Ayotzinapa, 12 años: ¿nuevos hallazgos o encubrimiento del Ejército bajo el gobierno Sheinbaum?
Carlos Márquez
La presidenta ha señalado que han elaborado un nuevo documento sobre el caso Ayotzinapa que ya se ha entregado a los padres y madres (cosa que ellos han negado), que da nuevas luces sobre el caso.
Ante el cuestionamiento de un periodista, en la conferencia mañanera del 21 de septiembre pasado, en el que señala que los padres sostienen que se sigue encubriendo al ejército, Sheinbaum dijo: “No se encubre a nadie, pero tampoco se toma en cuenta libros de ficción. Ya van a ver, cuando se presente el informe, a quiénes protegieron los libros de ficción”.
Daremos el beneficio de la duda, sin embargo los hechos que han acompañado esta nueva etapa de la investigación realmente nos generan muchas dudas sobre si realmente se avanza hacia la verdad, justicia y paradero de los normalistas. Que el documento se haga público el lunes 28, después del 12° aniversario de la noche de Iguala, permite inferir que temen fuertes críticas o incluso un rechazo abierto al documento.
Encubrir la implicación del ejército
El gobierno de AMLO creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ), que hizo progresos en la investigación negando la llamada verdad histórica (la versión fabricada durante el gobierno de Peña Nieto) y con ello, la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula y esparcidos en el río San Juan. Concluyó que Ayotzinapa es un crimen de Estado.
El proceso de investigación y acceso a la justicia avanzó hasta el punto en que se desvelaba la implicación del Ejército y de sus altos mandos en la desaparición de los 43 normalistas. AMLO llegó a declarar:
“Ciertamente, no hay duda de la responsabilidad del Estado, ya sea por omisión, ocultamiento y fabricación de la llamada verdad histórica de los funcionarios federales, estatales y municipales involucrados, pero el señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano (…)” (ver).
Nosotros agregaremos que el Estado estuvo implicado no solo en ocultar el crimen sino fue partícipe de éste. En cuanto al Ejército, estas declaraciones de AMLO y la defensa al general Cienfuegos coinciden con la negativa del cuerpo armado a entregar 853 documentos (folios) que se presume pueden ser relevantes para demostrar su implicación. Ahora se llega a negar la existencia misma de estos documentos o la propia presidenta llama “libros de ficción”. Pero, frente a un recurso de amparo, un juez emitió, el pasado 19 de febrero, una resolución que: “ordena entregar, en particular, 853 folios militares generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, correspondientes a 2014, los cuales han sido exigidos de manera sostenida durante años por las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa” (ver).
Esta órden no se ha acatado, sin embargo. En el mes de julio, cinco meses después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sacó una recomendación (208VG/2026) donde se señala que hubo violaciones graves en la noche de Iguala (26-27 de septiembre de 2014) a derechos humanos contra 92 normalistas que incluye fuerza excesiva; violacion a la integridad física y tratos crueles, inhumanos o degradantes; desaparición forzada y asesinatos. Pero todos estos reconocimientos de la gravedad del asunto ya todos lo sabemos, sin embargo, este documento exime al ejército de su responsabilidad.
Los padres criticaron duramente a la CNDH tras su informe y recomendación. Han señalado que se reunieron con esta institución en dos ocasiones y que ninguno de los compromisos acordados se cumplió, incluido que se “iniciaría una investigación a la Sedena y a la obstaculización a los trabajos del GIEI”. “[…] Por el contrario, solo se dedicó a resaltar la protección al ejército y decir que ellos no tuvieron nada que ver en la desaparición de nuestros hijos. También pretenden descalificar todo el trabajo realizado por el GIEI, los organismos internacionales y a las organizaciones que nos han acompañado durante más de once años en nuestra lucha”.
Y añaden:
“La CNDH también pretende regresar a la versión del gobierno del PRI del 2014, al minimizar el caso Ayotzinapa como un hecho local con la participación de solo policías municipales con la delincuencia organizada, quitando totalmente la responsabilidad del ejército mexicano y de la Marina.”
En su comunicado sentencian:
“La CNDH se apartó de los principios de proteger y estar de lado de las víctimas, para estar de lado de los responsables de un caso tan doloroso como la desaparición de nuestros hijos” (ver).
Es por ello que se han realizado protestas en la actual jornada de lucha frente a la CNDH. Es lamentable que este actuar se dé bajo la dirección de Rosario Ibarra Piedra, víctima indirecta de desaparición forzada, hermana de un desaparecido durante la guerra sucia.
La nueva estrategia y el encarcelamiento de Aguirre
Todo indica que el criticado informe-recomendación de la CNDH es la antesala para el giro en la retórica e investigación del gobierno sobre el caso. El acto seguido fue el encarcelamiento, el 6 de agosto, de un “pez gordo”, Ángel Aguirre, quien fuera gobernador de Guerrero en ese 2014.
El 31 de agosto, lo cual no parece casualidad, La Jornada saca en primera plana un encabezado que dice: “Dan giro al caso Ayotzinapa: 20 bolsas con restos y un crematorio clandestino”, y una nota de Miguel Ángel Vázquez con el mismo nombre que el encabezado.
En cuanto al caso Aguirre, su encarcelamiento coincide con el “hallazgo” de nuevos vídeos que él mismo ocultó. Estos pueden ser importantes, sin duda, pero no son una nueva línea de investigación, se sabe de su existencia desde 2014. Antes de él, fue encarcelada Lambertina Galeana Marín, exmagistrada y expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Guerrero, quien negó la existencia de estos videos. Al respecto, Angela Buitrago, ex miembro del GIEI, dijo: “ella durante tantos años manifestó que era mentira, que no era cierto, que ella no lo estuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, faltó a la verdad bajo gravedad del juramento en sus primeras declaraciones. Ahora es la testigo de cargo contra el gobernador” (ver).
