El pasado viernes 13 de agosto de 2021 se llevó a cabo la ceremonia de entrada de la nueva Comandancia del Ejército Mexicano. Durante esta ceremonia se dieron a conocer los ejes fundamentales de la nueva reforma institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional.
De acuerdo con esta reforma constitucional, este organismo ahora tiene una base legal para poder participar activamente en las tareas de seguridad pública, para lo cual ya se asignaron una centena de miles de elementos del ejército. Así mismo, se procedió a crear una nueva comandancia para el ejército de tierra, similar a la que ya posee la Fuerza Aérea. Según se dijo en la ceremonia, esta nueva comandancia debe “contribuir a la capacitación, administración y desarrollo de la fuerza armada”.
Esta comandancia está pensada para ser un organismo diferenciado del Estado Mayor de la Defensa Nacional, mismo que comenzará a delegar sus funciones. Al igual que la comandancia de la Fuerza Aérea, la comandancia del ejército estará subordinada al mando supremo de la SEDENA. Eso se hace con el propósito de “crear una jerarquización efectiva entre ejército y ministerio de guerra”, como ocurre en otros países.
En el evento, en el que hubo muchas palabras rimbombantes, se habló de una necesidad de reorganizar al ejército para hacerlo “más eficiente”, y “adaptándose a las circunstancias internacionales. Podríamos pasar el rato tratando de pensar por qué o para qué queremos en México un ejército que siga los estándares internacionales, pero creemos que es más importante poner el dedo en el renglón sobre asuntos más concretos.
En primer lugar, el secretario de la defensa nacional, Luis Cresencio Sandoval, estableció que el actual ejército mexicano actual es un cuerpo armado sucesor directo del ejército constitucionalista -mismo que según el secretario tenía base popular-, que siempre ha tenido presente sus raíces y que siempre ha caminado junto con el pueblo.
Sobre estas palabras del general secretario podemos decir, en primer lugar, que es cierto en cierto modo que el ejército constitucionalista tenía bases populares, si por este concepto se entiende obreros acarreados y enlistados casi por la fuerza en los Batallones Rojos. Diciendo esto, además se está borrando de la historia al ejército convencionalista (zapatistas y villistas), al cual combatieron los constitucionalistas, y del cual si se puede decir que contaban con una base popular pues lo conformaban campesinos voluntarios y verdaderamente dispuestos a morir por la causa revolucionaria.
En segundo lugar, dejando de lado ese pequeño pasaje histórico, podemos y debemos decir que establecer al ejército mexicano posrevolucionario como un organismo que siempre ha caminado junto al pueblo -dando a entender estas palabras como si se tratara de un camino solidario y fraterno- es una broma de pésimo gusto a la memoria colectiva de la clase trabajadora y de la juventud mexicana; y un insulto directo a la memoria de ferrocarrileros, maestros, estudiantes, doctores, militantes de izquierda, normalistas, periodistas, normalistas y de todas las demás víctimas de la guerra sucia y de la guerra contra el narco.
Sentido similar tuvieron las palabras expresadas por el recién designado Comandante del Ejército, Eufemio Alberto Ibarra Flores, quien estableció que “el ejército es una institución con una historia de servicio al pueblo, lo cual es origen de la confianza que el pueblo nos tiene (al ejército)”.
Aquí habría que explicarle que, si la gente tiene, en estos momentos, confianza en el ejército, no es por su intachable y honorable historia de lealtad y servicio distinguido, sino porque la gente confía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Llegó a la presidencia representando una ruptura con 30 años de status quo neoliberal, y con él llegó una gran ola de esperanza generalizada en que las cosas se harían diferente. Es por eso que la gente, posiblemente, le tenga ciertas reservas de confianza al ejército, pero por si solo ese organismo no tiene las credenciales históricas para contar un ápice mínimo de confianza.
