El 1° de agosto se realizará una consulta con el objetivo de enjuiciar a los expresidentes por sus crímenes. Ésta consulta fue solicitada con más de dos millones de firmas de la población que fueron recolectadas en un tiempo récord. Para que sea vinculante, deberán participar al menos el 40% de los 93.5 millones de electores, es decir 37.4 millones de personas. La derecha desestima esta consulta y le apuesta a la mayor abstención para no alcanzar el número de participantes requeridos.
Sumado a esto, el INE (que no es para nada imparcial), argumentando falta de recursos, pondrá una cantidad mucho menor de urnas. Mientras en las elecciones de junio de 2021 hubo alrededor de 130 mil casillas, en esta consulta el INE estima colocar entre 50 y 59 mil. Además, sólo usará dos semanas para difundir su realización.
Es de esperar que la organización de la consulta sea conscientemente deficiente para, sumando todos los factores, tratar de incidir en una menor participación y no alcanzar los más de 37 millones.
La burguesía y sus políticos apuestan a la mayor abstención. El expresidente panista Vicente Fox ya hizo un llamado a no participar en la consulta mostrando el camino que tomará la derecha. Esa campaña se intensificará en los medios de comunicación de la reacción. Si ven que no les alcanza con la campaña para inhibir la participación, harán uso nuevamente del crimen organizado para atemorizar e inhibir el voto.
Los intelectuales orgánicos del sistema argumentan sobre el respeto a los buenos procedimientos legales. Sobre el respeto de las leyes de ese mismo aparato que ha mantenido impune a quienes han cometido crímenes contra el pueblo.
En el otro extremo estamos el pueblo agraviado: los que hemos sufrido con las privatizaciones, con los cierres de fábricas y eliminación de los contratos colectivos de trabajo; los que hemos vivido en carne propia la ofensiva impulsada por el gran capital y ejecutada por los gobernantes en turno contra los trabajadores y el movimiento obrero organizado; los que hemos visto como se desploma nuestro salario y se desvanecen nuestras conquistas; los que hemos sufrido las brutales represiones, las masacres recientes y las consecuencias de los vínculos del Estado con el crimen organizado. En este extremo estamos los que tenemos razones suficientes para ver a cada uno de los expresidentes tras las rejas.
Los crímenes no son exclusivos del periodo neoliberal. ¿Qué ha sido el neoliberalismo sino el capitalismo en su estado más puro? Pero hoy ante la profunda crisis mundial del sistema los más ortodoxos neoliberales abogan por la intervención del estado en la economía para el rescate de las ganancias. El capitalismo puede tener distintos modelos y formas de atacar, pero al final el problema de raíz es el sistema. Nosotros creemos que también Luis Echeverria debería ser juzgado, por el 2 de octubre, por el 10 de junio y por la guerra sucia.
Después de décadas de ataques, los partidos e instituciones de la burguesía quedaron desacreditadas. La búsqueda de un cambio profundo llevó al triunfo del actual gobierno. Pero mucho de lo viejo sigue en pie y se niega a morir. El aparato estatal se mantiene prácticamente intacto y actúa en su defensa, un ejemplo de ello es que el poder judicial modificó la pregunta, que originalmente es más explícita contra Salinas, Zedillo, Calderón, Fox y Peña. La pregunta que aparecerá en la boleta dirá:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Esta pregunta abre la puerta a incluir en la lista a otros funcionarios que también hayan cometido crímenes contra el pueblo, pero en realidad justifica con más ahínco la actual legalidad (que ha dejado impune a los crímenes del pasado) y la difumina, desembarcando directamente a quienes, dentro de este régimen presidencialista, estuvieron al frente del gobierno.
López Obrador no necesita de ninguna consulta para proceder en un juicio contra los expresidentes. Podría hacerlo sin ella. Él ha dicho que hay que ver hacia adelante y que no participará en la consulta. Aunque también ha argumentado el por qué sí deberían ser juzgados. Cuando fue la campaña de firmas para solicitar la consulta y se había mostrado la contundencia de la base organizada, AMLO metió también su iniciativa para que, si invalidaban o no se alcanzaba el número de firmas, la consulta se llevara adelante. Una respuesta contundente de la población en la consulta puede presionar y ser de incentivo a AMLO para dar un par de pasos al frente en este camino. Pero también el poder judicial y otras instituciones estatales moverán sus piezas porque no pueden actuar en contra de su naturaleza y buscarán que se mantengan impunes los expresidentes.
