La reforma energética de Peña Nieto, aprobada en el año 2013, bajo lo auspicios de la alianza PRI-PAN-PRD llamada “pacto por México”, significaba el último clavo al ataúd de la industria estatal construida sobre la base de las expropiaciones petroleras y eléctrica en el siglo XX. Respondía al vejo reclamo de la burguesía mexicana, y obviamente también de la extranjera, de que la producción comercialización y distribución de la energía debían quedar en manos privadas.
La reforma sometía a las dos empresas nacionales: Pemex y la CFE a condiciones de desventaja tales que en poco tiempo no quedaría de ellas más que su recuerdo. Básicamente se trataba de desmantelarlas y venderlas como fierros viejos.
El abandono de la energía por parte del Estado incluía incluso la regulación. Ésta quedaría a cargo de comisiones “autónomas”, es decir, bajo el control de personalidades que responden fundamentalmente a los intereses de los grandes monopolios extranjeros. El estado lo único que tendría que hacer era cobrar impuestos todo en aras de la “inversión” que, por cierto, al final nunca llegó. En este contexto se establecieron convenios lesivos tanto para CFE como para Pemex que en suma significaban mecanismos de transferencia de recursos estatales a manos privadas.
El escándalo de las maniobras de altos hornos de México con empresas otrora parte de Pemex, con contratos de suministros de gas a CFE, la compra forzosa de energía eléctrica cara con el supuesto de que era “energía limpia”, entrega de proyectos de extracción de crudo, etc.
La destrucción de la industria energética ha continuado dos años después del inicio del gobierno de AMLO. Los grandes monopolios privados se amparan en la vieja ley. Pese a que la succión de recursos se ha visto disminuida, la destrucción no ha parado.
Por lo tanto, a la vista del sentido común, es claro que, sólo modificando la ley, incluida la constitución, es posible un auténtico cambio de rumbo.
Una nueva reforma energética es, por lo tanto, algo absolutamente indispensable, no obstante, es importante analizar la profundidad de la misma. Sería muy lamentable que sucediera como en otros casos, en donde las intenciones iniciales suenan muy ambiciosas, pero al final las concesiones a la gran burguesía dejan las cosas con apenas un cambio cosmético, como ha sido el caso de la lucha contra el outsourcing, que han llevado a nuevas leyes que lejos de eliminarlo lo legalizan.
Con fecha 1° de febrero se entregó la iniciativa a la cámara de diputados, lamentablemente sólo se limita a la industria eléctrica y no implica reformas constitucionales. Deja abierta la puerta a los particulares para que se amparen en la supuesta “libertad de mercado en la industria eléctrica” para continuar con los obscenos y ventajosos contratos que se mantienen vigentes.
La reforma incluye básicamente lo siguiente:
1.- El estatus de prioritaria a la producción y distribución de energía eléctrica a la de CFE respecto a los particulares. Elimina el estatus de “energía no limpia” a la producción hidroeléctrica que, dicho sea de paso, es la más limpia de todas. Por el tamaño de la inversión en infraestructura que requiere sólo CFE tiene la capacidad de generar dicha producción.
En el caso de la producción de plantas termoeléctricas se les adjudica un segundo nivel en prioridad, dejando a las particulares, tanto termoeléctricas como eólicas, en tercer término.
2.- Estos estatus de prioridad solamente son una referencia para el establecimiento de contratos entre particulares y la CFE. Son criterios por medio de los cuales CFE puede establecer condiciones a particulares, ello incluye el precio de la compra de energía, en el caso de que se necesite, y la desaparición de contratos de compra obligada.
En realidad, la actual iniciativa tan solo se trata de un intento de limar las aristas más filosas de la parte referida a la electricidad de la vieja reforma energética.
La actual reforma es demasiado poco para las necesidades de rescate que requiere CFE, no obstante, es sorprendente el tamaño de la reacción de la burguesía que ha puesto un grito en el cielo, reclamando que la iniciativa “inhibirá la inversión”.
Por el contrario, nosotros reclamamos una reforma de fondo, la expropiación de la producción privada de energía eléctrica que se use para la comercialización. Así como la integración de la industria eléctrica a un plan nacional de reindustrialización.
¡Basta de chantajes de la burguesía!