El último orador de la ceremonia fue el propio López Obrador, cuyas palabras también fueron las más preocupantes y desconcertantes. De acuerdo con el presidente, existe una propuesta de ley por ser enviada al Congreso de la Unión que consiste básicamente en asignar también a la SEDENA la comandancia de la Guardia Nacional, lo cual significaría que la comandancia de las fuerzas armadas tendría bajo su mando al grueso de las fuerzas destinadas a la seguridad pública.
Según el presidente, no hubiese sido posible garantizar la seguridad de los ciudadanos únicamente con la policía federal, ya que -según sus palabras- este organismo ya estaba “echado a perder”. Eso es perfectamente cierto, pero eso no significa que sea buena idea establecer un marco legal para poder sacar, con todas las de la ley, a los soldados a las calles, ¿Dónde está entonces la diferencia con la estrategia de seguridad llevada a cabo por los gobiernos pasados?
De acuerdo con López Obrador, siguiendo la línea de justificar la intromisión cada vez mayor del ejército en los asuntos de la administración pública, sin la ayuda y participación de las fuerzas armadas no hubiese sido posible construir las grandes obras de infraestructura en poco tiempo y a bajo costo. Esto no es ni remotamente cierto. La historia comprobó que, teniendo una economía planificada, en la que se coloquen todos los medios de producción y todas las riquezas al servicio de la sociedad, es posible alcanzar objetivos mucho más ambiciosos que un aeropuerto, una refinería y un par de trenes (con todo y las trabas burocráticas de un Estado Obrero deformado).
En su intervención, el mandatario también afirmó que carecen de toda lógica y fundamento las acusaciones de militarización del país. En parte es cierto, muchas de esas acusaciones provienen de los mismos que empezaron la guerra contra el narco y tomaron miles de vidas en el proceso. El problema, sin embargo, está en los argumentos a los que recurrió después.
Él dice: “no se ha ordenado a las fuerzas armadas participar en actividades represivas ni violatorias a los derechos humanos”. Declarar esto es omitir los sucesos ocurridos en la frontera con Guatemala y en la termoeléctrica de Huexca, la migración es un derecho humano, el agua es un derecho humano, la resistencia a la opresión es un derecho humano, y todos esos los ha violado ya la Guardia Nacional. Estableció también que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina son pilares fundamentales del Estado. Esto es verdad, y precisamente por esto es que la función principal de desempeñan las fuerzas armadas es la represión, su función superestructural, su mera razón de ser, es impedir mediante el uso de la fuerza el empoderamiento revolucionario de los trabajadores. Es precisamente por ser el Ejército y la Marina pilares del sistema que no se puede esperar de estos organismos un respeto estricto a los derechos humanos, ya que su función es precisamente violar esos derechos.
Debemos recordar la actitud de los soldados en los días más oscuros del calderonismo y del peñismo. Cuando las noticias del comportamiento del ejército llegaban a poder saltar el cerco informativo, estas trataban sobre soldados que habían llegado a tratos con el crimen organizado, que extorsionaban o agredían a transeúntes en sus ratos libres, que violaban a mujeres en sus casas durante los patrullajes, que salían impunes después de asesinar al objetivo equivocado, que participaban incluso en actividades de secuestro y narcomenudeo. Estos son los mismos soldados a los cuales se pretende acercar a la ciudadanía para “superar la desconfianza del civil hacia el soldado”.
¿Existe entonces, una militarización del país? Podemos decir que sí, porque al ejército se le ha dejado ingresar a varias esferas de la administración pública, se está dejando a su cargo la seguridad pública, si se les ha ordenado a las fuerzas armadas participar en actividades represivas -si bien no tantas como en los peores días de los gobiernos pasados-, y en términos generales estamos siendo testigos de un ejército políticamente cada vez más poderoso. Esta es una situación que denunciamos ahora y que seguiremos denunciando, pero también queda la pregunta: ¿Qué debe hacerse entonces en materia de seguridad? ¿Qué es lo que nosotros como marxistas proponemos?