El gobierno de AMLO ha encarcelado ya a políticos corruptos, pero en la mayoría de los casos, han salido al poco tiempo regresando parte de lo robado. Hemos visto que, bajo la presión, también dejó en libertad a Cienfuegos, relacionado con el caso Ayotzinapa. Este gobierno recibe presión constante de la burguesía, una consulta exitosa significaría una presión en sentido opuesto.
No sería la primera vez que un expresidente es juzgado en América Latina. Lo hemos visto, entre otros, en Guatemala con el asesino Ríos Mont o hoy mismo en el Perú, donde casi todos los expresidentes están en la cárcel. Pero eso en si mismo no ha dado real justicia para el pueblo ni ha traído la justicia social, reflejo de ello es que en esos países hemos visto recientes revueltas populares. Eso se debe a que no es suficiente con meter a la cárcel a un par de criminales, se necesita desmantelar el aparataje estatal que la burguesía ha construido en doscientos años para defender sus intereses.
Esta campaña nos sirve para no olvidar, para recordar los agravios y seguir exigiendo justicia. También ayuda para dar una demostración frente a la derecha, para no dejarles levantar cabeza. Si quedamos muy lejos del objetivo, la reacción se envalentonará y avanzará en su ofensiva contra el actual gobierno, pero sobre todo contra los trabajadores. Ellos están en una constante lucha de desgaste, tienen en la mira golpear en el referéndum de 2022 y quisieran regresar al gobierno a más tardar en 2024, para restablecer su programa de ataques frontales. La consulta también debe servir para poner un freno relativo a la burguesía y no dejarla pasar a la ofensiva.
Esta consulta, sobre todo, debe servir para fortalecer la organización de los trabajadores, para levantar nuestras demandas y debatir con la población. Puedes estar a favor o no de este gobierno, pero podemos unirnos en una acción para mostrar que los trabajadores somos mas fuertes y estamos dispuestos a avanzar en la búsqueda de verdadera justicia. Servirá también para poner a prueba a este gobierno, ver hasta donde está dispuesto a llegar.
México es un país donde han crecido en abundancia las fortunas personales de un pequeño grupo de funcionarios corruptos (empezando con los expresidentes) y empresarios que han sido amamantados con las riquezas estatales. No basta con meterlos a la cárcel, se deben expropiar sus fortunas, no hacerlo significa seguir solapando la opacidad y la corrupción. Sus riquezas deben servir para el beneficio del pueblo trabajador, desarrollando un plan de industrialización estatal y mejoras en sectores como la salud, la educación, las pensiones, etc.
Participar y ganar esta consulta daría confianza al movimiento y sería una pequeña demostración de nuestra fuerza. Desde nuestro punto de vista, se requiere un cambio radical, que seamos el pueblo organizado quienes verdaderamente tengamos el poder en nuestras manos y así poder juzgar a quienes atenten contra los trabajadores del campo y la ciudad. Se requiere una economía al servicio de toda la población y no de una pequeña minoría, por eso necesitamos expropiar los bienes de los empresarios que se han enriquecido a costa de la explotación de nuestro pueblo y nuestros recursos y que nos han reprimido, atacado y asesinado para mantener sus privilegios. Con una economía planificada podemos erradicar el desempleo, la miseria y avanzar en una vida digna para todos. Necesitamos una sociedad socialista basada en la democracia de los trabajadores. Luchar por un cambio radical en la sociedad no es posible sin toda una serie de luchas parciales, donde las masas vayan adquiriendo experiencia y confianza y saquen la conclusión de que tenemos que cambiar las cosas verdaderamente de raíz.
¡A enjuiciar a los expresidentes!
¡Es la lucha del pueblo organizado la que generará justicia!