La privatización de la Sierra de la Laguna: ecocidio, despojo y corrupción
León E. Alcántar & Hernán Rivera
«El capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la tierra y los seres humanos».
—Karl Marx.
Histórica y geográficamente, Baja California Sur es el territorio más aislado de la República mexicana. El atraso que esto ha traído a la población sudcaliforniana debe entenderse como la incapacidad del capitalismo, heredero de un pasado de acumulación colonial, de hacer progresar las fuerzas productivas en la región de una manera que beneficie al pueblo trabajador. En nada puede notarse más esto que en el campo sudcaliforniano. La producción agropecuaria en el territorio ha sido históricamente atrasada y pobre en la mayoría del estado. Una de las pocas conquistas de la Revolución mexicana que llegó al otro lado del Mar Bermejo fue el reparto agrario, proveyendo a campesinos pobres de tierras de trabajo ya sea de un carácter de propiedad colectiva (en ejidos) o respetando la antigua organización precapitalista (en ranchos familiares). Históricamente, entre alguno de estos regímenes de propiedad se ha encontrado casi toda la tierra perteneciente al sistema de la Sierra de la Laguna. Sus pobladores, estancados en una producción preindustrial, se han dedicado a la producción artesanal de mercancías —producción mercantil simple— tales como el dátil, el piloncillo o los lácteos. Estos pueblos a día de hoy viven de modo tradicional y sin alterar negativamente los ecosistemas.
La importancia de la sierra no sólo radica en este arraigo cultural de los pueblos que viven en ella, sino en que es la única área tropical en toda la península, por lo mismo, de los únicos sitios donde puede extraerse agua para la subsistencia de la La Paz y Los Cabos —los dos municipios donde bebemos sus aguas—. Para vislumbrar la importancia ecológica y social y la fragilidad de los diversos ecosistemas de la Reserva de la biósfera Sierra de la Laguna debemos entender sus características. La Sierra de la Laguna alberga no únicamente la mayor masa forestal del estado de Baja California Sur, sino que contiene un ecosistema único: la reserva tiene una extensión total aproximada de 112 mil 437 hectáreas y está formada por 15 subcuencas, siendo la única selva tropical, palmar, matorral y bosque de pino-encino del estado. Esta variedad de características ha propiciado un gran y complejo desarrollo de adaptación evolutiva que terminó con el desarrollo de más de 68 especies y subespecies endémicas —o microendémicas—, por mencionar algunas: pino piñonero de la S. de la Laguna [Pinus cembroides subsp. lagunae], agave del mar [Agave aurea] y fauna como el colibrí de Xantus [Basilinna xantusiI] entre otros. Sin embargo, de acuerdo con la Conabio, en la reserva de la biósfera Sierra la Laguna de las más de 2,025 especies de plantas y animales, 63 de ellas se enfrentan con alguna de las categorías de riesgo de la NOM-059; es decir: el 3.11% de las especies conocidas en la reserva están en condiciones que atentan con su supervivencia y esto no es una casualidad.
Media sierra hoy está privatizada
Según el estudio sobre la tenencia de la tierra de 2016, de las 112,423 hectáreas, el 49.88% están privatizadas —o en proindiviso— lo que indica un alarmante porcentaje de manos privadas sobre el núcleo y zona de amortiguamiento de la Sierra de la Laguna. Si la fragilidad ecológica de la Sierra de la Laguna es resultado de una historia evolutiva excepcional, su vulnerabilidad política y territorial responde, en cambio, a una historia moderna: la subordinación sistemática del territorio al imperativo abstracto de la valorización.
El hecho de que cerca de la mitad de la superficie total de la reserva permanezca bajo formas de apropiación privada o proindivisa no constituye una mera irregularidad administrativa ni una anomalía local; expresa la contradicción estructural entre la racionalidad de la preservación ecológica y la irracionalidad económica dominante bajo el capitalismo.
¿Cómo explicamos esto desde la economía marxista? Como resultado directo de la violencia silenciosa de la forma de valor: la naturaleza deja de existir como totalidad viva y relacional para aparecer fragmentada en unidades abstractas de intercambio, susceptibles de cálculo financiero, explotación inmobiliaria, extracción minera o especulación turística. El bosque deja de aparecer como bosque ante la sociedad; se convierte en superficie explotable, en una mina de capital social y financiero; despojado de su valor ecológico, cultural y social. El acuífero deja de ser condición colectiva de vida; se convierte en concesión entre el aparato burocrático-militar —Estado— y la burguesía; de la cual ya ni siquiera sabemos su procedencia. Bajo la lógica del mercado, la biodiversidad se transforma en «capital natural».