Pueblo armado y organizado es pueblo seguro y libre
Una constante muy repetitiva de Sandoval, Ibarra y López Obrador fue decir que el soldado es “pueblo uniformado”. Lo que no dicen es que en muchas ocasiones el soldado pertenece a las capas más atrasadas del pueblo, ni que su misión es precisamente reprimir al pueblo. Es necesario reemplazar este cuerpo. Sobre la pregunta a con qué debe ser reemplazado, la experiencia histórica mexicana tiene algunos ejemplos de los cuales podemos, y debemos, aprender mucho.
En primer lugar, están los caracoles de administración zapatista. Independientemente de cualquier observación ideológica o práctica que podamos realizarles a los zapatistas, son hechos innegables que desde el alzamiento de 1994 todas las tareas de seguridad se han socializado, aun con sus límites, se ha creado una nueva base material en esos caracoles y el resultado es una superestructura diferente: no hay capitalismo, por lo tanto, tampoco hay ejército profesional permanente. No existe “pueblo uniformado” en el sentido romántico-militarista, pero tampoco existe crimen organizado ni delincuencia.
Ejemplos más recientes los constituyen cuerpos armados comunitarios de lugares como Michoacán o Guerrero. Estos son estados a los cuales la delincuencia y el crimen organizado han golpeado violentamente desde que Calderón inicio la supuesta guerra contra el narco. Sin embargo, en estos precisos estados hay municipios donde los propios campesinos y trabajadores han decidido socializar las tareas de seguridad. En esos municipios tampoco existe “pueblo uniformado” así como tampoco existe crimen organizado, esos municipios tienden a ser los de más baja incidencia delictiva en el país.
Ambos casos, zapatistas y policías comunitarias, tienen en común el hecho de lograr grandes avances en materia de seguridad pública a través de un mecanismo diferente al ejército: el propio pueblo organizado y en armas.
Ahora, entendemos que no es de esperarse que la reacción desista inmediatamente después de haber perdido su condición de clase dominante. Ante un alzamiento revolucionario de las masas trabajadoras, cabe la posibilidad de que por ejemplo los cárteles del narco -al ser ellos al fin y al cabo una variante ilegal de la burguesía- reaccionen de manera violenta. Es por eso que el Estado Obrero necesitaría aun de un brazo armado para defenderse. Esa es precisamente otra función de la socialización de las tareas de seguridad, el pueblo en armas debe ser la base de un tipo diferente de ejército, siguiendo un modelo similar al del Ejército Rojo de los primeros años de la Revolución Rusa. Este, a diferencia de cualquier otro ejército profesional típico -incluyendo al propio ejército de la URSS burocratizada-, se distinguía por efectivamente poseer una base eminentemente obrera y campesina, sus soldados salían directamente de los consejos de representación de los trabajadores y entre soldados y comandantes no había distinciones salariales ni de estatus social. Incluso dentro del ejército los soldados rojos tenían la posibilidad de organizarse en consejos de representación.
Con un modelo militar como este, relativamente desconocido, a simple vista cabe preguntar si sería capaz de mantener efectivamente la seguridad pública. Sin embargo, la verdadera pregunta sería por qué no tendría esta capacidad. El Ejército Rojo de los obreros revolucionarios rusos fue capaz de ganarle a una veintena de invasores.
En resumen, denunciamos la militarización del comando de la Guardia Nacional (de por sí no nos entusiasmaba mucho su creación), así como rechazamos todas aquellas medidas que contribuyan al fortalecimiento político del Ejército superestructural y a la consecuente militarización del país. Esto, sin embargo, no lo hacemos con el ánimo de unirnos a los hipócritas reclamos de la derecha, sino porque sabemos que un pueblo organizado y armado tiene la capacidad, no solo de llevar a cabo las tareas pendientes en materia de seguridad, también de defender y desarrollar una transformación social radical y efectiva.
Para que esto suceda, debemos acabar con todos los componentes de la superestructura burguesa, y para que esto ocurra hay que empezar transformando, mediante vías revolucionarias, la base material de la sociedad. De este modo tendremos una sociedad nueva en la que ya no habrá clases que oprimir.