Los videos que quisieron borrar: Ángel Aguirre, Ayotzinapa y la anatomía del Estado mexicano

Héctor Mora

Casi doce años después de la noche de Iguala, un exgobernador de Guerrero duerme en el penal federal del Altiplano acusado de ocultamiento de información y por desaparición forzada. Durante años su nombre estuvo inevitablemente unido a Ayotzinapa por una razón política elemental: era el gobernador de Guerrero cuando 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. La madrugada del 12 de agosto de 2026, después de una audiencia de más de quince horas, un juez federal decidió vincularlo a proceso. La Fiscalía General de la República sostiene que Aguirre participó en el ocultamiento y destrucción de una evidencia extraordinariamente importante, estás fueron las grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala que captaron lo ocurrido con el autobús en el que viajaba el grupo de normalistas. La defensa presentó 31 datos de prueba para intentar desvirtuar la acusación; en esta etapa, el juez consideró que no bastaban para impedir que el proceso continuará y concedió 120 días de investigación complementaria. Aguirre permanece en el Altiplano mientras sus abogados buscan modificar la medida cautelar. 

Conviene precisar algo desde el comienzo: una vinculación a proceso no equivale a una condena. La responsabilidad penal de Aguirre todavía deberá probarse en juicio. Lo que sí existe ya es una acusación formal respaldada, a juicio del juez, por elementos suficientes para continuar un proceso penal.1

El centro de esa acusación son unas videograbaciones realizadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la propia noche de los ataques. Y aquí también conviene corregir una impresión que puede desprenderse de algunos titulares recientes: no han aparecido públicamente “nuevos videos” de Ayotzinapa. El material no ha sido recuperado ni difundido. Lo nuevo son testimonios obtenidos por la FGR en 2026 que, según la Fiscalía, confirman que aquellas grabaciones sí existieron, permiten reconstruir parte de lo que mostraban y explican cómo habrían sido sustraídas y posteriormente destruidas.2

Lo que vuelve a emerger casi doce años después es la historia de cómo una prueba capaz de registrar la actuación de policías y hombres armados durante una desaparición forzada habría podido ser borrada desde las estructuras del gobierno de Guerrero.

La investigación obliga así a regresar a la consigna que recorrió México en 2014: “¡Fue el Estado!”. Pero regresar a ella doce años después exige hacerlo con más profundidad. No como una fórmula que se repite cada 26 de septiembre, sino como una hipótesis política que debe ser llenada de contenido concreto. ¿Qué significa exactamente que fue el Estado? ¿Quiere decir que todas sus instituciones actuaron bajo una orden única? ¿Que cada funcionario conocía el conjunto de la operación? Evidentemente no. La realidad descubierta durante estos años es mucho más compleja y, precisamente por eso, más inquietante.

Ayotzinapa nos ha obligado a observar cómo pueden mezclarse policías, políticos, caciques regionales, organizaciones criminales, fiscalías, aparatos de inteligencia y fuerzas armadas; cómo instituciones del propio Estado pueden investigar a otras instituciones estatales; cómo un gobierno puede ordenar abrir archivos y encontrar resistencia en sus propios aparatos; cómo una versión oficial puede ser construida mediante tortura y manipulación de pruebas; cómo determinadas redes sobreviven a gobernadores, presidentes y partidos y cómo las víctimas pueden pasar más de una década peleando contra el aparato que formalmente debería garantizarles verdad y justicia.

La cuestión de Ángel Aguirre es importante justamente porque permite agarrar todo ese problema por uno de sus extremos y comenzar a tirar del hilo.

El disco que no debía existir

Las cámaras eran las número 12 y 15, instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscal general Ernestina Godoy, la noche del 26 de septiembre de 2014 esas cámaras registraron el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, cuando fue detenido por policías municipales y estatales en las inmediaciones del edificio. Durante los primeros años del caso, la explicación oficial había sido que las grabaciones no existían debido a supuestas fallas técnicas. Las diligencias posteriores, sostiene actualmente la FGR, permitieron acreditar que esa versión era falsa.2

La Jornada ha publicado una reconstrucción todavía más precisa de lo que, según los testimonios presentados por el Ministerio Público, podía observarse en el material. En las imágenes habría aparecido uno de los autobuses en los que se encontraban normalistas llegando a las inmediaciones del Palacio de Justicia acompañado por personas armadas, algunas uniformadas y otras vestidas de civil. Posteriormente, los estudiantes habrían sido obligados a pasar a otra unidad que salió del lugar escoltada por policías y hombres armados. Para la Fiscalía, esas imágenes podían permitir identificar personas y reconstruir la dirección seguida por el vehículo.1

Tenemos que recalcar que nosotros no hemos visto esas grabaciones. Los periodistas que informan del proceso están reproduciendo lo que la FGR y los testigos sostienen sobre ellas. Por tanto, no podemos afirmar por cuenta propia que las imágenes muestran exactamente esa secuencia. Eso forma parte de la acusación que ahora tendrá que probarse.

Pero si el contenido descrito por los investigadores es correcto, resulta difícil exagerar la importancia de la evidencia. Uno de los grandes problemas del caso de Ayotzinapa siempre ha sido reconstruir los distintos recorridos de los estudiantes después de que fueron atacados y privados de la libertad. Un registro audiovisual producido esa misma noche podía fijar vehículos, horarios, participantes, uniformes, movimientos y direcciones. Esto sería una huella material contemporánea a los hechos.