En ese sentido, la Sierra de la Laguna no es vista por el capital como un ecosistema complejo que sostiene la reproducción de la vida en Baja California Sur, sino como un territorio de extracción: una mera reserva de agua para sostener el crecimiento inmobiliario turístico, un depósito mineral para la expansión del extractivismo que acecha las zonas de amortiguamiento de la sierra, un mero paisaje despojado de toda profundidad para la mercantilización turística y suelo potencial de apropiación privada, toda retórica del lenguaje de los burócratas como «aprovechamiento sustentable» es mera ideología que suaviza discursivamente la violencia efectiva del despojo.
La privatización de la Sierra de la Laguna no es más que la expresión regional de una política de reordenamiento nacional del territorio orientado por criterios de rentabilidad; que es justo algo que ya veníamos observando con el cambio de uso de suelo del sur de la Ciudad de México (zonas forestales) con Claudia Sheinbaum en 2022. La burocracia «ambientalista», estirpe a la que pertenece Claudia Sheinbaum, opera bajo una racionalidad tecnocrática escindida de las necesidades reales de las comunidades trabajadoras que habitan y sostienen históricamente estos territorios.
La clase trabajadora sudcaliforniana —tanto rural como urbana— depende vitalmente de los ciclos hídricos, forestales y climáticos sostenidos por la sierra, pero carece de control efectivo sobre las decisiones fundamentales respecto a su uso y destino. Esa separación entre quienes reproducen socialmente la vida y quienes administran jurídicamente sus condiciones materiales representa una forma particular de despojo territorial; sobre todo en la clase trabajadora urbana, que está casi y mayoritariamente ajena a cualquier cuestión medioambiental si no se trata de las típicos —y risibles— discursos ecologistas promovidos por los colectivos y sectores autoproclamados ambientalistas como EPI que transforman al individuo y su consumo como el mayor de los males en el sentido ecológico mientras desprestigian cualquier intento de politizar. El error de sus discursos no son accidentales ni ignorantes, son retóricas discursivas que promueven el statu quo y divorcian al individuo de la sociedad. No traen más que un remedio minúsculo, un analgésico ante el cáncer que el capitalismo representa para el metabolismo social y natural.
Dentro de la lucha de clases, sólo la clase trabajadora puede divorciarse con total indignación de esa visión que ha sido tan destructiva para el medio ambiente: nuestra clase es aquella que, al carecer de tal, no tiene interés en preservar la propiedad y acumulación privadas. Para poder salvar nuestro patrimonio natural, fuente de vida en la región, es necesario que los trabajadores la defiendan y luchen por involucrarse democráticamente en su gestión; rompamos la alienación del sistema capitalista actual, que nos presenta la cuestión ambiental como ajena a la vida individual; rompamos con la corrupción de la burocracia local, que continuará haciendo concesiones a los capitalistas hasta que les pongamos freno.
Afortunadamente, sabemos que en el pasado, la determinación de nuestra clase ya ha logrado salvar la sierra de un abierto ecocidio.
2007-2019: una lucha contra la minería tóxica
Si de por sí la reserva ha sido ultrajada por la privatización, durante las últimas dos décadas afrontó su etapa de mayor peligro. En 2007, otra faceta de su riqueza fue descubierta y ampliamente discutida en la política de Baja California Sur: la presencia de enormes yacimientos áureos. Desde el tiempo de la colonia, el territorio sur del ‘Reino de las Californias’ ha sido explotado por la empresa minera —de cobre y plata, mayormente—, permitiendo cierto progreso en la región a pesar del marcado desarrollo desigual y combinado, sin embargo, ni la tecnología novohispana ni la del México prerrevolucionario eran capaces de encontrar y extraer oro de la sierra adentrada. A pesar de que el capitalismo plantea superar esta contradicción, lo hace bajo sus términos habituales y reaccionarios: despojo para los pobladores, ecocidio dentro del sistema, polución del agua en dos municipios que suman casi 650 mil almas y la privación de esta riqueza (alrededor de 1.2 millones de onzas de oro) para el pueblo trabajador.
