La 4T, atrapada en las telarañas del Estado burgués, sucumbe ante el Ejército
Carlos Márquez
Engels dijo en su Origen de la Familia: “La esencia de la sociedad civilizada es el Estado, una maquinaria esencialmente destinada a reprimir a la clase oprimida y explotada, y que en todos los períodos típicos es exclusivamente el Estado de la clase dominante”.
El Estado mexicano, instrumento de la burguesía
El Estado mexicano se consolidó tras la revolución mexicana. Nace de la destrucción del Estado porfirista por los ejércitos revolucionarios y del triunfo del ejército dirigido por el ala burguesa sobre las fuerzas representativas de las masas explotadas. Rescató ideológicamente al Estado de la revolución burguesa del juarismo. Lo que emergió tras la revolución fue un estado bonapartista que defendió a una nueva burguesía en ascenso, estrechamente ligada y amamantada por el aparato estatal. Se vio obligado a hacer concesiones a las masas, pero actuó con toda brutalidad contra cualquier intento de organización independiente que pusiera en cuestión su control corporativo y la dominación de la burguesía.
El Estado mexicano ha tenido una evolución y transformación, pero su esencia de clase no ha cambiado. A partir de los años noventa, el capitalismo entró en una nueva etapa de expansión e integración mundial, en norteamérica se estableció un Tratado de Libre Comercio. Esta transformación económica fue acompañada de una ofensiva contra las conquistas obreras. El campo fue devastado al entrar a una competencia desigual.
La resistencia de los trabajadores, los campesinos y la juventud también se manifestaron: el levantamiento zapatista, la huelga de la UNAM, la lucha de Atenco, la lucha contra el fraude y la APPO y las movilizaciones contra las privatizaciones fueron profundizando y masificando un cuestionamiento al sistema. 1968 abrió un punto de quiebre que, a lo largo de las décadas, fue profundizando la grieta del viejo régimen hasta hacer inevitable su ruptura, expresada finalmente en las elecciones de 2018.
Descrédito y rescate del Estado
Es particularmente interesante ver el cambio de conciencia durante el último gobierno priísta de la historia. Las movilizaciones juveniles de 2012, la lucha magisterial contra la reforma educativa, la autoorganización popular en el terremoto, las elecciones intermedias del 2015 y, sobre todo, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 dejaron en claro un cuestionamiento masivo al Status Quo. Este descontento masivo se expresó en la elección de 2018.
Paralelo al contradictorio desarrollo de la conciencia, se ha desarrollado un proceso de descomposición social, expresado en el crecimiento del crimen organizado y de la violencia, llevada a niveles bárbaros. Esto también ha llevado a que los capitalistas ilegales busquen tomar al Estado —infiltrarlo, cooptarlo, comprarlo— para ponerlo a su servicio. Por eso no es de extrañar que Estado y crimen organizado actuaran como uno solo el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
La credibilidad de las instituciones estatales estaban por los suelos, incluyendo la presidencia, los jueces, el parlamento, las fuerzas armadas y los partidos de la burguesía. Con el potencial revolucionario existente en las masas, era posible barrerlas y construir un Estado diferente, pero para ello se requería una dirección revolucionaria que aspirara a cambiar realmente al sistema. Contrario a ello, el gobierno de la 4T reformó y rescató al Estado. Parte del fin de los programas sociales es restablecer ese lazo que se había roto entre las masas y el Estado. AMLO se apoyó fuertemente en la Sedena y creó la guardia nacional. El Ejército fue usado en tareas como la crisis sanitaria contra la Covid-19, que también sirvió también para lavarle la cara y contrarrestar su desprestigio. Pero el Estado sigue estando prácticamente intacto y mantiene su carácter de clase. Se disolvió la reaccionaria Policía Federal y se depuró a algunos de sus elementos más represivos, pero, fuera de eso, las Fuerzas Armadas han permanecido intocadas.
El Ejército: un aparato criminal
Es enorme la lista de ataques del Ejército contra los trabajadores y sus hijos. Pongamos solo el caso del Estado de Guerrero, donde la represión del Estado ha mantenido formas particularmente brutales. En 1960, el Ejército reprimió el movimiento estudiantil-popular de Chilpancingo; en 1967, la masacre de Atoyac abrió paso a una creciente militarización de la Costa Grande, mientras en Acapulco eran masacrados los copreros y posteriormente reprimidos por las fuerzas del Estado. Entre 1967 y 1971 se documentan ejecuciones sumarias y fosas clandestinas en Ajuchitlán, mientras comunidades como Tlaxcalixtlahuaca y diversas poblaciones indígenas de Zacualpan, Tlacoachistlahuaca, Alcozauca, Tixla y Chilapa fueron objeto de persecución y represión política. Durante los años setenta, la campaña contrainsurgente del Ejército contra el Partido de los Pobres y las comunidades de Atoyac y la Costa Grande alcanzó una dimensión sistemática: detenciones, torturas, ejecuciones y desapariciones, incluidos los llamados vuelos de la muerte desde Pie de la Cuesta entre 1973 y 1981. En 1995, policías estatales asesinaron a 17 campesinos en Aguas Blancas y, en 1998, el Ejército ejecutó una operación en El Charco que dejó 11 muertos. En 2014 el ejército estuvo involucrado en los hechos y tuvo conocimiento de lo ocurrido durante y después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, al grado que uno de los estudiantes desaparecidos era informante de la Sedena y, aun así, permitieron la desaparición de los estudiantes antes que intervenir para rescatar a su informante.