Según Ernestina Godoy, en enero de 2026 una persona colaboradora declaró que las grabaciones sí existieron y señaló quién las habría sustraído para entregarlas directamente a Ángel Aguirre. Esa persona habría explicado, además, que mantuvo silencio durante años debido a amenazas. En mayo de 2026 apareció un segundo testimonio protegido que, según la investigación, reforzó la misma línea: Aguirre habría ordenado durante una reunión con funcionarios de primer nivel de su administración desaparecer cualquier evidencia relacionada con lo ocurrido frente al Palacio de Justicia.2

La acusación presentada ante el juez identifica a Blanca Estrada, entonces visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, como la persona que habría sustraído un sobre que contenía el disco con las grabaciones. Según la versión de la Fiscalía publicada por La Jornada, ese material habría sido llevado a Ángel Aguirre el 29 de septiembre de 2014 y éste lo habría entregado posteriormente al entonces procurador estatal Iñaki Blanco con instrucciones de deshacerse de él. La Fiscalía sostiene además que se habría ordenado eliminar otras evidencias de los hechos.

Aguirre rechaza la acusación. Durante la audiencia sostuvo que meses antes de la desaparición había pedido a autoridades federales proceder contra el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y negó tener vínculos con organizaciones criminales. También cuestionó la credibilidad de Blanca Estrada y pidió que se investigara sus relaciones. Su defensa presentó documentos y testimonios para demostrar que el 29 de septiembre de 2014 el gobernador estaba en la Ciudad de México en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de manera que (argumentan sus abogados) no podía haber recibido el disco en Guerrero como relata la acusación. El juez consideró que esos elementos no bastaban para descartar la hipótesis de la Fiscalía en esta fase.1

Éste es exactamente el tipo de distinción que debemos conservar durante todo el caso. Que un comunista tenga una valoración política implacable sobre el régimen priísta, y sus pupilos no nos da derecho a convertir aún una imputación en sentencia. Si algo hemos aprendido de Ayotzinapa es precisamente el desastre que provoca construir primero una conclusión y después acomodar las pruebas para sostenerla. La infame “verdad histórica” se construyó de esa manera. Nosotros necesitamos el método contrario.

No necesitamos fabricar hechos.

Si nuestra explicación del Estado y la sociedad es correcta, debe ser capaz de apoyarse en la realidad tal y como es, con sus contradicciones, lagunas, dudas y procesos judiciales todavía abiertos.

Y la realidad ya es suficientemente grave: la FGR acusa al hombre que encabezaba el gobierno de Guerrero de haber participado deliberadamente en la desaparición de una prueba clave relacionada con una desaparición forzada masiva.

Godoy caracterizó lo investigado como una “operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”.2

Si eso llega a demostrarse, cambia cualitativamente la forma en que debe valorarse el papel del gobierno guerrerense. Estaríamos más allá de la incompetencia, de la omisión o de la incapacidad para controlar a policías municipales. Estaríamos ante una actuación posterior destinada a impedir que se conociera una parte de la verdad.

Y ahí aparece Ernesto Aguirre.

El sobrino del gobernador no era simplemente un familiar privado. Según la información recopilada por Ana Lilia Pérez en SinEmbargo, Ernesto Aguirre Gutiérrez había ocupado posiciones dentro del gobierno de su tío, fue Coordinador de Planes y Proyectos Estratégicos y posteriormente continuó como asesor, llegando también a representar al gobernador en actividades oficiales. La Fiscalía sostiene ahora, sobre la base de los testimonios que forman parte de la nueva causa, que Ernesto habría tenido conocimiento temprano de lo sucedido a algunos normalistas y que mantenía vínculos con Guerreros Unidos.3

La importancia del sobrino, sin embargo, no se agota en determinar si una acusación penal concreta puede probarse. Su presencia permite observar una forma particular de ejercicio del poder en el Estado burgués: la administración pública formal conviviendo con redes familiares, personales y políticas mucho menos visibles que cualquier organigrama.

Sobre el papel, el Estado aparece como una máquina impersonal. Un gobernador tiene determinadas facultades; un procurador, otras; un tribunal, otras distintas. Hay reglamentos, leyes, procedimientos y competencias claramente distribuidas.

La vida real es bastante menos limpia.

Los gobiernos están atravesados por amistades, relaciones familiares, intermediarios, negocios, favores, lealtades y amenazas; y estás relaciones no desaparecen porque una Constitución declare que la administración debe ser imparcial. Cuando una red personal adquiere capacidad para decidir quién ocupa cargos, quién accede al gobernante, quién representa al gobierno o quién controla recursos, estamos ante relaciones materiales de poder que funcionan dentro y alrededor de la estructura jurídica oficial.

Ángel Aguirre no cayó del cielo

Convertir todo esto en una denuncia personal contra Ángel Aguirre sería quedarse a medio camino.

Su responsabilidad individual debe investigarse, no negamos el papel del individuo en la historia. Si se demuestra que ordenó destruir pruebas, debe responder por ello. Pero la pregunta políticamente interesante es otra: ¿qué representa Ángel Aguirre?

Su biografía es casi una pequeña historia del típico político repugnante.

Aguirre proviene del PRI. Fue funcionario, legislador y dirigente de ese partido y en los años noventa llegó a la gubernatura de Guerrero como sustituto de Rubén Figueroa Alcocer después de la crisis provocada por la matanza de Aguas Blancas. Décadas después, cuando el PRI no le concedió la candidatura que buscaba para 2011, rompió con el partido y terminó siendo candidato de una coalición encabezada por el PRD. Así regresó al gobierno de Guerrero bajo unas siglas diferentes.3

El dato merece atención porque muestra hasta qué punto pueden desdibujarse las diferencias entre los partidos políticos burgueses. Esto no significa que dichas diferencias sean irrelevantes: los partidos tienen programas, bases sociales, direcciones y tradiciones distintas, y no sería serio afirmar que cualquier gobierno es idéntico a cualquier otro. Sin embargo, por debajo de esas diferencias existe una capa relativamente estable de políticos profesionales, administradores, operadores regionales y caciques cuya permanencia puede superar ampliamente la vida de una administración e incluso la de un partido. Las coaliciones electorales cambian, las siglas se sustituyen y los personajes pueden desplazarse de una organización a otra, pero por debajo de esos movimientos persisten relaciones económicas, burocráticas y territoriales mucho más profundas, tejidas durante décadas y vinculadas a la reproducción del poder de la clase dominante.

