pero la única garantía para eso es la movilización de las y los trabajadores para forzar al gobierno a que rompa con la oligarquía.
Somos nosotros los que verdaderamente vamos a defender nuestros intereses, en otras palabras lo que necesitamos es un gobierno que defienda esos intereses y para ello es necesario luchar para acabar con el capitalismo en México y el mundo, y para ello necesitamos estar organizados, por eso es que desde La Izquierda Socialista te invitamos a formar parte de esta lucha por la transformación socialista de la sociedad.