En este mes se acaban de cumplir 20 años desde la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada en el año 2001, con el objetivo de investigar y esclarecer los graves abusos a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno que tuvo lugar en el país entre 1980 y 2000. El informe final, publicado en 2003, documentó de manera exhaustiva los horrores de ese período, incluyendo actos de violencia, violaciones, desapariciones forzadas y masacres.
Este informe no sólo arroja luz sobre la magnitud de las violaciones a los derechos humanos, sino que también pretendía hacer un llamado a la reconciliación y a la construcción de un futuro más justo dentro del sistema podrido, que había obligado a un sector de la población a radicalizarse. Y que para reprimir y exterminar estos grupos guerrilleros, el gobierno de A. Fujimori tuvo que hacer un autogolpe para crear así toda una política que lo blindara a él y a su cúpula de la responsabilidad por los excesos cometidos. También se aplicaron medidas militares traídas desde los EEUU y su experiencia en el enfrentamiento con el Vietcong.
Y justamente, por mencionar a los EEUU, se acaban de revelar cuatro documentos que describen todo el plan y seguimiento que tenía la CIA para la región y, en específico, para el Perú.
Una evaluación del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), de 1994, describió la “Operación Aries” en la selva de Perú, citando relatos de testigos sobre helicópteros del Ejército ametrallando aldeas.
El informe también detalla cómo Armando Villanueva, uno de los principales dirigentes apristas y que en los años ‘85-‘90 fue premier de Alan García, estando al tanto de los abusos que desarrollaban los militares al interior de país, como en la masacre de Cayara (Ayacucho), en 1988, en la que los militares ejecutaron a más de treinta campesinos.
Esta revelación demuestra, una vez más, lo que tantas veces denunciamos de la socialdemocracia y sus políticas reformistas y oportunistas, que son totalmente opuestas a la clase proletaria y campesina.
Y sobre la dictadura de los años ’90, ya son conocidos los hechos, tras los juicios a los que fue sometido.
Con la revelación de estos cuatro documentos, lo que se demuestra es algo que ya la gran mayoría de peruanos sabíamos, con la novedad de que desde el país del norte, a pesar de manejar esta información, se mantenían relaciones cordiales con estos gobiernos, mientras les eran útiles, hasta que el desborde popular y los actos de corrupción televisados fueron de tal infamia que, desde Washington, le bajaron el dedo al japonés y a su asesor, el también ex espía de CIA Vladimiro Montesinos.
Lo que demuestran este informe de la CVR, y los archivos de la agencia de seguridad nacional de los EEUU, es que la burguesía utiliza todo tipo de elementos, dentro o fuera de la legalidad, para no perder su hegemonía cuando ésta se ve amenazada. Y no le tiembla la mano a la hora de deshacerse de los gobernantes títeres cuando ya no le son útiles, y hoy pretende que bajo los cimientos de la llamada «democracia» condenemos sólo a los actores políticos y militares y no al sistema que masacró a miles de peruanos entre 1980 y 2000, cuando se registraron alrededor de 69 ,280 víctimas del conflicto armado.
Debemos decir que dentro del marco del capitalismo la única verdad es que, tanto la burguesía peruana como el imperialismo estadounidense, tienen en las manos la sangre de los obreros y campesinos que se resistieron a continuar bajo su yugo opresor. Son ellos los que siguen ostentando el poder económico, político y social en el Perú, son ellos quienes nuevamente han asesinado a más de 60 personas durante las protestas contra el golpe de Estado de Dina Boluarte, con tal de salvaguardar sus intereses. Por lo tanto, no puede haber un proceso de reconciliación con los que nos siguen matando y beneficiándose de la explotación de nuestra clase. ¡No puede haber reconciliación con el opresor!
La única vía mediante la cual el pueblo peruano puede obtener justicia es la de la lucha de clases. Sólo con la organización de la clase obrera y campesina, y la dirección de un partido verdaderamente revolucionario, nuestra clase podrá aspirar a arrebatarle el poder a los dueños del capital, de modo que los medios de producción y los bienes de nuestro país estén a disposición de quienes generamos la riqueza y no al servicio de un puñado de asesinos.
La reivindicación, justicia y acceso a la verdad para los caídos sólo llegará a partir de la organización de los oprimidos del Perú.
¡Ni perdón, ni olvido! ¡Castigo a los asesinos!