Aguirre podía abandonar el PRI y gobernar bajo el PRD porque no abandonaba con ello toda la red social y política de la que formaba parte.

Este fenómeno tampoco es exclusivamente mexicano. Marx, cuando analizaba la maquinaria estatal moderna, insistía en que la burocracia adquiere una continuidad propia frente a los cambios de gabinete. La democracia burguesa permite alternancias reales en el gobierno, pero el Estado no se desmonta y reconstruye desde cero con cada elección. Los mandos administrativos, las fiscalías, la oficialidad militar, las policías, los grandes propietarios, los jueces, los empresarios, los medios de comunicación, las relaciones crediticias y el conjunto de la estructura económica continúan existiendo.

Aquí debemos introducir una precisión importante.

Cuando los marxistas afirmamos que el Estado tiene un carácter de clase no queremos decir que cada burócrata reciba órdenes directas de la familia más rica del país. Tampoco que toda decisión estatal favorezca a todo capitalista particular. La burguesía no forma una comunidad de hermanos. Compite ferozmente. Un gobierno puede encarcelar empresarios, perseguir banqueros, expropiar propiedades concretas o enfrentarse con sectores patronales y seguir funcionando dentro del capitalismo.

El carácter burgués del Estado se encuentra a un nivel más profundo.

El Estado administra una sociedad donde los principales medios de producción están en manos privadas y donde la mayoría necesita vender su fuerza de trabajo para vivir. Protege esas relaciones generales de propiedad, garantiza contratos, organiza el territorio, recauda impuestos, administra infraestructura y concentra en cuerpos especializados la capacidad legal de coerción. Siguiendo a Engels y Lenin, el Estado surge en una sociedad dividida por antagonismos de clase y se distingue, entre otras cosas, por la existencia de una fuerza pública especializada (ejército, policía, cárceles y demás instituciones coercitivas) separada del conjunto de la población.

Eso no significa que el Estado sólo haga represión. Un Estado moderno construye carreteras, administra hospitales, vacuna, educa y desempeña infinidad de funciones sociales sin las cuales una sociedad compleja no podría funcionar. Pero todas esas tareas se realizan dentro de determinadas relaciones de propiedad. La aparente neutralidad se rompe particularmente en los momentos de crisis, cuando diferentes intereses de clase chocan y la cuestión de quién manda deja de ser abstracta.

Guerrero constituye un terreno privilegiado para observarlo.

Durante el periodo previo a Ayotzinapa, el estado acumulaba niveles extraordinarios de violencia, pobreza, caciquismo regional y presencia de organizaciones criminales. De acuerdo con información procedente del GIEI, distintas instituciones federales y militares conocían antes de septiembre de 2014 la presencia de Guerreros Unidos y el deterioro de la seguridad en Iguala. La propia autora describe la cooptación de funcionarios y policías por organizaciones criminales como un fenómeno extendido en distintas zonas del estado.

Si un narcotraficante entrega un sobre de dinero a un policía aislado y consigue que éste mire hacia otro lado, tenemos un caso sencillo de corrupción individual.

Pero ¿qué palabra utilizamos cuando la relación ya no es excepcional? ¿Cuando una organización necesita policías, información, rutas protegidas, mandos, alcaldías, permisos, protección judicial y contactos políticos para reproducir su negocio durante años? ¿Seguimos hablando simplemente de “infiltración”?

La palabra empieza a quedarse corta.

En su Informe sobre desapariciones en México de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describe precisamente escenarios en los que organizaciones criminales actúan en connivencia con agentes estatales. La CIDH señala que la participación puede variar en intensidad y abarcar desde la ausencia deliberada de autoridades en lugares estratégicos hasta la entrega de personas a grupos criminales o la participación directa en privaciones de libertad. En sus conclusiones habla de mercados ilegales que han crecido y se han diversificado mediante presencia armada y connivencia con agentes estatales en diferentes territorios del país.4

Es entonces que nuestro trabajo como marxistas empieza justamente ahí: explicar por qué puede producirse semejante relación.

¿Dónde termina el narco y dónde comienza el Estado?

Cuando tenemos pláticas con conocidos, o escuchamos las noticias, se nos presenta normalmente al crimen organizado como un cuerpo extraño. Está la sociedad. Está el Estado. Y desde algún lugar exterior aparece “el narco”, que intenta infiltrarlos.

Esa imagen contiene una parte de verdad: los grupos criminales poseen estructuras e intereses propios y pueden enfrentarse violentamente con las instituciones. Pero resulta insuficiente cuando se observan relaciones duraderas entre organizaciones criminales, policías, funcionarios, empresarios y poderes regionales.

El narcotráfico no existe fuera de la sociedad capitalista. Compra y vende mercancías, controla territorios, disputa mercados, organiza fuerza de trabajo, mueve enormes cantidades de dinero y necesita transporte, comunicaciones, protección e instrumentos para insertar sus ganancias en la economía. La acumulación ilegal no constituye, por tanto, un universo completamente separado de la economía legal. 

Por eso ciertas organizaciones criminales llegan a actuar como poderes territoriales: cobran rentas, regulan actividades, imponen castigos, controlan circulación y establecen relaciones con autoridades. En estos casos, hablar simplemente de una “ausencia del Estado” puede resultar engañoso. El Estado puede estar perfectamente presente mediante la patrulla, la alcaldía o la fiscalía; la pregunta es a qué intereses responden concretamente determinados segmentos de ese aparato.

