Escrito por: Jorge Martín
Una mujer de 81 años murió en un incendio en su piso en Reus en las primeras horas del martes 15 de noviembre. El fuego fue causado por una vela que tenía junto a su cama. Hace dos meses, la compañía de electricidad Gas Natural le había cortado el suministro al no poder pagarlo. Este trágico incidente revela la barbarie de un sistema que pone el beneficio privado por encima de las necesidades de las personas y pone de relieve el impacto brutal que la crisis del capitalismo está teniendo en millones de familias en España.
La compañía, que cortó el suministro de electricidad a la casa de esta anciana, Gas Natural Fenosa, es una multinacional española que opera en más de 30 países y cuyos principales accionistas son La Caixa y Repsol. Gas Natural es el tercer mayor proveedor de gas y electricidad en España y tuvo beneficios de más de 1.500 millones de euros en 2015.
El mercado eléctrico español está dominado notoriamente por un puñado de grandes compañías que mantienen de rehenes a los consumidores. Los precios de la electricidad han subido un 52% en los hogares en el período 2008-14, el doble del aumento medio en Europa, lo que hace de España el país con los quintos precios más caros de la UE (véase el gráfico). Como resultado de la crisis capitalista, que ha golpeado con especial dureza a España, más del 28% de la población está ahora en riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social. 3,5 millones se encuentran en una situación de pobreza severa. «La pobreza energética» –es decir, las familias que tienen dificultades para pagar las facturas de electricidad– afecta ahora al 17% de todas las familias españolas (unos 7 millones de personas), un aumento del 47% desde el inicio de la crisis. Cinco millones de personas no pueden calentar adecuadamente sus hogares. Se calcula que la pobreza energética provoca 7.000 muertes al año.
Mientras que los gigantes de la energía se llenan los bolsillos con ganancias cada vez mayores, el gobierno del Partido Popular de Rajoy ha utilizado su mayoría parlamentaria para bloquear al menos 12 propuestas de ley diferentes para lidiar con el problema de la pobreza energética, que impida la desconexión del suministro de los hogares pobres y garantice una cantidad mínima de energía para las familias pobres.
En el caso de Cataluña, una de los más afectadas por la pobreza energética, la situación es aún más escandalosa. En 2015, el Parlamento catalán, bajo la presión de la movilización popular en torno a este asunto, aprobó una ley para hacer frente a los desahucios y la pobreza energética. El gobierno español recurrió al Tribunal Constitucional y partes de la ley se encuentran suspendidas en su ejecución. Una de las medidas afectadas es la posibilidad de que las familias pobres puedan suspender temporalmente el pago de sus facturas de energía durante los meses de invierno.
Parece que en el caso de la mujer de Reus que murió, la compañía podría haber roto esta ley que obliga a los proveedores de energía notificarlo a las autoridades pertinentes antes de desconectar a los clientes de la red, para que puedan conocer la situación económica de la familia y activar algunos de los beneficios que cubren a las familias más pobres. En este caso esto no se hizo y tanto el Ayuntamiento de la localidad de Reus como el gobierno catalán han convocado a la empresa sobre esto.
Como ha explicado Laia Ortiz, miembro del equipo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, esta muerte podría haberse evitado. Ella señaló que 7 de cada 10 incendios en los hogares de Cataluña están vinculados a la pobreza energética con personas que utilizan velas para iluminar sus casas o estufas de madera para calentarlas.
Los concejales de la CUP, que son el segundo grupo más grande en Reus, no tuvieron pelos en la lengua para culpar al sistema capitalista por la muerte de la mujer: «Cuando una muerte es provocada, ya sea por acción o por omisión, es un asesinato. Y los que defienden este sistema son cómplices». Como señalaron correctamente, el problema es la propiedad privada. La compañía municipal de agua informó de la falta de pago de las facturas de esta anciana y el ayuntamiento intervino en su momento para subsidiarla, mientras que el proveedor de electricidad, de propiedad privada, no informó de que había cortado el suministro.
El dirigente de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha solicitado que el presidente de Gas Natural Fenosa, Isidre Fainé, «uno de los hombres más ricos y poderosos del país» vaya al Parlamento a explicarse sobre este caso y lo que su compañía está haciendo al respecto. También explicó que Podemos ha convocado concentraciones populares frente a las oficinas de Gas Natural en todo el país, la mayoría el próximo sábado.
La muerte de la mujer de 81 años en Reus ha provocado un clamor general. Las compañías de energía son odiadas en particular, ya que han continuado haciendo beneficios durante la crisis, ayudadas por los políticos de los principales partidos, muchos de los cuales terminan en los consejos de administración de estas mismas compañías una vez que cumplieron su mandato como ministros o secretarios de Estado. La demanda de la nacionalización de las empresas de energía se ha convertido en un tema central. Sólo una conclusión que se puede sacar de esta tragedia. El sistema capitalista, al poner los beneficios de un puñado de empresas privadas gigantes por encima de los intereses de la mayoría de la gente, es el responsable y debe ser eliminado.