El pueblo sudcaliforniano fue tajante en su determinación dentro de la lucha de clases: preferimos agua limpia para nuestras comunidades, que oro en las manos de los empresarios. El movimiento en defensa de la Sierra de la Laguna tuvo una victoria sobre la multinacional imperialista Vista Gold Corp en 2019, cuando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cedió y entregó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) 751 hectáreas de la Sierra. Esta victoria es significativa porque, aunque en papel la sierra ha sido un área natural protegida desde 1994, se habían hecho concesiones burocráticas para exploración de suelos a privados.
Sin embargo, hoy los ecosistemas de esta área natural protegida peligran de nuevo. Como siempre, el capital acosa a la naturaleza y a los pueblos; si no le es posible explotar de una manera, lo hará con otra. Ante esta nueva amenaza, ¡recuperemos nuestras tradiciones de lucha en Baja California Sur!, ¡echemos a los capitalistas de nuestra sierra!
Los proyectos turísticos «ecológicos» y la alianza natural entre el capital y el Estado
Durante el último año, los rancheros laguneros han reportado la compra de terrenos en la sierra, exploraciones en los mismos y la entrada de material de construcción a la sierra por medio de más de cien vuelos en helicóptero. Tras mucha especulación, el año pasado el ex-presidente del Partido Verde Ecologista Mexicano Jorge Emilio González, alias «el Niño Verde» fue involucrado en la compra, exploración y delimitación de tierras, mientras que el diputado local Erick Agúndez, militante del mismo partido, ayudó a encubrir y lavar su nombre.
Bajo el capitalismo, la burocracia y el Estado no representan una instancia autónoma al servicio del interés colectivo, sino administradores técnicos de las condiciones generales para la reproducción del capital, donde el aparato institucional adopta la retórica de la conservación dentro del reformismo: —reservas, manejo sustentable, protección ecológica, participación ciudadana— su función efectiva suele consistir en regular el ritmo y la forma de incorporación del territorio a los circuitos de acumulación, más no en impedirla; la declaratoria de “protección” convive y colabora con mecanismos legales que facilitan la fragmentación predial, la regularización privatizadora y la flexibilización de usos de suelo bajo criterios de supuesto “desarrollo sustentable”, una categoría que frecuentemente encubre la mercantilización racionalizada de ecosistemas estratégicos. Lo que aparentemente es un equilibrio entre conservación y crecimiento suele ser, en los hechos y en la lógica del capital, la subordinación administrada de la primera al segundo o incluso la misma negación absoluta de la primera.
Pero, ¿de qué se trata este proyecto? El tráfico de materiales de construcción apunta a que se trata de un megaproyecto turístico dentro del predio conocido como San Miguelito dentro del área natural protegida. El año pasado, cuando el escándalo del Niño Verde, se habló de que en el predio se estaba buscando construir varios edificios turísticos y hasta un museo y ser etiquetados como «de bajo impacto» para que así se lo creyeran el «turismo ecológico»; el estrato más bonachón y pequeñoburgués de consumidores.
A pesar de que los alcaldes Milena Quiroga de La Paz y Christian Agúndez de Los Cabos han declarado que no se han otorgado permisos de construcción en la zona natural protegida, fotografías y testimonios demuestran que ya se han deforestado zonas para construir y que continúa entrando material por aire (lo cual sólo es legal si se tiene un permiso de la Conanp). ¿Es éste un acto legal o ilegal por parte de la burguesía y la burocracia? Al final, la cuestión es intrascendente; el daño al ambiente y la población se resentirá igual.
Los comunistas no creemos que el fin del terrorismo ambiental que el capitalismo ha hecho y hace tenga una solución dentro de las entrañas del mismo. Aunque implementemos reformas y regulaciones, la anarquía que este sistema productivo trae consigo lleva inevitablemente a la sobreexplotación y la sobreproducción. Sólo una planificación consciente, ética y científica, divorciada por completo del azar del valor y la mercancía, puede priorizar la vida sobre la ganancia.
Lo anterior no nos impide luchar con todas nuestras fuerzas por la defensa del planeta en el marco de la lucha de clases. Nuestra postura es muy clara: la clase obrera y campesina sudcaliforniana debe organizarse y defender nuestro patrimonio natural y fuente de vida.
De ser necesario, debemos organizar comités de defensa comunitaria dentro de la sierra para impedir o frustrar la deforestación y construcción. Nuestra consigna debe ser clara: no permitiremos que unos pocos se enriquezcan a costa de nuestros ecosistemas y el agua de nuestras comunidades.
La Paz, mayo de 2026.