Un policía puede portar un uniforme, utilizar recursos públicos y, al mismo tiempo, actuar al servicio de una organización criminal. El crimen organizado no necesita sustituir completamente al Estado si puede servirse de partes de él. Ayotzinapa resulta precisamente tan revelador porque desde las primeras horas aparecieron policías dentro de la trama y, conforme avanzaron las investigaciones, la separación limpia entre “autoridades” y “criminales” se volvió cada vez más difícil de sostener.

El aparato estatal tiene contradicciones internas y una autonomía relativa: una Fiscalía puede perseguir a un exgobernador, un juez puede ordenar a la Defensa entregar documentos y distintas burocracias pueden chocar entre sí. Nada de esto elimina su carácter de clase. El Estado burgués no existe para proteger a cada capitalista individual, sino para preservar las condiciones generales de reproducción del capitalismo, incluso cuando para ello debe golpear a empresarios, políticos o grupos criminales particulares.

Es así que entendemos que la clase dominante no forma una conspiración homogénea. Existen capitales que compiten entre sí, empresarios extorsionados por organizaciones criminales y otros sectores que pueden beneficiarse de relaciones opacas. Lo que los une son unas mismas relaciones sociales basadas en la propiedad privada, la acumulación y la explotación de la mayoría trabajadora.

La llamada guerra contra el narco muestra con claridad este límite. El Estado puede detener a un capo o destruir una organización concreta, pero con ello no desaparecen las condiciones que hacen rentable el mercado, ni la pobreza y precariedad que facilitan el reclutamiento, ni las redes económicas y políticas que permiten que otra organización ocupe el espacio dejado. Durante décadas los nombres de los cárteles han cambiado, se han fragmentado y recompuesto, pero las bases materiales que los reproducen permanecen.

La pobreza no produce automáticamente criminalidad, ni la desigualdad explica mecánicamente el narcotráfico. Pero una sociedad que condena a millones de jóvenes a salarios miserables, desempleo, abandono escolar y ausencia de perspectivas crea un terreno fértil para el reclutamiento criminal, sea mediante dinero, coerción o ambas cosas.

Guerrero concentraba, y concentra, muchas de esas contradicciones: pobreza, caciquismo, violencia, militarización, economías ilegales y vínculos persistentes entre actores criminales y sectores del aparato estatal.

Por eso Ayotzinapa no cayó del cielo.

De Iguala a la infame “verdad histórica”

La desaparición de los 43 sacudió al país porque condensó en una noche cosas que millones conocían por separado.

Policías corruptos. Violencia criminal. Jóvenes asesinados. Funcionarios mintiendo. Impunidad. Represión.

En unos cuantos días todos esos fragmentos aparecieron dentro de una misma historia.

La respuesta social fue extraordinaria. En octubre de 2014 comenzaron jornadas de lucha nacionales por la aparición de los normalistas; universidades entraron en paro y la consigna “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” se convirtió en un grito nacional. Aquella explosión fue un punto de inflexión de la conciencia, se formaron, incluso, mecanismos de coordinación estudiantil y popular que intentaron unificar el movimiento.

La reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto fue intentar producir una explicación capaz de cerrar el caso.

Esa explicación terminaría bautizada por el procurador Jesús Murillo Karam como la “verdad histórica”.

En sus rasgos fundamentales, sostenía que los estudiantes habían sido entregados a Guerreros Unidos, asesinados, incinerados durante horas en el basurero de Cocula y que sus restos habían sido arrojados posteriormente al río San Juan.

El GIEI desmontó el núcleo de esa historia. Sus investigaciones concluyeron que no había evidencia científica para sostener que los 43 hubieran sido incinerados conjuntamente en el basurero en las condiciones descritas por la PGR. Posteriormente, nuevos hallazgos de restos en lugares diferentes permitieron al propio Estado abandonar la hipótesis que ligaba necesariamente el destino de todos los jóvenes al basurero de Cocula y al río San Juan.5

A lo largo de los años aparecieron pruebas de tortura, diligencias irregulares, manipulación de escenas y omisión de líneas de investigación. En 2022 el GIEI difundió imágenes que mostraban a integrantes de la Marina y de la PGR en el basurero de Cocula antes de una diligencia oficial, en un contexto que los expertos consideraron parte de las graves irregularidades de la investigación.6

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), por su parte, en 2022 concluyó que Ayotzinapa debía caracterizarse como un crimen de Estado y sostuvo que la construcción de la “verdad histórica” había sido una acción concertada del aparato de poder desde altos niveles gubernamentales. Entre los elementos señalados figuraban declaraciones obtenidas bajo tortura, diligencias imposibles y la versión de la incineración en Cocula.7

En 2014 el gobierno estaba sometido a una presión gigantesca. Las movilizaciones crecían y la idea de que el Estado había participado en la desaparición golpeaba directamente la legitimidad del régimen. La versión oficial permitía restablecer una frontera tranquilizadora: de un lado quedaba el Estado legítimo; del otro, un alcalde corrupto, policías municipales y narcotraficantes. El crimen podía ser monstruoso, pero permanecía delimitado. El problema no estaba en el funcionamiento de las instituciones, sino en la podredumbre localizada de unos cuantos individuos.

Con el tiempo, sin embargo, esa frontera comenzó a desmoronarse. La información en manos del Ejército, la actuación de policías estatales y federales, el conocimiento de las agencias de inteligencia, las irregularidades de la PGR, la intervención de la Marina en Cocula y, ahora, las grabaciones del Palacio de Justicia fueron ampliando progresivamente el círculo que la “verdad histórica” había intentado cerrar. Lo que aparecía ya no eran únicamente nuevos responsables individuales, sino indicios de que distintas instituciones del Estado habían sabido, intervenido, omitido información o actuado de maneras que exigían una explicación.