La actuación y el conocimiento que tuvieron las fuerzas militares sobre lo ocurrido aquella noche están documentados por las investigaciones del GIEI y la COVAJ creada por AMLO. El propio mecanismo para el esclarecimiento de la verdad histórica (MEH), creado también por AMLO, evidenció múltiples crímenes de Estado y del Ejército en particular.
Al final del sexenio de AMLO se frenó el acceso a los archivos militares, precisamente cuando las investigaciones se acercaban a mandos más específicos, no solo en el caso Ayotzinapa sino también en otros crímenes investigados. En el caso Ayotzinapa, se han solicitado 853 folios específicos del Ejército. Se desarticularon las investigaciones independientes: el GIEI, la COVAJ y el MEH.
El segundo piso de la 4T también protege al Ejército
Algunos reformistas tienen la ilusión de poder usar este aparato en beneficio del conjunto de la sociedad dentro de los marcos de la democracia burguesa. Marx, en El 18 Brumario, ya planteaba esta idea:
“[…] la república parlamentaria, en su lucha contra la revolución, viose obligada a fortalecer, junto con las medidas represivas, los medios y la centralización del poder del Gobierno. Todas las revoluciones perfeccionaban esta máquina, en vez de destrozarla. Los partidos que luchaban alternativamente por la dominación, consideraban la toma de posesión de este inmenso edificio del Estado como el botín principal del vencedor” (subrayado nuestro).
En El Estado y la Revolución Lenin decía: “El Ejército permanente y la policía son los instrumentos fundamentales de la fuerza del Poder del Estado”. El poder del Ejército se ha impuesto. Las declaraciones de Sheinbaum muestran que existe continuidad en la protección de la 4T a este instrumento.
“Se abrieron los archivos, en su momento, con el Presidente López Obrador para que las familias buscaran de manera directa. Y se ha entregado lo que existe a los familiares; lo que existe se les ha entregado, en su momento” (ver).
Pero hasta la ONU-DH contradice a la presidenta, al señalar que: “lamenta profundamente que, pese a la voluntad política expresada desde el Gobierno federal al más alto nivel, las Fuerzas Armadas no hayan otorgado toda la información solicitada por el GIEI para profundizar sus investigaciones y coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los estudiantes”.
Sheinbaum prometió un documento con nuevas investigaciones, nuevas tecnologías y nuevas líneas de investigación. La fecha de entrega se fue postergando y ,finalmente, el 28 de septiembre se presentó públicamente un informe de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República, sin entregar el documento prometido y sin presencia de los padres de los 43.
Cada avance en el caso es importante y no lo despreciamos, pero no parece un avance sustancial en el esclarecimiento del paradero de los 43. Se habla de nuevas líneas de investigación, videos reveladores, el uso posterior de teléfonos de los estudiantes y restos encontrados en SEMEFOS, incluyendo un crematorio clandestino. Si bien pueden ser áreas a las que las pasadas investigaciones no pusieron suficiente atención, y deben investigarse a fondo, no parecen todavía elementos que conduzcan al paradero de los 43. Pero hay algo que sí resulta evidente: el Ejército ya no es nombrado.
Se han detenido a importantes personas que pudieron estar implicadas en la noche de Iguala, como el exgobernador Ángel Aguirre. Pero de investigar al Ejército, o incluso de insinuar su implicación, ya no se menciona una sola palabra.
Pero la protección al Ejército no solo se da en Ayotzinapa. Como lo dijo el exdirigente estudiantil de 1968, Félix Hernández Gamundi: “el único que agredió y disparó fue el Ejército Mexicano. Fue (también) el que contó los cadáveres y los recogió. Fue quien contó los heridos”. Por ello, exigieron abrir los archivos militares de la masacre de Tlatelolco.
En contraste, Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera del 2 de octubre que Díaz Ordaz ya había declarado su responsabilidad sobre la masacre estudiantil de 1968. Es su forma de evadir una investigación por este crimen de lesa humanidad e investigar al Ejército.
No se trata de tomar el Estado burgués para ponerlo al servicio de los trabajadores y terminar sucumbiendo frente a su columna vertebral, el Ejército: se trata de destruirlo y construir sobre sus ruinas el poder de los trabajadores.