No es negativo que se haya conseguido esta información, sin embargo, esta información salida en La Jornada, que se suma al actuar de la CNDH, y las declaraciones hechas por la presidencia, parece que lo que buscan es avanzar en una línea de investigación que pueda encarcelar a algunos criminales civiles (como Aguirre) pero proteger a las fuerzas armadas. Además de una justicia a cuentagotas, esta se entrampa en el enmarañado poder judicial que ralentiza la sentencia de los implicados. Es decir, no ir a fondo al esclarecimiento y castigo a los culpables.
En la nota que mereció una portada en La Jornada, se dice que se encontraron las 20 bolsas en una funeraria, que las bolsas estuvieron ahí durante casi 12 años sin que nadie las viera, en un espacio que fue auditado por autoridades estatales en varias ocasiones. No está claro si hay una correcta cadena de custodia de estas presuntas pistas que evite o haya evitado que se siembre evidencia.
La 4T incapaz de dar justicia
El crimen de Ayotzinapa dejó 6 muertos, un compañero en estado vegetativo y 43 desaparecidos. Es verdad que ocurrió cuando no gobernaba la 4T y no podemos acusar a ellos de este crimen, pero si los podemos condenar por no ser capaces de esclarecer éste asunto ni dar justicia. Entendemos que las propias instituciones Estatales y el crimen organizado han actuado en boicotear esta investigación. Correctamente, una reciente columna de La Jornada recuerda:
“Doce años después, el crimen sigue haciendo daño: seis padres y dos madres han muerto buscando a sus hijos, varios funcionarios que intentaron acercarse a la verdad se encuentran prácticamente en el exilio, personas han sido asesinadas para ‘borrar pistas’” (ver).
El punto central es el siguiente: Ayotzinapa es un crimen de Estado, el Estado sigue actuando para protegerse y la estrategia de la 4T no es combatir a esta organización criminal, sino apoyarse en ella y fortalecerla. Por eso, un aliado estratégico de la 4T es la Sedena, las fuerzas armadas son el corazón del aparato de represión llamado Estado. Tienen un poder propio y doblegaron al gobierno de AMLO y lo mismo hace con el de Sheinbaum, en el caso Ayotzinapa.
Es irónico que hasta la propia presidenta diga que no hay pruebas de la implicación del Ejército en la desaparición de los 43 cuando, por un lado, se niega información relevante al no obligar al Ejército a entregar los 853 folios que se ha negado a proporcionar y, por otro, existen 17 militares vinculados a proceso con la información disponible. A pesar de ello, se afirma que la investigación no muestra su implicación.
La conclusión es clara, este Estado no nos sirve a las familias trabajadoras para obtener justicia, por el contrario, es una organización que tiene sobre sus espaldas múltiples crímenes contra la clase trabajadora y sus hijos. Ayotzinapa es un caso emblemático de esto.
12 años después, exigimos justicia
Aunque se encarcelan a implicados no militares como Ángel Aguirre, la marina y el ejército siguen impunes. Además, ninguno de los detenidos da pistas sobre dónde están los 43, en ese sentido no se ha avanzado ni un milímetro en la exigencia central de los padres de los normalistas de Ayotzinapa.
Hoy, a 12 años después de la noche de Iguala, saldremos nuevamente a la calle a exigir justicia y diremos: “¡Ayotzinapa es un crimen de Estado! ¡Fue el ejército!” Seguiremos luchando por encontrar el paradero de los 43 y hasta que no demuestren lo contrario diremos: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”
Esta herida abierta no cicatrizará. Hay que amputar al Estado criminal de nuestra sociedad. Necesitamos construir una nueva justicia, venida de la organización de los trabajadores del campo y la ciudad. Tenemos que construir una nueva sociedad, donde no haya desaparecidos y ahora tenemos más de 130 mil desaparecidos en el país.
Este mes un nuevo estudiante normalista fue asesinado en condiciones poco claras, “Toñito” Salgado Aparicio, estudiante del Mexe, Hidalgo. Una estudiante de intercambio en Morelos fue víctima de Feminicidio, Claudia Tacoronte. Lo mismo ocurrió con Karla Margarita, estudiante de la Universidad de Guadalajara. En Veracruz, el 8 de septiembre fue asesinada Mari Cris, egresada de la Universidad Colón, y el mes pasado fueron encontrados muertos en un auto Michel Melanie Méndez Morales y Luis Fernando Hernández Ibáñez, estudiantes de la Universidad Veracruzana. Las desapariciones, los homicidios de la juventud y los feminicidios no son casos aislados, no solo son hechos de hace 12 años, se han vuelto cotidianos.
Volvemos a repetir esa consigna que podíamos leer en las calles hace 12 años: “¿Qué cosecha un país que siembra muertos?” Puede cosechar barbarie, un horizonte sin futuro digno, de explotación, violencia, desapariciones y muerte. Pero también puede cosechar una revolución que acabe con este sistema que nos hunde en la barbarie para construir un futuro digno.
Nuestro futuro no podemos dejarlo en manos del Estado y sus instituciones; debemos tomarlo con nuestras propias manos, como clase trabajadora y juventud. Se necesita cambiar de raíz la sociedad. Por eso construimos el Partido Comunista Revolucionario, porque necesitamos organizarnos para cumplir esta tarea. Acabar con el capitalismo podrido que asesinó a estudiantes y pobladores de Guerrero y desapareció a 43 normalistas será también la mejor justicia que podemos hacer por Ayotzinapa.