Esto permite comprender también cómo puede funcionar un encubrimiento institucional sin necesidad de imaginar a cien funcionarios reunidos en un sótano acordando cada mentira. Las instituciones pueden protegerse por capas y mediante intereses que no son necesariamente idénticos: un mando puede encubrir a sus subordinados para evitar responsabilidades; una corporación puede ocultar información para preservar su prestigio; un funcionario puede defender una investigación defectuosa porque reconocer sus fallas significarían comprometer su carrera; y un gobierno puede resistirse a cualquier revelación que amenace su estabilidad. A ello se suman las relaciones personales, familiares y políticas que atraviesan al propio aparato estatal. Las motivaciones particulares pueden ser distintas e incluso contradictorias, pero su resultado acumulado puede levantar una auténtica muralla frente al esclarecimiento de los hechos.

Ahí aparece una característica fundamental de la burocracia: al estar relativamente separada de la clase trabajadora y monopolizar información, expedientes, archivos y mecanismos de decisión inaccesibles para la mayoría, desarrolla también intereses propios en la conservación de su autoridad y en la protección de sus actos. El conflicto alrededor de los documentos militares lo demuestra de una manera particularmente concreta.

En febrero de 2026, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa ordenó al Ejército entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala y otras instancias militares. El tribunal estimó que existe una brecha aproximada de 853 folios en la documentación proporcionada y señaló que la discontinuidad de los archivos constituye un indicio de que esa información existe, pese a las negativas de la Defensa.8

En mayo, después de una reunión con Claudia Sheinbaum, familiares de los normalistas señalaron que la presidenta les había dicho que solicitó esa información, pero que el Ejército sostenía que no poseía más documentos e incluso negaba la existencia de los folios reclamados.9

Y el 12 de agosto de 2026, prácticamente al mismo tiempo que Aguirre era vinculado a proceso, Tlachinollan volvía a colocar esos 853 folios entre las líneas pendientes de la investigación y sostenía que el Ejército continuaba negándose a entregarlos. También mencionó como pendientes la investigación sobre 17 estudiantes que habrían pasado por la barandilla municipal de Iguala y las extradiciones de Tomás Zerón y Ulises Bernabé.10

Éste es el estado real del caso. Existe un avance importante con Ángel Aguirre.

Pero seguimos sin conocer el paradero de los 43.

Es por eso que, como dicen los madres y padres de los 43 normalistas, la vinculación del exgobernador es como una “gota de esperanza en un mar de misterios”.6

La Cuarta Transformación y los cuando los límites se chocan

Llegamos aquí a una cuestión que exige mucha más seriedad que la que suele encontrarse tanto entre los defensores incondicionales de la 4T, como entre los críticos sectarios.

Con López Obrador hubo avances reales en la investigación de Ayotzinapa, aunque parciales y contradictorios. Negarlos sería falso; presentarlos como una concesión generosa del gobierno también lo sería. Fueron, ante todo, conquistas arrancadas por años de movilización de las familias, de los normalistas, del movimiento de masas y de la presión ejercida por organismos independientes como el GIEI. La 4T abrió puertas que Peña Nieto había cerrado, pero esas puertas se abrieron porque durante años la presión de la lucha de clases empujó desde fuera del Estado.

Su gobierno creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, impulsó una unidad especial de investigación, permitió el regreso del GIEI y abandonó formalmente la “verdad histórica”. Se retomaron búsquedas, se reconstruyeron líneas de investigación y aparecieron nuevas responsabilidades que el gobierno de Peña Nieto había excluido o tratado de cerrar. Documentación oficial posterior registra también la digitalización de decenas de miles de documentos y una ampliación considerable de los trabajos de búsqueda y judicialización.4

Ésta fue una diferencia política real entre gobiernos. El gobierno de Peña Nieto construyó y defendió una versión que pretendía cerrar el caso. El gobierno de López Obrador abrió investigaciones que ciertamente contribuyeron a cuestionarla.

Pero la historia no terminó ahí. Precisamente cuando la investigación comenzó a tocar de manera más profunda a las Fuerzas Armadas aparecieron límites cada vez más claros.

El GIEI denunció reiteradamente la falta de acceso a información militar que consideraba fundamental. En abril de 2023 los expertos hicieron pública una nueva exigencia para que la Sedena entregara documentación cuya existencia, según ellos, estaba respaldada por otros registros. El gobierno llegó incluso a instruir formalmente que se abrieran los archivos, pero el conflicto no desapareció.11

El presidente es, formalmente, la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Da una orden. Y aun así la documentación no aparece completa.

¿Cómo puede ocurrir?

Porque el Estado no es simplemente la voluntad personal del presidente extendida hacia abajo como una cadena transparente.

Cómo ya hemos explicado el Estado es un aparato complejo que en última instancia protege al gran capital, a sus propias instituciones y altos funcionarios.

Un presidente puede dirigir políticamente el Estado sin haber disuelto la autonomía relativa de sus diferentes aparatos. Y durante el gobierno de López Obrador la contradicción se hizo todavía más profunda porque, al mismo tiempo que se buscaba esclarecer Ayotzinapa, las Fuerzas Armadas adquirían un peso creciente en distintos ámbitos de la administración pública. El Ejército y la Marina no eran instituciones marginales para el proyecto gubernamental. Se convirtieron en pilares fundamentales de su estrategia estatal.

Ahí apareció el problema.

¿Qué ocurre cuando llevar hasta las últimas consecuencias una investigación exige una confrontación abierta con una institución sobre la que el propio gobierno se apoya?

La cuestión no se resuelve acusando a López Obrador de ser simplemente idéntico a Peña Nieto. No lo fue. Tampoco se resuelve diciendo que bastaba con que tuviera “más voluntad”.

Existe una contradicción material, por un lado, la creación de la CoVAJ y la reapertura de la investigación; por otro, la decisión de no llevar la confrontación con el Ejército hasta un punto de ruptura.

Al final del sexenio quedó claro que López Obrador no estaba dispuesto a llevar esa confrontación hasta el final. Cuando la investigación se profundizó comenzó a significar comprometer de manera más seria a las Fuerzas Armadas, el gobierno optó por preservar a una institución que él mismo había convertido en uno de los pilares de su proyecto. López Obrador pasó entonces de exigir la apertura de archivos a expresar abiertamente su desconfianza hacia los señalamientos que atribuían responsabilidades más amplias dentro de la institución. En una comunicación dirigida a las familias en 2024 sostuvo que no había duda de responsabilidades del Estado por omisiones, ocultamientos y la fabricación de la “verdad histórica”, pero cuestionó las imputaciones institucionales contra el Ejército que consideraba no probadas.

La presión del aparato militar se mantiene bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.

En julio de 2026, antes de conocerse la detención de Aguirre, la presidenta informó que existían nuevas investigaciones y afirmó que los resultados se presentarían primero a las familias. Al hablar de los militares procesados, planteó explícitamente la necesidad de distinguir entre elementos que hubieran actuado individualmente por vínculos con grupos delictivos y una responsabilidad atribuible a la institución como tal.12 Sin embargo, como incluso la misma CoVAJ dijo, esto fue un crimen de Estado que va más allá de actuaciones individuales.

Semanas después llegó la captura del exgobernador. Éste es, objetivamente, un avance importante del gobierno actual y de la nueva etapa de investigación. Pero tampoco puede utilizarse para borrar el hecho de que, a estas alturas, las familias continúan reclamando documentación militar y siguen abiertas líneas esenciales de investigación para responder a la pregunta fundamental que permanece sin resolver: ¿dónde están sus hijos?

La experiencia de Ayotzinapa permite observar con particular claridad el límite del reformismo. Un gobierno reformista puede conquistar medidas importantes, abrir investigaciones e incluso llevar ante la justicia a personajes que durante años parecían intocables. El problema aparece cuando esas conquistas dejan de ser un punto de apoyo para avanzar y se convierten en el horizonte definitivo. Ayotzinapa lo muestra brutalmente: la 4T contribuyó a desmontar la mentira heredada del peñismo, pero retrocedió cuando se necesitaba llevar la verdad hasta sus últimas consecuencias significó enfrentarse con uno de los pilares armados del Estado que ella misma había decidido fortalecer.

Una elección puede cambiar al gobierno, pero no elimina las relaciones materiales sobre las que descansa el poder: permanecen la propiedad de los grandes capitales, sectores de la alta burocracia, las jerarquías militares, las fiscalías, los cacicazgos regionales y redes de poder construidas durante décadas. Ésa es la ilusión fundamental del reformismo: confundir la conquista del gobierno con la conquista del poder. Puede ocupar la cabina de mando, pero sigue administrando una maquinaria construida sobre la propiedad capitalista y sostenida por un aparato estatal separado del control de las masas. Y cuanto más renuncia a movilizar a los trabajadores para romper su resistencia, más termina adaptándose a ella.

De Ángel Aguirre a la revolución socialista

Si la acusación consigue demostrar que Ángel Aguirre ordenó destruir las grabaciones del Palacio de Justicia, una condena sería necesaria y políticamente importante. Pero incluso en ese escenario quedaría intacta la pregunta más difícil que plantea Ayotzinapa: ¿qué ocurre con las relaciones sociales y las estructuras de poder que hicieron posible que un gobernador, un procurador, policías o cualquier otro funcionario pudieran actuar de esa manera?

La responsabilidad individual importa. No hay ninguna contradicción entre exigir castigo para quienes participaron en el crimen o en su encubrimiento y afirmar que el problema va mucho más allá de ellos. Precisamente porque queremos justicia hasta las últimas consecuencias tenemos que preguntarnos qué viene después. Se puede encarcelar a Aguirre y mantener el caciquismo; procesar policías mientras otras corporaciones continúan sometidas a jerarquías opacas; castigar a un funcionario corrupto mientras permanece intacto el poder económico capaz de comprar al siguiente y sigue sin tocarse al ejército que estuvo implicado en la desaparición de los 43. Se pueden sustituir las personas y conservar las condiciones que las producen.

Ahí está uno de los límites fundamentales de una solución puramente institucional. Ayotzinapa no ocurrió porque faltaran instituciones. Había policías, fuerzas armadas, procuradurías, cámaras y aparatos de inteligencia. El problema es que policías y el ejército participaron en los ataques y la desaparición de los estudiantes normalistas, la procuraduría construyó la “verdad histórica”, las grabaciones habrían sido destruidas y casi doce años después las familias todavía exigen documentos que permanecen bajo control militar. Por supuesto que necesitamos mejores investigaciones, controles, mecanismos de transparencia y todo avance que reduzca la impunidad. Los comunistas no rechazamos una reforma porque no sea todavía una revolución. Pero después de doce años sería ingenuo pensar que basta con añadir otra oficina sin tocar los intereses de clase que atraviesan esas instituciones. No es un funcionario o una oficina lo que no funciona, necesitamos un Estado y una justicia que se ponga al servicio de la clase trabajadora.

Porque detrás del policía que puede ser comprado hay dinero; detrás del cacique hay recursos, empleos y relaciones de dependencia; detrás de la burocracia que puede ocultar información existe una estructura separada del control cotidiano de la población; y detrás de todo ello hay una sociedad donde una minoría concentra una enorme parte de la riqueza y, con ella, una capacidad también enorme para condicionar la vida política. La cuestión socialista comienza exactamente ahí.

Transformar la sociedad significa atacar las bases materiales sobre las que se reproduce ese poder. Mientras bancos, grandes monopolios, industrias estratégicas y enormes recursos permanezcan bajo control privado, la desigualdad económica seguirá convirtiéndose en desigualdad política. Poner esas palancas bajo propiedad social y control democrático de los trabajadores permitiría orientar la riqueza hacía empleo digno, educación, vivienda, salud y desarrollo del campo, reduciendo al mismo tiempo el terreno de miseria y ausencia de perspectivas del que las organizaciones criminales pueden nutrirse.

Nada de esto haría desaparecer el crimen por decreto, pero sí modificaría profundamente las condiciones que permiten su reproducción. Del mismo modo, acabar con la violencia y el encubrimiento estatal exige mucho más que sustituir a unos mandos por otros: implica someter los cuerpos armados y las instituciones coercitivas a un verdadero control democrático de los trabajadores, terminar con el secreto corporativo y acabar con la existencia de aparatos capaces de colocarse por encima de la población a la que supuestamente sirven. Eso supone representantes electos y revocables, funcionarios sin privilegios, control colectivo de los recursos y formas de democracia obrera capaces de intervenir no sólo en las elecciones, sino también en las decisiones económicas y políticas fundamentales.

El problema es que ninguna transformación semejante ocurre simplemente porque sea racional o necesaria. Y ahí regresamos inevitablemente a 2014.

Ayotzinapa produjo una movilización de una profundidad extraordinaria. Hubo paros estudiantiles, comunidades movilizadas (incluso con armas en la mano), toma de palacios municipales por parte de las masas, solidaridad obrera, asambleas y una crisis de legitimidad de las instituciones estatales que colocó al gobierno de Peña Nieto a la defensiva. En distintos lugares aparecieron incluso formas de organización popular que disputaban el poder al Estado burgués. Pero aquella fuerza no encontró una organización revolucionaria suficientemente implantada a escala nacional que permitiera dar pasos adelante y planteara conscientemente el problema del poder.

Los padres de los 43 fueron una autoridad moral incorruptible, pero faltó  la función histórica de un partido revolucionario. Las masas no necesitan un partido para indignarse, organizar una huelga o irrumpir en las calles; pueden hacerlo sin él y lo han hecho muchas veces. Lo que no puede improvisarse en medio de una crisis es la experiencia necesaria para relacionar las luchas inmediatas con una estrategia general, impedir que el movimiento sea fragmentado, responder a concesiones parciales, combatir a la derecha sin quedar subordinados al reformismo, desarrollar una estrategia efectiva que haga retroceder a la clase dominante y su estado y convertir organismos surgidos desde abajo en una alternativa real para la toma del poder.

La experiencia de la Cuarta Transformación vuelve esta conclusión todavía más concreta. El desprestigio de las instituciones del Estado burgués fueron seguida por la acción de millones que consiguieron derrotar electoralmente a los viejos partidos burgueses y llevaron al gobierno a una fuerza que era identificada con las aspiraciones de transformación que buscaban las masas. Éste abrió investigaciones, realizó reformas y rompió con elementos importantes del antiguo régimen.  Esto fue visto con buenos ojos por las masas que estaban hartas de décadas de la vieja política y aspiraban a una transformación profunda. Pero gobernar no significó romper y transformar el aparato estatal desacreditado ni las relaciones económicas sobre las que descansa. Cuando la investigación de Ayotzinapa comenzó a chocar con instituciones que el propio gobierno necesitaba preservar, especialmente las Fuerzas Armadas, aparecieron los límites de esa estrategia.

No porque todos los gobiernos sean iguales ni porque cada reforma sea inútil. Precisamente porque existen avances reales podemos ver con mayor claridad el obstáculo. Sin una fuerza independiente de la clase trabajadora organizada desde abajo, la presión se termina ejerciendo en sentido contrario: preservar la estabilidad, rescatar y proteger las viejas instituciones estatales, garantizar inversiones, negociar con los mandos y administrar las contradicciones de la sociedad existente. La lógica del Estado burgués comienza entonces a pesar sobre quienes pretendían modificarlo.

Por eso la independencia política de la clase trabajadora es decisiva. Podemos defender el procesamiento y castigo de Ángel Aguirre y exigir al mismo tiempo la apertura completa de los archivos militares. Podemos combatir a la derecha asesina y reaccionaria sin silenciar nuestra crítica a Morena. Podemos reconocer que la 4T ayudó a desmontar la “verdad histórica” y, precisamente por eso, señalar con mayor claridad dónde retrocedió: cuando avanzar exigió confrontar seriamente al aparato militar, optó por preservar la institución. Ése es el límite que la experiencia de Ayotzinapa ha puesto al desnudo.

No hay nada sectario en eso. Ser cuidadosos con las ilusiones que todavía existen en la 4T no significa rebajar nuestras conclusiones. Al contrario. Millones confiaron en estos gobiernos precisamente porque querían acabar con la podredumbre del viejo régimen. Nuestro deber es explicar por qué esas expectativas no pudieron cumplirse hasta el final. La ruptura con el PRI y el PAN fue necesaria y sumamente progresiva, pero la experiencia demuestra que también es necesario romper con la idea de que el aparato estatal que ellos administraron durante décadas puede convertirse gradualmente en un instrumento de emancipación.

Por eso la necesidad de construir el Partido Comunista Revolucionario surge de la propia experiencia. Si cambiar funcionarios no basta; si el poder económico privado sigue reproduciendo poder político; si el aparato estatal puede resistir incluso a gobiernos elegidos con un mandato de transformación; y si en los momentos de crisis las masas pueden movilizar una fuerza enorme sin encontrar todavía una dirección capaz de llevarla hasta el poder, entonces nuestra tarea no puede limitarse a esperar la próxima explosión social.

Tenemos que prepararnos para ella.

Construir desde ahora una organización arraigada entre trabajadores y jóvenes, capaz de aprender de cada lucha y de unir esas experiencias en un programa revolucionario, es la condición para que la próxima gran irrupción de las masas no termine nuevamente administrando el mismo Estado, sino planteándose seriamente la tarea de sustituirlo por un poder propio.

Ahí se unen las dos lecciones de Ayotzinapa: la necesidad de justicia para cada responsable y la necesidad de transformar la sociedad que hizo posible el crimen.

Doce años después

El proceso contra Ángel Aguirre puede representar uno de los avances judiciales más importantes de los últimos años o terminar convertido en otro expediente incapaz de alcanzar la verdad completa.

No podemos permitir que esto se convierta en un nuevo punto final.

Ya hemos tenido demasiados puntos finales.

El basurero de Cocula debía ser el final.

La “verdad histórica” debía ser el final.

Las primeras detenciones debían ser el final.

Cada vez la realidad volvió a abrir el expediente.

Ahora hay que preguntar hasta dónde conduce esta nueva línea.

¿Quiénes aparecen en las grabaciones, si su contenido puede ser reconstruido plenamente?

¿Quién sabía que existían?

¿Existieron copias?

¿Qué información contienen los documentos militares todavía reclamados?

Y, por encima de todo:

¿dónde están los 43?

Mientras esa pregunta no tenga respuesta, ningún gobierno tiene derecho a hablar de un caso resuelto.

Las madres y padres han pasado casi doce años escuchando versiones.

Han visto cambiar presidentes.

Procuradores.

Fiscales.

Comisiones.

Jueces.

Lo que no ha cambiado es la ausencia de sus hijos.

La experiencia nos dice que la 4T no está dispuesta a enfrentarse de manera real al aparato Estatal (principalmente a los militares) para ir al fondo de la verdad y la justicia.

La alternativa es fortalecer la organización de los trabajadores y la juventud y crear el partido revolucionario que nuestra clase necesita para acabar con la violencia y la explotación.

Hoy, a casi doce años de aquella madrugada del 27 de septiembre, decimos:
Ayotzi vive, la lucha sigue.

Fuentes:

1. Castillo, G., & Dávila, I. (2026, 12 de agosto). Vinculan a proceso al ex gobernador Ángel Aguirre por desaparición forzada en caso Ayotzinapa. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/08/12/politica/vinculan-a-proceso-al-ex-gobernador-angel-aguirre-por-desaparicion-forzada-en-caso-ayotzinapa
2. Guzmán, Ó. (2026, 7 de agosto). ¿Qué había en los videos que Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, intentó ocultar donde aparecían los 43 normalistas? Julio Astillero. https://julioastillero.com/que-habia-en-los-videos-que-angel-aguirre-exgobernador-de-guerrero-intento-ocultar-donde-aparecian-los-43-normalistas/
3. Pérez, A. L. (2026, agosto). Ángel Aguirre, Peña Nieto y la impunidad en el caso Ayotzinapa. SinEmbargo. https://www.sinembargo.mx/4853304/angel-aguirre-pena-nieto-y-la-impunidad-en-el-caso-ayotzinapa/
4. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2026). Informe sobre desapariciones en México. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2026/informe_desapariciones_mx_spa.pdf
5. Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. (2016, 25 de abril). Documentación y seguimiento sobre la hipótesis de la incineración de los 43 normalistas en el basurero de Cocula, las irregularidades de la investigación y el acceso a información militar. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2016/04/25/politica/002n1pol
6. Dávila, I., & Redacción. (2026, 12 de agosto). La vinculación a proceso de Aguirre, “gota de esperanza” para padres de los 43 de Ayotzinapa. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/08/12/politica/vinculacion-de-angel-aguirre-una-gota-de-esperanza-en-caso-ayotzinapa-padres-de-los-43
7. Olivares, E., & Xantomila, J. (2022, 19 de agosto). La verdad histórica, una acción urdida desde el poder. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2022/08/19/politica/la-verdad-historica-una-accion-urdida-desde-el-poder-7298
8. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. (2026, 4 de marzo). Poder Judicial de la Federación ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar documentos faltantes en el caso Ayotzinapa. https://www.tlachinollan.org/poder-judicial-de-la-federacion-ordena-a-la-secretaria-de-la-defensa-nacional-entregar-documentos-faltantes-en-el-caso-ayotzinapa/
9. Laureles, J., Muñoz, A. E., & Urrutia, A. (2026, 28 de mayo). Padres de Ayotzinapa lamentan falta de avances tras reunión con Sheinbaum; descartan regreso del GIEI. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/05/28/politica/padres-de-ayotzinapa-lamentan-falta-de-avances-tras-reunion-con-sheinbaum-y-descartan-regreso-del-giei
10. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. (2026, 12 de agosto). Vinculan a proceso al exgobernador Ángel Aguirre por la desaparición de los 43. https://www.tlachinollan.org/vinculan-a-proceso-al-exgobernador-angel-aguirre-por-la-desaparicion-de-los-43/
11. Petrich, B., & Xantomila, J. (2023, 1 de abril). Demanda GIEI acceso pleno a información sobre caso Ayotzinapa. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2023/04/01/politica/demanda-giei-acceso-pleno-a-informacion-sobre-caso-ayotzinapa/
12. Urrutia, A., & Hernández, L. (2026, 13 de julio). En breve serán presentados nuevos avances en investigaciones por el caso Ayotzinapa: Sheinbaum. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/07/13/politica/en-breve-seran-presentados-nuevos-avances-en-investigaciones-por-el-caso-ayotzinapa-sheinbaum